Los agentes son Luis Alberto Zelada, y Cristhian Daniel Ramos Agüero, imputados por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, estos dos últimos hechos,  conforme a las disposiciones previstas en la Ley especial de Armas, aclaran.

El pasado 17 de setiembre,  entre las 07:00 y las 10:00, aproximadamente, el suboficial inspector Cristhian Daniel Ramos Agüero, cumpliendo funciones en la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional, ubicada sobre las calles Paraguayo Independiente y Chile de la ciudad de Asunción.

Del lugar, el sospechoso habría sustraído 2.500 unidades de municiones sin percutir, calibre 9x19mm, propiedad de la Policía Nacional, correspondientes al Programa N° 10 de la Tesorería de Operaciones contra grupos criminales, las cuales se habrían encontrado resguardadas en el interior de la referida armería.

Valiéndose del acceso al lugar de resguardo, habría trasladado por tandas, los 2.500 cartuchos hasta su vehículo particular.

El mismo día, y siendo aproximadamente las 12:00, el suboficial mayor Luis Alberto Zelada,  personal interno de la Agrupación de Seguridad, y quien en ese momento se encontraba con reposo médico habría llegado al lugar de los hechos y requerido la entrega de las municiones sustraídas, comprometiéndose a abonar a Ramos Agüero la suma de G. 8.000.000. Una vez en posesión de los mismos habría abandonado el sitio.

Con posterioridad a la entrega, Luis Zelada habría efectuado un primer pago,  por la suma de G. 1.000.000 y se encontraría pendiente la entrega de G. 7.000.000 restantes, según la pesquisa fiscal.

Para ello, y en el contexto de las negociones, los suboficiales habrían mantenido conversaciones previas a través de las cuales habrían coordinado las acciones tendientes a la sustracción de los cartuchos y el pago acordado.

El hecho habría sido advertido el día 21 de setiembre de 2022, tras la verificación efectuada por disposición de la jefatura de la Agrupación de Seguridad y del Encargado de la Verificación del Inventario de Armas, Equipos y Municiones.

Conforme a la información preliminar obtenida, parte de los cartuchos sustraídos habrían sido comercializados a narcos en Pedro Juan Caballero, con la intermediación de uno de los presuntos autores.

Los agentes investigados son el subcomisario Hugo Enrique Estigarribia Sosa, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 29ª de Tarumandy, y el suboficial primero Walter Santiago Cuba, quien prestaba servicios en la citada dependencia policial.

Ambos están imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. Los procesados deberán presentarse el próximo martes 22 de marzo, a las 08:00, ante el Juzgado de Luque para la audiencia de imposición de medidas (Art. 242). El Ministerio Público requirió medidas alternativas a la prisión.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, en mayo del año pasado una madre presentó una denuncia en la Comisaría 3ª de Luque contra el funcionario público, Carlos Herrera Santacruz, a quien sindicó como el autor del supuesto hecho de acoso contra su hija de 11 años.

Luego, la denuncia fue elevada a la Fiscalía de Luque, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, quien abrió una causa por abuso sexual en niños, y ordenó la captura del presunto autor el 28 de mayo del 2021.

Casi cuatro meses después, precisamente el 24 de agosto del  2021, a las 23:56, el suboficial primero Walter Santiago Cuba realiza consultas por radio al Departamento de Informática de la Policía Nacional sobre la situación judicial del ciudadano Carlos Herrera Santacruz, quien en ese momento contaba en su contra una orden de detención vigente.

Sin embargo, llamativamente los policías que estaban realizando la barrera no comunicaron la detención del sospechoso y lo dejaron ir.

Un par de días después, la denunciante se enteró que el hombre se encontraba detenido en la Comisaría 29ª de Tarumandy, Luque, por lo que se acercó a la Fiscalía para confirmar o descartar la información que recibió.

Esa situación llamó la atención de la fiscal Pereira, quien lleva adelante la investigación, puesto que la Policía no comunicó la detención del funcionario del Senado Carlos Herrera Santacruz.

Luego, la fiscal allanó la Comisaría 29ª Central para corroborar la denuncia, identificar a los policías que se encontraban de guardia esa semana e incautar algunas evidencias como el libro de actas.

Además, la fiscal Pereira solicitó informes al Departamento de Informática de la Policía, en donde aparece el suboficial Cuba como principal responsable de la consulta radial que realizó en la noche del 24 de agosto sobre la situación judicial del imputado por abuso sexual en niños.

Seguidamente, Pereira convocó a los policías sospechosos para prestar declaración indagatoria y finalmente fueron imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal.

Mientras, el supuesto autor se había presentado ante la Fiscalía y el juez Nelson Romero le otorgó medidas alternativas a la prisión, pese a la imputación por supuesto abuso sexual en niños y se requirió su detención preventiva en la cárcel.

La Fiscalía comunicó el caso a la Comandancia de la Policía para la apertura de sumario administrativo para los policías sospechados.