El doctor Enrique Kronawetter, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), explicó que en la sentencia del 2021 contra Ramón González Daher por lavado de dinero se hizo mención a más de 150 causas que se abrieron con similar contenido fiscal.

“Se abrieron bajo la misma perspectiva de una forma de actuación que en términos sencillos era cortar y pegar de todas las carpetas fiscales, de las actuaciones y eso motivó a que se envíe los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, manifestó.

Kronawetter señaló que los tres fiscales denunciados, entre ellos Mirtha Ortiz, además de Alegre y Villasboa, solo tuvieron una intervención en un pequeño y segmento de causas.

Dijo que lo que se probó hoy es que tanto la fiscala Villasboa como el fiscal Alegre no realizaron actos que permitan sostener el encuadre de la conducta como una suerte de apriete. Fuente: NPY.

Según los antecedentes, el suceso se registró el viernes pasado, siendo las 17:45 aproximadamente, cuando policía Héctor Celino Sánchez, presuntamente disparó con una escopeta, desde una corta distancia contra el ex convicto Juan Pablo Meza González, afectando órganos vitales de la zona del tórax, y provocando su deceso.

En dicha ocasión, ambos encausados, junto al Oficial Carlos Vega, se encontraban a bordo del automóvil policial C-531 circulando sobre la calle Las Mercedes de la Segunda compañía de Luque, tras lo cual interceptaron a la víctima Meza, en compañía de su pareja Lizza Beatriz González conversando con otras dos personas en la vía pública sobre la misma calle,  los tres uniformados bajaron de la patrulla e intentaron atajar a Juan Pablo Meza en la vía pública, tras lo cual el sujeto escapó y se inició una persecución, y al darle alcance a la víctima utilizaron la fuerza desmedida para golpearlo y luego se produjo el disparo con derivación fatal, a pesar de que el sujeto fue atendido en el Hospital de Calle’í, San Lorenzo.

EXTORSIÓN

En torno al caso, días antes del mencionado procedimiento, el martes 2 de agosto, la hermana de la víctima, habría recibido una llamada del suboficial Rubén González, quien le requirió dinero para liberar a su hermano Pablo Meza, quien supuestamente quedó detenido por un caso de hurto que no habría existido, y que no fue reportado a la Fiscalía.

La mujer tuvo que llevar la suma de G. 800.000 para que Meza sea liberado, hasta que días después se produjo el ataque que acabó con su vida.

Tras lo acontecido, la representante del Ministerio Público ordenó la detención de los agentes policiales que intervinieron en el trágico procedimiento y su posterior imputación.

C.R.F.M. fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. En la audiencia, la agente fiscal logró la condena de 18 años de pena privativa de libertad para el acusado que abusó de su hijastra.

La representación fiscal pudo comprobar con pruebas fehacientes ante un Tribunal de Sentencia la responsabilidad en el hecho del acusado. Entre ellas se mencionan el testimonio de la niña a través de la Cámara Gesell e informes de profesionales psicológicos, médicos forenses e informe socioambiental, además de las declaraciones de testigos.

La denuncia fue formulada por la madre de la víctima, quién le manifestó de los constantes abusos y manoseos sistemáticos que sufría por parte de su padrastro, quien además lo tenía amenazada.

El sujeto cometió actos sexuales desde el 2013 cuando la niña tenía 7 años hasta marzo del 2018 cuando la menor tenía 12 años. El hecho se produjo en Luque.

El condenado manoseaba a la niña en sus partes íntimas y la obligaba a que lo hiciera lo mismo con él. Asimismo, le produjo desgarros en intentó cometer el coito, pero la niña pudo defenderse, según la acusación fiscal.

El juicio se hizo en Fernando de la Mora. El Tribunal estuvo presidida Natalia Muñoz e integrados por Pedro Nazer y Victoria Ortiz.