Fiscal allanó Juzgado de Paz y domicilios tras irregular desalojo en Luque
Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.
Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.
Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.
EL CASO
Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.
La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.
