Según los policías, evidentemente los invasores
se prepararon para resistir en el lugar, pero finalmente decidieron huir y otros
fueron detenidos.
Casi dos mil uniformados afectados al desalojo,
encabezado por la fiscal Sonia Villasboa, de Luque.
Cerca de la oficina de Copaco también
encontraron cerca de 200 casas precarias.
La invasión del predio comenzó el 12 de junio del año pasado, cuando ingresaron más de 100 familias. Luego se fueron sumando más sintechos, llegando a 1.200 la cantidad de ocupantes.
Prosiguiendo con el desalojo, la Fiscalía y la Policía notificaron a los sintechos este martes para abandonar el predio.
La semana pasada se movilizaron cerrando la calle Coronel Martínez en protesta por el inminente desalojo.
En ese sentido, la mayoría de los invasores dejaron sus precarias viviendas y huyeron del lugar para evitar enfrentamientos con los policías.
Sin embargo, este miércoles un grupo de personas se resistió al desalojo y enfrentó con bombas molotov, petardos y balines de acero, pero luego se replegaron con el avance de los policías Antimotines y de la Montada.
Los sintechos estuvieron en alerta a raíz del
inminente desalojo de la citada propiedad.
Los manifestantes se juntaron frente a “Rancho Ito” y
cerraron el acceso, generando un caótico tránsito desde tempranas horas del
jueves.
El comisario principal Víctor Ortiz, jefe de la
Comisaría 3ra de Luque, señaló que la orden de desalojo de los ocupantes del
terreno perteneciente a Copaco sigue vigente.
Sin embargo, el procedimiento se pospuso para otra
fecha, por lo que los afectados decidieron levantar la medida de fuerza.
La líder del asentamiento 12 de Junio, Cristina Aquino,
había advertido que no abandonarían el lugar, ocupado desde al año pasado.
Durante la manifestación estuvieron quemando cubiertas
como medida de protesta contra la orden de desalojo, promovido por el fiscal
Néstor Cañete.
Los integrantes de los demás asentamientos de San
Rafael, Isla Bogado y otras compañías de Luque se unieron a la manifestación
iniciada por los ocupantes del terreno de Copaco, ubicado entre Isla Bogado y
Maka’i.
Unos 15 vendedores instalaron sus respectivas casillas
en el espacio público, específicamente en la franja de dominio ferroviario,
según la denuncia planteada en el Municipio por una comisión vecinal, que
exigió la salida de los comerciantes informales.
El intendente luqueño, Carlos Echeverría (ANR), en uso
de sus atribuciones y resolución mediante dispuso ordenar como medida de
urgencia la recuperación del espacio público en disputa.
En ese sentido, el jefe comunal ordenó a las
Direcciones de Asesoría Jurídica y de Obras a cumplir la resolución emanada
para tal efecto.
El procedimiento se realizó en varias etapas y con
acompañamiento policial, teniendo en cuenta que los comerciantes se negaron a
salir del lugar y actuaron con mucha violencia contra los intervinientes,
explicó Mary Jiménez, de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Luque.
Pero finalmente, las precarias casillas fueron
demolidas con tractores para despejar el lugar.
Según la funcionaria municipal, los comerciantes hace
años se instalaron en el lugar, y varios de ellos se retiraron pacíficamente al
ser notificados, mientras otro grupo se negó a abandonar el lugar, por lo que
se tuvo que realizar el desalojo correspondiente.
La contraparte alega que mediante una orden de
desalojo tomaron la posesión de inmueble y que la anciana y sus familiares
instalaron una carpa dentro de una parte de la propiedad y que desde allí
intentan violentamente turbar su supuesta posesión, que en realidad son ellos
que tiene civiles particulares con armas de fuego para presionar a la anciana.
La abuelita está en las condiciones actuales, justamente por el atropello que sufrió mediante un desalojo ilegal encabezado por el abogado Pablo Sanabria, a través de la Inmobiliaria “EG del Sol”, quienes le atacaron con una orden de desalojo que no era para la misma, encima procedieron a demoler su vivienda, violando directamente “la prohibición de no innovar” que estaba vigente, y que fue dictada por un juez competente y confirmado en primera y segunda instancia
HECHOS
CURIOSOS
En este nuevo juicio solicitan de “carácter urgente”,
la misma medida de “prohibición de innovar”, detrás del cual pretenden prohibir
el ingreso de doña Irma y sus familiares como lo señala su escrito,
pretendiendo utilizar a la Policía así como lo hicieron el día de aquel
violento desalojo.
El expediente se encuentra con el juez Daniel Ocampos,
y justamente es el mismo magistrado quien dicto el A.I.N° 187, del 16 de
noviembre del 2016, por el cual se decretó la misma medida cautelar de “prohibición
de no innovar”, vigente actualmente, y que la contraparte avasalló ese día.
BURLAS A LA
JUSTICIA
Resulta inaudito que realicen esta clase de pedidos a la Justicia, atendiendo a que ya existe la medida cautelar solicitada, y que el juicio de “usucapión” de doña Irma sigue su curso y tramitándose, conforme consta en el oficio N° 735, de fecha 14 de diciembre del 2018, donde el Juzgado notificó al titular de la Comisaría 3ra de Luque, justamente para impedirse cualquier otro tipo de atropello como lo que sufrió la anciana y que de haberse respetado esta orden judicial no hubiera sucedido, señalan los afectados.
A esto se suma la nueva constitución encabezada por la
actuaria judicial Mirna Lucía Duarte Torres, sobrina del juez Enrique Sanabria
Torres y prima del abogado Pablo Sanabria Roa.
La llamativa constitución encabezada por la citada actuaria
fue muy cuestionada por los familiares de la abuelita Irma Rojas, a quien
ignoraron durante “su fugaz visita” a la propiedad en la zona de Zárate Isla.
Según la denuncia, la citada actuaria judicial
pertenece a otro juzgado y es prima del abogado Pablo Sanabria, aquel
cuestionado representante legal de la Inmobiliaria EG del Sol, por lo que llama
la atención su presencia en la finca en disputa.
El juzgado a cargo del magistrado Alexis Vallejos
tampoco convocó al representante legal de la pareja de los ancianos Félix Valois
Franco e Irma Rojas, de acuerdo a lo señalado por sus familiares.
Durante la constitución en el inmueble, los funcionarios
judiciales estuvieron realizando tomas fotográficas y labrando acta.
Camioneta de
actuaria
De acuerdo a los datos recabados, una de las camionetas que ingresó al inmueble es una Ssang Yong Korando, con chapa SEB 111 que pertenecería a la abogada Mirna Lucia Duarte Torres, quien de acuerdo a informaciones es la actuaria judicial del Juez del Tercer turno en lo Civil y Comercial, Alexis Vallejos.
Lo que más llama poderosamente la atención de los
familiares de la familia Franco Rojas es que dicha actuaria es sobrina del Juez
Enrique Sanabria Torres y prima del abogado Pablo Sanabria Roa, quien en su momento
encabezó el desalojo ilegal, ordenando a policías y al actuario judicial Oscar
Núñez a cometer un violento atropello contra la abuelita Irma Rojas.
Los representantes legales de la familia Franco Rojas, adelantaron que solicitarán todos los antecedentes de lo actuado porque detrás de todo lo acontecido este martes sospechan que estarían pretendiendo abrir un nuevo juicio civil sin que el proceso abierto por usucapión por la abuelita Irma Rojas se haya definido.
Tras el atropello contra la desamparada abuelita, la ciudadanía luqueña se movilizó y escrachó al abogado Pablo Sanabria, quien fue a patotear en la propiedad, ordenando a los policías a echar la casa de la anciana y sacando sus pertenencias en la calle.
Luque Noticias intentó sin éxitos conocer la versión de la actuaria, quien no respondió a nuestro llamado al número de celular con terminación 277.