La ruidosa manifestación a favor de la mujer se realizó
en la mañana de este martes en la Municipalidad de Luque, administrada por el
intendente Carlos Echeverría (ANR).

Tras conocerse el grave caso del desalojo ilegal de la
madre con sus chicos menores de edad, la directora de Asesoría Jurídica del
Municipio de Luque, solicitó al Juzgado rever la orden de desalojo que promovió
contra la ocupante.

Según los antecedentes, hace más de un mes se presentó
con acompañamiento policial el supuesto dueño del inmueble, identificado como
Andrés Ramírez, quien dijo tener arrendamiento y compra directa su favor
otorgado por la Municipalidad de Luque.

Ramírez ingresó junto a su familia en el inmueble en
disputa y frente a los policías de la Comisaría 3ª de Luque, procedió a
derrumbar la precaria vivienda de la mujer, pese a contar con documentos que la
respalda.

La Ley Orgánica Municipal N° 3966/10 y la Ordenanza
Municipal, establecen los requisitos para que un ciudadano pueda arrendar un
inmueble y la posesión sobre el mismo es parte fundamental del proceso, está
demostrado que el señor Andrés Ramírez no tenía la posesión del sitio, y quiso
ocupar el mismo mediante el uso de la violencia y el atropello. Peor aún con
complicidad de los funcionarios municipales y de la propia Policía de Luque.

La actuación de los agentes policiales, a cargo de la
oficial Nancy Zárate, fue muy cuestionada por la mujer desalojada y sus propios
vecinos, quienes la siguen acompañando, debido a que quedó en la calle con hijos.

Los violentos ocupantes golpearon a la mujer y a una de
sus hijas durante reiterados reces por la disputa de la posesión del terreno
Municipal.

La mujer obtuvo una medida favorable contra el nuevo
ocupante Andrés Ramírez acerca de una orden de alejamiento, pero esta
disposición no fue acatada por Ramírez, quien continúa apareciendo en el lugar
a cualquier hora, según la denuncia de la afectada.

En más de una oportunidad fotografiaron a Ramírez en el
terreno, en donde permanece su familia.

Sin contemplación alguna, alrededor de 80 personas, utilizando
 camiones tumbas, tractores y otras
maquinarias pesadas,  asaltaron la
propiedad de doña Irma Rojas de Franco, empezaron a destruir la alambrada  antigua que cercaba la propiedad, lanzando todas
sus pertenencias a la calle, ante la mirada triste e impotente de la abuelita.

La indefensa mujer tuvo que soportar el atropello
dirigido por el abogado de la inmobiliaria “EG del Sol”, Pablo Sanabria, quien
se comportó de manera patoteril, ordenando incluso a los policías para sacar
del lugar en forma ilegal a doña Irma Rojas.

Durante aquel nefasto episodio, la anciana no pudo
soportar tanta injusticia y cobardía llevada a cabo por personas  inescrupulosas, incluso, amparadas por la
Policía, hasta que la misma ya no pudo contenerse y se desvaneció en el lugar.

Bajo la protección de los uniformados de la Comisaria
Tercera de la Ciudad de Luque, encabezado por el entonces comisario Víctor
Vera, procedieron a derrumbar la vivienda de la abuelita con tractor y posteriormente
continúo destruyéndola desde el suelo, también derrumbaron un gallinero con
aves.

Chicanas

El abogado Pablo Sanabria Roa, sus cómplices y encubridores, perpetraron este acto criminal e inhumano, por que buscaron, a través del violento atropello, eliminar a la ancianita del Juicio Civil “ Irma Rojas de Franco C/ Mirtha Lucia Bareiro  Salas y otros S/ Usucapión”, y que resulta muchísimo más grave que existe el A.I. N° 187, que es la  medida cautelar de PROHIBICION DE INNOVAR Y DE PROHIBICION DE CONTRATAR, confirmado en primera y segunda instancia que la protegía para que no suceda justamente esta clase de hechos.

Según averiguaciones, el expediente del Juicio Civil
tuvo mucho movimiento  hasta esta fecha,
los atropelladores recurrieron a chicanas para dilatar el proceso.

Recusaron a la magistrada de la causa, Cristina
Escauriza, sin embargo la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo, les rechazo su
recusación por improcedente. Posteriormente volvió el caso a la misma
magistrada e inmediatamente presentaron otro incidente, que ahora está
nuevamente pendiente de resolución en la Cámara de Apelación. Es decir se pasan
chicaneando el expediente, cambian constantemente  de abogados, demostrando así que no tienen
los argumentos suficientes, sólidos y legales dentro del juicio.

Inicio

También existen acciones penales en trámite, que le tienen comprometido principalmente al letrado Pablo Sanabria Roa y todos aquellos que participaron de una u otra manera en el atropello, ejecutado el 29 de noviembre el 2018, con todo el respaldo documentario, las imágenes, filmaciones, testigos y que la ciudadanía tuvo conocimiento de los hechos sucedidos. Las denuncias obran en la Fiscalía de Luque.

Llamativamente, la propiedad fue cedida por la
Municipalidad de Luque a Andrés Ramírez, quien fue la persona que agredió
brutalmente a la madre con 5 hijos.

Es importante señalar que el arredramiento fue
otorgado  sin tener en cuenta uno de los
aspectos más importantes del proceso que es la posesión del terreno, y fue esto
lo que quiso obtener, pero mediante el uso de la violencia y el ensañamiento
contra la desamparada mujer y sus hijos.

La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar ante la injusticia cometida contra la madre y sus pequeños hijos. A raíz de la presión ciudadana, principalmente a través de las redes sociales, la Municipalidad dio marcha atrás y pidió desistir la orden de desalojo contra la desamparada mujer, que venían promoviendo.

De esta manera se confirma que la propia Municipalidad estaba detrás la entrega del terreno a Rodríguez sin cumplir los requsitos para acceder a tal beneficio. Incluso dijo que compró el terreno del Municipio.

Revés
judicial para el “nuevo ocupante”

La jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz,
sacó una resolución prohibiendo el acercamiento del nuevo ocupante Andrés
Ramírez a la señora Claudia Lezcano, explicó el abogado de la víctima David
Iglesias.

Por lo tanto, Ramírez se ve obligado a abandonar el
inmueble que nunca le perteneció y que en estas condiciones difícilmente esto
pueda tener resultado favorable para el agresor de una mujer indefensa.

Últimamente, Luque se está convirtiendo en una ciudad
carente del respeto a las leyes y los derechos de las personas, las autoridades
policiales de la Comisaria tercera se están extralimitando continuamente en sus
funciones.

En ese sentido, el pasado sábado la oficial Nancy
Zárate actuó de manera llamativa, permitiendo el atropello a la desamparada
mujer. El nuevo ocupante, en presencia de la Policía procedió a echar la
precaria casita, dejando en la calle a la mujer con sus 5 hijos.

El conflicto se agravó en la tarde de este miércoles,
cuando atacaron a la mujer y agredieron brutalmente a su hija de 5 años, quien
fue auxiliada y derivada hasta el Hospital General de Luque.

A partir del sábado, Andrés Ramírez comenzó a construir
para su casa en el mismo predio ocupado desde al año 2012 por Claudia Lezcano.

Según el abogado David Iglesias, la Policía debe dar
cumplimiento a la orden de alejamiento de Ramírez, y en caso de desacato
comunicar el hecho a la Fiscalía.

Por su parte, el comisario principal Osvaldo López,
titular de la Comisaría 3ª de Luque, dijo que el hecho fue comunicado al fiscal
Silvio Alegre.

Tanto la Municipalidad, La Policía y Fiscalía se “tiran la pelota” en este caso, permitiendo un grave atropello contra una madre soltera con cinco hijos.

Sin embargo, el sábado pasado se presentó con
acompañamiento policial el supuesto dueño del inmueble, identificado como
Andrés Ramírez, quien dijo tener arrendamiento y compra directa su favor
otorgado por la Municipalidad de Luque.

Ramírez fue entrevistado en la mañana de este lunes en
la radio Azul y Oro y al ser consultado sobre los documentos y el monto pagado
y la fecha de pago por el terreno en disputa, empezó a caer en graves
contradicciones y cortó abruptamente la llamada, sin poder explicar lo
sucedido.

La Ley Orgánica Municipal N° 3966/10 y la Ordenanza
Municipal, establecen los requisitos para que un ciudadano pueda arrendar un
inmueble y la posesión sobre el mismo es parte fundamental del proceso, está
demostrado que el señor Andrés Ramírez no tenía la posesión del sitio, y quiso
ocupar el mismo mediante el uso de la violencia y el atropello.

Incluso realizó un desalojo totalmente ilegal y en
contra de los derechos de la mujer con 5 hijos, y lo peor aún lo hizo en presencia
y aparente protección de los agentes de la Comisaría 3ª de Luque.

La actuación de los agentes policiales, a cargo de la
oficial Nancy Zárate, fue muy cuestionada por la mujer desalojada y sus propios
vecinos, quienes la están acompañando, debido a que quedó en la calle con sus cinco
hijos.

Por su parte, la oficial Zárate también dio declaraciones
a la 94.7, reconoció que acompaño al señor Andrés Ramírez por pedido del mismo
al Sistema 911.

La citada oficial en principio negó que haya ingresado
al inmueble en disputa, pero durante la comunicación en dúplex, la víctima le
señaló que tiene un video de la uniformada en su terreno.

La agente de Policía solo se limitó a señalar que ingresó
al lugar para “hacer firmar el acta del procedimiento”, y no pudo justificar la
protección brindada al “nuevo dueño”, quien fungió de juez y parte, y lo peor
aún, utilizó a la Policía para cometer un atropello contra una mujer
desamparada.

En Luque se volvió costumbre que los agentes de la Comisaria
Tercera realicen los procedimientos sin tener en cuenta el contenido del oficio
o como este caso sin ninguna orden firmada por autoridad competente. Prima la
ley del más mbareté y con protección policial.

En ese sentido, cabe señalar que los agentes de la
Comisaría 3ª de Luque acompañaron el atropello a la casa de la abuelita Irma
Rojas, precisamente en Zárate Isla, en la época del comisario Víctor Vera, luego
a una propiedad en Maramburé, en la época del comisario Felipe Ozuna, y ahora nuevamente
en Zárate Isla, estando como jefe actualmente el comisario Osvaldo López.

La contraparte alega que mediante una orden de
desalojo tomaron la posesión de inmueble y que la anciana y sus familiares
instalaron una carpa dentro de una parte de la propiedad y que desde allí
intentan violentamente turbar su supuesta posesión, que en realidad son ellos
que tiene civiles particulares con armas de fuego para presionar a la anciana.

La abuelita está en las condiciones actuales, justamente por el atropello que sufrió mediante un desalojo ilegal encabezado por el abogado Pablo Sanabria, a través de la Inmobiliaria “EG del Sol”, quienes le atacaron con una orden de desalojo que no era para la misma, encima procedieron a demoler su vivienda, violando directamente “la prohibición de no innovar” que estaba vigente, y que fue dictada por un juez competente y confirmado en primera y segunda instancia

HECHOS
CURIOSOS

En este nuevo juicio solicitan de “carácter urgente”,
la misma medida de “prohibición de innovar”, detrás del cual pretenden prohibir
el ingreso de doña Irma y sus familiares como lo señala su escrito,
pretendiendo utilizar a la Policía así como lo hicieron el día de aquel
violento desalojo.

El expediente se encuentra con el juez Daniel Ocampos,
y justamente es el mismo magistrado quien dicto el A.I.N° 187, del 16 de
noviembre del 2016, por el cual se decretó la misma medida cautelar de “prohibición
de no innovar”, vigente actualmente, y que la contraparte avasalló ese día.

BURLAS A LA
JUSTICIA

Resulta inaudito que realicen esta clase de pedidos a la Justicia, atendiendo a que ya existe la medida cautelar solicitada, y que el juicio de “usucapión” de doña Irma sigue su curso y tramitándose, conforme consta en el oficio N° 735, de fecha 14 de diciembre del 2018, donde el Juzgado notificó al titular de la Comisaría 3ra de Luque, justamente para impedirse cualquier otro tipo de atropello como lo que sufrió la anciana y que de haberse respetado esta orden judicial no hubiera sucedido, señalan los afectados.

A esto se suma la nueva constitución encabezada por la
actuaria judicial Mirna Lucía Duarte Torres, sobrina del juez Enrique Sanabria
Torres y prima del abogado Pablo Sanabria Roa.

La llamativa constitución encabezada por la citada actuaria
fue muy cuestionada por los familiares de la abuelita Irma Rojas, a quien
ignoraron durante “su fugaz visita” a la propiedad en la zona de Zárate Isla.

En un gran gesto, la anciana recibió la demostración de afecto, cariño y apoyo por parte de sus vecinos, quienes colaboraron para llevarle una serenata por sus 81 años de vida.

La anciana mujer emprende una lucha tras el violento desalojo sufrido hace un par de semanas, durante un cuestionado procedimiento encabezado por el abogado de la Inmobiliaria “EG del Sol”, Pablo Sanabria, además del oficial de Justicia Óscar Núñez, y el comisario Víctor Vera.

La abuelita mantiene un litigio de usucapión contra la citada
inmobiliaria, pero esta medida judicial fue violentada por el juez de San
Lorenzo, Gustavo Chilavert, quien firmó una orden de desahucio para sacar del
inmueble en disputa a la anciana mujer.

Tras el cuestionado procedimiento, cientos de personas escracharon al
abogado Pablo Sanabria, y a su tío Enrique Sanabria, juez de Luque.

A raíz de la presión ciudadana, el abogado de la inmobiliaria se vio
obligado a renunciar al mandato de modo a dar un paso al costado, debido a su
cuestionada actuación durante el desalojo.

En aquella oportunidad, el abogado Sanabria fue a patotear, ordenando a
la Policía y al oficial de Justicia a echar la casa de la anciana, además de
derribar el alambrado, y dejarla en la calle.

Esta situación generó la molestia generalizada de los luqueños, quienes
reaccionaron escracharon primero al abogado Pablo Sanabria y luego al juez
Enrique Sanabria.

El magistrado apareció en el centro de la polémica a raíz de que su
sobrino lo nombró en reiteradas ocasiones, durante el desalojo. Incluso desafió
al nieto de la anciana, Germán Espínola, a quien advirtió que si realiza la
denuncia en su contra que no va a correr en la justicia por qué su tío juez se
encargaría de rever cualquier tipo de acción a través de sus colegas.

Niño de 2 años muere ahogado en asentamiento de Maramburé

Un niño 2 años de edad se ahogó en aguas del arroyo Yukyry del
asentamiento Virgen de Caacupé, de la compañía Maramburé, de Luque, informó
este lunes la Policía.

El pequeño fallecido fue identificado por la Policía como Gabriel Ismael
Jara, quien murió ahogado en el caudaloso arroyo Yukyry que cruza por el
asentamiento Virgen de Caacupé.

El trágico suceso ocurrió este domingo a las 18:00, según el informe de
la Subcomisaría local.

Según testigos, una tía llevó al niño al lugar para bañarse y en un
descuido, cayó al agua, produciéndose su deceso. El cuerpito del Gabriel fue
encontrado a orillas del arroyo.

La Policía dio participación del hecho a la Fiscalía y a los peritos de
Criminalística. El médico forense del Ministerio Público precisó que la causa
de muerte fue a raíz del ahogamiento.

Una vez terminado el procedimiento fiscal y policial, el cuerpito del
pequeño fue entregado a los familiares.