El desalojo se concretó luego de dos
años y medio de litigio. El procedimiento fue encabezado por la fiscal de
Luque, Sandra Ledesma.

Al principio, se negaron a salir del
predio, pero la fiscal Ledesma emplazó a los invasores para abandonar el lugar
pacíficamente o de lo contrario se iba a emplear la fuerza del orden público
para dar cumplimiento al oficio judicial-fiscal.

El conocido y polémico abogado Raúl Marín, representantes de los “sintechos”, llegó al lugar poco después de las 09:00 de la mañana de este miércoles y luego de conversar con la fiscal Sandra Ledesma, se acercó a los ocupantes para pedir que salieran pacíficamente del lugar y así evitar enfrentamientos.

Casi inmediatamente, los sintechos
comenzaron a sacar sus pertenencias y a desarmar sus precarias viviendas.

La fiscal interviniente explicó a la
Radio Azul y Oro que realizó un minucioso trabajo de investigación que demandó
varios meses y llegó a la conclusión que los terrenos ocupados por los
sintechos son privados.

Indicó que los ocupantes aceptaron
salir voluntariamente, pues de lo contrario iba a ordenar para sacarlos a la
fuerza. De esta manera se dio el estricto cumplimiento de la orden judicial.

Una cuadrilla de la ANDE también fue
convocado al lugar para cortar el suministro ilegal de energía eléctrica (robo
de energía eléctrica) detectado en la oportunidad, mediante conexiones
clandestinas.

Varios sintechos de otros asentamientos acudieron al lugar para presionar y dejar sin efecto el operativo de desalojo, pero no lograron su objetivo. La fiscal se plantó e hizo cumplir la orden emanada para sacar del predio a los ocupantes ilegales, que mediante la violencia y coacción pretendieron quedarse con el inmueble, perteneciente a un solo dueño.

Las familias provenientes de la zona de Monte Alto, de la compañía Tarumandy, de Luque, llegaron en la mañana de este miércoles hasta el inmueble y comenzaron a limpiar y a instalar precarias viviendas.

Algunos alegan que se trata de un terreno fiscal- municipal, desconociendo la Ley N° 6644 del Poder Legislativo que por la cual se procedió a la desafectación del inmueble y posteriormente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aceptó conceder al Ministerio del Interior para la construcción de la nueva comisaría y del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Representantes de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Luque con acompañamiento policial llegaron hasta el lugar para conversar y alertar a los ocupantes de que el predio ya fue cedido al Ministerio del Interior.

También fueron notificados para que abandonen el lugar pacíficamente de manera a evitar un eventual desalojo.

Abdo Benítez hizo el anuncio en la mañana de este lunes, durante un acto oficial en la compañía Nueva Asunción, durante el lanzamiento Programa “Ñapu’ãke”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Silvia de Abdo.

Los ocupantes del predio, denominado «Guillermo Jesús, festejaron la decisión del presidente que les otorga el terreno para sus viviendas.

El mandatario aclaró que no fue a cambio de favores políticos del Frente Guasu, sino que su decisión se allanó al pedido de los parlamentarios que estaban a favor de la expropiación del terreno para los compatriotas más vulnerables.

La
Policía y la Fiscalía realizaron un violento desalojo en el 2018 para liberar
el inmueble perteneciente a Copaco y a la Municipalidad de Luque,
respectivamente.

Ahora retornaron los ocupantes y empezaron a montar precarias viviendas. El nuevo líder del asentamiento denominado “Guillermo Jesús”, Francisco Uliambre, dijo a la comitiva fiscal y policial que solo ingresaron en la mañana del sábado para limpiar el predio.

Sin
embargo, montaron precarias viviendas a la espera de la aprobación de la ley de
expropiación del inmueble. Más de 600 familias estarían listas para retornar al
lugar en los próximos días.

Según
los antecedentes, en marzo del año 2018 la fiscal Fátima Villasboa encabezó un violento
desalojo con acompañamiento policial, que luego fue muy cuestionado por la
ciudadanía. Los agentes procedieron a quemar las precarias viviendas de los
invasores.

La
representante del Ministerio Público imputó por invasión de inmueble ajeno a 35
de los 40 detenidos durante el desalojo realizado en el predio de la Copaco, en
las compañías Isla Bogado y Maka’i, de Luque.

En
aquella oportunidad, la líder del asentamiento 12 de Junio, Cristina Aquino,
fue acusada de recaudar millones de guaraníes a costa de los ocupantes. Luego
fue detenida y remitida a prisión.

Pocos
más de 2 años de aquel fatídico desalojo, los sintechos volvieron este sábado a
instalarse en el mismo lugar.

Según
el informe de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, los sintechos permanecen en la
vereda del predio de Copaco, aguardando el resultado en el Senado.

Según
los antecedentes, en el año 2014 durante la administración del intendente César
Meza Bría, se ordenó la apertura de calle en la referida compañía.

Pero
durante la administración actual del intendente Carlos Echeverría el caso se
congeló prácticamente, según la denuncia del abogado y vecino del lugar Daniel
Vargas Rojas.

La
calle en disputa encuentra en la zona del km 18 Cañada Garay, de Luque.

Según
el abogado Vargas, hace tres años que los vecinos vienen exigiendo la apertura
de un largo tramo de la calle.

“Existe
una resolución de la intendencia en donde se ordena la apertura de calle, por
lo que estamos peleando para conseguir la apertura de calle. Tenemos los
documentos necesarios como la mensura judicial, resolución municipal, informe
de Castrastro, medida de emergencia de 2018, y el expediente está congelado en Juzgado
de Faltas del Tercer Turno”, relató el profesional.

Agregó
que existen también denuncias policiales contra los ocupantes a raíz de hechos
de violencias en la zona, que fueron a parar en la Fiscalía de Luque. Allí
también se solicitaron la orden de desalojo, pero pese a la insistencia de los
vecinos, las autoridades se desentienden del caso que hace tres años se
encuentra paralizado.

Al
respecto, Luque Noticias contactó vía telefónica con el juez de Faltas del
Tercer Turno, Hugo Delgado, quien tiene a su cargo el expediente relacionado al
caso.

El juez explicó que desde el año pasado “recién” tiene en su unidad el pedido vecinal. Luego se excusó diciendo que la prensa podía pasar por su despacho para interiorizarse de la actuación del Juzgado de Faltas, alegando que por teléfono no podía brindar mayor información.

Flores dijo que está a favor del juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez. Además, pide al Gobierno el cese de desalojos en los asentamientos de Luque y Central.

El polémico dirigente explicó que en Luque existen más de 80 asentamientos, cuyos ocupantes urgen regularizar su situación.

Los puntos tratados

#Ahora# en el Centro de la Ciudad de Luque del Departamento Central los ciudadanos y ciudadanas sin techo se movilizan en contra del gobierno de Mario Abdo Benítez por las cesantes persecuciones a las familias paraguayas en situación de pobreza. Decidieron acompañar el pedido de Juicio Político al Presidente de la República Mario Abdo Benítez y al Vicepresidente Hugo Velázquez.

#No a la entrega de soberanía de Itaipú

#Ni un paso atrás

#Juicio político al Presidente de la República Mario Abdo Benítez y al
Vicepresidente Hugo Velázquez ya

#Por un Paraguay Soberano

Según Flores, aparecieron dirigentes políticos que querían arrear a los habitantes de los asentamientos para ir a manifestarse contra el Gobierno en Asunción, por lo que decidieron juntarse entre ellos y realizar su propia marcha por el centro de Luque.