A raíz de la investigación, se confirmó que a través de la clave de una funcionaria judicial de Luque se habría desvinculado a la fiscala Sandra Ledesma de la causa de Ramón González Daher y se asignó al fiscal Jalil Rachid.

No obstante, la agente fiscal pudo presentar el recurso de apelación dentro del plazo legal, ya que tenía 24 horas para hacerlo, y recién el sábado anterior vencía el plazo.

Los funcionarios sumariados son María José Soto Gavilán, oficial de secretaría; Mayra Andrea Irala Delvalle, también oficial de secretaría; y Tadeo Andrés Miguel María Rotela Fisch, quien es actuario judicial, del Juzgado de Luque.

El sumario fue abierto tras un informe remitido al Consejo de Superintendencia por la directora general de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), Rosa Liz Chamorro Ibarrola.

El hecho se habría dado en el Juzgado de Luque, luego de que el juez Enrique Sanabria otorgara libertad ambulatoria al prestamista luqueño, el pasado viernes 14 de enero.

Ledesma había pedido la prisión de RGD y cuestionado duramente la decisión del magistrado, y esa misma tarde intentó presentar la apelación. Sin embargo, la agente fiscal se encontró con la sorpresa de que le negaron el acceso al expediente. Fuente: ÚH.

El usurero luqueño, recientemente condenado, fue detenido este viernes por la Policía cuando llegó a la sede del Ministerio Público de Luque, a raíz de que tenía una orden de captura en su contra por otra causa abierta en su contra por hurto de cheques y declaración falsa.

Una comitiva fiscal y policial, encabezada por la fiscal Sandra Ledesma, en la madrugada de este viernes allanó su residencia en la Peatonal Histórica de Luque, pero no lo encontraron.

El condenado temporalmente se encontraba prófugo. Luego se presentó en la Fiscalía con sus abogados y la Policía lo capturó y lo llevó en una patrullera hasta la base de la Comisaría 3ra de Luque, en donde deberá aguardar la citación del Ministerio Público para una declaración indagatoria en el marco de la nueva imputación.

El procesado fue esposado en la sede de la Fiscalía frente a un enjambre de periodistas que realizaba la cobertura sobre la detención del ex dirigente deportivo.

Una vez privado de su libertad, la Policía informó de una inspección médica en el Hospital General de Luque para informar al Ministerio Público sobre la salud del detenido.

La comitiva fiscal y policial acudió en la madrugada de este viernes hasta la residencia de Ramón González Daher para ejecutar la orden de detención, pero el ex dirigente deportivo no se encontraba en su domicilio.

Cabe señalar que la fiscala de Luque, Sandra Ledesma, imputó a González Daher por denuncia falsa, dispuso su captura y también solicitó al juez que se disponga la prisión preventiva, atendiendo el peligro de fuga. Esto, en el marco de una investigación por el caso de cheques hurtados.

Al término del allanamiento, la fiscal interviniente informó que en la casa solo se encontraba Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, también condenado en otro proceso por usura.

“El señor González Daher no se encuentra en este lugar y la familia manifestó que el mismo está en compañía de su abogada”, indicó Ledesma.

La Comisaría 3ª de Luque acompañó el procedimiento. “Hicimos el acompañamiento fiscal alrededor de las 00:30. Ingresamos al domicilio donde se corroboró esa situación (ausencia de RGD)”, manifestó el comisario Feliciano Ferreira a radio Monumental 1080 AM.

Los abogados de González Daher indicaron que este se presentaría durante la mañana de este viernes en la Fiscalía. En el caso de que no aparezca, la fiscala sostuvo que solicitarán al Juzgado Penal de Garantías que sea declarado en rebeldía.

“Alegaron que se presentaría este viernes alrededor de las 9:00, pero no tenemos certeza de eso. Nos llama la atención que en horas de la noche estaba haciendo diligencias con su abogada”, prosiguió.

El ex dirigente deportivo tiene una condena de 15 años en prisión, tras ser hallado culpable por los hechos punibles de usura, lavado de dinero y declaración falsa, pero esa sentencia debe quedar firme para que sea ejecutada.

Tampoco cuenta con ninguna medida cautelar que le impida salir de su domicilio y goza de la libertad ambulatoria, informó Telefuturo.

El Tribunal de Sentencia también dispuso un comiso de bienes por el valor de G. 240.554.525.035 y USD 11.711.977. Más de 130 personas fueron víctimas del potentado, según revela un listado en la sentencia. Hay cinco de ellos que ni conocían a RGD.

Ramón González Daher daba los créditos en cheques y solicitaba que las personas le den cheques por el mismo valor en garantía, ya que supuestamente no podía darles pagarés. Fuente: ÚH.

Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.

Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.

Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.

EL CASO

Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.

La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro  de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.

En la noche del martes, los intervinientes allanaron la casa del abogado y la de su madre. En el operativo encontraron documentos personales de la víctima, tres violines, dinero en guaraníes y euros, y hojas con varias firmas falsificadas de Raymond Bredow, informó la fiscal de Luque, Sandra Ledesma, quien encabeza la investigación.

“Nos llamó la atención muchas cosas. Tuvimos informaciones externas y la Policía realizó un buen trabajo investigativo y eso nos llevó a allanar estos lugares”, indicó Ledesma.

Según averiguaciones, el detenido tiene antecedentes de conflictos de todo tipo. Incluso, sus vecinos escracharon al hombre durante el procedimiento. Los mismos alegan que el abogado actúa con mucha prepotencia en su vecindario, maltratando a varias personas.

“Mi hija está traumada y sigue tratamiento sicológico porque él nos grita y nos insulta. Le tenemos miedo”, dijo una de las vecinas.

Por orden fiscal, Páez quedó detenido en la Dirección de Investigaciones de la Policía en Asunción.

El
abogado de los “sintechos”, Eulalio Denis, dijo a la Radio Azul y Oro que
llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y la Policía para que los ocupantes
salieran pacíficamente.

El
accionante es el abogado Eduardo Pereira, quien promovió una denuncia y pedido
de desalojo en la Fiscalía de Luque, a cargo de la fiscal Sandra Ledesma.

Los
ocupantes fueron notificados y emplazados para salir pero hicieron caso omiso,
por lo que se tuvo que montar un operativo con fuerte custodia policial de Antimotines
para llevar adelante el desalojo.

Sin
embargo, en el lugar los intervinientes y los representantes de los
ocupantes  acordaron salir pacíficamente,
llevándose sus pertenencias a otros sitios.

La fiscal comentó a Luque Noticias que sigue con la investigación para identificar a los líderes de la invasión y sí se beneficiaban económicamente de los demás ocupantes.