El Gobierno de los Estados Unidos retiró de por vida la posibilidad de ingresar a su territorio al ex senador colorado Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por sus implicancias en hechos de corrupción «significativos». Los familiares de ambos corren la “misma suerte”. Tanto el ex senador como el ex fiscal general del Estado soportan sendos procesos por hechos de corrupción.
La Justicia brasileña emitió este martes una orden de detención internacional (código rojo de Interpol), contra el ex presidente de la República de Paraguay, Horacio Cartes Jara, por el caso de Lava Jato, según informó la prensa del vecino país.
El ex senador Óscar González Daher y su hijo, el concejal de Luque, Óscar González Chaves, deberán comparecer el 18 de diciembre, a las 9.00, para la audiencia preliminar en la causa que los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Estuvieron presos durante 10 meses en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía.
La jueza Civil y Comercial, Lidia Gómez de Delfino, decretó este viernes el embargo preventivo de los bienes de Ramón González Daher. La medida fue solicitada por el Ministerio de Hacienda en el marco de una investigación por evasión fiscal. La medida señala que el embargo será hasta cubrir la suma de G 93.973.343.416.
Los contribuyentes luqueños deberán pagar mensualmente G. 20 millones al concejal Rubén González Cháves por ocho días de “trabajo” en la Junta Municipal de Luque. El hijo del ex senador Oscar González Daher recuperó su banca la semana pasada. Pese a estar imputado por corrupción, el cuestionado edil “ya empezó a legislar” para los luqueños. Cuatro de los seis concejales liberales presentaron un dictamen jurídico contra su colega, y uno de ellos lo tildó de “preso sambuku”.
El Ministerio de Hacienda presentó una acción en contra de Ramón González Daher, ex vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y hermano del imputado ex senador y titular del JEM, Oscar González Daher, para solicitar una medida cautelar de urgencia de modo a que sus bienes sean embargados por la suma de G. 93 mil millones.
