La Patrulla Caminera intensificó los controles frente al Cono Club de Limpio, señalado como «Zona roja».
La Coordinación Regional Central de la Patrulla Caminera sacó de circulación a 181 conductores alcoholizados, mediante operativos desplegados este fin de semana en diferentes puntos de Central.
El informe oficial señala que realizaron en total 1.030 procedimientos, de los cuales 705 casos fueron por artículos varios, y 181 por alcotest positivos.
Además multaron a
89 conductores por excesos de velocidad, y a 45 por adelantamientos indebidos
en rutas.
Los agentes también
demoraron 262 vehículos durante los controles por violar el reglamento de
tránsito, que se detallan a continuación.
113 motocicletas
76 automóviles
62 camionetas
10 camiones
Operativo interinstitucional entre la Caminera, la Policía y la Fiscalía.
Fiscalía pone trabas y desalojo queda «en suspenso» en Costa Sosa
Una dotación policial resguardó el desalojo del miércoles en la zona de Costa Sosa.
El miércoles
se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra,
quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia,
pero no fue imputado y quedó libre.
Sin embargo,
la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios
Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda
en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.
“Lastimosamente
la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo
que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado
litigante.
Giménez cuestionó
la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de
defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en
este caso la propietaria Rosana Palacios”.
Analizan recusar a la fiscal
Esta construcción fue demolida en el día del desalojo que no concluyó.
El abogado
Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación
contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.
“No sé qué
informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la
propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los
presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no
salen del inmueble”, cuestionó el profesional.
Giménez se
quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias
autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.
Explicó que los
ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos
los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.
Precisamente
la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.
Instigador en la mira
Los ocupantes de estas precarias viviendas aseguran que fueron estafados por Román López
En la zona
de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a
al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.
Los
presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien
supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor
costo.
Los
afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes
policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de
Román López, quien vive en la zona.
Precisamente,
cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido,
imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad
y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con
la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia
del terreno a nombre de cada comprador.
Activista de “Ya estamos cansados de sus leyes”, denunciado por proxenetismo
Grave denuncia. El denunciado Alberto Meza (con quepis) con integrantes de la organización y de la Fiscalía, durante un procedimiento.
La denuncia es por presunto caso de proxenetismo, y según averiguaciones habría más víctimas. Un video donde el taxista reconoce que transportaba a las chicas junto a los «clientes» recorre las redes sociales.
En el mismo video, el taxista cuenta detalles relacionados con el caso investigado por el Ministerio Público.
El caso está
a cargo de la fiscal Karina Sánchez, de la Unidad Antitrata de Personas,
refiere la denunciante.
Supuestamente,
la investigación no avanzó por lo que la mujer recurrió a la Defensoría del
Pueblo para pedir ayuda, y por último a la prensa para denunciar públicamente
su penuria.
La joven
relató que fue reclutada por el taxista Alberto Meza cuando tenía 15 años.
Según denunció a través de su abogada Rocío Acosta ante el Ministerio Público, fue obligada a prostituirse junta a otras cinco chichas, todas menores de edad en aquel entonces.
¿Quién es Alberto Meza?
El taxista Alberto Meza encabeza la organización civil “Ya estamos cansados de sus leyes”, que persigue la realización de barreras ilegales de los agentes de Tránsito de diferentes Municipio y de la Patrulla Caminera. A través de los trabajos que realizan fueron tomando protagonismos en la rades sociales.
Ahora es acusado de un grave hecho y deberá responder ante la Fiscalía, donde en principio aparentemente no le dieron mucha importancia a la denuncia, pero luego de que la abogada de la víctima recurriera a la Defensoría del Pueblo, tomaron el caso con mayor seriedad, según la propia afectada.
Fiscalía usa comisaría como depósito de motos chatarra
La Fiscalía Zonal de Luque no cuenta con un local propio para guardar las motocicletas incautadas por la Policía Nacional y usa de manera irregular como depósito la sede de la Comisaría 3ª Central.
De esta manera, la sede policial se convierte en un verdadero “cementerio” de motocicletas chatarra y vehículos chocados que fueron abandonados por sus respectivos propietarios, envueltos en líos judiciales o accidentes de tránsito.
Actualmente, más de 200 motocicletas ocupan todo el recinto de la comisaría, generando molestias en el seno policial local.
Además, 20 vehículos chocados están abandonados en la adyacencia, y son potenciales criaderos de mosquitos transmisores del dengue, dijeron los vecinos a Luque Noticias.
Por falta de espacio, numerosos biciclos permanecen estacionados incluso en la vereda frente a la comisaría, dificultando el acceso a las personas que acuden a la sede policial.
Con el objetivo de descongestionar el recinto policial, el comisario principal Víctor Vera, titular de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que están buscando la manera de trasladar las motos a la sede del Departamento de Transporte de la Policía Nacional, ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta 1 “Marical López”, en Capiatá.
Sin embargo, el pedido policial no tuvo eco en la Fiscalía de Luque y los biciclos siguen depositados en la comisaría. El comisario Vera dijo que el objetivo principal es el traslado de los biciclos a un sitio adecuado para recuperar el espacio físico para brindar mayor comodidad a las personas que acuden a la comisaría.
