El dirigente social fue remitido nuevamente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
“Samu” fue detenido en la
siesta del jueves cuando fue trasladado con custodia policial hasta el Hospital
Regional de Luque para una consulta médica, teniendo en cuenta que contaba con
arresto domiciliario por el asalto a la sede policial, registrado el año
pasado.
El dirigente social contaba
también con una orden de captura por la invasión al inmueble de Copaco.
Flores fue incluido por los
fiscales Fátima Villasboa y Francisco Cabrera en el proceso abierto por “invasión
de inmueble ajeno y otro”, tras el desalojo de los invasores del predio de
Copaco, ubicado entre las compañías Isla Bogado y Maka’i, respectivamente.
En el mismo proceso están
incluidos la líder de los sintechos Cristina Aquino, y el abogado Néstor
Noceda, quienes están presos en Buen Pastor y Tacumbú, respectivamente.
Además fueron imputados y remitidos a prisión otros 35 invasores, luego del desalojo ejecutado hace un par de semanas.
El imputado fue remitido primeramente al Departamento Judiciales de la Policía Nacional y luego remitido a Tacumbú, informó el comisario principal Víctor Ortiz, jefe de la Comisaría 3ra de Luque.
Precisamente, los agentes de la citada comisaría procedieron a la detención de Samuel Flores a raíz de la orden de captura dictada en su contra por el caso de Copaco.
Sintechos levantan movilización en Maka’i
Mucha tensión se vivió este jueves en la zona de Maka’i por inminente desalojo de invasores de terreno de Copaco.
Los sintechos estuvieron en alerta a raíz del
inminente desalojo de la citada propiedad.
Los manifestantes se juntaron frente a “Rancho Ito” y
cerraron el acceso, generando un caótico tránsito desde tempranas horas del
jueves.
El comisario principal Víctor Ortiz, jefe de la
Comisaría 3ra de Luque, señaló que la orden de desalojo de los ocupantes del
terreno perteneciente a Copaco sigue vigente.
Sin embargo, el procedimiento se pospuso para otra
fecha, por lo que los afectados decidieron levantar la medida de fuerza.
La líder del asentamiento 12 de Junio, Cristina Aquino,
había advertido que no abandonarían el lugar, ocupado desde al año pasado.
Durante la manifestación estuvieron quemando cubiertas
como medida de protesta contra la orden de desalojo, promovido por el fiscal
Néstor Cañete.
Los integrantes de los demás asentamientos de San
Rafael, Isla Bogado y otras compañías de Luque se unieron a la manifestación
iniciada por los ocupantes del terreno de Copaco, ubicado entre Isla Bogado y
Maka’i.
Tensión en Maka’i por inminente desalojo de sintechos
La policía implementó un fuerte dispositivo de
seguridad en la zona de Rancho Ito y el tránsito fue desviado para evitar
enfrentamientos entre conductores y manifestantes, explicó el comisario
principal Víctor Ortiz, jefe de la Comisaría 3ra de Luque.
El operativo fiscal y policial se concentra en la base
de la Comisaría 46 de Isla Bogado, donde se radicó la denuncia de la invasión
de la propiedad de Copaco.
Según la líder de los sintechos del asentamiento 12 de Junio, Cristina Aquino, en el lugar se encuentran unas 1.200 familias.
Aquino amenazó que no se van a retirar del lugar, alegando que el inmueble no cuenta con título de propiedad. «Estamos atrincherados para enfrentar a los policías. Sabemos que están los cascos azules en la Comisaría 46 de Isla Bogado, pero nosotros no vamos a retroceder en nuestra lucha», sostuvo.
Denunció que constantemente son hostigados por los
policías de las comisarías aledañas de la 3ra de Luque y la 46 de Isla Bogado.
Supuestamente, los uniformados estuvieron realizando
controles preventivos en los accesos al asentamiento desde ayer miércoles, y
alertando de un eventual desalojo que se realizaría en las próximas horas.
Ante esta situación, los alarmados sintechos salieron
a cerrar el acceso de la calle Coronel Martínez, que conduce a Cañada San
Rafael y a Capiatá.
Fiscalía pone trabas y desalojo queda «en suspenso» en Costa Sosa
Una dotación policial resguardó el desalojo del miércoles en la zona de Costa Sosa.
El miércoles
se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra,
quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia,
pero no fue imputado y quedó libre.
Sin embargo,
la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios
Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda
en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.
“Lastimosamente
la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo
que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado
litigante.
Giménez cuestionó
la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de
defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en
este caso la propietaria Rosana Palacios”.
Analizan recusar a la fiscal
Esta construcción fue demolida en el día del desalojo que no concluyó.
El abogado
Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación
contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.
“No sé qué
informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la
propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los
presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no
salen del inmueble”, cuestionó el profesional.
Giménez se
quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias
autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.
Explicó que los
ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos
los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.
Precisamente
la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.
Instigador en la mira
Los ocupantes de estas precarias viviendas aseguran que fueron estafados por Román López
En la zona
de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a
al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.
Los
presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien
supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor
costo.
Los
afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes
policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de
Román López, quien vive en la zona.
Precisamente,
cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido,
imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad
y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con
la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia
del terreno a nombre de cada comprador.
