Unos 1.200 policías se encargan del desalojo, bajo la dirección de la fiscal Sandra Ledesma.

Abdo Benítez hizo el anuncio en la mañana de este lunes, durante un acto oficial en la compañía Nueva Asunción, durante el lanzamiento Programa “Ñapu’ãke”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Silvia de Abdo.

Los ocupantes del predio, denominado «Guillermo Jesús, festejaron la decisión del presidente que les otorga el terreno para sus viviendas.

El mandatario aclaró que no fue a cambio de favores políticos del Frente Guasu, sino que su decisión se allanó al pedido de los parlamentarios que estaban a favor de la expropiación del terreno para los compatriotas más vulnerables.

Llamativamente, la propiedad fue cedida por la
Municipalidad de Luque a Andrés Ramírez, quien fue la persona que agredió
brutalmente a la madre con 5 hijos.

Es importante señalar que el arredramiento fue
otorgado  sin tener en cuenta uno de los
aspectos más importantes del proceso que es la posesión del terreno, y fue esto
lo que quiso obtener, pero mediante el uso de la violencia y el ensañamiento
contra la desamparada mujer y sus hijos.

La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar ante la injusticia cometida contra la madre y sus pequeños hijos. A raíz de la presión ciudadana, principalmente a través de las redes sociales, la Municipalidad dio marcha atrás y pidió desistir la orden de desalojo contra la desamparada mujer, que venían promoviendo.

De esta manera se confirma que la propia Municipalidad estaba detrás la entrega del terreno a Rodríguez sin cumplir los requsitos para acceder a tal beneficio. Incluso dijo que compró el terreno del Municipio.

Revés
judicial para el “nuevo ocupante”

La jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz,
sacó una resolución prohibiendo el acercamiento del nuevo ocupante Andrés
Ramírez a la señora Claudia Lezcano, explicó el abogado de la víctima David
Iglesias.

Por lo tanto, Ramírez se ve obligado a abandonar el
inmueble que nunca le perteneció y que en estas condiciones difícilmente esto
pueda tener resultado favorable para el agresor de una mujer indefensa.

Últimamente, Luque se está convirtiendo en una ciudad
carente del respeto a las leyes y los derechos de las personas, las autoridades
policiales de la Comisaria tercera se están extralimitando continuamente en sus
funciones.

En ese sentido, el pasado sábado la oficial Nancy
Zárate actuó de manera llamativa, permitiendo el atropello a la desamparada
mujer. El nuevo ocupante, en presencia de la Policía procedió a echar la
precaria casita, dejando en la calle a la mujer con sus 5 hijos.

El conflicto se agravó en la tarde de este miércoles,
cuando atacaron a la mujer y agredieron brutalmente a su hija de 5 años, quien
fue auxiliada y derivada hasta el Hospital General de Luque.

A partir del sábado, Andrés Ramírez comenzó a construir
para su casa en el mismo predio ocupado desde al año 2012 por Claudia Lezcano.

Según el abogado David Iglesias, la Policía debe dar
cumplimiento a la orden de alejamiento de Ramírez, y en caso de desacato
comunicar el hecho a la Fiscalía.

Por su parte, el comisario principal Osvaldo López,
titular de la Comisaría 3ª de Luque, dijo que el hecho fue comunicado al fiscal
Silvio Alegre.

Tanto la Municipalidad, La Policía y Fiscalía se “tiran la pelota” en este caso, permitiendo un grave atropello contra una madre soltera con cinco hijos.

Sin embargo, el sábado pasado se presentó con
acompañamiento policial el supuesto dueño del inmueble, identificado como
Andrés Ramírez, quien dijo tener arrendamiento y compra directa su favor
otorgado por la Municipalidad de Luque.

Ramírez fue entrevistado en la mañana de este lunes en
la radio Azul y Oro y al ser consultado sobre los documentos y el monto pagado
y la fecha de pago por el terreno en disputa, empezó a caer en graves
contradicciones y cortó abruptamente la llamada, sin poder explicar lo
sucedido.

La Ley Orgánica Municipal N° 3966/10 y la Ordenanza
Municipal, establecen los requisitos para que un ciudadano pueda arrendar un
inmueble y la posesión sobre el mismo es parte fundamental del proceso, está
demostrado que el señor Andrés Ramírez no tenía la posesión del sitio, y quiso
ocupar el mismo mediante el uso de la violencia y el atropello.

Incluso realizó un desalojo totalmente ilegal y en
contra de los derechos de la mujer con 5 hijos, y lo peor aún lo hizo en presencia
y aparente protección de los agentes de la Comisaría 3ª de Luque.

La actuación de los agentes policiales, a cargo de la
oficial Nancy Zárate, fue muy cuestionada por la mujer desalojada y sus propios
vecinos, quienes la están acompañando, debido a que quedó en la calle con sus cinco
hijos.

Por su parte, la oficial Zárate también dio declaraciones
a la 94.7, reconoció que acompaño al señor Andrés Ramírez por pedido del mismo
al Sistema 911.

La citada oficial en principio negó que haya ingresado
al inmueble en disputa, pero durante la comunicación en dúplex, la víctima le
señaló que tiene un video de la uniformada en su terreno.

La agente de Policía solo se limitó a señalar que ingresó
al lugar para “hacer firmar el acta del procedimiento”, y no pudo justificar la
protección brindada al “nuevo dueño”, quien fungió de juez y parte, y lo peor
aún, utilizó a la Policía para cometer un atropello contra una mujer
desamparada.

En Luque se volvió costumbre que los agentes de la Comisaria
Tercera realicen los procedimientos sin tener en cuenta el contenido del oficio
o como este caso sin ninguna orden firmada por autoridad competente. Prima la
ley del más mbareté y con protección policial.

En ese sentido, cabe señalar que los agentes de la
Comisaría 3ª de Luque acompañaron el atropello a la casa de la abuelita Irma
Rojas, precisamente en Zárate Isla, en la época del comisario Víctor Vera, luego
a una propiedad en Maramburé, en la época del comisario Felipe Ozuna, y ahora nuevamente
en Zárate Isla, estando como jefe actualmente el comisario Osvaldo López.

Un fuerte contingente policial encabezado por el
director de la Policía de Central, Crio. Gral. Carlos Aguilera, inició el
desalojo de los ocupantes ilegales para dar cumplimiento a la orden de desalojo
por invasión de propiedad privada.

Los ocupantes pertenecían al asentamiento “Flor de
Itapuamí”, creado hace dos años, y en el sitio ya levantaron precarias
viviendas para tratar de quedarse con un pedazo de tierra.

Luego de dialogar entre la Fiscalía, la Policía y el
abogado de los invasores, se llegó a un acuerdo para una pacífica salida de los
ocupantes.

El representante legal de los sitechos, Raúl Marín,
cuestionó el procedimiento fiscal y policial, alegando que el título del
terreno lo tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert).

Según el letrado, el ente estatal debe iniciar los
trámites de mensura judicial para determinar cuál es el inmueble que le
corresponde a los ocupantes.

Según el fiscal Cañete, la propiedad de ocho hectáreas,
conocida como Asentamiento 500, Villa Rodríguez y Nueva Esperanza, fue ocupada
por más de 300 familias en mayo del 2018.

Los ocupantes señalaron que son 600 las familias que
estaban en el inmueble y denunciaron que nunca recibieron una notificación de
desalojo por parte del Ministerio Público.

Algunos ocupantes alertados del desalojo, optaron por
retirar sus pertenencias e irse del sitio ante el inminente desalojo.

Sin embargo, otro grupo decidió resistirse en el lugar
ante la presencia fiscal y policial.

Se registraron algunos incidentes propios del
procedimiento, pero sin mayores consecuencias, reportaron los intervinientes.