La investigación del Ministerio Público está caratulada como: “Buenaventura Ferreira Florentín s/ Invasión de Inmueble Ajeno en Gral. Eugenio A. Garay”.

La audiencia de indagatoria fue fijada para este viernes, a las 10:00, en la Unidad Penal N°4 de la Fiscalía de Villarrica.

El procesado deberá acudir acompañado de un abogado de su confianza para brindar su declaración sobre el hecho que se le imputa en el marco de una investigación penal.

La denuncia fue promovida en diciembre pasado por el docente Joaquín Centurión, propietario del inmueble asentado en la compañía San Roque González de Santacruz (KM 22), jurisdicción de la localidad de General Eugenio A. Garay, en el Departamento de Guairá, según el título de propiedad acreditado ante la Fiscalía.

El asistente fiscal, Rodrigo Isaurralde, encabezó la constitución en el inmueble el pasado 20 de febrero y comprobó fehacientemente que el presunto invasor se encontraba nuevamente ocupando el lugar en forma irregular.

La comitiva fiscal y policial levantó un acta de procedimiento que obra en el expediente abierto en averiguación de la denuncia penal contra Ferreira Florentín.

Según los antecedentes, el propietario alquiló su propiedad a Ferreira del 2016 al 2020. Luego, el inquilino se negó a salir del terreno y finalmente llegaron a un acuerdo formal para abandonar el sitio.

Sin embargo, el año pasado el ahora procesado volvió a ingresar en la propiedad y la denuncia se realizó en diciembre último en la Subcomisaría 11ª San Roque González (KM 22), jurisdiccional.

Tras comprobarse el hecho punible de invasión, la Fiscalía convocó a Buenaventura Ferreira a una indagatoria para este viernes,  para proseguir con la investigación y definir la imputación del procesado.

DENUNCIAS NO AVANZAN

Buenaventura Ferreira Florentín es un conocido personaje en KM 22, de Gral. Eugenio A. Garay, en donde mantiene en zozobra a toda la comunidad, según los propios vecinos.

Cuenta con varias causas abiertas en las diferentes unidades de la Fiscalía de Villarrica, pero llamativamente las pesquisas no avanzan, señalaron.

Algunos de los casos son por producción de riesgos comunes, transgresión a la Ley de Armas, coacción, delito ambiental, y hasta abigeatos, a cargo de los fiscales Martín Escalada, María Unger, Erico Ávalos y Alcides Espínola.

Ante el casi nulo avance de las causas contra Ferreira en el Ministerio Público, los vecinos juntaron firmas para exigir justicia, mientras el principal sospechoso sigue libre y amedrentando a los que se atreven a denunciarlo.

Los temerosos pobladores no descartan que el sujeto cuente con protección policial de la zona para seguir cometiendo fechorías y atropellos, pese a las reiteradas denuncias que obran en la Subcomisaría local y Ministerio Público de Villarrica.

Fiscala amplía imputación por coacción y pide arresto para procesado

El mandamiento judicial fue firmado por la magistrada María Vallejos Mendoza, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, del Juzgado de Luque.

La causa está caratulada “Agrosur SA c/ Román López s/ interdicto de recobrar la posesión del inmueble individualizado como finca N° 276, ubicado en Costa Sosa, Luque”.

El oficial de Justicia, Francisco Guerrero Nauman, fue designado para dar cumplimiento al mandamiento judicial de desalojo.

Según el informe de la Comisaría 3ª Central, a cargo del Crio. Princ. Jorge Palacios, en el terreno solo se encontró una edificación precaria (letrina).

La presencia policial permitió que la empresa pueda cercar el terreno y así evitar ocupación o atropello por parte de la familia López, que reclama el lugar, explicó el jefe policial.

El comisario Palacios infirmó que el procedimiento se desarrolló sin mayores incidentes.

De esta manera, la citada empresa recuperó el inmueble tras largo pleito con la familia López, encabezada por Román López, quien tiene más de 100 denuncias en su contra por atropellos a los propietarios de terrenos en la zona.

ANULAN ADJUDICACIÓN

En agosto pasado, la jueza Norma B. Ortiz, a través del Acto Interlocutorio (A.I.N° 7471) ordenó anular la avaluación de inmuebles y adjudicación al señor Román López.

De esta manera, López, quien se presenta como supuesto dueño de varias fincas en la compañía Costa Sosa, de Luque, tuvo otro duro revés judicial. A continuación compartimos el documento al que tuvo acceso Luque Noticias.