En el predio del Parque Guasu se originó un incendio de
importante magnitud, provocado  supuestamente por personas desconocidas y fue
agravado por los fuertes vientos y por las características de la vegetación del
lugar, dificultando las tareas de los bomberos y fuerzas militares que luchaban
contra el fuego en ese lugar.

De evidenciarse el desarrollo de las actividades
ilícitas denunciadas, la misma está enmarcada dentro de la Ley Penal Ambiental
Ley N° 716/96 “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente,
específicamente en su artículo 4 “Serán sancionados con penitenciaría de 3 a 8
años y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos legales.

En ese sentido, el MADES como Autoridad Nacional sobre
la base de la Ley 1561/00 y encargada de llevar a cabo la política ambiental
del país, solicitó al Ministerio Público proceda a realizar la investigación correspondiente
para el esclarecimiento de los hechos, de manera rápida y eficiente, a fin de
verificar y determinar la existencia de una eventual responsabilidad penal para
que mediante las atribuciones legales, se puedan ejercer las acciones que
correspondan, además de la aplicación de las consecuencias penales previstas
para los responsables.

El incendio afectó a la fauna y a la flora del lugar,
durante los trabajos, en la zona se encontró restos de mamíferos y reptiles
calcinados.

El operativo fue encabezado por las fiscales de la
Unidad de Trata de Personas, Natalia Acevedo y María Isabel Arnold de Dos
Santos.

El director de la Consejería Municipal por los Derechos
del Niño, Niñas y Adolescentes (Codeni) de Luque, Felipe “Kiko” Sosa, explicó
que los indígenas se instalaron el año pasado en la pizzería abandonada,
ubicada en Pedro Juan Caballero casi San Martín, zona Cuarto Barrio de Luque.

Según Sosa, desde la Codeni de Luque venían
monitoreando las actividades de los nativos que suelen aparecer en los
semáforos de la ciudad para pedir limosnas a los conductores.

Sin embargo, un grupo de adultos que se mantenían
ocultos en la propiedad abandonada, alquilaba a los niños y prostituían a las
niñas menores de edad.

El allanamiento fiscal para rescatar a los menores se
hizo con el apoyo del Ministerio de la Niñez y la dirección de Pueblos
Originarios del INDI y la Codeni de Luque, explicó “Kiko” Sosa. El operativo se
realizó en horas de la noche para sorprender a los indígenas, indicó.

El responsable de la Codeni, además dijo que la
Municipalidad local deberá ubicar al o a los dueños del inmueble intervenido
para evitar que los indígenas vuelvan al lugar.

En
condiciones deplorables

Los menores se encontraban en condiciones deplorables
en la casa abandonada. Los intervinientes constataron que los adultos  proveían de cola de zapatero para mantener
sedados a los niños.

Los chiquitos fueron llevados a un albergue del
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en Asunción, mientras los adultos fueron
remitidos a sus comunidades de Caazapá, Caaguazú, y en la compañía Zárate Isla,
de Luque, informó Felipe Sosa.

Según la pesquisa fiscal, un extraño les proveía de las
drogas y se llevaba la recaudación por la explotación sexual de las niñas.

La representante del Ministerio Público, Sonia
Pereira, tiene a su cargo la causa con relación la denuncia hecha por una
funcionaria de la Municipalidad de Luque contra su ex pareja sentimental, el
pasado 14 de mayo. Ambos iniciaron una relación a través de las redes sociales,
estando el hombre en Francia.

Pese a que el hecho punible está tipificado como
crimen, la fiscal pidió arresto domiciliario para el procesado, quien estuvo
prófugo durante un mes, y finalmente se presentó a la Fiscalía con su abogado
el pasado martes.

La fiscal no supo explicar, cómo el imputado con
orden de captura se le tomó declaración teniendo encima el pedido de detención,
 precisamente dictada por su unidad.

Pereira trató de justificar su inoperancia, alegando
que estaba en audiencia y su asistente Jorge A. López, comunicó el hecho al
policía de guardia de la Fiscalía.

Sin embargo, en el expediente no cuentan con
documentos para demostrar tal afirmación.

En este caso en particular, resulta llamativa la
actuación de la Fiscalía para favorecer al imputado, según la propia víctima.

Juzgado
decretó prisión preventiva

La jueza Penal de Garantías, Jennifer Insfrán,
rechazó el pedido de arresto domiciliario para el procesado Lucio César Liuzzi
Villalba, y en consecuencia, decretó su prisión preventiva por diez días en la
Comisaría 3ra de Luque.

La magistrada no se allanó a lo solicitado por la
fiscal Sonia Pereira. Es más, le ordenó investigar a profundidad el grave hecho
denunciado por la víctima.

Sin embargo, la fiscal dijo estar convencida que en
este caso corresponde el arresto para el imputado.

También resulta sumamente llamativo que las pruebas
(fotos, videos y capturas de pantalla de celulares, y diagnóstico médico de la
víctima aún no fueron anexadas al expediente fiscal, tal como pudimos
comprobar, durante la  visita que
realizamos en la Fiscalía de Luque para hacer el seguimiento del espinoso caso
que se maneja con mucha desprolijidad.

La fiscal mostró el expediente e intentó justificar que
el abogado del procesado (Daniel Vázquez) presentó certificado de estudios (realizados
en Francia), diagnóstico médico (del Hospital de Limpio), y certificados de un tratamiento
médico  (éste realizó después de la
denuncia en su contra por agresión).

Audios

El político luqueño Ricardo “Beby” Núñez, tío del
imputado, se comunicó con la víctima para pedirle “un favorcito” para desistir
de su denuncia y así lograr el arresto domiciliario del imputado.

Pero la afectada se negó e hizo público los audios,
que comprometen al referente de Añetete de Luque. Los audios, a su vez, podría
confirmar la hipótesis sobre el peculiar pedido de la fiscal Sonia Pereira para
favorecer al imputado.

 El suceso ocurrió al filo del mediodía del
martes en las calles Coronel Martínez y Tomás Ozuna, de la compañía Maka’i, de
Luque.

Resultó víctima el
motociclista Francisco Ramírez Acuña (68), domiciliado en Coronel Martínez y
Fotógrafos del Chaco, de Luque, quien sufrió lesiones de consideración al ser
atropellado por el “wilero”, mientras iba a su casa.

El parte policial de la
Comisaría 3ra de Luque refiere que el chico de 17 años realizaba piruetas al
mando de una motocicleta sin chapa en la concurrida calle Coronel Martínez,
cuando perdió la dirección, yendo a estrellarse contra el sexagenario motociclista,
que circulaba por el lugar.

A raíz del violento impacto,
Francisco Ramírez cayó al pavimento, herido gravemente. Luego fue auxiliado por
los bomberos y trasladado hasta el Hospital Regional de Luque, en donde quedó
internado.

Entretanto, los policías
procedieron a la aprehensión del “wilero”, un menor de 17 años, quien estaba al
mando de una motocicleta de dudoso origen.

El chico no contaba con los
equipos de seguridad, la motocicleta carece de documentos, chapa, y era
utilizada para actividades peligrosas (acrobacia) en lugares prohibidos y causó
un accidente.

El menor fue trasladado
hasta la base de la Comisaría jurisdiccional, y se comunicó el procedimiento a
la fiscal Sonia Pereira, quien de forma inmediata dispuso que el aprehendido
sea entregado a su madre cuyas iniciales son “A. B.”, y la motocicleta quede
incautada en la base policial.

Cuestionan actuación fiscal

Sin embargo, la llamativa
actuación de la fiscal Pereira, fue muy cuestionada por los familiares del
motociclista accidentado.

Pese a la flagrancia del
hecho, la representante del Ministerio Público, literalmente “liberó” al menor
de edad, pese a su reincidencia en el delito de exposición al peligro en el
tránsito terrestre. Es la segunda vez que fue demorado por la Policía por
realizar piruetas (wili) a bordo de su moto.

Lo correcto hubiera sido
ordenar su detención preventiva en la comisaría local al tratarse de un caso de
flagrancia por exposición y lesión que produjo al motociclista, durante el
accidente, y luego comunicar al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia para la
imposición de medidas.

Sin embargo, la fiscal se “lavó
las manos”, ordenando a la Policía a entregar al chico a su madre.

Al respecto, Luque Noticias conversó
con la fiscal Sonia Pereira, quien alegó que no podía ordenar la detención
preventiva del chico por tratarse de un menor de edad.

“Él (wilero) no fue
liberado. No le puedo procesar por tratarse de un menor de edad y cuando se
trata de menores tiene un procedimiento especial”, intentó justificar.

Agregó que el menor será
puesto a cargo del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia para determinar su
destino.

Por su parte, el comisario
Víctor Ortíz, jefe de la Comisaría 3ra de Luque, confirmó que el menor fue
aprehendido por segunda vez por exposición al peligro.

Además, el jefe policial agregó que el chico forma parte del grupo de motoqueiros denominado “Wileros Luquegua”.

En ese sentido, cabe
recordar que hace poco detuvieron a dos hermanos, uno de ellos menor de edad, tras
atacar a botellazos un automóvil y herir gravemente a una mujer que viajaba
como acompañante.

Uno de ellos fue a parar en
Tacumbú, mientras su hermano menor con arresto domiciliario.

El grave suceso ocurrió a tempranas horas de la mañana
de este domingo, sito en Gral. Elizardo Aquino y Tte. Herrero Bueno, de Luque.

Los detenidos fueron identificados como Hugo Adrián Bazán Sánchez (19), conductor de la motocicleta Kenton, con chapa 858 BXL, y su acompañante y hermano menor de 16 años, quienes están privados de su libertad en sede policial, a cargo del fiscal Néstor Cañete.

Resultó víctima Mercedes Benítez Fernández (34), quien viajaba como acompañante en un automóvil Toyota, tipo Funcargo, guiado por Oscar Alarcón. La mujer tuvo que ser derivada al Hospital Regional de Luque a raíz del sangrado producido por el corte en el rostro con botellas de vidrio.

También rompieron las ventanillas laterales del auto a botellazos. El conductor Oscar Alarcón, relató a los policías que circulaban por la avenida Gral. Aquino y al ingresar al centro de la ciudad fueron alcanzados por los motociclistas denominados “wileros”, quienes estaban jugando carreras clandestinas.

Más adelante fueron rodeados por los motociclistas y lanzaron botellas de vidrio contra la pareja. El conductor explicó tuvo que realizar una peligrosa maniobra para evitar un accidente contra la gavilla de motoqueiros.

Patrulleros de la Comisaría que pasaban por el lugar persiguieron a los “wileros”. Un grupo entró a contramano en la calle América, mientras los demás se dispersaron y se logró aprehender a dos de ellos que estaban a bordo de una motocicleta, según el informe policial.

Los detenidos fueron llevados hasta la comisaría, en donde minutos después llegó la víctima con el rostro ensangrentado, y pudieron reconocer a los dos detenidos como responsables del violento ataque.

Denuncia no prospera en Fiscalía

Cabe destacar que el concejal luqueño Cristhian Bernal presentó una denuncia contra el grupo «Wileros Luquegua». La denuncia recayó en la unidad de la fiscal Cynthia Espínola, quien hasta el momento no avanzó con la investigación.

El edil acudió en la mañana de este lunes en la comisaría para hacer el seguimiento de la denuncia de la pareja que fue atacada por los motoqueiros.

En un posteo, el concejal acusó de delincuentes a los «wileros» luqueños, quienes se adueñan de las calles para realizar carreras clandestinas para hacer negocios, sostuvo.

La representante del Ministerio Público de Luque,
agregó que durante la persecución llegaron a realizar 50 tiros, teniendo en
cuenta que los vecinos llegaron a juntar a lo largo de la cuadra los casquillos
percutidos de proyectiles.

Uno de los policías envueltos en el nuevo caso de
procedimiento irregular es el agente Jorge Cañiza, quien también actuó en el
sonado caso del asesinato del subcomisario Arístides Peralta, cuando intentaron
abortar un asalto a un banco en Fernando de la Mora.

El policía Néstor Gerardo Vázquez Guerrero, surge como
el principal sospechoso de disparar a mansalva contra el bus escolar.

Los agentes detenidos fueron trasladados en la mañana
de este martes a la Fiscalía de Luque para una declaración indagatoria.

Entretanto, la niña baleada continúa internada en el Hospital Central de IPS, en Asunción.

La fiscala interviniente también confirmó que los policías detenidos estaban fuera de servicios. Entregaron sus guardias al mediodía del lunes y el cuestionado procedimiento ocurrió alrededor de las 18:00, en Caacupemí Areguá.