En ese sentido, el abogado Jorge Lebedich, Coordinador
General de Auditoría de Gestión Fiscal de la Fiscalía General del Estado,
solicitó informes a la fiscal Sonia Pereira, de la Unidad N° 2, quien tiene a
su cargo un espinoso caso de supuesto abuso contra una menor de 4 años, hija de
un camarógrafo de televisión de Asunción.

La fiscal Pereira fue muy cuestionada por los
familiares, vecinos y amigos del padre de la niña, debido a que presentó su
acusación en tiempo récord, obviando importantes diligencias y dejando en indefensión
total a los procesados.

A raíz de esta llamativa actuación de la fiscal de la
causa, el fiscal de “Control en Línea”, solicitó que se remita copias íntegras
de la carpeta fiscal para sus análisis.

Según los antecedentes, el supuesto abuso ocurrió el
año pasado y fue denunciado por el padre de la pequeña por abuso sexual en niños.

Sin embargo, la pareja del camarógrafo y madre de la
menor presentó una denuncia por violencia doméstica contra el padre de su hija.

Ambas causas recayeron en la Unidad N° 2, a cargo de la
fiscal Sonia Pereira, quien en apenas 22 días presentó una acusación contra el
padre y abuelo de la pequeña por los hechos punibles de abuso sexual en niños y
violencia doméstica.

El camarógrafo actualmente está detenido en la
Comisaría de Laurelty, Luque, y con pedido de remisión a la cárcel de Tacumbú.

Es decir, el denunciante fue procesado junto al
principal sospechoso.

El abogado del trabajador cuestionó la labor de la
fiscal Pereira, quien pese a contar con el informe victimológico, igual procesó
al padre de la niña.

A raíz de la llamativa actuación de la fiscal de la
causa, los familiares, vecinos y amigos se autoconvocaron en tres ocasiones
frente a la casa de Sonia Pereira, en el barrio Bella Vista, de Luque, para
escraharla.

Pereira había denunciado un supuesto “atentado” en su
contra por parte de los escrachadores.

En ese sentido, días atrás la Asociación de Fiscales
del Paraguay, sacó un comunicado de apoyo a la cuestionada investigadora.

Sin embargo, este lunes Luque Noticias tuvo acceso al
pedido de informe y remisión de la carpeta acerca de lo actuado al Coordinador
General de Auditoría de Gestión Fiscal.

El espinoso caso ocurrió el año pasado y la denuncia
que originó la pesquisa fue realizada por el padre de la criatura por presunto
abuso sexual en niños.

Sin embargo, la pareja del camarógrafo y madre de la
menor presentó una denuncia por violencia doméstica contra el padre de su
pequeña hija.

Ambas causas recayeron en la Unidad N° 2, a cargo de la
fiscal Sonia Pereira, quien en apenas 22 días presentó una acusación contra el
padre y abuelo de la pequeña por los hechos punibles de abuso sexual en niños y
violencia doméstica.

El camarógrafo actualmente está detenido en la
Comisaría de Laurelty, Luque, y con pedido de remisión a la cárcel de Tacumbú.

Es decir, el denunciante fue procesado junto al
principal sospechoso.

El abogado del trabajador cuestionó la labor de la
fiscal Pereira, quien pese a contar con el informe victimológico, igual proceso
al padre de la niña.

Relato
cronológico del supuesto abuso.

“Cuando tenían todo listo para realizar la denuncia en
los primeros días de septiembre la mamá de la niña empieza a amenazar al papá
que si él realizaba la denuncia contra el abuelo, ella se encargaría de
denunciarlo por el mismo motivo”.

“El padre no cedió a la presión y llevó adelante la
denuncia ante la comisaría de la zona y la Fiscalía. La madre entonces decide
llevarse de vuelta a la niña a la casa en donde fue manoseada por su abuelo”.

“Este hecho provino con una agresión por parte de la
mamá que dejó secuelas de golpes en el padre (por los cuales se realizó
denuncia). Él no se quedó con los brazos cruzados y junto a la familia planteó
una medida cautelar de guarda ante la Jueza de la Niñez Sonia Escauriza”.

“Ésto a la par de la causa penal que se inició a
instancias de la denuncia de mí hermano, que cayó en manos de la Unidad Penal
N° 2 de Luque, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, que de manera imparcial hace
a un lado la denuncia del padre y toma la de la madre y abuela materna”.

“La fiscal de manera alevosa y maliciosa imputa a al
padre de la niña (denunciante) por agresión sexual a instancias de un fuerte
lobby de la madre, pese a que el hecho se probó y se demostró ya al principio
de la investigación que sucedió en el domicilio donde viven la madre y abuelos”.

“Solo tras la denuncia del progenitor, las pruebas
arrimadas (muchas de ellas la fiscal Pereira no diligenció debidamente, como la
agresión por parte de la mamá). Luego de las declaraciones de testigos, la
fiscal imputa al presunto agresor (abuelo materno), ordenando su detención”.

“Sin embargo, al mismo tiempo ordena la captura contra
el padre de la niña”.

“La causa pasa entonces al Juzgado Penal de Garantías,
a cargo de la magistrada  Yennifer
Insfran y el Actuario Tadeo Rotela Fisch, quienes se allanaron al pedido de la
Fiscalía y sin más trámites ordenan la prisión preventiva del camarógrafo sin
siquiera tener en cuenta toda la evidencia y pruebas presentadas por su abogado
defensor”.

“El 14 de febrero se realizó la prueba anticipo jurisdiccional de cámara Gessell, con presencia de la jueza Yennifer Insfran y la fiscala Sonia Pereira, dónde la niña reacciona con amor cuando el psicólogo forense le muestra foto del padre y sin reaccionar al ver del abuelo”.

“Esta prueba es irreemplazable, y queda registrada en
video con presencia de la magistrada y la representante del Ministerio Público.
Para entonces, el camarógrafo ya de manera voluntaria  se había sometido al proceso, solicitó una
medida menos gravosa como la prisión domiciliaria para seguir arrimando pruebas
a la causa”.

“La fiscala Sonia Pereira no se le ocurre mejor idea
que oponerse a esto, a pesar de la prueba contundente que surge de la cámara
Gessell y la jueza tampoco hace lugar al pedido a pesar de todo lo actuado
hasta entonces”.

“El escrito de oposición por cierto es un escueto
escrito que presentó la fiscal. Antes siquiera de sustanciarse la audiencia de
revisión de medidas, de la cual la misma no participo y no dio fundamento a su
accionar”.

“Mi cliente hoy día sigue privado de su libertad, pese
a que existen pruebas periciales, testificales y documentales que demuestran su
inocencia. La Fiscalía busca encubrir el accionar de la madre y en especial de
la abuela materna cuya declaración es más que evidente”.

“La fiscala Sonia Pereira recién el 27 de febrero llamó
a declarar a testigos presenciales de las constantes amenazas de la señora
hacia su pareja. La fiscala al ver las declaraciones y sumado a las pruebas
periciales no tiene mejor idea que solicitar de manera sospechosa al día
siguiente y en tiempo récord de 22 días
la aplicación del proceso abreviado y acusar al padre por un delito que no
cometió, cuando que aún quedan por diligenciar pruebas periciales,
testificales y psicológicas en la madre y el padre”.

“De esta manera la fiscal Sonia Pereira demuestra su
parcialidad manifiesta e incapacidad total como representante del Ministerio
Público de llevar al frente una investigación de un hecho tan grave como es el
abuso sexual en niños, hecho que debe ser investigado con mayor celeridad”.

“Lo último. Ahora la fiscala Sonia Pereira busca
denunciarnos que familiares y amigos del camarógrafo fueron a “atentar” contra
su casa, incendiando papel higiénico, cuando hasta el comisario Feliciano
Ferreira de la Comisaria 3ª de Luque estuvo en el Lugar con 3 patrulleras y 11
policías”.

La manifestación pacífica frente a la vivienda de la
citada fiscal, en el barrio Bella Vista, de Luque, comenzó el viernes a la
noche, prosiguió el sábado y el tercer escrache fue en la noche del domingo.

El encuentro se desarrolló
en la tarde-noche del sábado en la Plaza Central Mariscal López, de Luque.

Roa declaró a la radio
Azul y Oro que el político luqueño se benefició rápidamente con la reciente
modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, existen unos
3.700 reos en las penitenciarías esperando salir con la nueva disposición. Es
decir, los jueces privilegian a los políticos.

Recordó que hace un año
crearon la comisión para escrachar a los políticos corruptos.

En ese sentido recordó la
primera movilización fue contra el entonces diputado José Ibáñez, y luego una
larga movilización contra el senador González Daher, en Luque, y más adelante
contra otros políticos de la misma calaña.

Varios referentes
ciudadanos participaron de la conmemoración del primer año de la Comisión de
escrache ciudadano.

El presidente de la Junta Municipal de Luque, Cristian Valdez (ANR), se comprometió a urgir al Juzgado de Faltas para agilizar los trámites de manera a ejecutar la apertura de calles.

El concejal Diego Romero (ANR), dijo que la resolución del juez Hugo López fue apelada por el dueño de Rakiura, Roberto Costa Zanella, por lo que se aguarda la decisión final para definir sobre el pedido de los vecinos.

En ese sentido, Tania Garcete aclaró que Rakiura apeló fuera de plazo, y el expediente pasó a cargo del juez de Faltas del Municipio Mauro Aguilar.

Los concejales apoyaron la lucha vecinal y dijeron que una vez que quede firme la resolución, exigirán al Ejecutivo Municipal para dar cumplimiento a la medida.

Sin embargo, uno de los vecinos refutó a los concejales, alegando que la medida de urgencia es precisamente ordenar la ejecución de la apertura de calles.

El Municipio estaría dilatando el procedimiento para favorecer al dueño del club que dejó aislado a los vecinos de Loma Merlo al cerra la servidumbre de paso.

La lucha vecinal contra el empresario argentino data del año 2011, explicaron los afectados, quienes hasta ahora no tienen una solución.

La lucha vecinal data de más de 5 años, y se agravó hace un par de meses, cuando el propietario de Rakiura, Roberto Costa Zanella, ordenó cerrar la servidumbre de paso, dejando aislados a los vecinos y principalmente a los estudiantes.

Los
afectados realizaron manifestaciones frente a Rakiura, cuestionando la medida
contra la comunidad.

También
acudieron a la Junta Municipal para pedir la intermediación de los ediles en el
caso y al mismo tiempo presentaron la denuncia en el Juzgado de Faltas.

Luego de
colectar todos los elementos, el juez de Faltas resolvió ordenar como medida
cautelar la recuperación de los bienes municipales (calle 2 y calle 3) correspondientes
a las calles Comanche y Aztecas.

Según se
pudo comprobar, las citadas calles se encuentran dentro del club.

En ese
sentido, la vecina del lugar Tania Garcete, explicó que si bien las calles no
tienen salidas, fueron cerradas por el club Rakiura, y por lo tanto exigen la
apertura por parte de la Municipalidad.  

Incluso, el senador Tony Apuril acudió este martes hasta el lugar para interiorizarse del reclamo vecinal y comprobar el atropello a los estudiantes y vecinos de la zona.

Los
congresistas se comprometieron a apoyar la denuncia contra el dueño de Rakiura,
el empresario argentino Roberto Costa Zanella, quien hace un par de meses
ordenó cerrar la servidumbre de paso, dejando aislados a los pobladores.

Una de las recurrentes, Tania Garcete, explicó a los parlamentarios que ante la falta de interés demostrada por la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría (ANR), recurrieron a pedir apoyo a través de la Comisión de Asuntos Municipales y Derechos Humanos del Congreso.

Cabe señalar
que la comisión vecinal mantuvo reuniones con el intendente y concejales de
Luque, pero no hay voluntad política para brindar una rápida solución al
problema de fondo para abrir las calles municipales ocupadas por el club
deportivo.

Precisamente,
a raíz de la falta de solución, los vecinos realizaron manifestaciones frente a
Rakiura, y luego escracharon al intendente en su casa.

El escrache
a jefe comunal derivó en el atropello y robo a la vivienda de Tania Garcete, a
quien responsabilizan por la movilización contra Echeverría.

La denuncia
contra los supuestos seguidores del intendente fue hecha ante la Policía y la
Fiscalía de Luque.

A una semana
del hecho vandálico contra la mujer, aún no hay imputados en el caso.