Luego
de ser suspendido en tres ocasiones, el juicio oral inició este lunes, pero
luego fue postergado para el miércoles a raíz de varios planteamientos
presentados por la defensa de Oscar González Daher y su hijo Óscar González
Chaves.

El
Tribunal de Sentencia responsable de la causa está integrado por los jueces
Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, quienes postergaron el juicio
para el próximo 17 de febrero.

El
abogado de los acusados, Claudio Lovera, planteó ante los magistrados la
nulidad de la acusación, la prescripción de la causa y la nulidad parcial del
auto de apertura por violación del art. 363 inciso 1.

El
representante legal del ex senador sostuvo que el Ministerio Público no puede
aparecer con hechos nuevos en la acusación. Además, cuestionó que la pericia
contable sobre la situación de sus defendidos se presentó recién en la
acusación y no hubo una descripción fáctica de los hechos en la declaración
indagatoria.

El
juicio guarda relación con el caso de enriquecimiento de OGD sería por G. 6.000
millones y de González Chaves, por G. 51.000 millones, más unos USD 82.000.

Ambos
fueron acusados por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de
dinero y declaración falsa.

Según
la Fiscalía, las cuentas bancarias de ambos no aparecen en su declaración.
Incluso, la mayoría de las cuentas bancarias del dirigente luqueño no aparecen
en su declaración jurada ante la Contraloría General.

En
diciembre del 2020, González Daher fue condenado por el caso de los audios
filtrados, pero la pena fue de tan solo dos años de cárcel por tráfico de
influencias durante su mandato al frente del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados (JEM). No obstante, evitó la prisión. FUNTE: ÚH.

El
juicio que debía iniciarse este lunes fue postergado para el 11 de enero a las
7.30 debido a que el defensor de Óscar González Daher, Claudio Lovera, está
bajo aislamiento preventivo por el contacto con un caso positivo de Covid-19.

El
Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda
Morel fue el que estableció una nueva fecha para la diligencia, informó la
periodista de Última Hora Liz Acosta.

González
Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, guardaron reclusión en la
Agrupación Especializada durante seis meses a partir del inicio de la
investigación de la Fiscalía en setiembre de 2018. Posteriormente, se
beneficiaron con la prisión domiciliaria.

En
aquel entonces, hubo una fuerte presión de los ciudadanos autoconvocados que se
instalaron frente a una de las residencias de González Daher en Luque para
exigir una intervención por parte de las autoridades judiciales.

Este
nuevo juicio se dará poco después de que Óscar González Daher haya sido
declarado culpable en la causa por los audios filtrados del JEM, pero con una
suspensión de la condena.

Investigación

La
investigación de este caso se generó a raíz de un informe de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en agosto de 2018.

La
Secretaría Antilavado reportó operaciones sospechosas de Óscar González Daher y
su hijo, que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de su
actividad económica.

El
informe de la Seprelad fue la base de la imputación del Ministerio Público. La
pesquisa fiscal guarda relación con operaciones de la empresa Príncipe di
Savoia SA, la cual Última Hora identificó en el año 2010 como una propiedad del
ex parlamentario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En
la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos, las defensas del ex
senador y su hijo plantearon el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de
inconsistencias de la misma acusación fiscal.

La
semana pasada, el ex parlamentario apareció en una foto reunido con el ex
presidente Horacio Cartes. Ambos compartiendo en una mesa en plena camaradería.

La imagen que generó repudio e indignación social se observó durante la conexión virtual de la sesión del Senado cuando en un descuido el senador Antonio Barrios no se percató de que puso en evidencia el encuentro entre ambos referentes colorados. FUENTE: ÚH.

De esta manera, el edil colorado se adelantó a su
colega liberal Manuel Achucarro Gill, quien tenía previsto presentar el pedido
de informes a la Intendencia en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, realizada
este martes.

Los funcionarios Municipales destinados por la Comuna a
las labores domésticas de en la casa de los González Daher son Juan Ignacio Ramírez Ortiz y Pablo
Porcíngula, quienes marcan en la Comuna de Luque pero cumplen horario
haciendo trabajos domésticos todos los días en las propiedades del ex senador
Óscar González Daher y de su hijo el concejal Rubén González Chaves, según una
investigación publicada por el Diario ABC Color.

Sin embargo, el concejal luqueño “con permiso”, avivándose
y adoptando el papel de víctima, se adelantó a Achucarro y solicitó él mismo
detalles de las funciones que cumplen estos funcionarios.

Siguidamente, el concejal Achucarro Gill apoyó lo
solicitado y pidió que amplíen el informe agregando datos sobre el horario y
salario de los mismos.

Pero llamativamente, ninguno de los ediles que apoyaron
el pedido de informe solicitó el principal documento para comprobar el horario
de trabajo, mediante la marcación a través del reloj biométrico de estas
personas, mínimamente de los meses de diciembre y enero.

Antecedentes

Según publicaciones de ABC Color, luego de varios días
de seguimiento, se pudo comprobar que al culminar los trabajos de limpieza en
la casa del ex senador Óscar González Daher, alrededor de las 10:00 de la
mañana, Ramírez Ortiz y Porcíngula Varela, fueron hasta el domicilio del
concejal municipal Rubén González Chaves, para también limpiar su casa, que
está ubicada a dos cuadras de la vivienda de su padre y sobre la misma calle,
Mauricio José Troche. Durante la sesión, González Chaves dijo que sólo es una “víctima”
al igual que su familia.

Para “desviar la atención”, los dos funcionarios, que
según comprobamos trabajaban de manera “particular” para González Daher, fueron
trasladados al turno noche como limpiadores del céntrico Mercado Municipal N° 1.

“Persecución
sistemática”

El pedido de informe generó un caldeado debate en la
sesión ordinaria de la Corporación Legislativa.

En ese sentido, el concejal Diego Romero (ANR), amigo y
socio comercial del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), se sumó al pedido de
informe, pero subrayó lo siguiente. “Quiero acompañar el pedido del compañero
González, sobre lo publicado por el diario ABC Color el día domingo, una
denuncia grave. Mi colega Rubén, él mismo solicitó el informe, entonces no hay
nada que esconder”, dijo.

Seguidamente, Romero agregó que desde hace 4 años, la
administración de Echeverría padece “persecución sistemática” por parte del
Diario ABC Color.

La medida se da debido a que Óscar González Daher y
Javier Díaz Verón están implicados en “significativos hechos de corrupción”,
refiere la nota del Departamento de Gobierno de EE.UU.

Por esa razón, el país norteamericano decidió prohibir
de por vida la entrada a su territorio a ambas ex autoridades del Estado

Clan
familiar

Así también, la medida afecta a otros miembros del clan
González Daher: Nélida Chávez de
González, Óscar Rubén González Chávez (concejal de Luque), María González Chávez; parientes de
Óscar González Daher.

Por parte de la familia del ex fiscal general del
Estado ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo,
Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz
Verón.

«Son los primeros y estoy seguro que no serán los
últimos», afirmó el embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, en
comunicación con periodistas que cubren la Cancillería Nacional.

“La acción del Gobierno de Donald Trump es una fuerte
señal de que está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar
el Estado de Derecho del Paraguay”, señala la nota del Departamento de Estado.

La fuerte medida se dio a conocer justamente en el
marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Antecedentes del caso González Daher

Óscar González Daher fue acusado por asociación
criminal y tráfico de influencia por el caso de los audios filtrados del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por
enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Este último caso guarda relación con las operaciones de
la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher.

A raíz del escándalo que desataron los audios filtrados
del JEM, González Daher renunció a la Cámara de Senadores en 2017.

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones
confirmó que el ex legislador afrontará juicio oral y público por el caso que
vincula al JEM.

Oscar González Daher y su hijo Rubén estuvieron presos
por 10 meses en la Agrupación Especializada, hasta el mes de julio pasado.

En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú
analizará el pedido del Ministerio Público, de que la causa sea elevada a
juicio oral y público. La Fiscalía acusó a ambos por enriquecimiento ilícito,
declaración falsa y lavado de dinero.

El caso guarda relación con las operaciones de la
empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher. La firma ya había sido foco de una investigación de Última Hora y
Telefuturo en el año 2010.

Las publicaciones habían revelado el escándalo de dos
grandes plantas en esquinas del centro de Luque, que tributaban como si fuesen
baldíos sobre calles de tierra. El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio inició las
primeras pesquisas sobre el caso, que finalmente no avanzó.

Sin embargo, un informe de la Secretaría de Prevención
de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en agosto del 2018, motivó una nueva
acción por parte del Ministerio Público.

La cartera antilavado reportó operaciones sospechosas
con relación a González Daher y su hijo, que no coincidían con las ganancias
declaradas como producto de su actividad económica.

Ambos fueron procesados y mantuvieron prisión
preventiva, pero actualmente guardan prisión domiciliaria y cuentan con permiso
para trabajar.

El ex senador, por su parte, cuenta con otra causa en
su contra, relacionada a los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados (JEM).

FUENTE: ÚH.

González Cháves obtuvo un permiso de dos días semanales
del juez Humberto Otazú para volver a “trabajar” en la Junta Municipal de la
Municipalidad de Luque.

PROCESADOS

El ex legislador y el edil fueron imputados por
enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de
dinero. El primer hecho punible es considerado crimen con una expectativa de pena
hasta 10 años de cárcel, por lo que no se prevé medidas alternativas a la
prisión, mientras que los últimos dos delitos tienen una expectativa de hasta 5
años de cárcel.

Según los antecedentes, ambos son propietarios de la
empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia que habría movilizado 8 billones de
guaraníes, monto que no pudo pudieron justificar con los ingresos de los
investigados y que está lejos de una posible inconsistencia.

Sin embargo, diez meses después de estar presos en la
Agrupación Especializada, padre e hijo salieron con arresto domiciliario, y un
par de semanas después obtuvieron permisos para “trabajar”.

En ese sentido, el edil con permiso Rubén González
Chávez logró recuperar su banca en la corporación legislativa de Luque, con “ayuda”
de las concejalas Francisca Franco y Belén Maldonado, ambas del PLRA.

Al principio, la bancada liberal le hizo el “vacío” al
concejal González Cháves, dejando sin quórum la sesión ordinaria de la Junta la
semana pasada.

Sin embargo, el jueves pasado Franco y Maldonado
acudieron a la sesión extraordinaria, aceptando tácitamente al cuestionado
concejal, quien pudo recuperar su banca.

Los demás concejales opositores Cristhian Bernal,
Silverio Mosqueira, Jorge Acosta y Manuel Achucarro Gill, presentaron un
dictamen jurídico  para sentar postura
contra y cuestionar la vuelta de González Cháves.

Los citados ediles coincidieron en señalar que no están
de acuerdo con la reincorporación a la Junta del procesado, pese a que cuenta
con permiso del juez Humerto Otazú.

Achucarro Gill solicitó que la nota se lea a través de
secretaría ante el pleno de la Junta, que fue llevado al sexto punto en la
orden del día.

ABANDONÓ
LA SESIÓN

Esta situación fue aprovechada por el cuestionado
concejal para abandonar la sesión y evitar escuchar el dictamen de los cuatro
concejales del PLRA.

El edil Jorge Acosta (PLRA), tildó a González Cháves de preso sambukú.

Mientras Silverio Mosqueira, también del PLRA,
cuestionó a su colega procesado por “trabajar” solo dos días semanalmente y
percibir G. 20 millones. Le dijo a González Cháves que por lo menos por ética no
puede continuar como concejal. Luego le hizo recordar que fue elegido por el
pueblo luqueño para trabajar siete días semanales por el sueldo que percibe.

El principal cuestionamiento es que el concejal cumple arresto domiciliario fuera del Municipio de Luque. Es de decir, en Asunción, mientras los martes y jueves, González Cháves viene a cumplir funciones laborales en Luque.