La licitación cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) en el aspecto tecnológico. El Ministerio del Interior aguarda la aprobación del Ministerio de Economía (MEF) para realizar la primera compra de US$ 3 millones.

La implementación será en 20 casos por mes, dijo el ministro. «Lo que se compra no son las tobilleras, sino el servicio de monitoreo», añadió.

Las tobilleras establecen un perímetro digital y una alarma de alerta cuando los sujetos se salgan de esta área. El monitoreo se registra en un servicio separado del Sistema 911, llamado «Violencia Doméstica».

El ministro Riera realizó este martes la presentación de la «Estrategia Integral para la Protección de la Familia», un plan del Gobierno que contempla la concientización para identificar señales de alerta de violencia intrafamiliar, así como la integración de los sistema de denuncia para una mayor coordinación entre las instituciones y la posibilidad de aplicar herramientas como «botones de pánico».

La estrategia incluye la capacitación en instituciones públicas, en empresas y para toda la ciudadanía, con el apoyo del sector privado. Los mensajes para identificar las señales de alerta fueron elaboradas a partir de un estudio que evaluó más de 280 casos de feminicidio en Paraguay para identificar patrones de riesgo. Fuente: Agencia IP.

La ex pareja, su hermano y su padre deberán presentarse el viernes y lunes, en la Unidad N° 2, de la Fiscalía de Luque, para prestar declaraciones indagatorias en la causa abierta por supuesto hecho de violencia familiar.

Según los antecedentes, una mujer de 28 años radicó la denuncia el 24 de abril pasado en la Comisaría 3ª de Luque.

La víctima manifestó que mantuvo una discusión con su pareja, quien actuó con mucha violencia para llevar a su hijo menor.

Supuestamente, la víctima recibió golpes de puño y fue lanzada contra un tejido.

Otro hijo de la mujer intentó defender a su madre, pero también habría sido golpeado.

La Policía elevó al Ministerio Público y el fiscal Jorge Escobar abrió una causa.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público citó al supuesto autor, a su hermano y a su padre, quienes fueron sindicados por la supuesta víctima.

El fiscal dijo a Luque Noticias que el Juzgado ordenó la exclusión de hogar del principal sospechoso (Arturo Quiróga Cuenca), y además, ofició pedidos de informes al Hospital General de Luque, en donde la madre fue atendida para el diagnóstico médico.

Se trata de Pedro Josué Narváez Troche, de 23 años, domiciliado en la compañía Cañada San Rafael, de Luque, quien contaba con orden de captura, según el Oficio N° 62 de fecha 31/01/2024.

La orden de detención fue firmada por la fiscal Sophía Galeano, de la Unidad Penal N°8, zonal de Luque.

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Grupo Lince, en la Av. Aviadores del Chaco y San Martín, de la ciudad de Asunción.

Se trata de Carlos Francisco Alvarenga Benítez, de 42 años, funcionario de la Policía Nacional y bombero de la Vigésima Compañía de Areguá, quien se encontraba armado y dio positivo a la prueba de alcotest (0.205 Mg/L).

El funcionario policial con destino en la Agrupación Agropecuaria de la Policía Nacional, fue detenido el domingo por agentes de la Comisaría 38ª Yukyry.

Según el reporte policial, Carlos Alvarenga fue aprehendido luego de una denuncia por parte de su pareja, de 33 años, a raíz de una brutal golpiza frente al hijo menor (de 6 años).

La mujer pidió auxilio y una pareja se acercó para tratar de ayudarla, pero el violento funcionario policial realizó disparos contra el vecino y lo amenazó de muerte.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría 38ª Central realizaron la aprehensión del sospechoso, de cuyo poder se incautó un revólver calibre 38.

Luego, fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando positivo.

El procedimiento fue informado a la fiscal de Luque, Sophía Galeano, de la Unidad Penal N°8, quien dispuso la detención preventiva del violento hombre.

De esta manera, la magistrada se allanó a los pedidos de la Fiscalía y la querella, ordenando la prisión contra el citado funcionario, denunciado por su ex pareja e imputado por el Ministerio Público en el 2021.

La audiencia se realizó finalmente este viernes luego de varias chicanas planteadas por el procesado y sus abogados para dilatar el proceso, cambiando de defensor en varias ocasiones sin previa comunicación a las partes, explicó la víctima Liz Cabral.

Según el fiscal Jorge Escobar, el Ministerio Público se ratificó en la preliminar en la solicitud de la prisión preventiva y elevación de la causa a juicio oral público en base a las pruebas presentadas por la accionante, a través de la querella representada por el abogado Roberto Bernal.

La víctima dijo a nuestro medio que seguía sufriendo constantes hostigamientos por parte de su ex pareja, el funcionario Municipal Carlos Dávalos, con quien mantuvo una relación amorosa por cuatro años.

La Fiscalía también presentó pruebas contra el imputado sobre la violación de su arresto domiciliario; amenazas, obstrucción en la investigación y peligro de fuga.

La causa fue reabierta en febrero pasado en base a la prueba victimológica presentada por la denunciante.

Según los antecedentes, la entonces fiscal de Luque, Sonia Pereira, en octubre el año 2021 imputó a Carlos Dávalos por el hecho punible de violencia familiar y ordenó su detención.

Luego, el procesado se presentó y el juzgado le otorgó arresto domiciliario. Sin embargo, el funcionario violó su medida y la jueza Idoyaga revocó la resolución y ordenó su remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El funcionario volvió a apelar la medida judicial y fue beneficiado nuevamente con arresto. Seguidamente, el procesado logró su sobreseimiento provisional, debido a que la fiscal Pereira no acusó en su momento.

Tras la audiencia este viernes en el Juzgado de Limpio, el procesado fue llevado esposado a la Comisaría 9ª Central. El cumplimiento judicial es de orden inmediato. Es decir, el funcionario deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú hasta que se sustancie el juicio oral y público, según el oficio judicial.

La mujer dijo que su vida corría peligro, teniendo en cuenta que su ex pareja es una persona violenta y seguía libre, pese a las pruebas arrimadas al Ministerio Público y al Juzgado Penal de Garantías.

Con la medida ordenada este viernes por la jueza, dijo que se siente más protegida y segura.

Cabe señalar que el fiscal de Luque, Jorge Escobar, formuló imputación por los hechos punibles de violencia familiar, coacción y exposición al peligro en el tránsito terrestre (alcotest postivo 0,450Mg/L).

Al mismo tiempo, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra William Campuzano.

Según los antecedentes, el incidente ocurrió en la madrugada del domingo pasado tras un escrache a la legisladora en su propia casa por su voto a Silvio Ovelar para presidir el Senado.

El procesado irrumpió en estado de ebriedad en la casa de la parlamentaria, en un condominio del barrio Villa Adela, de Luque.

En medio de la discusión, la senadora lanzó una polémica frase: “No tengo nada que justificar al puto pueblo”, tras ser cuestionada por su pareja a raíz de su voto al cartista Silvio Beto Ovelar.

La senadora pidió auxilio y la Policía aprehendió a William Andrés Campuzano Ruiz, de 39 años, domiciliado en San Lorenzo, quien arrojó positivo a la prueba de alcotest.

Según la denuncia presentada por la parlamentaria, su ex pareja llegó a su casa en estado de ebriedad y actuó con mucha violencia contra ella y contra sus familiares, quienes intentaron defenderla.

El hombre, además de agredirla físicamente con golpes de puño, en medio de la trifulca se apoderó de un cuchillo tipo carnicero y amenazó de muerte a la legisladora y a sus hermanos.

El supuesto agresor también habría amenazado con escracharla públicamente con la difusión de videos por redes sociales.

La intervención de los policías permitió detener al supuesto agresor de la senadora, quien quedó preso en la Comisaría 3ª de Luque, a cargo del fiscal Escobar.

Ahora, el procesado deberá ser trasladado en los próximos días a una penitenciaría para cumplir la prisión preventiva ordenada por el juez Nelson Romero.

Según averiguaciones, Campuzano ya tenía una orden de restricción a raíz de otra denuncia radicada por la ahora senadora en Asunción.