El
juicio que debía iniciarse este lunes fue postergado para el 11 de enero a las
7.30 debido a que el defensor de Óscar González Daher, Claudio Lovera, está
bajo aislamiento preventivo por el contacto con un caso positivo de Covid-19.

El
Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda
Morel fue el que estableció una nueva fecha para la diligencia, informó la
periodista de Última Hora Liz Acosta.

González
Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, guardaron reclusión en la
Agrupación Especializada durante seis meses a partir del inicio de la
investigación de la Fiscalía en setiembre de 2018. Posteriormente, se
beneficiaron con la prisión domiciliaria.

En
aquel entonces, hubo una fuerte presión de los ciudadanos autoconvocados que se
instalaron frente a una de las residencias de González Daher en Luque para
exigir una intervención por parte de las autoridades judiciales.

Este
nuevo juicio se dará poco después de que Óscar González Daher haya sido
declarado culpable en la causa por los audios filtrados del JEM, pero con una
suspensión de la condena.

Investigación

La
investigación de este caso se generó a raíz de un informe de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en agosto de 2018.

La
Secretaría Antilavado reportó operaciones sospechosas de Óscar González Daher y
su hijo, que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de su
actividad económica.

El
informe de la Seprelad fue la base de la imputación del Ministerio Público. La
pesquisa fiscal guarda relación con operaciones de la empresa Príncipe di
Savoia SA, la cual Última Hora identificó en el año 2010 como una propiedad del
ex parlamentario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En
la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos, las defensas del ex
senador y su hijo plantearon el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de
inconsistencias de la misma acusación fiscal.

La
semana pasada, el ex parlamentario apareció en una foto reunido con el ex
presidente Horacio Cartes. Ambos compartiendo en una mesa en plena camaradería.

La imagen que generó repudio e indignación social se observó durante la conexión virtual de la sesión del Senado cuando en un descuido el senador Antonio Barrios no se percató de que puso en evidencia el encuentro entre ambos referentes colorados. FUENTE: ÚH.

Tras
horas de deliberación, finalmente el Tribunal de Sentencia, por mayoría,
declaró culpables a los involucrados en esta causa penal por el hecho punible
de tráfico de influencias.

Para
dos de los jueces (María Fernanda García de Zuñiga y Héctor Capurro) sí cometieron
un tráfico de influencias por parte de los acusados. Por su parte, el juez Juan
Carlos Zárate decidió emitir su voto en disidencia.

Previamente,
el Tribunal  hizo lectura del relato de
la ex fiscala Teresa Rojas, quien declaró que fue amenazada de ser destituída,
en el marco de la causa de la empresa Electrofácil, que tiene a Luis Saguier
como principal acusado y a los abogados Carmelo Caballero y Luis Almada,
defensores de Saguier.

Ambos
tenían contactos con el presidente y secretario del JEM. Se pudo comprobar la
fluida conversación entre Caballero y Fernández Lippmann. Mantuvieron 350
contactos en el lapso de la pesquisa contra Saguier.

Por
una mayoría, el Tribunal condenó a los tres procesados por tráfico de
influencia. El juicio prosigue y aún no se tiene la condena o absolución por
asociación criminal. También está pendiente que se dicte la pena a cada uno. El
tribunal aún no dictaminó sobre lo que atañe a Jorge Oviedo Matto, también
procesado.

Los
fiscales de la causa, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster,
procesaron a Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero
por asociación criminal y tráfico de influencia, mientras que Oviedo Matto fue
imputado solo por tráfico de influencia, en el marco de los audios filtrados
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

A
inicios del juicio oral, los abogados presentaron distintos pedidos, como
excluir como testigo a la periodista Mabel Rehnfeld, también señalaron que los
audios filtrados eran ilegales, por lo que todo el proceso también lo era.

La
Fiscalía solicitó siete años para el ex senador Óscar González Daher por
tráfico de influencia y asociación criminal, además de una inhabilitación de
siete años para ejercer funciones públicas.

El
Ministerio Público pidió para Lippmann seis años y seis meses de cárcel e inhabilitación
para ejercer cargos públicos por seis años y seis meses.

Para
el abogado Carmelo Caballero, la pena referida fue de cuatro años y seis meses
de cárcel, como también una prohibición para ejercer la abogacía por cuatro
años y seis meses por los hechos de tráfico de influencia y asociación
criminal.

Los
jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García llevan
adelante el juicio oral y público, que se realizó luego de dos suspensiones por
el Covid-19.

Sin embargo, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, dispusieron que un médico forense lo examine y eleve un informe. Luego, fijaron la nueva fecha para el juzgamiento público para el próximo 19 de octubre.

La
fiscalía había requerido que el juicio oral se realice con los coprocesados
Óscar González Daher, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, acusados por
supuesto tráfico de influencias y asociación criminal.

El abogado Claudio Lovera presentó los certificados médicos de que el acusado ex senador estaba con coronavirus e internado en el sanatorio Británico.

Ante esto, el fiscal Rodrigo Estigarribia requirió la división del juicio oral y que solo se realizará para los acusados presentes.

La
defensa de Fernández Lippmann, a cargo del abogado Álvaro Arias, se opuso ya
que no había peligro de extinción o prescripción.

La
abogada Sara Parquet, por González Daher, señaló que estaban preparados para el
juicio oral y que estarían a lo que disponga el Tribunal.

El
defensor del acusado Carmelo Caballero, Enrique Kronawetter, señaló que ya
había pasado el plazo para dividir el juicio oral, y que ellos no sabían qué
pruebas iban a usar los fiscales, por lo que pidió el rechazo del pedido de la
fiscalía.

Finalmente, tras la deliberación, los jueces decidieron posponer el juicio oral. Al día siguiente fijaron la nueva fecha.FUENTE: ÚH.

Según
los antecedentes, la investigación fiscal contra padre e hijo se inició a raíz
de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(Seprelad), en agosto de 2018.

La
Secretaría antilavado reportó operaciones sospechosas del poderoso clan
González Daher que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de
su actividad económica, a través de la empresa inmobiliaria “Príncipe Di Savoia”
SA.

Precisamente, la imputación de la Fiscalía Anticorrupción se basó en el informe de la Seprelad sobre la relación con operaciones de la empresa Príncipe Di Savoia.

Padre e hijo estuvieron presos en la Agrupación Especializada por casi un año. Luego salieron con medidas para «trabajar». El concejal de Luque, Rubén González Cháves, cuenta con arresto domiciliario y permiso los martes y jueves para acudir a la Junta Municipal.

OTRA CAUSA

Según
la pesquisa, González Daher enfrenta otro proceso penal por supuestos hechos
punibles de tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo
agravado, en la causa que se abrió tras la filtración de conversaciones
telefónicas para “apretar” a jueces y fiscales desde su cargo como titular del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El ex presidente de la Asociación
Paraguay de Fútbol y su hijo están procesados por los supuestos delitos de
usura, cuya pena es de 6 meses a 3 años de encierro; y por lavado de dinero,
cuya pena va de 6 meses a 5 años, en su tipo base.

El pedido de liberación fue presentado por
el abogado defensor de los procesados, Jorge Bogarín, por la doble vía, a
través del compurgamiento de la pena mínima, que es de seis meses, y por la
revisión de medidas cautelares, según informaron a los medios de comunicación.

Padre e hijo se encontraban privados de
su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción,
a partir del pasado 15 de noviembre de 2019. Es decir, el pasado viernes 15 de
mayo cumplieron los seis meses de cárcel como compurgamiento mínimo.

Cabe señalar que la Fiscalía había
solicitado la prisión preventiva de ambos por temor a que incidan en las
declaraciones de testigos de la causa investigada.

La investigación fiscal apunta a un
esquema que consistía en otorgar préstamos a personas y como garantía se les
entregaban cheques precitados o se les hacía firmar pagarés. Así utilizaban
estos documentos para realizar denuncias en carácter de supuestas víctimas de
estafas.

Aparentemente, González Daher llegó a
cobrar intereses del 100% por el dinero que prestaba, según los datos que
manejan las autoridades intervinientes.

Ramón González Daher es hermano del ex
senador colorado Óscar González Daher, quien fue destituido y está procesado
por el caso audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El magistrado Otazú los había remitido a la Agrupación
Especializada el pasado viernes 15 de noviembre. En su primer intento, el 18 de
noviembre, los mismos apelaron esta medida, pero el Tribunal de Apelación lo
rechazó.

En el segundo intento, el 21 de noviembre, los abogados
Jorge Bogarín, Bettina Legal y Verónica Rotela solicitaron que se extinga una
de las causales de la imputación, que es por usura y lavado de dinero, con el
argumento de que ya prescribió.

Además, solicitaron el sobreseimiento definitivo, lo
cual, de concretarse, iba a resultar en la libertad de los dos investigados.
Esto también fue negado por el juez Otazú.

Posteriormente, el pasado 10 de diciembre, la defensa
de los mismos pidió que la prisión preventiva sea revocada, alegando que no hay
fundamento para el supuesto peligro de fuga, además de señalar que Ramón
González Daher se encuentra con “delicado estado de salud”. Esta última
solicitud también fue rechazada por el magistrado.

La investigación fiscal señala que González Daher
declaró a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un total de G.
21.793.374.862 en concepto de ingresos; sin embargo, lo que realmente había
percibido llegaría a la sideral suma de G. 205.829.050.000, lo cual lleva al
Ministerio Público a sospechar que la diferencia de G. 184.035.675.139 no fue
obtenida de manera legal.

Éste gran suma sería resultado del cobro de intereses
los préstamos que realizaba, con un porcentaje superior del 80%, lo cual supera
por más de la mitad el límite establecido por el Banco Central del Paraguay
(BCP), que se encuentra cerca del 40%.

FUENTE: ABC Color.