Las nuevas fechas fijadas son el próximo 28 de mayo y el viernes 31. La resolución judicial fue dictada por los jueces Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás, tras hacer lugar a la reposición de una apelación en subsidio interpuesto por el abogado defensor, Claudio Lovera.

Según refiere la recusación de la defensa de González Chaves, su defendido no fue notificado dentro del plazo mínimo de diez días a partir de la notificación de la convocatoria a audiencias orales y públicas.

Al momento de la valoración del recurso, el Tribunal coincidió en que Lovera cumplió con el plazo previsto para la reposición y apelación en subsidio, cumpliéndose así los criterios de admisibilidad.

También concluyen que al reconocer la complejidad de la causa y por el volumen de copias que se precisa, sumado a que existen feriados dentro de los días hábiles, se fija como nueva fecha el martes 28 de mayo y el viernes 31 de ese mismo mes, y los siguientes días de acuerdo a la transición del juicio.

Antecedentes. En febrero del 2022, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

González Chaves fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero se confirmó su muerte tiempo después. En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

En lo que respecta al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión seis años y un mes, de los 8 a los que fue sentenciado.

González Chaves presentó su renuncia a concejal en febrero, cuando la Corte confirmó su inhabilitación. Fuente: ÚH.

Así mismo, se debe hacer un nuevo juzgamiento sobre los delitos de lavado de dinero y declaración falsa. Si bien confirmaron la sentencia por enriquecimiento ilícito, se debe determinar la pena a ser aplicada.

González Chávez fue condenado a 8 años de cárcel, más la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 7 años, y el comiso especial por G. 29.237.656.115.

Su padre, el ex legislador Óscar González Daher, fue condenado a 7 años, más la inhabilitación y el comiso, pero falleció en octubre del 2021.

Fue decisión dividida de los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre y Andrea Vera, quienes integraron la Corte tras varias recusaciones de González Chávez.

El extenso fallo analiza el acuerdo y sentencia del 2 de febrero del 2022, del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, que confirmó el fallo dictado en el juicio oral el 19 de agosto del 2021.

La casación fue planteada por el abogado Claudio Lovera, con trece puntos que cuestionaron desde la elevación a juicio oral, el auto de apertura, la sentencia, las penas aplicadas, el comiso dictado, entre otros puntos.

La camarista Andrea Vera entendió que el recurso no estaba suficientemente explicado, por lo que votó por declararlo inadmisible.

Por su parte, los camaristas Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre entendieron que había que anular la sentencia del Tribunal de Apelación con respecto a la declaración falsa, porque era contradictoria y con fundamentación aparente.

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito, aunque se debe determinar la pena a ser aplicada. Anularon también la resolución con respecto al lavado de dinero, con lo que se deberá realizar un nuevo juicio oral sobre los dos delitos.

Así mismo, anularon el fallo de Apelación y del juicio oral, sobre la aclaratoria del 27 de agosto de 2021 del Tribunal, que amplió la condena dictada días antes.

Con este fallo, Óscar Rubén González Chávez deberá enfrentar nuevo juicio por declaración falsa y lavado de dinero, y se deberá determinar la pena a ser aplicada por enriquecimiento ilícito.

En la mañana de este jueves, el concejal luqueño presentó su renuncia al cargo en la Junta Municipal.

La Sala Penal de la Corte Suprema de justicia no hizo lugar a la recusación planteada por la defensa del concejal de Luque Oscar González Chaves, hijo del fallecido Oscar González Daher (OGD) en contra de la camarista Andrea Vera Aldana integrante de la Sala Penal que debe estudiar un recurso de casación presentado por la defensa del político en contra de la condena de 8 años por lavado de dinero.

De esta manera, la jueza Vera Aldana podrá integrar el Tribunal junto a los camaristas Arnaldo Fleitas y Cristóbal Sánchez para estudiar la admisibilidad del recurso que apela el fallo ratifica la pena de ocho años de prisión dictada por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, que se dio el 2 de febrero de 2022, según informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.

El recurso de casación lleva más de un año sin poder ser estudiado ya que los nueve ministros del Máximo Tribunal se inhibieron de la causa. Primero, se apartaron los miembros de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes.

Después, los ministros Alberto Martínez, Eugenio Jiménez, César Garay, de la Sala Civil; y César Diesel, el ex ministro Antonio Fretes y Víctor Ríos, de la Sala Constitucional. Así, el caso pasó a los Tribunales de Apelación.

Ya en esta instancia, se inhibieron siete camaristas por lo que la Corte se integró con los camaristas Fleitas, Sánchez y Vera.

Si los magistrados declaran inadmisible el recurso presentado, la sentencia de ocho años de prisión por lavado de dinero, dictada en agosto del 2021, quedará firme y el concejal tendrá que cumplir la condena tras las rejas.

Actualmente, González Chaves sigue ocupando su cargo como edil en la municipalidad luqueña a la espera de la resolución de la justicia. Fuente: ÚH.

Los camaristas José Agustín Fernández, Gustavo Auadre y Hugo Garcete, que integraron la Corte para la recusación, rechazaron el pedido de apartar a los también camaristas Arnaldo Fleitas y Cristóbal Sánchez, que integran la Sala Penal para la casación.

En el caso, González Chávez había recusado a los camaristas Fleitas y Sánchez, porque supuestamente intervinieron en la causa por enemistad, odio o resentimiento, y por parcialidad y falta de independencia.

Sostiene que hubo irregularidades en el expediente híbrido (papel y electrónico), tales como notificación a personas fuera de la causa, duplicación de presentaciones, que fueron cuestionadas, pero no se resolvieron. Así, afirma que se trata de una arbitrariedad al no fundar sus resoluciones, entre otras cosas. Pide la separación de los mismos.

Los camaristas pidieron el rechazo de la recusación, ya que las causales invocadas no son causales de recusación.

Tras el estudio, los mismos dicen que las causales invocadas no tenían ni siquiera la mínima seriedad para separar a los mismos.

En el caso, los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, habían condenado a 7 años de cárcel a Óscar González Daher y a 8 años a su hijo Óscar González Chávez, por lavado de dinero. Esto fue confirmado y por eso es que planteó casación. Fuente: ÚH.

Actualmente, la sentencia que fue dictada en agosto del 2021 todavía no está firme, puesto que hay muchas trabas y el caso continúa parado en la Corte a raíz de chicanas.

González Chaves había planteado un recurso de casación y a la par una seguidilla de recusaciones a camaristas y a ministros.

Lo que ahora sigue pendiente es que tres camaristas deben estudiar una impugnación para destrabar ese proceso y ese estudio está pendiente desde setiembre, es decir, desde hace tres meses.

Son los camaristas Cristóbal Sánchez, Arnaldo Fleitas y José Agustín Fernández quienes deben estudiar la impugnación de Arnulfo Arias contra la inhibición del juez de Apelaciones Emiliano Rolón.

Una vez que resuelvan, se debe integrar la Sala Penal de la Corte para evaluar la casación; esto, porque los ministros que integraban se apartaron.

Sin embargo, este trámite quedó nuevamente trabado porque Fernández fue recusado.

Ya son 33 urgimientos que presentaron las organizaciones Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), para que se resuelva, pero nada.

PENA CONFIRMADA

En febrero de este año, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

Pese a eso, él ganó el año pasado una banca en la Junta Municipal de Luque, donde continúa impunemente siendo concejal y cobrando un salario mensual de G. 20.000.0000, de los contribuyentes luqueños.

Fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero murió tiempo después.

En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

TIEMPO

En cuanto al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión 6 años y 1 mes, de los 8 a los que fue sentenciado. Fuente: ÚH.

El concejal suplemente, Diego Candia (ANR-cartista), fue  convocado este miércoles por el presidente de la Junta Municipal, Rómulo Pérez (PLRA), quien le tomó juramente en reemplazo del suspendido Diego Romero.

Sin embargo, minutos después apareció el concejal Romero con una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que lo restituye en su cargo tras promover una medida cautelar contra la decisión de la Junta Municipal de Luque (en mayoría) en suspenderlo por insultar al titular de la corporación legislativa, Rómulo Pérez, a quien trató de “capataz de la mafia y del crimen organizado), por su evidente protección al edil Rubén González Cháves, condenado a 8 años de cárcel por corrupción e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según los antecedentes, en la sesión ordinaria de la semana pasada, los concejales liberocartitas (cuatro colorados y cinco liberales) que conforman la mayoría circunstancial en la Junta Municipal de Luque, decidieron suspender por 30 días y sin goce de dieta su colega Romero por tener la osadía de enfrentarlos y denunciarlos públicamente.

Por su parte, Romero promovió una medida cautelar ante el TSJE que finalmente le repuso en su banca.

Cabe destacar que en las elecciones pasadas, el concejal Diego Romero, fue el más votado en Luque con 7.000 votos, y tercero a nivel país.

Romero, tras recuperar su banca encaró al titular de la Junta Rómulo Pérez, quien minutos antes le había tomado juramento al concejal suplente Diego Candia.

Romero le cuestionó a Pérez por haberle puesto en el cargo a Candia en forma arbitraria.

En forma irónica le felicitó y le puso de manifiesto que tiene que respetar su investidura, mientras le mostraba la resolución de la medida cautelar favorable.

“Hoy le hicieron jurar a un concejal que duró cinco minutos en su cargo por su irresponsabilidad. De esta manera le expone a la ciudad de Luque. Gracias a su irresponsabilidad somos noticias a nivel nacional”, le cuestionó a Pérez.

 Seguidamente, el concejal manifestó que se hizo justicia al reponerlo a su cargo tras un abuso cometido por la mayoría.

SIN EL PAN NI LA TORTA

Además de pasar un papelón, el frustrado concejal se quedó sin nada. Candia obtuvo un permiso de Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), donde el Consejo Directivo le otorgó un permiso especial de 30 días (sin goce de sueldo-foto), para ocupar una banca en reemplazo del entonces suspendido Diego Romero.

Sin embargo, el concejal suplente apenas duró unos minutos como titular, y no tuvo otra opción que retirarse ante la decisión de la Justicia Electoral de reponer en su cargo a Romero.

De esta manera, no podrá  percibir su salario en su lugar de trabajo ni en la Junta Municipal. Se metió en un tremendo lío.