Según el oficio fiscal Nº 360 y resolución Nº 21, de fecha 6 de mayo, la representante del Ministerio Público, ordenó la detención preventiva del concejal Romero y aclara que una vez capturado por la Policía deberá guardar reclusión en la base de la Comisaría 3ª de Luque.

Según los antecedentes, en marzo pasado la concejal Belén Maldonado (PLRA) presentó una denuncia por supuesta violencia doméstica contra su ex pareja sentimental y colega Diego Romero (ANR).

El caso se supo el martes pasado, cuando la concejal Maldonado presentó una orden de alejamiento a la Junta Municipal de Luque contra su colega y ex pareja Diego Romero.

Romero, al ser notificado, tuvo que abandonar la sesión ordinaria de la Corporación Legislativa, y el jueves no pudo participar de la reunión de comisiones.

La denuncia data del 31 de marzo pasado en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Beatriz Ortiz.

La magistrada ordenó varias prohibiciones al concejal Romero, entre ellas de acercamiento.

La audiencia de sustanciación fue fijada para el 6 de abril pasado, según el oficio Nº 263.

La causa Nº 5526/2022 ingresó después del mediodía de este viernes a la Fiscalía de Luque. La fiscal Sonia Pereira salió sorteada para investigar la denuncia, y horas después ya formuló la imputación y ordenó la detención del concejal Diego Romero. El juez que entiende en la causa es Nelson Romero, del Poder Judicial de Luque.

No deja de llamar la atención la celeridad que imprimió en la causa la fiscal interviniente, quien en tiempo récord, formuló imputación y ordenó la detención preventiva del procesado.

Luque Noticias intentó comunicarse telefónicamente con la fiscal Pereira para conocer acerca de la incipiente investigación de la causa que involucra a dos concejales luqueños, pero no fue posible a raíz de que su aparato celular con terminación 221 daba apagado.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

El edil Diego Romero alegó que evidentemente la denuncia tiene un “trasfondo político” para sacarlo de la Junta Municipal por sus críticas a la gestión de los concejales colorados y liberales afines al intendente Carlos Echeverría (ANR).

Romero lamentó que se esté utilizando como instrumento a la propia Justicia con el objetivo de alejarlo de la Junta Municipal.

Explicó que hace ocho meses se separaron. Tienen un hijo en común producto de la relación de casi tres años.

“Ella (Belén) solo presentó un escrito sobre la supuesta violencia de cuando vivíamos juntos. Tampoco presentó pruebas”, indicó Romero.

El caso salió a la luz luego de que el martes pasado la accionante enviara una nota al presidente de la Junta Municipal, Rómulo Pérez (PLRA), sobre las restricciones ornadas por la jueza Ortiz contra Romero.

A raíz de esta situación, el concejal tuvo que abandonar la sesión de la Junta Municipal, teniendo en cuenta que tiene prohibido acercarse a su ex pareja, quien también cumple funciones en la Corporación Legislativa de Luque.

Los agentes investigados son el subcomisario Hugo Enrique Estigarribia Sosa, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 29ª de Tarumandy, y el suboficial primero Walter Santiago Cuba, quien prestaba servicios en la citada dependencia policial.

Ambos están imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. Los procesados deberán presentarse el próximo martes 22 de marzo, a las 08:00, ante el Juzgado de Luque para la audiencia de imposición de medidas (Art. 242). El Ministerio Público requirió medidas alternativas a la prisión.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, en mayo del año pasado una madre presentó una denuncia en la Comisaría 3ª de Luque contra el funcionario público, Carlos Herrera Santacruz, a quien sindicó como el autor del supuesto hecho de acoso contra su hija de 11 años.

Luego, la denuncia fue elevada a la Fiscalía de Luque, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, quien abrió una causa por abuso sexual en niños, y ordenó la captura del presunto autor el 28 de mayo del 2021.

Casi cuatro meses después, precisamente el 24 de agosto del  2021, a las 23:56, el suboficial primero Walter Santiago Cuba realiza consultas por radio al Departamento de Informática de la Policía Nacional sobre la situación judicial del ciudadano Carlos Herrera Santacruz, quien en ese momento contaba en su contra una orden de detención vigente.

Sin embargo, llamativamente los policías que estaban realizando la barrera no comunicaron la detención del sospechoso y lo dejaron ir.

Un par de días después, la denunciante se enteró que el hombre se encontraba detenido en la Comisaría 29ª de Tarumandy, Luque, por lo que se acercó a la Fiscalía para confirmar o descartar la información que recibió.

Esa situación llamó la atención de la fiscal Pereira, quien lleva adelante la investigación, puesto que la Policía no comunicó la detención del funcionario del Senado Carlos Herrera Santacruz.

Luego, la fiscal allanó la Comisaría 29ª Central para corroborar la denuncia, identificar a los policías que se encontraban de guardia esa semana e incautar algunas evidencias como el libro de actas.

Además, la fiscal Pereira solicitó informes al Departamento de Informática de la Policía, en donde aparece el suboficial Cuba como principal responsable de la consulta radial que realizó en la noche del 24 de agosto sobre la situación judicial del imputado por abuso sexual en niños.

Seguidamente, Pereira convocó a los policías sospechosos para prestar declaración indagatoria y finalmente fueron imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal.

Mientras, el supuesto autor se había presentado ante la Fiscalía y el juez Nelson Romero le otorgó medidas alternativas a la prisión, pese a la imputación por supuesto abuso sexual en niños y se requirió su detención preventiva en la cárcel.

La Fiscalía comunicó el caso a la Comandancia de la Policía para la apertura de sumario administrativo para los policías sospechados.

El
fallecido fue identificado como Matías Manuel Centurión Cáceres, mayor de edad,
vecino del lugar, quien acusó un disparo de escopeta y falleció en el lugar.

Surgen
como presunto autor del crimen Luis Carlos Ríos Darrosa, dueño de un negocio,
quien se entregó a la Policía luego de cometer el homicidio y de su poder se
incautó el potente arma.

La
fiscal interviniente, Sonia Pereira, de la Unidad N° 2 de Luque, explicó que el
cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la inspección del médico forense
del Ministerio Público.

La
fiscal no dio detalles de la causa del homicidio, alegando que se encontraba en
una etapa incipiente de la investigación.

Además,
intervinieron peritos de Criminalística de la Policía Nacional para levantar
evidencias.

El operativo encubierto tuvo lugar en la mañana del pasado sábado en la oficina del abogado Toledo, sito en Comuneros y 14 de Mayo, Luque.

En el lugar fueron detenidos Milcíades Toledo, Beatriz Carolina Alegre y Camila Toledo Alegre.

Según los antecedentes, Beatriz Carolina Alegre, formuló una denuncia contra Silvino Quiroga Báez, por los hechos punibles de violencia familiar, acoso sexual y abuso sexual. La pesquisa está cargo de la fiscal Mirta Ortiz.

Sin embargo, el abogado Milcíades Toledo y las dos mujeres intentaron realizar un arreglo extrajudicial, y presuntamente solicitaron 40 millones de guaraníes para «retirar la denuncia».

El denunciado accedió al pedido, pero decidió denunciar el hecho. La fiscal Sonia Pereira fue la encargada de la pesquisa, y se hizo la entrega vigilada de dinero en el estudio jurídico «Toledo y Asociados», en donde fueron aprehendidas las tres personas.

Cabe señalar que Milcíades Toledo es presidente del Colegio de Abogados de Luque.

Los tres pasaron la noche en la Comisaría Tercera de Luque. Sin embargo, el domingo la fiscal Pereira imputó a los sospechosos, y solicitó la prisión preventiva para los tres. La causa está a cargo de la jueza de Garantías, María Cecilia Ocampos Benedetti.

La Fiscalía cuenta con varias evidencias contra los procesados, tales como billetes marcados y fotocopiados (G. 20 millones, cinco millones de guaraníes fotocopiados previamente), grabaciones de audios, documentos varios (contrato del arreglo extrajudicial), y tres teléfonos celulares.

Los hechos punibles denunciados por la mujer no podrían llegar posteriormente a un acuerdo extrajudicial en esos tipos penales, por lo que se montó el operativo encubierto para detener a los sospechosos en el momento de la entrega del dinero que se realizó el pasado sábado con apoyo policial.

En ese sentido, el abogado Jorge Lebedich, Coordinador
General de Auditoría de Gestión Fiscal de la Fiscalía General del Estado,
solicitó informes a la fiscal Sonia Pereira, de la Unidad N° 2, quien tiene a
su cargo un espinoso caso de supuesto abuso contra una menor de 4 años, hija de
un camarógrafo de televisión de Asunción.

La fiscal Pereira fue muy cuestionada por los
familiares, vecinos y amigos del padre de la niña, debido a que presentó su
acusación en tiempo récord, obviando importantes diligencias y dejando en indefensión
total a los procesados.

A raíz de esta llamativa actuación de la fiscal de la
causa, el fiscal de “Control en Línea”, solicitó que se remita copias íntegras
de la carpeta fiscal para sus análisis.

Según los antecedentes, el supuesto abuso ocurrió el
año pasado y fue denunciado por el padre de la pequeña por abuso sexual en niños.

Sin embargo, la pareja del camarógrafo y madre de la
menor presentó una denuncia por violencia doméstica contra el padre de su hija.

Ambas causas recayeron en la Unidad N° 2, a cargo de la
fiscal Sonia Pereira, quien en apenas 22 días presentó una acusación contra el
padre y abuelo de la pequeña por los hechos punibles de abuso sexual en niños y
violencia doméstica.

El camarógrafo actualmente está detenido en la
Comisaría de Laurelty, Luque, y con pedido de remisión a la cárcel de Tacumbú.

Es decir, el denunciante fue procesado junto al
principal sospechoso.

El abogado del trabajador cuestionó la labor de la
fiscal Pereira, quien pese a contar con el informe victimológico, igual procesó
al padre de la niña.

A raíz de la llamativa actuación de la fiscal de la
causa, los familiares, vecinos y amigos se autoconvocaron en tres ocasiones
frente a la casa de Sonia Pereira, en el barrio Bella Vista, de Luque, para
escraharla.

Pereira había denunciado un supuesto “atentado” en su
contra por parte de los escrachadores.

En ese sentido, días atrás la Asociación de Fiscales
del Paraguay, sacó un comunicado de apoyo a la cuestionada investigadora.

Sin embargo, este lunes Luque Noticias tuvo acceso al
pedido de informe y remisión de la carpeta acerca de lo actuado al Coordinador
General de Auditoría de Gestión Fiscal.

El espinoso caso ocurrió el año pasado y la denuncia
que originó la pesquisa fue realizada por el padre de la criatura por presunto
abuso sexual en niños.

Sin embargo, la pareja del camarógrafo y madre de la
menor presentó una denuncia por violencia doméstica contra el padre de su
pequeña hija.

Ambas causas recayeron en la Unidad N° 2, a cargo de la
fiscal Sonia Pereira, quien en apenas 22 días presentó una acusación contra el
padre y abuelo de la pequeña por los hechos punibles de abuso sexual en niños y
violencia doméstica.

El camarógrafo actualmente está detenido en la
Comisaría de Laurelty, Luque, y con pedido de remisión a la cárcel de Tacumbú.

Es decir, el denunciante fue procesado junto al
principal sospechoso.

El abogado del trabajador cuestionó la labor de la
fiscal Pereira, quien pese a contar con el informe victimológico, igual proceso
al padre de la niña.

Relato
cronológico del supuesto abuso.

“Cuando tenían todo listo para realizar la denuncia en
los primeros días de septiembre la mamá de la niña empieza a amenazar al papá
que si él realizaba la denuncia contra el abuelo, ella se encargaría de
denunciarlo por el mismo motivo”.

“El padre no cedió a la presión y llevó adelante la
denuncia ante la comisaría de la zona y la Fiscalía. La madre entonces decide
llevarse de vuelta a la niña a la casa en donde fue manoseada por su abuelo”.

“Este hecho provino con una agresión por parte de la
mamá que dejó secuelas de golpes en el padre (por los cuales se realizó
denuncia). Él no se quedó con los brazos cruzados y junto a la familia planteó
una medida cautelar de guarda ante la Jueza de la Niñez Sonia Escauriza”.

“Ésto a la par de la causa penal que se inició a
instancias de la denuncia de mí hermano, que cayó en manos de la Unidad Penal
N° 2 de Luque, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, que de manera imparcial hace
a un lado la denuncia del padre y toma la de la madre y abuela materna”.

“La fiscal de manera alevosa y maliciosa imputa a al
padre de la niña (denunciante) por agresión sexual a instancias de un fuerte
lobby de la madre, pese a que el hecho se probó y se demostró ya al principio
de la investigación que sucedió en el domicilio donde viven la madre y abuelos”.

“Solo tras la denuncia del progenitor, las pruebas
arrimadas (muchas de ellas la fiscal Pereira no diligenció debidamente, como la
agresión por parte de la mamá). Luego de las declaraciones de testigos, la
fiscal imputa al presunto agresor (abuelo materno), ordenando su detención”.

“Sin embargo, al mismo tiempo ordena la captura contra
el padre de la niña”.

“La causa pasa entonces al Juzgado Penal de Garantías,
a cargo de la magistrada  Yennifer
Insfran y el Actuario Tadeo Rotela Fisch, quienes se allanaron al pedido de la
Fiscalía y sin más trámites ordenan la prisión preventiva del camarógrafo sin
siquiera tener en cuenta toda la evidencia y pruebas presentadas por su abogado
defensor”.

“El 14 de febrero se realizó la prueba anticipo jurisdiccional de cámara Gessell, con presencia de la jueza Yennifer Insfran y la fiscala Sonia Pereira, dónde la niña reacciona con amor cuando el psicólogo forense le muestra foto del padre y sin reaccionar al ver del abuelo”.

“Esta prueba es irreemplazable, y queda registrada en
video con presencia de la magistrada y la representante del Ministerio Público.
Para entonces, el camarógrafo ya de manera voluntaria  se había sometido al proceso, solicitó una
medida menos gravosa como la prisión domiciliaria para seguir arrimando pruebas
a la causa”.

“La fiscala Sonia Pereira no se le ocurre mejor idea
que oponerse a esto, a pesar de la prueba contundente que surge de la cámara
Gessell y la jueza tampoco hace lugar al pedido a pesar de todo lo actuado
hasta entonces”.

“El escrito de oposición por cierto es un escueto
escrito que presentó la fiscal. Antes siquiera de sustanciarse la audiencia de
revisión de medidas, de la cual la misma no participo y no dio fundamento a su
accionar”.

“Mi cliente hoy día sigue privado de su libertad, pese
a que existen pruebas periciales, testificales y documentales que demuestran su
inocencia. La Fiscalía busca encubrir el accionar de la madre y en especial de
la abuela materna cuya declaración es más que evidente”.

“La fiscala Sonia Pereira recién el 27 de febrero llamó
a declarar a testigos presenciales de las constantes amenazas de la señora
hacia su pareja. La fiscala al ver las declaraciones y sumado a las pruebas
periciales no tiene mejor idea que solicitar de manera sospechosa al día
siguiente y en tiempo récord de 22 días
la aplicación del proceso abreviado y acusar al padre por un delito que no
cometió, cuando que aún quedan por diligenciar pruebas periciales,
testificales y psicológicas en la madre y el padre”.

“De esta manera la fiscal Sonia Pereira demuestra su
parcialidad manifiesta e incapacidad total como representante del Ministerio
Público de llevar al frente una investigación de un hecho tan grave como es el
abuso sexual en niños, hecho que debe ser investigado con mayor celeridad”.

“Lo último. Ahora la fiscala Sonia Pereira busca
denunciarnos que familiares y amigos del camarógrafo fueron a “atentar” contra
su casa, incendiando papel higiénico, cuando hasta el comisario Feliciano
Ferreira de la Comisaria 3ª de Luque estuvo en el Lugar con 3 patrulleras y 11
policías”.

La manifestación pacífica frente a la vivienda de la
citada fiscal, en el barrio Bella Vista, de Luque, comenzó el viernes a la
noche, prosiguió el sábado y el tercer escrache fue en la noche del domingo.