La medida se da debido a que Óscar González Daher y
Javier Díaz Verón están implicados en “significativos hechos de corrupción”,
refiere la nota del Departamento de Gobierno de EE.UU.

Por esa razón, el país norteamericano decidió prohibir
de por vida la entrada a su territorio a ambas ex autoridades del Estado

Clan
familiar

Así también, la medida afecta a otros miembros del clan
González Daher: Nélida Chávez de
González, Óscar Rubén González Chávez (concejal de Luque), María González Chávez; parientes de
Óscar González Daher.

Por parte de la familia del ex fiscal general del
Estado ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo,
Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz
Verón.

«Son los primeros y estoy seguro que no serán los
últimos», afirmó el embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, en
comunicación con periodistas que cubren la Cancillería Nacional.

“La acción del Gobierno de Donald Trump es una fuerte
señal de que está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar
el Estado de Derecho del Paraguay”, señala la nota del Departamento de Estado.

La fuerte medida se dio a conocer justamente en el
marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Antecedentes del caso González Daher

Óscar González Daher fue acusado por asociación
criminal y tráfico de influencia por el caso de los audios filtrados del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por
enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Este último caso guarda relación con las operaciones de
la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher.

A raíz del escándalo que desataron los audios filtrados
del JEM, González Daher renunció a la Cámara de Senadores en 2017.

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones
confirmó que el ex legislador afrontará juicio oral y público por el caso que
vincula al JEM.

Oscar González Daher y su hijo Rubén estuvieron presos
por 10 meses en la Agrupación Especializada, hasta el mes de julio pasado.

El juez de Brasil, Marcelo Bretas, fue quien emitió un mandato de captura internacional y prisión contra Horacio Cartes. Se sospecha que el ex presidente paraguayo, que ya tiene código rojo de Interpol, habría ayudado a la fuga de Darío Messer, conocido como “el doleiro de los doleiros”.

La decisión fue tomada por el juez Marcelo Bretas, de
la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro, quien solicitó la activación del
código rojo de Interpol para atrapar a Cartes, y a otras 37 personas en Brasil.

Este operativo se denomina “Patrón”, debido a que se
cree que así llamaba Messer al ex presidente de la República. En esta etapa, el
objetivo es determinar quiénes serían las personas que ayudaron al doleiro a
escapar del país y ocultar sus activos.

En caso de que intente salir del país, en el sistema de
Migraciones -integrado con Interpol- se notificará que el buscado cuenta con
una alerta roja de detención, informaron.

Además, el juez Bretas emitió otras 37 órdenes
judiciales a cumplir en São Paulo y Ponta Porã: 6 de arresto, 3 de arresto
temporal y 18 de búsqueda y aprehensión. A las 6:45, ya fue detenido el
“doleiro” Najun Azario Flato Turner, en Itaim Bibi, zona oeste de la capital
del estado de São Paulo. Los equipos de la Policía Federal también se
encuentran trabajando en Copacabana, según la publicación del portal Digital de
Globo News.

En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú
analizará el pedido del Ministerio Público, de que la causa sea elevada a
juicio oral y público. La Fiscalía acusó a ambos por enriquecimiento ilícito,
declaración falsa y lavado de dinero.

El caso guarda relación con las operaciones de la
empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher. La firma ya había sido foco de una investigación de Última Hora y
Telefuturo en el año 2010.

Las publicaciones habían revelado el escándalo de dos
grandes plantas en esquinas del centro de Luque, que tributaban como si fuesen
baldíos sobre calles de tierra. El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio inició las
primeras pesquisas sobre el caso, que finalmente no avanzó.

Sin embargo, un informe de la Secretaría de Prevención
de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en agosto del 2018, motivó una nueva
acción por parte del Ministerio Público.

La cartera antilavado reportó operaciones sospechosas
con relación a González Daher y su hijo, que no coincidían con las ganancias
declaradas como producto de su actividad económica.

Ambos fueron procesados y mantuvieron prisión
preventiva, pero actualmente guardan prisión domiciliaria y cuentan con permiso
para trabajar.

El ex senador, por su parte, cuenta con otra causa en
su contra, relacionada a los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados (JEM).

FUENTE: ÚH.

El embargo decretado por la magistrada contra el ex
presidente de la Asociciación Paraguaya de Fútbol (APF), y hermano del ex
senador Óscar González Daher,  se da a
pedido del Ministerio de Hacienda.

Según la investigación, Ramón González Daher es
investigado por evasión fiscal, ya que superfluamente tuvo un importante
aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello.

Para Hacienda había un riesgo para la percepción de
impuestos, ya que corrieron versiones de que González Daher estaba intentando
transferir sus bienes para evitar eventuales confiscaciones.

En un principio, la SET le habría impuesto una sanción
de USD 25 millones, pero Ramón González Daher pidió una reconsideración de la
sanción, la cual ahora se encuentra en sumario y puede resultar en una
disminución de la multa o en aumento de la misma.

El dirigente deportivo también se encuentra investigado
por la Fiscalía por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y usura.

El supuesto esquema consistiría en préstamos
hipotecarios que daba a personas necesitadas de dinero, pero cuando los
prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y
directamente les quitaba sus viviendas.

Ante el pedido de embargo de sus bienes, el ex
dirigente deportivo recusó al juez José Villalba, por lo que la causa quedó en
manos de la jueza Lidia Gómez de Delfino, quien este viernes ordenó el embargo
de los bienes.

FUENTE: ÚH.

González Cháves obtuvo un permiso de dos días semanales
del juez Humberto Otazú para volver a “trabajar” en la Junta Municipal de la
Municipalidad de Luque.

PROCESADOS

El ex legislador y el edil fueron imputados por
enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de
dinero. El primer hecho punible es considerado crimen con una expectativa de pena
hasta 10 años de cárcel, por lo que no se prevé medidas alternativas a la
prisión, mientras que los últimos dos delitos tienen una expectativa de hasta 5
años de cárcel.

Según los antecedentes, ambos son propietarios de la
empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia que habría movilizado 8 billones de
guaraníes, monto que no pudo pudieron justificar con los ingresos de los
investigados y que está lejos de una posible inconsistencia.

Sin embargo, diez meses después de estar presos en la
Agrupación Especializada, padre e hijo salieron con arresto domiciliario, y un
par de semanas después obtuvieron permisos para “trabajar”.

En ese sentido, el edil con permiso Rubén González
Chávez logró recuperar su banca en la corporación legislativa de Luque, con “ayuda”
de las concejalas Francisca Franco y Belén Maldonado, ambas del PLRA.

Al principio, la bancada liberal le hizo el “vacío” al
concejal González Cháves, dejando sin quórum la sesión ordinaria de la Junta la
semana pasada.

Sin embargo, el jueves pasado Franco y Maldonado
acudieron a la sesión extraordinaria, aceptando tácitamente al cuestionado
concejal, quien pudo recuperar su banca.

Los demás concejales opositores Cristhian Bernal,
Silverio Mosqueira, Jorge Acosta y Manuel Achucarro Gill, presentaron un
dictamen jurídico  para sentar postura
contra y cuestionar la vuelta de González Cháves.

Los citados ediles coincidieron en señalar que no están
de acuerdo con la reincorporación a la Junta del procesado, pese a que cuenta
con permiso del juez Humerto Otazú.

Achucarro Gill solicitó que la nota se lea a través de
secretaría ante el pleno de la Junta, que fue llevado al sexto punto en la
orden del día.

ABANDONÓ
LA SESIÓN

Esta situación fue aprovechada por el cuestionado
concejal para abandonar la sesión y evitar escuchar el dictamen de los cuatro
concejales del PLRA.

El edil Jorge Acosta (PLRA), tildó a González Cháves de preso sambukú.

Mientras Silverio Mosqueira, también del PLRA,
cuestionó a su colega procesado por “trabajar” solo dos días semanalmente y
percibir G. 20 millones. Le dijo a González Cháves que por lo menos por ética no
puede continuar como concejal. Luego le hizo recordar que fue elegido por el
pueblo luqueño para trabajar siete días semanales por el sueldo que percibe.

El principal cuestionamiento es que el concejal cumple arresto domiciliario fuera del Municipio de Luque. Es de decir, en Asunción, mientras los martes y jueves, González Cháves viene a cumplir funciones laborales en Luque.

La medida cautelar de urgencia consiste en un embargo
preventivo de bienes, que alcanza la suma de G. 93.000 millones. Fue a parar
ante el Juzgado Nº 21 del magistrado José Villalba, quien tiene hasta dos días
hábiles para resolver la medida.

Esta acción fue presentada puesto que la cartera
estatal tiene la sospecha de que el mismo está vendiendo los bienes familiares.

Ramón González Daher, quien fue suspendido por la FIFA,
movió hasta G. 7 billones del clan familiar, según la Subsecretaría de Estado
de Tributación. A su nombre aparecen 56 fincas y su hijo Fernando Ramón González
Karjallo tiene a su nombre 70 inmuebles.

Justamente, en abril de este año, Ramón fue escrachado
en el Club Sportivo Luqueño, donde se desarrollaban las elecciones de
autoridades. En la ocasión, lo acusaron de ser uno de los principales
encargados de desatar la crisis institucional.

Este mes, la Secretaría de Tributación confirmó que dio
inicio a un sumario en contra de Ramón González Daher por evasión de impuestos.
No obstante, sobre el ex dirigente deportivo todavía no pesa ninguna imputación
fiscal.

FUENTE:
ABC Color.