El hecho ocurrió en la tarde de este jueves, en las calles Benigno González esquina Iturbe, de la ciudad de Luque.

Según un audio, los agentes exigieron a la conductora a realizar un giro o depósito al número (0992-728933), de uno de los PMT interviniente.

La mujer no tenía consigo el dinero y pidió auxilio a su marido, quien realizó el depósito y grabó la conversación con su esposa y los agentes.

El número del agente y el depósito de dinero quedaron registrados.

En el audio se lograr escuchar el “trato” para liberar el vehículo y así evitar la multa.

La mujer había estacionado en un lugar prohibido debidamente señalizado por la presencia de una boca de hidrante o incendio para el uso exclusivo de los bomberos en caso de emergencia.

Sin embargo, los agentes de la PMT de Luque aprovecharon esta situación para chantajear a la conductora, en vez de aplicar la multa por la infracción.

De esta forma, los “zorros” luqueños estarían recaudando millones en coima, además en las cuestionadas barreras, que ponen en cualquier lado.

En la mañana de este viernes, Luque Noticias llamó al número que aparece en la boleta de depósito para saber si le correspondía a algún agente de tránsito de la Municipalidad de Luque, pero el teléfono celular estaba apagado. Los datos de los denunciantes mantenemos en reserva para evitar represalias.

Según documentos, desde noviembre del año 2021 hasta mayo pasado (2024), el edil luqueño sigue percibiendo salarios como médico en el Instituto de Previsión Social y como concejal de la Junta Municipal de la ciudad de Luque.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía por el asesor jurídico del IPS, Abg. José González.

El escrito señala que el concejal Meza Insfrán percibe doble remuneración, una práctica ilegal y prohibida por la Constitución Nacional.

En este caso el edil luqueño e hijo del ex intendente César Meza Bría habría incurrido en el cobro irregular, generando millonarios perjuicios al IPS, según alegaron.

El concejal José María Meza Insfrán figura en la planilla como médico de la Dirección Médica del Hospital Central de IPS.

Meza Insfrán percibe en la Municipalidad de Luque un salario mensual de G. 20 millones, como concejal Municipal.

UN LOGRO HISTÓRICO DE LA CONTRALORIA CIUDADANA DE LUQUE (CCL)

“Nuestra Organización había presentado un amparo constitucional contra la Municipalidad de Luque, exigiendo la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, conforme establece la Ley N°- 5.590/16, el cual fue rechazado por la Jueza Penal Adolescente de J. Augusto Saldívar, Abg. Nunila González”.

“La CCL consideró absolutamente fuera de lugar los argumentos esgrimidos por la referida Jueza por lo cual resolvió presentar el Recurso de Apelación, el Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción del Departamento Central, hace LUGAR, al Amparo Constitucional y REVOCA, la Resolución de Primera Instancia  y en consecuencia ORDENA, a la Municipalidad de Luque a que en el perentorio plazo de 30 días hábiles de notificada la resolución, REALICE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA”.

“Esta resolución judicial se constituye en un logro histórico de una Organización de la sociedad Civil como la CCL que conforme a su objetivo exigió a la Municipalidad el cumplimiento de la Ley”.

“También se constituye en un importante precedente a otras Organizaciones que podrían replicar este tipo de acción para los demás Municipios. Además, es un ejemplo que todavía podemos creer en la justicia”, indica el escrito que posteó la Contraloría Ciudadana de Luque en su página de Facebook.

Cabe señalar que el intendente Echeverría está imputado en una causa abierta por el fiscal Jorge Escobar tras el fatal raudal que dejó como saldo dos mujeres muertas, en abril pasado.

Carlos Echeverría fue imputado por el fiscal Jorge Escobar tras el trágico accidente en el que murieron una madre y su joven hija luego de ser arrastradas por un raudal. La falta de vallados de seguridad hizo que su vehículo cayera a un arroyo el mes pasado.

El abogado defensor del intendente, José Valenzuela, señaló que todavía no se tiene el informe de la pericia y que están a la espera de eso, ya que podría arrojar claridad con respecto a las responsabilidades, mientras cuestiona la caratula de homicidio culposo, que es lo que más los aqueja.

“No soy el responsable”

El intendente Echeverría sostuvo que la imputación no corresponde porque no fue responsable de la muerte de las dos mujeres, sino que, por el contrario, el conductor fue el responsable y primó la imprudencia.

El fiscal Jorge Escobar imputó al intendente por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, tras la muerte de Sara Benítez, de 48 años, y su hija, Nilda Luján Barrios Benítez, de 19 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, se comprobaron deficiencias en el sistema de seguridad en la zona, ya que no había señalización de advertencia de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, así como barreras eficaces contra raudales.

Para la Fiscalía, Echeverría “sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan”.

Los agentes del Grupo Lince y las mujeres se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota, modelo Premio, el pasado 24 de abril, cuando cayó un temporal y se formaron raudales en su trayecto, en las calles Francisco Solano López y Curupayty, pero la fuerte correntada de agua arrastró el automóvil hasta el arroyo San Juan.

Los uniformados pudieron salir, pero no lograron rescatar a las dos mujeres. Los cadáveres fueron encontrados horas después en el cauce hídrico.

Los cuestionamientos hacia las gestiones del intendente Echeverría empezaron a aumentar debido a que en el tramo no hay vallas de seguridad, a pesar de que el peligro estuvo siempre latente.

Apenas había un pasamanos precario que los propios vecinos habían colocado hace décadas, pero que no era suficiente para evitar que los vehículos caigan al arroyo.

Las mujeres se dirigían a la Secretaría Nacional de Deportes para participar de la ceremonia de egreso de un familiar que forma parte del Grupo Lince, Brahian Gómez, quien pudo salvarse en el accidente junto con dos compañeros.

El citado agente también fue imputado por el fiscal Escobar a raíz de que no contaba con licencia de conducir, por lo tanto no estaba habilitado para conducir un automóvil, cometiendo el hecho punible de “exposición al peligro en el tránsito terrestre”. Fuente: ÚH.

Las nuevas fechas fijadas son el próximo 28 de mayo y el viernes 31. La resolución judicial fue dictada por los jueces Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás, tras hacer lugar a la reposición de una apelación en subsidio interpuesto por el abogado defensor, Claudio Lovera.

Según refiere la recusación de la defensa de González Chaves, su defendido no fue notificado dentro del plazo mínimo de diez días a partir de la notificación de la convocatoria a audiencias orales y públicas.

Al momento de la valoración del recurso, el Tribunal coincidió en que Lovera cumplió con el plazo previsto para la reposición y apelación en subsidio, cumpliéndose así los criterios de admisibilidad.

También concluyen que al reconocer la complejidad de la causa y por el volumen de copias que se precisa, sumado a que existen feriados dentro de los días hábiles, se fija como nueva fecha el martes 28 de mayo y el viernes 31 de ese mismo mes, y los siguientes días de acuerdo a la transición del juicio.

Antecedentes. En febrero del 2022, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

González Chaves fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero se confirmó su muerte tiempo después. En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

En lo que respecta al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión seis años y un mes, de los 8 a los que fue sentenciado.

González Chaves presentó su renuncia a concejal en febrero, cuando la Corte confirmó su inhabilitación. Fuente: ÚH.

Luego del fatal raudal, el fiscal Jorge Escobar, imputó al intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR), y al agente de Lince Brahian Gómez, conductor del vehículo arrastrado por el raudal.

El metalúrgico Juan Darío Cáceres fue contratado para la construcción de la baranda de seguridad y así evitar más tragedias en la zona, detrás del Club Balderrama.

El Arq. Adrián González, director de Obras de la Municipalidad de Luque, estuvo verificando los trabajos de instalación y pintura del vallado.

La Municipalidad también instaló cartel de señalización para alertar a los conductores y peatones sobre el peligro del raudal en época de lluvias.

Según los antecedentes, el raudal que arrastró y mató a madre e hija sucedió el pasado 24 de abril en el puente de las calles Mariscal López y Curupayty, centro de Luque.

El fiscal Jorge Escobar colectó las pruebas, allanó la Municipalidad de Luque, y luego imputó al intendente Echeverría, por los hechos punibles de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

Además, el fiscal imputó al policía por exposición al peligro en el tránsito terrestre y homicidio culposo por carecer de licencia de conducir.