El intendente colorado, Walter Troche, la concejala y pareja sentimental de Troche, Olga Vázquez, y el administrador Sergio Rojas, serían los responsables del despilfarro de los fondos públicos del municipio.

La semana pasada, los técnicos de la Controlaría verificaron los documentos proveídos por el Municipio y las obras supuestamente ejecutadas por la administración del intendente Troche, correspondiente a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022.

La denuncia ante la Contraloría fue promovida en marzo pasado por el presidente de la Junta Municipal, Jesús (Iki), Troche, luego de que la corporación legislativa rechazara (en mayoría), la redición de cuentas del intendente Walter Troche.

Un par de meses después, la Contraloría General de la República ordenó (Resolución N°760), la realización de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI), a la Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay, a cargo del jefe comunal Walter Troche.

REVISIÓN

La Contraloría dispuso la fiscalización de la “Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos provenientes de Fonacide y Royalties para la construcción de aulas en las escuelas y arreglos de caminos vecinales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022”, añade la resolución.

La Unidad responsable del trabajo técnico de verificación es la Dirección General de Control de Bienes Patrimoniales del Estado de la Contraloría.

Para el efecto, la CGR designó a los funcionarios Haydee Ruiz Díaz de Acosta (supervisora), Luis Alberto Peña (jefe de equipo), Lina Pana Carrillo (auditora), Karen Rocío Vera (auditora), y Gilda Velázquez Acosta (auditora).

Los auditores tuvieron accesos a documentaciones, realizaron entrevistas y verificaron las obras (construcciones de aulas en escuelas y arreglos de caminos-cargamentos de ripio), en los diferentes barrios y compañías dentro del Municipio.

Los documentos obtenidos, placas fotográficas y entrevistas deberán ser remitidos al Organismo Superior de Control de la CGR, en un plazo de cinco días.

La Fiscalización Especial concluyó el viernes pasado, informó el concejal Jesús Troche.

INSÓLITO

Durante el recorrido de verificación de las supuestas obras, el móvil de la Contraloría quedó atascado en un charco en un camino vecinal del barrio Fátima, del KM 23, de General Garay.

En los papeles figura que dicho acceso fue reparado y enripiado.

Los propios funcionarios de la CGR experimentaron los que padecen los vecinos a causa de la imperante corrupción en la Municipalidad de Garay.

Los auditores tuvieron que empujar el vehículo para poder salir del charco y continuar con las fiscalizaciones. La ciudadanía garayense está expectante sobre los informes de los auditores de la Contraloría.

Los manifestantes coincidieron en señalar que la alimentación es fundamental para que los niños cumplan el horario extendido para cumplir con la jornada diaria en la modalidad de 07:00 a 15:00, de lunes a viernes.
Cabe señalar que desde la comunidad educativa plantearon a la Gobernación de Guairá (actualmente intervenida), una adenda del 20% para la ampliación del contrato con la empresa encargada de la provisión de alimentos para los escolares.

Al mismo tiempo indicaron que esta situación, lamentablemente, se volvió una costumbre. “Esto es un problema de cada año. Los niños ya no pueden estudiar en estas condiciones, por inoperancia de las autoridades de turno”, lamentó uno de los manifestantes.
La movilización comenzó hace tres días. La comunidad educativa tuvo que salir a las calles para exigir el derecho de los niños.

“Basta de circo en todo sentido. Hace dos semanas se unieron para salvar a la fiscala general del Estado e incluso, uno de los que estuvo fue Ever Noguera, quien insta a intervenir la Gobernación de Guairá, pero salvaron a la fiscal que debía investigar al gobernador. Hay contradicciones que uno no entiende”, dijo en relación al salvataje al que procedieron los diputados cartistas, llanistas y algunos oficialistas que haciendo cuórum evitaron el juicio político a Sandra Quiñónez.

El diputado dio su respaldo a la creación de la comisión, ya que indicó que “hay 200.000 guaireños que están siendo robados y alguien les está robando y hay que hacer algo”. Citó que “hace dos semanas eran amigos y ahora son enemigos (cartitas y oficialistas)”.

“No me compro más el cuento de la Concordia, la cicatriz y la pelea”, aseveró.

Finalmente, se analizó primeramente el proyecto sobre actuarios judiciales y seguidamente se convocó a una sesión extraordinaria para analizar el caso de Guairá, donde no hubo cuórum.

La Junta Departamental de Guairá solicitó la intervención de la gobernación por muchas irregularidades en la gestión de Vera. La SET corroboró varias irregularidades administrativas, como facturas clonadas y habla de un perjuicio de USD 1 millón.