Según los antecedentes, tras publicaciones del diario Última Hora, en enero del 2018, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió desvincular de la institución a Miguel Fabrizio Mancuello González, hijo del entonces presidente de la Seccional Nº 3 de Luque, Miguel Mancuello Ozuna, hombre leal al ex senador Óscar González Daher.

Este funcionario cobraba G. 7.200.000 al mes y casi no iba a trabajar, según la investigación periodística de la época que derivó finalmente en su destitución en abril del citado año.

“El presidente del JEM, Cristian Kriskovich, lo destituye (sumario mediante) es porque no iba a trabajar, según ÚH pudo demostrar con las planillas de marcación de tarjeta”, publicó el diario capitalino en abril del 2018.

Señala que “el sumario alega que tuvo 100 incidentes en menos de seis meses que incluían no ir a trabajar, llegadas tardías de más de una hora o más inclusive, o marcación de reloj solo a la entrada o a la salida”.

“Con esto último lo que se presume que hacía era que una vez que marcaba a la mañana ya no volvía al Jurado. O si en todo el día no estuvo en la institución, aparecía al final del día para marcar simulando que había trabajado”, agrega la nota.

“Este funcionario no tenía miedo a posibles sanciones ya que ingresó al lugar recomendado por González Daher, que en ese entonces era aún el poderoso presidente del JEM”, publicó UH.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA

“El padre del joven destituido también tiene un salario de G. 7.100.000 en el Senado, pero está comisionado en la Municipalidad de Luque, donde no marca tarjeta”, remarcó el diario de Asunción.

A casi cuatro años de haber sido destituido por planillerismo,  Fabrizio Mancuello fue premiado con un cargo en la Municipalidad de Luque por el actual intendente Carlos Echeverría.

Fabrizio Mancuello fue nombrado como director de Bienestar Social y Desarrollo Humano. Se trata de un área muy sensible, teniendo en cuenta que tendrá a su cargo la Secretaría de Prevención de Adicciones, la Oficina de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Discapacidad de la Municipalidad de Luque.

Este viernes, el nuevo director ya participó de la reunión de directores de la Municipalidad de Luque.

La suspensión de la obra fue justamente tras la manifestación de vecinos de la compañía Tarumandy contra la construcción del cementerio privado Parque Serenidad. Alegaron que la presencia del camposanto afectará el valor de las propiedades y no atraerá inversiones comerciales.

Por su parte, la empresa alega que cuenta con todos los documentos pertinentes para la construcción.

La empresa Parque Serenidad cuenta con una propiedad de 8 hectáreas en Tarumandy, camino Luque – San Bernardino.

Los permisos municipales fueron otorgados en la época del intendente interino Cristhian Bernal (PLRA).

En el centro de Luque, en pleno casco histórico, también consiguieron el permiso municipal en la época de Bernal para la construcción del salón velatorio.

Según los antecedentes, un directivo de la empresa había denunciado que del entorno del intendente Carlos Echeverría le solicitaron coima para conseguir los permisos municipales y que su expediente le retuvieron por cinco años.

NOTIFICACIÓN

Una comitiva encabezada por el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Luque, Raúl Salinas, llegó hasta el lugar para notificar a los responsables de la obra acerca de la resolución de suspensión de las actividades hasta tanto la empresa presente los documentos requeridos por el Municipio.

Luque Noticias consultó al director Salinas sobre la suspensión y explicó que en su dirección no obra expediente alguno sobre los documentos requeridos, por lo tanto, la intendencia sacó una resolución por la cual se ordena la suspensión de las actividades como medidas de urgencias hasta tanto la empresa presente los permisos ambientales (de MADES), de la aprobación de la Junta Municipal, de Obras y Catastro entre otros documentos.

Fue consultado también con relación al roce entre el intendente Carlos Echeverría y el propietario de la empresa Parque Serenidad, Enrique Hellmers, quien denunció públicamente (a través de la radio Ñandutí), que Echeverría supuestamente cajoneó el expediente de la aprobación de planos para el salón velatorio y el camposanto en Tarumandy.

GRAVE ACUSACIÓN CONTRA ECHEVERRÍA

Luego de acusar a Echeverría de cajonear el expediente para extorsionarlo, alabó la gestión del intendente interino Cristhian Bernal (PLRA), quién en tiempo récord aprobó su solicitud tras 4 años.

El empresario alegó en aquella ocasión que Bernal firmó casi 500 expedientes varados sin pedir nada a cambio.

Sin embargo, no mencionó que el salón velatorio que pretende abrir se encuentra en la Peatonal Histórica de Luque.

Ahora, tras el rekutu de Echeverría en la Municipalidad de Luque, llamativamente se procedió a suspender la obra. En ese sentido, el director jurídico del Municipio negó que se trate de una persecución.

Alegó que si la empresa cuenta con todos los requerimientos (permisos), podrá continuar con el proyecto, de lo contrario deberá adecuarse a la ordenanza municipal vigente.

Grave denuncia contra el ex intendente de Luque por “cajonear” expedientes

¿QUÉ SE VA A DISCUTIR?

Según el presidente de la institución, Edert Falcón, se tendrá que introducir un artículo transitorio para poder elegir todas las autoridades en una sola asamblea ordinaria fijada para este sábado 29 de enero.

Esta postura permitirá la renovación total del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral Independiente en el mismo acto asambleario.

Los más votados serán electos por 5 años y los menos votados por 4 años a los efectos de volver al artículo del estatuto que estable la elección proporcional de los miembros.

Falcón explicó que esto se da a causa que en los años 2020 y 2021 no pudieron realizarse las asambleas por causa de la cuarentena como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Por otro lado, existen consejeros que desean que se haga la Ordinaria, pero que se cumpla como establece actualmente el estatuto, de manera proporcional, sola que el problema estaría en que en este momento no se puede prorrogar el mandato por pandemia, pues ya vencieron los mandatos.

CONSEJEROS DIVIDIDOS

La puja por el poder en la Cooperativa Luque Ltda. enfrenta en este momento a tres sectores internos, liderados el primero por el presidente Falcón, y otro encabezado por el concejal de Luque y consejero de la Cooperativa, Diego Romero, más el que encabeza Miguel Mancuello, actual director en la Municipalidad de Luque y consejero de la Cooperativa.

Estos tres sectores también buscan alianza con movimientos cooperativistas, que tienen a reconocidos políticos como líderes a los efectos de lograr la supremacía.

FALCON-BLANCO-ECHEVERRÍA.

Si bien diputado liberal Rodrigo Blanco, y el intendente Carlos Echeverría, no son figuras en el cooperativismo, tienen grandes ascendencias sobre multitudes, muchos de ellos socios de la cooperativa Luque Ltda, y que podrían ser conducidos para votar por determinados candidatos.

En ese sentido, los directores y el propio intendente de Luque vienen realizando campaña abiertamente, utilizando la estructura municipal para buscar el cambio de estatuto para meter a los concejales Enrique Quintana y Arnaldo Baeza como directivos de la Cooperativa.

Este grupo podría ser considerado el oficialismo de la Cooperativa y que impulsa la elección de la totalidad de los cargos, por un convenio que deviene de la alianza, así podrían poner de a 3 miembros cada sector.

Al mismo se opone el equipo de Diego Romero y Javier Marecos, quienes tienen la idea de realizar las elecciones de manera parcial, en una Asamblea Ordinaria, y luego de algunos meses poder realizar la elección de los faltantes de renovación.

Marecos explicó a la Radio Azul y Oro que se deben cumplir algunos requisitos para postularse a cargos de directivos, pero los leales a Echeverría quieren cambiar este punto para apoderarse prácticamente de la Cooperativa, según la denuncia.

MANDATO DE  5 AÑOS, ILEGAL

La idea del actual Consejo de Administración es llevar el mandato a 5 años, lo cual es de dudosa legalidad, dado que la LEY DEL COOPERATIVISMO, tiene establecido 2 (dos) años, el haberse elevado a 4 años ya es ilegal, explicaron.

En una ocasión anterior, el mismo INCOOP, ya había rechazado este pedido que naciera de una asamblea extraordinaria.

MARECOS Y ROMERO DISPUESTOS A BLOQUEAR REFORMA

El sector que lideran los directivos Diego Romero y Javier Marecos están dispuestos a bloquear la reforma del estatuto y son del criterio que directamente debe hacerse una Asamblea Ordinaria, y  con renovación parcial de las autoridades las que ya vencieron su mandato en el 2020, y luego las que vencerán en esa asamblea ordinaria.

Sin embargo, que se realice de manera parcial no les beneficia a la “Triple Alianza” del grupo del actual presidente Falcón, el de Rodrigo Blanco y de Carlos Echeverría, señalaron nuestras fuentes.

No obstante, están confiados en que los “oficialistas no lograran los dos tercios que necesitan para modificar el estatuto.

DOS LOCALES EN SIMULTANEO

Por su parte, Javier Marecos criticó el hecho de que se deberá gastar más de 200 millones de guaraníes en un capricho de la modificación del estatutito ya que se deberá realizar en simultaneo en dos locales (casa central de la Cooperativa Luque y en el Chiquerito del Sportivo Luqueño).

Más de 5.500 socios están habilitados para participar de la Asamblea prevista para este sábado, a partir de las 13:00 (primera convocatoria, y a las 14:00, la segunda convocatoria. Fuentes: El Espectador Luqueño y Luque Noticias.

La afectada, asegura que su “pecado” fue trabajar por la precandidatura a la concejalía de la ex directora de Cultura, Beatriz Arrúa, del sector político del concejal Diego Romero, quien, a su vez, mantiene una disputa política con el intendente Carlos Echeverría por cuestionar el juramento del condenado edil Rubén González Cháves.

Benítez Torres cuenta con una antigüedad de casi 4 años en la Municipalidad de Luque.

Dijo que sufrió una terrible persecución de parte de la directora de Cultura, Adriana Cantero, quien es comadre y cupo político de la concejala Belén Maldonado (PLRA).

Citó como ejemplo que varios compañeros suyos fueron trasladados a otras direcciones. Sin embargo, se ordenó su desvinculación al igual que el anterior secretario de Turismo, Félix Sánchez, dependiente de la Dirección de Cultura.

Explicó que en diciembre del año pasado ya se ordenó su desvinculación, pero recién a mediado de enero de este año le notificaron.

Además, no le permitieron marcar sus entradas y salidas (horario laboral), y para denigrarla le exigieron que vaya a trabajar en limpiezas, pese a contar con título universitario, indicó.

Los otros funcionarios reubicados a otras direcciones son: Anselma Peña (cupo del condenado concejal Rubén González Cháves), quien fue a parar en la Oficina de Comisiones Vecinales, y Rubén Rivas, pasó a Salubridad.

Pedido de reconsideración

La funcionaria Carmen Benítez, tras ser notificada presentó una nota de reconsideración de su caso al intendente Carlos Echeverría.

Explicó que está aguardando la resolución del jefe Comunal para saber su futuro en la Municipalidad de Luque, o eventualmente entablar una demanda contra el Municipio por violación laboral.

La otra funcionaria, también nombrada y desvinculada de forma arbitraria es Graciela Amada Báez Dávalos, con más de 3 años de antigüedad en la Municipalidad de Luque.

Foto (1): En el fondo, el primero a la izquierda, es Leonor Ávila, ex jefe de Maquinarias, cambiado en el periodo anterior, por presuntos usos irregulares de maquinarias municipales.

Según averiguaciones, Ávila es actual encargado de Cementerios (Departamento Patrimonio de la Municipalidad). Su jefe es Nelson Baeza, hermano de del concejal Arnaldo Baeza (oficialista).

Foto (2): Él que hace la selfie es José Morel, dirigente de la Seccional 2, y actual jefe de fumigaciones de la Dirección de Salubridad, con cuestionados procedimientos en sus funciones.

Los otros dos funcionarios que aparecen en las fotos son: Osmar González López, notificador de obras particulares, y Richard Amarilla, del Departamento de Patrimonio de la Comuna luqueña.

Todos dirigentes de la seccional dos. Éstos funcionarios salpicados por presuntos hechos de corrupción siguen en la Municipalidad con la protección del propio intendente.

ESCRACHE

Según los antecedentes, en la noche del lunes pasado un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Luque escrachó al intendente Carlos Echeverría frente a su casa a raíz de despidos arbitrados e injustificados, persecuciones a trabajadores nombrados y contratados.

Los manifestantes llegaron hasta frente a la residencia de Echeverría, en con gritos, bocinazos, pancartas, y explosiones de fuegos pirotécnicos para hacerle saber que están disconformes con su actuación y persecución a los funcionarios que forman parte del sector político del concejal disidente, Diego Romero, quien fue relegado por el intendente al no estar de acuerdo con el pacto entre colorados y liberales para el juramento del condenado concejal Rubén González Chávez.

“Echeverría-intendente bandido y estafador, págale a los funcionarios”, señalaba el escrito de uno de los carteles.

Los manifestantes también realizaron pegatinas con la foto del intendente y con el siguiente mensaje: “Buscado vivo o muerto por estafar, despedir y no pagar a más de 300 funcionarios municipales colorados”.

“Recompensa: 1.000.000. $”, indicaba el afiche que fue pegado por el portón de la casa. Dos de las funcionarias nombradas que fueron echadas de la Municipalidad son Graciela Báez (esposa del también funcionario Adán Báez), y Carmen Benítez.

Además, existen otros 300 contratados de la época del intendente interino, Cristhian Bernal (PLRA), que hasta el momento no pueden cobrar sus haberes al igual que los funcionarios actuales.

Tras la bulliciosa manifestación, llegaron al lugar (Villa Adela-Cuarto Barrio), dos patrulleras de la Comisaría 3ª de Luque para resguardar la vivienda del jefe comunal escrachado.

APOYO

En la noche de este martes (24 horas después del escrache), los funcionarios leales al concejal Arnaldo Baeza y al propio intendente, llevaron su solidaridad a Echeverría.

Los seguidores del jefe comunal publicaron en las redes sociales acerca del “apoyo vecinal”. Llevaron carteles que decían «Luque de frente, gracias a Carlos«. «Al pueblo no se le miente, Carlos es el mejor intendente«.

Sin embargo, en las fotos aparecen al menos 4 funcionarios de la Comuna de Luque, quienes, a su vez, son dirigentes de la Seccional 2, de Luque, según fuentes de Luque Noticias.

Adán Báez, del equipo político del concejal Diego Romero (Bancada B de la ANR – disidente), denunció una grave persecución contra su esposa Graciela Amalia Báez Dávalos y la otra funcionaria afectada es Carmen Benítez Torres, a quienes las echaron de la Municipalidad pese a estar nombradas.

Según dijo a la Radio Azul y Oro, a las dos funcionarias les despidieron de manera injustificada; sin previo aviso y sin sumarios.

“Hoy (lunes) presentamos la nota de reconsideración de la Lic. Carmen Benítez Torres, quien tuvo la oportunidad de relatar la persecución que sufrió todo ese tiempo. Funcionaria nombrada y desvinculada en forma injustificada”, señaló Báez.

ESCRACHE

En horas de la noche de este lunes los funcionarios afectados acudieron hasta la casa del intendente de Luque, Carlos Echeverría, para escracharlo por las persecuciones a los funcionarios de la Municipalidad.

Con gritos, bocinazos, pancartas, y explosiones de fuegos pirotécnicos llegaron los funcionarios para brindarle una “serenata de escrache” a Echeverría.

“Echeverría-intendente bandido y estafador, págale a los funcionarios”, señalaba el escrito de uno de los carteles.

Los manifestantes también realizaron pegatinas con la foto del intendente y con el siguiente mensaje: “Buscado vivo o muerto por estafar, despedir y no pagar a más de 300 funcionarios municipales colorados”.

“Recompensa: 1.000.000. $”, indica el afiche que fue pegado por el portón de la casa.

Tras la bulliciosa manifestación, llegaron al lugar (Cuarto Barrio), dos patrulleras de la Comisaría 3ª de Luque para resguardar la vivienda del jefe comunal escrachado.

El grupo de funcionarios desafectados de la Municipalidad de Luque corresponde al sector político del concejal Diego Romero, quien cuestionó duramente el pacto entre el intendente Echeverría y los concejales liberales para hacer jurar al concejal Rubén González Cháves, condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero, asociación criminal y declaración falsa.

Los demás contratados, unos 300 en total, son de la época del entonces intendente interino, Cristhian Bernal (PLRA), quienes no pudieron cobrar por los meses trabajados en la Municipalidad local.

Luque Noticias intentó conocer la versión del intendente de Luque, Carlos Echeverría, sobre la movilización en su contra y despidos injustificados que denuncian los funcionarios. Sin embargo, fue imposible contactar con el jefe comunal, debido a que no atendió las llamadas.