Los agentes fiscales Natalia Fúster y Nestor Coronel presentaron acusación contra el ex ministro Dany Durand Espínola, por declaración falsa referente a la correspondencia de sus bienes. La acusación se realizó en base a una argumentación y fundamentados con elementos de convicción, agregados al Cuaderno de Investigación Fiscal.

Dichos elementos fueron recolectados en el transcurso de la etapa preparatoria, los cuales permiten demostrar la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de declaración falsa.

“De las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el señor Dany Durand Espinola, en fecha  04 de septiembre de 2018, y su posterior rectificativa el 13 de noviembre de 2019, ante la Contraloría General de la República y cuyas constancias fueron remitidas al Ministerio Público mediante nota CGR n. ° 4861 del 03 de diciembre de 2019, adjunto los documentos presentados por el señor Durand Espínola con posterioridad a la emisión del Dictamen de correspondencia, se tiene que, en cuanto a la finca n° 9.176, padrón n° 1.472 del distrito de Ypacaraí, Dany Durand Espínola, por contrato privado sin certificación de firmas, adquirió este inmueble el 06 de abril del 2018, de Mocipar Propiedades S.A., representada por su presidente el señor Fernando Román Fernández, por el valor de Gs 1.030.000.000 (Guaranies mil treinta millones de guaraníes) y el acusado se comprometió en abonar mensual y consecutivamente la suma de Gs 22.500.000 (Guaraníes veintidós millones quinientos mil), durante 28 meses a partir de la celebración del contrato, totalizando la suma de Gs 630.000.000 (Guaraníes seiscientos treinta millones), otorgando por el contrato suficiente recibo de pago a favor del comprador, y el saldo de Gs 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones), a ser abonados como refuerzos en fecha 30 de agosto, la suma de Gs 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones) y cuatro cuotas iguales y consecutivas de Gs 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) cada una, durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre año 2019. Es decir, que a la fecha de la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas (04 de septiembre de 2018) el señor Dany Durand Espínola no había abonado aún la totalidad del valor del inmueble, circunstancia que en ningún momento fue declarado por el acusado como observación en su declaración jurada, por lo que consignó esta finca como de su propiedad, cuya adquisición supuestamente lo había realizado ya en el año 1994, y le atribuyó un valor de Gs. 1.200.000.000 (Guaraníes mil doscientos millones), cuando en realidad el contrato privado de compra venta de inmueble, sin certificación de firmas, que respalda esta adquisición, data del 06 de abril de 2018”, expresa parte del documento de acusación fiscal. 

El escrito agrega además lo siguiente: “De igual forma, el señor Dany Durad Espínola incluyó nuevamente en su declaración jurada rectificativa del 13 de noviembre de 2019, como inmueble de su propiedad la finca n° 9.176, padrón n.° 1.472 del distrito de Ypacaraí, cuya compra según lo consignado, lo realizó en el año 1994. Si bien es cierto, existe un contrato de compraventa de inmueble sin certificación de firmas de fecha 06 de abril de 2018, el cual respalda la adquisición al momento de su declaración jurada en el año 2018, por otra parte, también se cuenta con otro contrato de compra venta del inmuebles con certificación de firmas, mediante el cual esta propiedad es vendida por el señor Dany Durand al señor Maximiliano Campana, el 10 de mayo de 2019, por un valor Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes mil millones) a ser pagados por el comprador en el acto y en efectivo la suma de Gs. 104.000.000 (Guaraníes ciento cuatro millones) y el saldo pendiente en 12 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas de Gs. 66.000.000 (Guaraníes sesenta y seis millones), venciendo el primer pago en fecha 18 de junio de 2019 y el último en fecha 18 de mayo de 2020, con un saldo de Gs. 104.000.000 (Guaraníes ciento cuatro millones) que serían cancelados a la firma de la escritura pública de transferencia de dominio de inmueble”, supuestamente. Señala parte de los datos referidos en la acusación fiscal.

Por lo tanto, mediante este último contrato de compra venta se puede demostrar que al momento de consignar su declaración jurada rectificativa del mes de noviembre de 2019, el acusado ya había vendido esta finca al señor Maximiliano Campana, inmueble que en realidad eran de Mocipar Propiedades S.A., que nunca se transfirió a favor del señor Dany Durand Espínola, debido a la falta de cancelación de la supuesta deuda.

Por otra parte, cabe resaltar que, de acuerdo al informe de la Dirección General de Registro de la Propiedad, emitido el 16 de febrero de 2020, la finca n° 9176 del distrito de Ypacaraí, se halla inscripto a nombre de Mocipar Propiedades S.A., empresa que ha sido declarada en quiebra por A.I   n.° 1.378 del 24 de diciembre de 2019, por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 14°  turno, secretaría n. ° 27, Abogado Guillermo Ariel Riveros Florentín, donde la finca de Ypacaraí se encontraba incluida dentro del inventario de bienes.

 Por otro lado, ante la declaración judicial de quiebra de la firma Mocipar Propiedades S.A., el señor Maximiliano Campana, decidió promover una demanda por obligación de hacer escritura pública contra Mocipar Propiedades S.A., el 04 de diciembre de 2020, fundando su demanda en la celebración del contrato del 10 de mayo de 2019, por compra venta del inmueble con el señor Dany Durand Espínola. Finalmente, el 15 de diciembre de 2020, desistió de la instancia del juicio, amparado en lo que establece el art 167 del código procesal civil y firmó un nuevo contrato de acuerdo modificatorio de compra venta de inmueble con el señor Dany Durad Espínola, el 19 de abril de 2021, quedando de común acuerdo reemplazar la finca n° 9.176, padrón n° 1.472 del distrito de Ypacarai, por 20 lotes del fraccionamiento denominado Marina Club Sol, del distrito de Ypacarai.    

 Con respecto a los vehículos declarados por el acusado, en la declaración jurada de bienes  y rentas el 04 de setiembre de 2018, se advierte que de acuerdo a la constancia emitida por la firma Durand Propiedades S.A., los dos vehículos 0 Km maraca Sang Yong tipo New  Rexton 2.2 , y la Ssang Yong Korando 2.0, al igual que el vehículo usado tipo GLE 250 marca Mercedes Benz, fueron adquiridos por el Sr. Dany Durad Espínola a favor de la empresa Durand Propiedades S.A., y cuyos montos serían acreditados a cuenta de sus acciones una vez que la Asamblea Extraordinaria lo autorice como aumento de capital de la sociedad.

En relación al valor de sus acciones en la Firma Cristal Créditos S.A., el señor Dany Durand Espinola consignó en su declaración jurada de bienes y rentas del 04 de septiembre de 2018, poseer un total de 2.340 acciones cuyo valor ascendían a Gs 2.340.000.000 (Guaraníes dos mil trescientos cuarenta millones). Sin embrago según acta de asamblea n. ° 14, del 30 de abril de 2018 la firma Cristal Créditos S.A., poseía un total de 1.600 acciones cuyo valor total ascendia a tan solo Gs. 1.600.000.000 (Guaraníes mil seiscientos millones) de los cuales el acusado era titular de 1.430 acciones que representaban un importe de Gs. 1.430.000.000 (Guaraníes mil cuatrocientos treinta millones).

Finalmente, la fiscal Fúster puntualiza en su escrito: “Por lo tanto, mediante este último contrato de compra venta se puede demostrar que al momento de consignar su declaración jurada rectificativa del mes de noviembre de 2019, el acusado ya había vendido esta finca al señor Maximiliano Campana, inmueble que por cierto Mocipar Propiedades S.A., nunca transfirió a favor señor Dany Durand Espínola, debido a la falta de cancelación de la deuda” detalla parte de la acusación planteada.

Por último, se concluye que de las constancias obrantes en el cuaderno de investigación fiscal (declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos del acusado remitidas por la Contraloría General de la República) se tiene que el señor Dany Durad Espínola, en el cargo como Ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat presentó sus declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos ante esa entidad, sobre bienes y pasivos que no corresponden con la documentos respaldatorios.

“Basta de circo en todo sentido. Hace dos semanas se unieron para salvar a la fiscala general del Estado e incluso, uno de los que estuvo fue Ever Noguera, quien insta a intervenir la Gobernación de Guairá, pero salvaron a la fiscal que debía investigar al gobernador. Hay contradicciones que uno no entiende”, dijo en relación al salvataje al que procedieron los diputados cartistas, llanistas y algunos oficialistas que haciendo cuórum evitaron el juicio político a Sandra Quiñónez.

El diputado dio su respaldo a la creación de la comisión, ya que indicó que “hay 200.000 guaireños que están siendo robados y alguien les está robando y hay que hacer algo”. Citó que “hace dos semanas eran amigos y ahora son enemigos (cartitas y oficialistas)”.

“No me compro más el cuento de la Concordia, la cicatriz y la pelea”, aseveró.

Finalmente, se analizó primeramente el proyecto sobre actuarios judiciales y seguidamente se convocó a una sesión extraordinaria para analizar el caso de Guairá, donde no hubo cuórum.

La Junta Departamental de Guairá solicitó la intervención de la gobernación por muchas irregularidades en la gestión de Vera. La SET corroboró varias irregularidades administrativas, como facturas clonadas y habla de un perjuicio de USD 1 millón.

Los
fiscales Liliana Alcaraz y Francisco
Cabrera fueron quienes pidieron la pena para el ex senador colorado.
También solicitaron la inhabilitación de ejercer cargos en la función pública
por el mismo plazo de tiempo.

Los
representantes del Ministerio Público también pidieron un comiso especial para los procesados de más de G. 55.000
millones, bajo el argumento de que el dinero del ex legislador es producto
del enriquecimiento ilícito.

Por
otra parte, el Tribunal de Sentencia decidió conceder al Ministerio Público un
día más de plazo para determinar cuáles son los bienes sobre los cuales se pide
el comiso especial. Sin embargo, la defensa del ex senador planteó un recurso
de reposición.

PROSIGUE
JUICIO

El
juicio oral continuará mañana a partir de las 8.00 para individualizar los
bienes por los que se pide el comiso especial, informó el periodista de Última
Hora, Raúl Ramírez.

Durante
este jueves se llevó a cabo la lectura de los alegatos finales del proceso,
tanto del Ministerio Público como el de los abogados defensores del ex
parlamentario y de su hijo.

Ambos
están procesados por los hechos punibles
de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

El
proceso también cuenta con un importante
control de Estados Unidos, con la presencia del asesor legal residente del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Además del
acompañamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El juicio
oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas
documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de
índole económico.

Según
la defensa, de todos los testigos que declararon, prácticamente todos lo
hicieron recién en el juicio oral, ya que no fueron citados por los agentes del
Ministerio Público durante la etapa investigativa.

González
Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto del 2018,
ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la
inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.

La inmobiliaria salió a la luz en una
investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias
propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el
ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez
Juvencio Torres. Fuente: ÚH.

Las facturas corresponden al informe que debieron presentar todas las gobernaciones sobre el uso de los fondos recibidos del crédito de emergencia de 1.600 millones de dólares, aprobado al inicio de la pandemia del Covid-19.

Parte de la denuncia presentada comprende falsificación
de facturas y lesión de confianza, dado que en mayo de este año la Gobernación
habría cambiado las facturas presentadas inicialmente en su rendición de
cuentas.

El ministro Anticorrupción, René Fernández, indicó en
conferencia de prensa que se cuentan con dos rendiciones con documentos
distintos, lo que motivó a la presentación de la denuncia penal.

De acuerdo al gobernador de Central, Hugo Javier
González, los fondos recibidos por la Gobernación fueron transferidos a la
organización “Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP)” para la
ejecución de proyectos en el marco de la pandemia.

La fundación presentó las facturas y la Gobernación no
tiene forma de saber si se tratan de facturas falsas o clonadas, señaló
González en declaraciones a la prensa.

La Subsecretaría de Tributación (SET) señala que las
facturas de origen falso buscan justificar alrededor de 1 millón de dólares.

El Poder Ejecutivo junto con la Secretaría Nacional
Anticorrupción iniciaron una auditoría especial a la Gobernación del
departamento Central, para la verificación de la documentación que hace a la
rendición de cuentas de la ejecución del fondo designado por Ley Nº 6641/20.

A su vez, la SET ha solicitado informes a la Contraloría
General de la República (CGR) en carácter de rendición de cuentas por trabajos
realizados para la Gobernación del Departamento Central, detectándose
inconsistencias entre las documentaciones presentadas por CIAP a la CGR y las
presentadas a la SET por el requerimiento realizado, ante la presunción de la
utilización de facturas clonadas o falsificadas. Fuente: IP Paraguay.

El
fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, agente fiscal de la Unidad Especializada de
Delitos Económicos y Anticorrupción Nro. 8, informó la imputación de 75 personas
por la supuesta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
La imputación se realizó con relación a una causa donde se  investiga la comercialización de facturas
para evasión de impuestos por valor de 240 mil millones de guaraníes.

Según lo
manifestado por el representante del Ministerio Público los imputados son:

Alejandro
Raúl Perez Heras, Santiago Daniel Paez Gueyraud, José Orlando Bordenave Tufari,
Jacques Pedro Balansa Basset, Roberto Félix Duarte Coronel, Laura Violeta Servían
Ferreira, Jovino Abel Mura Guastella, Javier Carlos José Villalba Marin, Victor
Miguel Arzamendia Candia, Jorge Gustavo Petrik Ibarra, Juan Leoncio Martinez
Gonzalez, Natalia Graciela Correa, Oscar Amarilla Cañete, Cintia Adriana Pavon
Kamm, Julia Ana Laura Gimenez, Gladys Ana Karen Gimenez Arce, Donato Bianchi
Godoy.

La lista
prosigue con Jualiane Batista Della, Victor Manuel Peña Ros, Cristian
Echeverria Estigarribia, Felipe Jose Barboza Ferreira, Angel Martín Arrellaga
Vargas, Sanie Nathalia Ojeda Irala, Edgar Enrique Robinson Dongo, Cristian
Manuel Escobar Galindo, Antonio Nuñez Enciso, Ana Maria Berdejo De Nuñez,
Francisco Miguel Bordon, Jose Eduardo Ojeda Irala, Manfredo Deligdisch, Aida
Dianora Aquino De Farias, Leongino Mendoza Miño, Santiago Adolfo Abbate Godoy, Jeis
Leonardo Urquhart De Lacerda, Eulalio Gomez, Edgar David Silva Gimenez, Juan
Carlos Roiko Solis, Guillermo Sebastian Barrail Patiño, Gisele Barrail De
Lindgren, Lena Victoria Franco Ortiz, Lucio Chaparro Torres, Carla Maria
Bogarin De Frutos, Ruben Dario Bogarin Canale, Lisa Pin Shin Sun Romero,
Gustavo Chei Wun Sun Romero.

La nómina
prosigue con Tamer Abou Ghoush, Ramzi Chafic Zein Eddin, Benicia Chaparro
Martinez, Orlando Ruben Berndt Steppuhn, Benjamin Otto Berndt Steppuhn,Alberto
Antonio Ayala Jacquet, Khaled Abdullatif Omeiri, Silverio Centurion Stoduto,
Miguel Angel Acosta Colman, Diego Martin Altamirano Arnold, Cynthia Paola
Altamirano Arnold, Marcelo Alonso Lara Tello, Gaspar Lauro Maidana Sanchez,
Roberto Carlos Frigola, Yeni Elizabeth Ojeda Irala, Jose Fernando Santiago
Rojas Irigoyen, Virginio Aristides Garcete Cabral, Francisco Penayo Sosa,
Nelson Daniel Gutierrez Fernandez, Genaro Antonio Olmedo Cabrera, Chawki Chafic
Zeineddine, Ayman Zeneddin, Pedro Rene Villar, Alberto Zaracho Barrios, Amanda
Nuñez Sanchez, Tomas Encina, Ignacio Cavallaro Lopez, Pietro Iñazio Cavallaro
Uhl, Diego Fernando Davalos Fernandez, Francisco Javier Ferreira Ramirez.

Según
lo expuesto en la conferencia, la imputación describe que a raíz de datos
cruzados, se requerió a las imprentas “SERVICIOS GRAFICOS RALL” y “GRAFICA
MONARCA SRL”, los documentos timbrados que fueron gestionados a nombre de
Gustavo Tomas Barrios Amarilla.

Al
respecto, en la imprenta GRAFICA MONARCA SRL los mismos  habrían observado que los talonarios de
facturas no habrían sido gestionados por Barrios Amarilla en atención a que no
se encontraba la firma del mismo, como tampoco la debida autorización; dichas
facturas habrían sido gestionadas y retiradas de la imprenta por Mario Cesar
Ferreira, por lo cual, se habría consultado en la base de datos del Hechauka, y
se habría detectado que 16 informantes declararon haber efectuado compras de
Gustavo Barrios por un valor de G. 4.121.868.442, por lo cual se habría
realizado una búsqueda en las redes sociales, ubicando el perfil del
contribuyente mediante nombre y fotografía comparada con los registros
biométricos de la S.E.T. y en adición a la última referencia laboral registrada
en INFORMCONF, habrían verificado que el contribuyente se dedicaría a la
actividad de taxista y no había correspondencia de datos.

Siguiendo
con la investigación, a partir de esta información, funcionarios de la
“Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos – S.E.T.”,
habrían identificado 52 contribuyentes que estarían vinculados entre sí, como
también con la firma “CONSULTORA GSM” S. A., la cual registra entre sus
actividades económicas servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de
libros y asesoramiento desde agosto de 2012 y cuyo representante legal y socio
sería Mario Cesar Ferreira.

En
tal sentido, conforme documentación remitida al Ministerio Público, 190 (ciento
noventa) Agentes de Información habrían reportado haber comprado de 28 de los
52 contribuyentes reportados, por un monto total de G. 50.368.099.534
(cincuenta mil trescientos sesenta y ocho millones noventa y nueve mil
quinientos treinta y cuatro guaraníes), pudiendo dicha suma aumentar o
disminuir de acuerdo a los elementos incorporados en la presente investigación,
así como también el número de supuestos contribuyentes inicialmente informado
por parte de la Sub Secretaría de Estado de Tributación.

Consultado
en la base de datos Hechauka, varios agentes de información, entre los cuales
se encontrarían los hoy imputados, declararon haber efectuado compras de los
“supuestos proveedores”, dichas transacciones (adquisición de bienes y/o
prestación de servicios) no se habrían efectuado, y los supuestos proveedores,
no habrían emitido ni autorizado la emisión de facturas a nombre de estos
agentes de información, existiendo la sospecha de que las facturas obtenidas en
forma irregular por Mario Ferreira Maidana, eran comercializadas por el mismo y
utilizadas por los contribuyentes quienes habrían adquirido las mismas, con la
finalidad de abultar crédito fiscal, costo o gasto en renta.

Es
así, que las facturas en cuestión, habrían sido utilizadas por varios
contribuyentes en sus declaraciones informativas ante la Sub Secretaría de
Estado de Tributación, contribuyentes entre los cuales se encontrarían los
mencionados.

El
pedido de embargo refiere sobre todos los bienes, muebles e inmuebles
inscriptos en todos los registros oficiales, sumas de dinero, título de crédito
o valores colocados en entidades financieras y, locales a nombre de Ramón Mario
González Daher y Fernando Ramon González Karjallo hasta cubrir la suma de USD.
87.000.000 (ochenta y siete millones de dólares) o su equivalente en moneda
nacional de Gs. 493.000.000.000 (cuatrocientos noventa y tres mil millones de
guaraníes).-

El Ministerio Público, en base a las documentaciones colectadas a la fecha a través de las distintas diligencias y en especial, al informe oficial de la Sub Secretaria de Estado de Tributación, procedió a realizar dicho cálculo de forma preliminar y global.