El doctor Enrique Kronawetter, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), explicó que en la sentencia del 2021 contra Ramón González Daher por lavado de dinero se hizo mención a más de 150 causas que se abrieron con similar contenido fiscal.

“Se abrieron bajo la misma perspectiva de una forma de actuación que en términos sencillos era cortar y pegar de todas las carpetas fiscales, de las actuaciones y eso motivó a que se envíe los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, manifestó.

Kronawetter señaló que los tres fiscales denunciados, entre ellos Mirtha Ortiz, además de Alegre y Villasboa, solo tuvieron una intervención en un pequeño y segmento de causas.

Dijo que lo que se probó hoy es que tanto la fiscala Villasboa como el fiscal Alegre no realizaron actos que permitan sostener el encuadre de la conducta como una suerte de apriete. Fuente: NPY.

La jueza a cargo del Juzgado Penal de Ejecución 4, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, Sandra Kirchhofer, decretó las medidas de prohibición de innovar y de contratar sobre 54 inmuebles de Ramón González Daher y 87 de su hijo Fernando González Karjallo.

Asimismo, dispuso la inscripción de las 141 propiedades a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), informó la titular de la institución, Teresa Rojas.

La jueza resolvió dar cumplimiento a la sentencia definitiva del 17 de diciembre del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción de la Capital y al Auto Interlocutorio del 30 de setiembre del 2022, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal 4, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, en relación con la ejecución del comiso especial sobre todos los bienes cuyas medidas cautelares de carácter real fueron dispuestas hasta cubrir las sumas de G. 240.554.525.035 y USD 11.711.977.

Ejecutivo recibió recién USD 2,6 de USD 47 millones

La ministra mencionó que una vez que se subasten todas las propiedades sabrán si se cubren los USD 47 millones de comiso a favor del Estado.

A pesar de que la sentencia está firme contra el usurero y ex dirigente deportivo Ramón González Daher, hasta el momento el Tesoro Público registra que falta aún recibir unos USD 44 millones de los USD 47 millones.

Del monto total, hasta el momento, solamente se depositaron USD 2,6 millones al Tesoro Público y de ahí deberían ser destinados a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y otras instituciones.

Hay una llamativa dilación a pesar de que existe un fallo histórico y la condena está firme contra el hermano del otrora poderoso caudillo político Óscar González Daher, quien falleció en octubre del 2021.

El Tribunal de Apelación había ratificado la condena del empresario de la ciudad de Luque. El mismo recibió una pena de 15 años de cárcel por lavado de dinero, usura y denuncia falsa.

Hasta el momento, solamente se depositaron al Tesoro Público de Hacienda: G. 7.459.526.378 y otros USD 1.633.581, montos que totalizan la suma de USD 2.662.481. Los fondos están depositados en seis bancos de plaza.

Desde setiembre del año pasado, Ramón González Daher y su hijo Óscar González Karjallo guardan prisión en la Penitenciaría de Tacumbú.

Durante el juicio se dio a conocer que Ramón González Daher movió en tan solo cinco años unos USD 900 millones.

Hubo una gran cantidad de denuncias contra el usurero y ex dirigente deportivo luqueño. Mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero librado, el monto final que no pudo ser justificado ascendió a la suma de G. 1.194.134.445.361, proveniente de operaciones que se realizaron entre 2014 y 2019.

En marzo del año pasado, fue presentada una demanda penal ante el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos.

Entre las evidencias arrimadas, se señala que el hombre condenado lavaba dinero a través de cuentas en Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay.

De acuerdo con lo que establece la ley, el 20% de los productos financieros, el dinero en efectivo y lo generado en la subasta de bienes declarados en comiso deben ser destinados para la Senabico. Se utilizará para gastos de operación, mantenimiento así como la preservación de los bienes incautados.

Otro 20% se dividirá en partes iguales entre la Fiscalía y Senabico para el fortalecimiento institucional. En tanto que 10% para la Policía o la Secretaría Nacional Antidrogas. El resto del dinero deberá ser direccionado para financiar proyectos impulsados por las autoridades del Gobierno. Fuente ÚH.

Actualmente, la sentencia que fue dictada en agosto del 2021 todavía no está firme, puesto que hay muchas trabas y el caso continúa parado en la Corte a raíz de chicanas.

González Chaves había planteado un recurso de casación y a la par una seguidilla de recusaciones a camaristas y a ministros.

Lo que ahora sigue pendiente es que tres camaristas deben estudiar una impugnación para destrabar ese proceso y ese estudio está pendiente desde setiembre, es decir, desde hace tres meses.

Son los camaristas Cristóbal Sánchez, Arnaldo Fleitas y José Agustín Fernández quienes deben estudiar la impugnación de Arnulfo Arias contra la inhibición del juez de Apelaciones Emiliano Rolón.

Una vez que resuelvan, se debe integrar la Sala Penal de la Corte para evaluar la casación; esto, porque los ministros que integraban se apartaron.

Sin embargo, este trámite quedó nuevamente trabado porque Fernández fue recusado.

Ya son 33 urgimientos que presentaron las organizaciones Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), para que se resuelva, pero nada.

PENA CONFIRMADA

En febrero de este año, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

Pese a eso, él ganó el año pasado una banca en la Junta Municipal de Luque, donde continúa impunemente siendo concejal y cobrando un salario mensual de G. 20.000.0000, de los contribuyentes luqueños.

Fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero murió tiempo después.

En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

TIEMPO

En cuanto al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión 6 años y 1 mes, de los 8 a los que fue sentenciado. Fuente: ÚH.

Padre e hijo fueron condenados en diciembre del año pasado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa junto con su hijo Fernando González Karjallo, quien recibió una condena de 5 años.

Por la causa, la Justicia sostuvo que hubo 156 violaciones de la ley penal, donde se utilizó al sistema y causó la privación de varias personas. En varias ocasiones, la defensa del prestamista planteó recusaciones a miembros de la Corte.

En su momento, el senador Jorge Querey señaló que Ramón González Daher movió USD 587 millones, además de G. 1,9 billones, entre el 2014 y 2019, en el banco de Horacio Cartes. Fuente: ÚH.

En agosto pasado, González Chaves fue condenado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, pero la sentencia fue apelada, ahora la Cámara confirma en todos sus términos el fallo del Tribunal de Sentencia y también da vía libre para el comiso de G. 29.237.656.115 que fue el dinero que no pudo probar su origen el condenado edil luqueño.

En la misma causa también fue condenado el otrora todopoderoso senador cartista, Óscar González Daher, pero el mismo tras fallecer, el proceso en su contra se extinguió.

En la sentencia de primera instancia también se había prohibido a González Chaves ejercer cargos públicos por un lapso de 7 años, pero el mismo es actualmente concejal de Luque.

Actualmente, González Cháves ejerce el cargo de concejal de Luque por cuarto periodo consecutivo, percibiendo un salario de 20 millones de guaraníes, pese a la condena de ocho años por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

El impresentable edil tampoco puede ejercer cargos públicos por siete años, pero al no contar aún con una sentencia firme, sigue ocupando el cargo de concejal en la Municipalidad de Luque.

Tras la muerte de su padre, Oscar González Daher, el condenado es protegido por el intendente de Luque, Carlos Echeverría, y los concejales liberocartistas conformados por Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Eliseo Fernández Oviedo (colorados); Rómulo Pérez (presidente de la Junta Municipal), Francisca Franco, Belén Maldonado, Manuel Achucarro Gill, y José Meza (liberales).

La agente fiscal, Sandra Ledesma, recusó antes de la audiencia al Juez de Garantías interino, Enrique Sanabria, (del ámbito civil) por causal de parcialidad manifiesta ante la amistad con Ramón González Daher. Fue tras la rápida convocatoria para la audiencia de imposición de medidas, sin que el mismo sea llamado a prestar declaración indagatoria.

Igualmente, la fiscal apeló anoche la medida de libertad ambulatoria. Inicialmente, al intentar presentar en horas de la tarde, se percató que fue desvinculada de la plataforma electrónica, no pudiendo acceder a la misma.

Tras un reclamo, posteriormente le fue nuevamente habilitado el acceso. La fiscal presentó en horas de la noche la apelación contra la resolución del magistrado civil sobre la Libertad ambulatoria, atendiendo que el Ministerio Público solicitó Prisión Preventiva.

La agente fiscal indicó que el mismo tiene el perfil y los recursos para obstruir la investigación penal. Ramón González Daher también está imputado por el robo de evidencias (cheques) del Juzgado, por quebrantamiento del depósito, y cuenta con una condena de 15 años de cárcel en primera instancia y pendiente de confirmación en el Poder Judicial, tras ser apelada por la defensa.