Las intervenciones se produjeron al filo de las 11 de la mañana de este jueves, específicamente en las calles Las Mercedes casi la Arbolada, detalla en informe policial.

Los detenidos son:

 1-) MIGUEL ANGEL LOPEZ LEGUIZAMON, pyo, sol, 36 años.

2-)VICTOR GERARDO CHEVEZ FLORES, pyo, sol, 43 años de edad.

3-)MARIA LETICIA LOPEZ LEGUIZAMON, pyo, sol, 38 años, enfermera del Hospital General de Luque.

4)-ERICA ANDREA SARAVIA ROJAS, pya, sol, 45 años.

Por disposicion de la Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 4 de Luque, Abg. SANDRA LEDESMA, las pertenecias de los detenidos fueron trasladados hasta la sede de la CODENI de la Municipalidad de Luque.

En tanto, los detenidos se encuentran en la Comisaría 3ª de Luque, a cargo de la fiscal interviniente.

La Comisaría Tercera de Luque comunicó que del servicio de cobertura de seguridad durante “cese de hecho antijurídico” en los autos caratulados “INNOMINADOS SOBRE INVASION DE INMUEBLE AJENO” del inmueble individualizado en las calles Mercedes casi San Valentín 4°Compañía Cañada San Rafael, Distrito de Luque, firmado por la Agente Fiscal Sandra Ledesma, Unidad 4° Zonal Luque, prevista para el día Jueves 04/04/2024, a partir de las 07:00 horas y DETENCION DE PERSONAS POR DISPOSICION FISCAL, terminó sin incidentes.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, Román López, sus hijos y nietos afrontan varios procesos por supuesta invasión de inmuebles ajenos y otros delitos.

Además, cuentan con varias causas penales por violencia, atropello, portación de armas, lesión, grave, atropello y otros, según los intervinientes de la Fiscalía y la Policía.

Alcides Martínez indicó que hace un mes fueron notificados por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Luque para abandonar la vereda y parte de la propiedad del supermercado.

Según Martínez, son 21 vendedores que tenían sus respectivos puestos y recibieron la promesa del asesor jurídico del Municipio, Raúl Salinas, que podrían continuar en la vereda del comercio hasta tanto sean reubicados.

A raíz de la promesa, los comerciantes salieron pacíficamente y se instalaron en la vereda.

Sin embargo, el fin de semana pasado los funcionarios municipales obligaron a los vendedores a despejar el espacio público.

Incluso, intentaron sacarles sus mercaderías, según la denuncia.

A raíz de esta situación, los trabajadores realizaron una manifestación pacífica para exigir una reubicación en la zona.

Precisamente, en la noche del sábado el director jurídico de la Municipalidad volvió al lugar junto a los vendedores, a quienes le dijo que podían continuar en la calzada hasta tanto se llegue a una solución.

Según Martínez, les ofrecieron reubicarse en el Mercado Nº 2, en Cuarto Barrio, pero rechazaron debido a que casi no hay movimiento comercial en dicho lugar.

Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.

Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.

Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.

EL CASO

Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.

La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro  de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.

El
abogado de los “sintechos”, Eulalio Denis, dijo a la Radio Azul y Oro que
llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y la Policía para que los ocupantes
salieran pacíficamente.

El
accionante es el abogado Eduardo Pereira, quien promovió una denuncia y pedido
de desalojo en la Fiscalía de Luque, a cargo de la fiscal Sandra Ledesma.

Los
ocupantes fueron notificados y emplazados para salir pero hicieron caso omiso,
por lo que se tuvo que montar un operativo con fuerte custodia policial de Antimotines
para llevar adelante el desalojo.

Sin
embargo, en el lugar los intervinientes y los representantes de los
ocupantes  acordaron salir pacíficamente,
llevándose sus pertenencias a otros sitios.

La fiscal comentó a Luque Noticias que sigue con la investigación para identificar a los líderes de la invasión y sí se beneficiaban económicamente de los demás ocupantes.    

El desalojo se concretó luego de dos
años y medio de litigio. El procedimiento fue encabezado por la fiscal de
Luque, Sandra Ledesma.

Al principio, se negaron a salir del
predio, pero la fiscal Ledesma emplazó a los invasores para abandonar el lugar
pacíficamente o de lo contrario se iba a emplear la fuerza del orden público
para dar cumplimiento al oficio judicial-fiscal.

El conocido y polémico abogado Raúl Marín, representantes de los “sintechos”, llegó al lugar poco después de las 09:00 de la mañana de este miércoles y luego de conversar con la fiscal Sandra Ledesma, se acercó a los ocupantes para pedir que salieran pacíficamente del lugar y así evitar enfrentamientos.

Casi inmediatamente, los sintechos
comenzaron a sacar sus pertenencias y a desarmar sus precarias viviendas.

La fiscal interviniente explicó a la
Radio Azul y Oro que realizó un minucioso trabajo de investigación que demandó
varios meses y llegó a la conclusión que los terrenos ocupados por los
sintechos son privados.

Indicó que los ocupantes aceptaron
salir voluntariamente, pues de lo contrario iba a ordenar para sacarlos a la
fuerza. De esta manera se dio el estricto cumplimiento de la orden judicial.

Una cuadrilla de la ANDE también fue
convocado al lugar para cortar el suministro ilegal de energía eléctrica (robo
de energía eléctrica) detectado en la oportunidad, mediante conexiones
clandestinas.

Varios sintechos de otros asentamientos acudieron al lugar para presionar y dejar sin efecto el operativo de desalojo, pero no lograron su objetivo. La fiscal se plantó e hizo cumplir la orden emanada para sacar del predio a los ocupantes ilegales, que mediante la violencia y coacción pretendieron quedarse con el inmueble, perteneciente a un solo dueño.

Fermina
Flor, una humilde madre soltera de tres hijos, fue desalojada de su vivienda,
ubicada en Mangoré y Alfonso Rodríguez, del barrio Laurelty esta mañana con
toda su familia por parte de agentes de la Policía Nacional arrojando todas sus
pertenencias a la calle.

Según
denunció la mujer, ocupa el inmueble desde hace unos 12 años, pero no cuenta
con documentación que avale que el dueño de esa propiedad le cedió para que
viviera con su familia. Según relata, cinco años atrás apareció el abogado José Prieto (hijo de la titular
del inmueble Mercedes Natividad Duré de
Prieto) y le pidió alquilar parte del inmueble montar una despensa.

Sin
embargo, de acuerdo a la denuncia, en lugar de hacerle firmar un contrato de
alquiler, la mujer firmó un contrato de compraventa de inmueble, por el que
cede el inmueble a favor de Prieto a cambio de la suma de G. 45.000.000, dinero
que ella afirma nunca haber recibido.

A
raíz de esta situación, Prieto inició un juicio de Interdicto de recobrar la
posesión en el 2017, el cual tuvo resultado favorable en 2020 por parte de la
Corte Suprema de Justicia, instancia a la que llegó para su resolución.

El
oficial Rolando Palma sostuvo que se dio cumplimiento a una orden de
restitución firmada por el abogado César Manuel Godoy, juez en lo Civil y
Comercial de San Lorenzo, cuyo último mandamiento fue expedido el 6 de enero de
este año, retirando todas las pertenencias de la mujer en horas de la mañana de
este viernes.

A
su turno, la abogada Nelly Saucedo sostuvo que desconocen cuál sería la
documentación presentada por al accionante para el desalojo, considerando que
es viernes y como el lunes es feriado, recién el martes podrían acceder al
expediente.

Indicó
que esta mujer fue engañada en su buena fe por esta persona y ahora resulta que
fue echada de su hogar junto a sus hijos, y ahora no sabe cuál será su destino.