La agente fiscal de Luque, Sandra Ledesma, representó al Ministerio Público en el Juicio Oral y Público que culminó con la condena de Diosnel Gómez González, a 20 años de cárcel y Hugo Giménez Gómez, a 18 años de prisión, tras ser demostrada la responsabilidad de ambos en el asalto y crimen.

Ledesma demostró que los hoy sentenciados, en fecha 2 de diciembre del 2020, al costado de un arroyo, de la compañía Costa Sosa, de la ciudad de Luque, intentaron robar el celular del joven Gabriel Bobadilla Contreras, quien se encontraba trabajando en la zona como soporte técnico de la empresa Tigo.

Los sentenciados, con arma blanca en mano, pretendieron robar el teléfono a la víctima, quien se resistió y recibió dos heridas. Los condenados se dieron a la fuga, siendo capturados después de un rastrillaje en la zona de 3 de Mayo, Luque.

En el momento de la detención se logró incautar el cuchillo utilizado, las prendas de vestir con rastros de sangre, que por orden de la agente fiscal, se les practicó una pericia biológica. La misma arrojó como resultado positivo y fueron producidas en el juicio oral y público.

Adictos asaltan y matan a un joven en Luque

El procedimiento estuvo supervisado por la Delegada Electoral de Central, Sandra Ledesma, y los fiscales electorales de Luque y Areguá, Augusto Ledesma y Sophía Galeano.

 Los obreros de la Municipalidad de Luque, a cargo del director de Servicios Generales, Francisco Ojeda, iniciaron el operativo este viernes temprano sobre la Avenida Gral. Elizardo Aquino, en el acceso principal de la ciudad de Luque, en donde las columnas estaban forradas de carteles de los candidatos a cargos electivos de diferentes partidos.

Los trabajadores con escaleras y camiones recorrían las calles para retirar los carteles publicitarios.

Las principales avenidas y calles, principalmente en las adyacencias de los locales de votación la propaganda electoral hasta generaban polución visual.

Los trabajos continuaron en la noche del viernes y mañana de este sábado, informó director Francisco Ojeda.

VEDA ELECTORAL

El Código Electoral, a través de la ley 834/96 que define el Cronograma Electoral, indica que, desde ayer viernes 28 de abril, a las 00:00, ya no se puede realizar propaganda electoral.

Este periodo comenzó el 27 de febrero, fecha en que los partidos y organizaciones políticas podían iniciar la difusión de sus candidaturas a través de pasacalles, pintatas y afiches, tomando en cuenta el plazo de 60 días contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios.

En el marco de las Elecciones Generales del 2023, fijadas para este domingo 30 de abril, el Ministerio Público habilitó su Centro de Monitoreo de Denuncias, así también la Oficina de Denuncias Penales, ambas en la sede central de la institución, situada en Chile esquina Ygatimí en la ciudad de Asunción.

Los números habilitados para realizar denuncias durante ese día son (021) 444 – 762 y (021) 444 – 763.

En la ocasión estarán presentes el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón y la coordinadora del mencionado centro, Patricia Rivarola, fiscal adjunta en lo Tutelar. Asimismo, los agentes fiscales y funcionarios designados para prestar servicios durante la jornada cívica.

Los números habilitados para realizar denuncias durante ese día son (021) 444 – 762 y (021) 444 – 763. Dichas líneas telefónicas funcionarán sólo por ese día.

Delitos previstos en el Código Electoral

El Ministerio Público tendrá en cuenta los siguientes delitos para tomar intervención:

Coerción al elector: Mediante la fuerza, amenazas, presión económica o impedir el ejercicio de su derecho electoral en un determinado sentido.
Falseamiento de datos: Votar sin estar habilitado, producir resultado falso, falsear el resultado.
Realizar propaganda electoral finalizado el plazo establecido para el efecto.
Reunirse a menos de 200 metros de los locales de votación, ejerciendo presiones indebidas sobre los electorales, injuriándolos o coaccionándolos, y que atenten contra la libertad para votar.
Retener documentos de identidad del elector.

Campaña “No vendas tu cédula”

La fiscal adjunta Patricia Rivarola recuerda a la ciudadanía, la campaña de concienciación con apoyo de la Dirección de Comunicación y Prensa, de manera a evitar cualquier tipo de comisión de hechos punibles, sobre todo el de no vender la cédula, a fin de que la jornada cívica se desarrolle de manera respetuosa y en cumplimento a la legislación.

Fiscal General designó a agentes fiscales que trabajarán durante los comicios

El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón asignó días atrás a los agentes fiscales del Ministerio Público que trabajarán desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo, sin perjuicio de sus actuales funciones.

En ese sentido, Asunción y Central quedan a cargo de la fiscal Sandra Ledesma Espinoza. El Área IV (Guairá y Caazapá) se divide en: Villarrica, con la fiscal María Elena Espínola de Ortigoza; Caazapá, con el fiscal César Arístides Martínez Chamorro; San Juan Nepomuceno, con el fiscal Carlos María Mercado y Yuty, a cargo del fiscal Rodrigo Lepretti Cañete.

Para el Área V (Itapúa), quedó designado el fiscal Carlos César Gómez Céspedes para la fiscalía regional ubicada en Encarnación. Luego, el Área VI (Caaguazú) se divide a su vez en Caaguazú, a cargo de la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, y Coronel Oviedo, con la fiscal Norma Beatriz Ortiz Garcete. Por su parte, el Área VII (Cordillera), que corresponde a Caacupé, estará bajo el mando del fiscal Benjamín Beltrán Vera Báez.

En lo que respecta al Área VIII (Chaco), el fiscal César Alberto Sosa trabajará en Boquerón (Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia) y la fiscal Gloria Alcaraz de Villalba en Presidente Hayes (Villa Hayes, Benjamín Aceval, Campo Aceval, Fortín José Falcón, General José M. Bruguez, Nanawa, Nueva Asunción y Teniente Irala Fernández).

El Área IX (Concepción y Alto Paraguay) queda a cargo de la fiscal Liz Noemí Argüello en Concepción y de la fiscal Teresilde Fernández Álvarez en Alto Paraguay (Fuerte Olimpo, Puerto Casado, Carmelo Peralta y Bahía Negra).

Luego, la fiscal Nilsa Marlene Torales trabajará en el Área X (Alto Paraná), correspondiente a Ciudad del Este; el fiscal Rolando David Ortega Cañete en San Estanislao, del Área XI (San Pedro); el fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez en la Fiscalía Regional de San Juan Bautista del Área XII (Misiones); y el fiscal Christian Bartomeu Barrios en Salto del Guairá, del Área XIII (Canindeyú).

Finalmente, en el Área XIV (Amambay), quedaron designados la fiscal Dionisia Camila Rojas en Pedro Juan Caballero (Pedro Juan Caballero, Bella Vista y Zanja Pyta) y el fiscal Hernán Mendoza Quintana en Capitán Bado (Capitán Bado, Karapai y Cerro Corá). En el Área XV (Paraguarí) trabajará el fiscal Alfredo Ramos Manzur en la fiscalía regional y en el Área XVI (Ñeembucú), se distribuye: el fiscal Eustacio Hermosilla para Cerrito, Laureles, Desmochados, Villalbín, General Díaz, Humaitá, Mayor Martínez y Paso de Patria; el fiscal Federico Solano López para Pilar, Isla Umbú, Tacuaras, Guazú Cuá, San Juan Bautista y Ñeembucú; y el fiscal Rubén Darío Riveros para Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva

En ese sentido, la fiscal interviniente solicitó que los médicos forenses del Ministerio Público y del Poder Judicial se constituyan en su lugar de reclusión a fin de verificar el estado de salud del procesado. Asimismo, pidió informe a la Penitenciaría a fin de que expliquen el motivo por el cual no lo llevaron.

Ante dicha situación, el Tribunal suspendió el juicio y libró oficio para que se constituyan los médicos forenses y remitan informe en el plazo de 3 horas .

Refieren los antecedentes que el caso inició cuando González Daher querelló por estafa a Salvador Dionisio Aquino; lo llevó a juicio oral pero luego fue absuelto. Luego, Aquino querelló a González Daher por denuncia falsa, por lo que la fiscal Ledesma lo imputó por ese hecho, además de extorsión.

Ramón González Daher posee una condena de 15 años anterior por lavado de dinero y usura, confirmado en dos instancias, además de otros procesos abiertos en etapa investigativa.

El procedimiento de detención fue ejecutado este lunes en el barrio Aurora, de Capiatá, por agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía Nacional de Asunción.

La mujer contaba con una orden de captura, librada el pasado 30 de marzo, tras ser imputada por la fiscal de la causa, Sandra Ledesma, de la Unidad Penal N°4 – de Luque.

Tras la captura, la mujer fue trasladada hasta la Comisaría 3ª de Luque, a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Penal de Garantías.

ACCIONANTE

La denuncia fue promovida por el contratista Alfredo Centurión Silvero, un paraguayo residente en la Argentina, quien se dedica a la construcción en el vecino país.

Centurión y Osorio firmaron en junio del año 2021 un contrato de tercerización para la construcción de 100 viviendas.

La señora Nancy Zunilda Osorio Domínguez se hizo pasar como ingeniera y representante de la empresa “Carely”, que supuestamente tenía a su cargo la edificación de viviendas en el marco del Programa “Paraguay Porã ORG” y solicitó la suma de 20 mil dólares americanos a Centurión a cambio de la obra.

Sin embargo, la obra nunca salió y luego de mucho insistir, el decidió finalmente presentar una denuncia penal contra Osorio por el hecho punible de apropiación.

El afectado se ratificó en su denuncia ante la Fiscalía y relató que buscó la forma de recuperar su dinero, pero fue imposible pese a que la denunciada se comprometió en reiteradas ocasiones que le iba a devolver la plata. Incluso, le hicieron venir de Argentina cuatro veces con la promesa de pago, pero luego no se hacía encontrar.

Agregó que la suma entregada a la presunta estafadora fue cerca de 10 mil dólares.

Dijo que el intermediario entre la “ingeniera” y él, fue otro “ingeniero” de nombre Darío Velázquez, quien fungía de chofer a la señora Nancy Osorio.

Manifestó que la notaria y escribana pública, Natividad Mercedes Meza, certificó el contrato entre las partes.

Según averiguaciones, no existe la empresa “Carely -Programa Paraguay Porá ã ORG”. La supuesta “ingeniera” se hacía pasar como representante de la referida firma para embaucar al trabajador.

No se descarta que tras la denuncia aparezcan más víctimas de la presunta estafadora, quien deberá acudir este martes para la imposición de medidas cautelares en el Juzgado de Primera Instancia de Luque.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Comisaría 3ª Central, alrededor de las 12:00, de este martes, en el Juzgado de 1ª Instancia de la Ciudad de Luque, ubicado sobre las calles Abogados Luqueños y San Luis, Cñia. Maramburé, de la ciudad de Luque

Se trata de Román López, de 66 años de edad, domiciliado en la Cuarta Compañía Costa Sosa de esta ciudad, quien cuenta con cinco antecedentes y una orden de captura:

1)- Coacción año 2018.

2)- Invasión de inmueble,  año 2016.

3)- Coacción, año 2018.

4)- Invasión de inmueble, año 2018.

5)- Invasión de inmueble ajeno, año 2020

6)- Detención preventiva en cumplimiento al Oficio Fiscal Nro. 623, de fecha 06/05/2022, en relación a la Causa Nro. 10241/21 “INVESTIGACIÓN FISCAL C/ ROMAN LOPEZ S/ INVASIÓN DE INMUEBLE AJENO”, emanada y firmada por la Agente Fiscal de Unidad Penal Nro. 4 de la ciudad de Luque, Abg. SANDRA LEDESMA.

ACTUACIÓN POLICIAL

Agentes de la Comisaría 3ª de Luque procedieron a la verificación de Román López y al consultar sus datos al Sistema Informático de la Policía Nacional se comprobó que contaba orden de detención, por lo que fue detenido dando cumplimiento a la mencionada oficio fiscal y posteriormente trasladado hasta esta dependencia policial para el procedimiento de rigor, según el parte policial.

Sin embargo, el detenido no quedó preso ni dos horas en la Comisaría luqueña. El fiscal de turno, Augusto Ledesma, ordenó dispuso la libertad del invasor en tiempo récord.

Román López tiene en su contra cerca de cien denuncias por invasión de inmuebles en las diferentes unidades del Ministerio Público de Luque.

Los afectados se mostraron disconformes con la actuación fiscal, debido a la ligereza para levantar la orden de detención del procesado, pese a las múltiples denuncias en su contra.

Luque Noticias intentó conocer la versión de la fiscal de la causa, Sandra Ledesma, pero la representante del Ministerio Público no atendió a nuestras llamadas y mensajes al número de teléfono celular con terminación 333.

Tras la publicación de la nota, la fiscal se puso en contacto con nuestro medio y explicó que la defensa de Román López la recusó en la causa.

Explicó que su colega, el fiscal Augusto Ledesma, fue quien atendió la causa de Román López y la jueza Yennifer Insfrán le otorgó medidas al imputado.

Por su parte, el fiscal Augusto Ledesma, dijo que el procesado acudió al Juzgado de Luque para la imposición de medidas cautelares.

«El imputado fue detenido en el Juzgado, no en las inmediaciones», precisó el fiscal interviniente.

Agregó que la jueza de la causa (Jennifer Insfrán), fue quien le dio medidas al imputado «seguramente a petición de su defensa», indicó.

Finalmente, Ledesma señaló que su Unidad fiscal tuvo que levantar la orden de detención que pesaba contra Román López, tras ser puesto a cargo de la Fiscalía.

«Estoy interviniendo interinamente en la causa a raíz de la recusación contra mi colega (Sandra Ledesma) y hasta tanto se confirme o se rechace la petición de la defensa», sotuvo.