El trágico suceso ocurrió en la noche de este martes, en la vivienda ubicada en la Villa Luciana, sobre la calle Esperanza, de la compañía Mora Cué, de esta ciudad, informó la Policía Nacional.

Resultó víctima fatal María Esther Cubilla de Gamarra, de 82 años de edad, domiciliada en el lugar del suceso, quien sufrió graves quemaduras en casi todo el cuerpo.

El hijo, de nombre Jorge Gustavo Gamarra Cubilla, de 46 años, alertó a la Comisaría 28ª Central, acerca del trágico suceso.

Dijo a la Policía que llegó a su casa y encontró a su madre tirada en el suelo, presentando quemaduras.

Se dio intervención al fiscal de turno, Abg. Jorge Escobar, a la médica forense del Ministerio Público, la Dra. Silvia Giménez, quien inspeccionó el cadáver de la anciana y confirmó su deceso por calcinamiento, revela el parte policial.

El uso del carbón con brasero dentro de un ambiente cerrado puede ser letal por incendio o inhalación de monóxido de carbono.

Durante un tempranero procedimiento, encabezado por el fiscal Jorge Escobar, en Tarumandy de Luque, los agentes policiales detuvieron a un peligroso ex convicto y aprehendieron a otros presuntos cómplices, quienes tendrían conexiones con el asalto a un ganadero; al peaje del MOPC de la ruta Luque – San Bernardino, así como el atraco de un casino del barrio Villa Morra, en Asunción.

Sin embargo, en el lugar encontraron evidencias que apuntan a otros hechos delictivos.

Uno de los detenidos fue identificado como Raúl Servín Torres, quien tiene frondosos antecedentes, en su mayoría por robo agravado, informó el fiscal Escobar.

Se incautaron prendas de vestir, aparatos celulares, vainillas de escopetas y proyectiles calibre 5.56, explicó el jefe de Investigaciones de Central, el comisario Hugo Grance.

Según el jefe policial, se encontraron evidencias que vinculan al menos al líder Raúl Servín con el asalto al casino American, ubicado sobre la avenida San Martín, en Asunción, de donde se llevaron unos G. 100 millones. Por este hecho ya fue detenido Walter Pintos, con antecedentes por robo y homicidio.

También está vinculado al atraco a un establecimiento ganadero en Luque, propiedad de la víctima Soriano Jara Figueredo, el pasado jueves, donde le exigieron al propietario la entrega de armas, pero no tenía, le despojaron de su dinero, totalizando 6 millones de guaraníes y una camioneta, que luego fue abandonada, dijo a los medios el comisario Grance.

Según las investigaciones, no se descarta que el grupo de Raúl Servín Torres, esté involucrado en el asalto al puesto de peaje de la ruta Luque-San Bernardino, alrededor de las 2:00 del lunes pasado. Del MOPC se llevaron aproximadamente G. 190 millones.

Tardía comunicación a la Fiscalía

La Comisaría 29ª de Tarumandy, a cargo del Crio. Ppal. Mario Ortigoza, comunicó el asalto al ganadero en forma aleatoria a la Fiscalía de Luque, luego de 24 horas, cuando debió informar al fiscal de turno, convocar a Criminalística y a Investigaciones.

A raíz del llamativo procedimiento policial, el fiscal Jorge Torres, convocó al oficial interviniente Carlos Antonio Mendoza Brítez, quien declaró que el comisario Ortigoza entregó el vehículo a su propietario, eludiendo el protocolo policial de informar a la Fiscalía.

Siguiendo el hilo de la investigación en prosecución al robo agravado en Tarumandy, este miércoles la comitiva fiscal y policial, ejecutaron allanamientos y detuvieron a uno de los buscados por varios asaltos en Luque y Asunción, respectivamente.

El fiscal solicitó la pena privativa de libertad de 15 años para el procesado, pero el Tribunal le dio seis meses menos, aunque se ajusta al pedido de la acusación.

El agente del Ministerio Público explicó que la menor fue abusada por su tío político, desde los 12 y prolongándose hasta los 15 años.

Según la pesquisa, el hombre encerraba en su vehículo y manoseaba a la menor.

Además, la amenazaba de qué nadie le iba a creer y que de balde haría la denuncia.  

El caso estuvo a punto de extinguirse. El juicio oral se suspendió 12 veces, por medio de chicanas. De esta manera, el procesado buscó la impunidad mediante artilugios.

El Tribunal de Sentencia que condenó al abusador fue integrado por los jueces Liz Ramírez, Leticia Frachi, y Javier Sapena.

La ex pareja, su hermano y su padre deberán presentarse el viernes y lunes, en la Unidad N° 2, de la Fiscalía de Luque, para prestar declaraciones indagatorias en la causa abierta por supuesto hecho de violencia familiar.

Según los antecedentes, una mujer de 28 años radicó la denuncia el 24 de abril pasado en la Comisaría 3ª de Luque.

La víctima manifestó que mantuvo una discusión con su pareja, quien actuó con mucha violencia para llevar a su hijo menor.

Supuestamente, la víctima recibió golpes de puño y fue lanzada contra un tejido.

Otro hijo de la mujer intentó defender a su madre, pero también habría sido golpeado.

La Policía elevó al Ministerio Público y el fiscal Jorge Escobar abrió una causa.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público citó al supuesto autor, a su hermano y a su padre, quienes fueron sindicados por la supuesta víctima.

El fiscal dijo a Luque Noticias que el Juzgado ordenó la exclusión de hogar del principal sospechoso (Arturo Quiróga Cuenca), y además, ofició pedidos de informes al Hospital General de Luque, en donde la madre fue atendida para el diagnóstico médico.

Carlos Echeverría fue imputado por el fiscal Jorge Escobar tras el trágico accidente en el que murieron una madre y su joven hija luego de ser arrastradas por un raudal. La falta de vallados de seguridad hizo que su vehículo cayera a un arroyo el mes pasado.

El abogado defensor del intendente, José Valenzuela, señaló que todavía no se tiene el informe de la pericia y que están a la espera de eso, ya que podría arrojar claridad con respecto a las responsabilidades, mientras cuestiona la caratula de homicidio culposo, que es lo que más los aqueja.

“No soy el responsable”

El intendente Echeverría sostuvo que la imputación no corresponde porque no fue responsable de la muerte de las dos mujeres, sino que, por el contrario, el conductor fue el responsable y primó la imprudencia.

El fiscal Jorge Escobar imputó al intendente por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, tras la muerte de Sara Benítez, de 48 años, y su hija, Nilda Luján Barrios Benítez, de 19 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, se comprobaron deficiencias en el sistema de seguridad en la zona, ya que no había señalización de advertencia de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, así como barreras eficaces contra raudales.

Para la Fiscalía, Echeverría “sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan”.

Los agentes del Grupo Lince y las mujeres se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota, modelo Premio, el pasado 24 de abril, cuando cayó un temporal y se formaron raudales en su trayecto, en las calles Francisco Solano López y Curupayty, pero la fuerte correntada de agua arrastró el automóvil hasta el arroyo San Juan.

Los uniformados pudieron salir, pero no lograron rescatar a las dos mujeres. Los cadáveres fueron encontrados horas después en el cauce hídrico.

Los cuestionamientos hacia las gestiones del intendente Echeverría empezaron a aumentar debido a que en el tramo no hay vallas de seguridad, a pesar de que el peligro estuvo siempre latente.

Apenas había un pasamanos precario que los propios vecinos habían colocado hace décadas, pero que no era suficiente para evitar que los vehículos caigan al arroyo.

Las mujeres se dirigían a la Secretaría Nacional de Deportes para participar de la ceremonia de egreso de un familiar que forma parte del Grupo Lince, Brahian Gómez, quien pudo salvarse en el accidente junto con dos compañeros.

El citado agente también fue imputado por el fiscal Escobar a raíz de que no contaba con licencia de conducir, por lo tanto no estaba habilitado para conducir un automóvil, cometiendo el hecho punible de “exposición al peligro en el tránsito terrestre”. Fuente: ÚH.

El objetivo es determinar si el sistema de seguridad de la baranda de protección estaba en condiciones el sistema de seguridad vial para garantizar el tránsito normal de conductores y peatones.

En el lugar fallecieron Sara Benítez, de 48 años, y su hija Nilda Luján Barrios Benítez, de 20 años.

Las mujeres se encontraban a bordo de un automóvil, con tres agentes linces, quienes se salvaron de morir ahogados en el raudal.

El suceso ocurrió sobre el arroyo San Juan, ubicado en las calles Mariscal López y Curupayty, pleno centro de la ciudad de Luque.

El fiscal de la causa apunta a dos líneas de investigación, que apuntan a las responsabilidades del conductor y del municipio sobre la seguridad vial.

En la mañana de este sábado, un equipo del Ministerio Público inició la pericia de obras en la zona del Centro de Balderrama, en la ciudad de Luque, donde fallecieron dos mujeres arrastradas por un raudal el pasado miércoles durante el intenso temporal.

Allí, los intervinientes se encuentran realizando mediciones y fotografías, que luego elevarán en un informe sobre aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto del puente y sus precarias barandas, así como también van a verificar si hubo alguna irregularidad.

El procedimiento se realizó en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba en presencia del juez penal de Garantías, Nelson Romero.

Estuvieron presentes en el procedimiento el juez penal de Garantías Nelson Romero, la Defensoría Pública y el Departamento Forense del Ministerio Público, quienes acompañaron al fiscal de causa Jorge Escobar.

“Desde el primer día del 24 estuvimos colectando los elementos que justamente queríamos tener para poder realizar este procedimiento para constatar el sistema de seguridad civil y vial que existe en esta zona”, señaló Escobar a los periodistas.

La arquitecta Olga Fleitas fue designada para realizar los trabajos de pericia.