El
tribunal de Sentencia, con un voto en disidencia de Juan Carlos Zárate, condenó
por tráfico de influencias al ex senador Óscar González Daher, ex presidente
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a dos años de prisión. Raúl
Fernández Lippmann, ex secretario del organismo, también recibió la misma pena.
El abogado Carmelo Caballero recibió una pena de 1 año y 8 meses de cárcel.

Sin
embargo, ninguno irá preso. Los jueces los beneficiaron con la suspensión a
prueba de la ejecución de la condena, con lo cual deberán seguir reglas de
conducta durante tres años para no pisar una penitenciaría.

El
delito de tráfico de influencias cuenta con una expectativa de pena de entre
seis meses a tres años de privación de libertad o multa.

En
el caso de Óscar González Daher, el tribunal también impuso una inhabilitación
de siete años para ejercer la función pública. Lo mismo se dispuso para Raúl
Fernández Lippmann.

De
igual manera, el abogado Carmelo Caballero, quien representaba a Luis Saguier
Blanco en la causa de Electrofácil y habría obrado para presionar y destituir a
la ex fiscala Teresa Rojas, recibió una inhabilitación de cinco años para el
ejercicio de funciones públicas.

Con
relación a Caballero, el tribunal dictaminó que no correspondía el pedido del
Ministerio Público para inhabilitarle el ejercicio profesional del derecho.

IRRISORIA
CONDENA

Los
tres fueron declarados culpables de tráfico de influencias, tras el cruce de
llamadas telefónicas y las declaraciones de los testigos, entre ellos la ex
fiscala Teresa Rojas, quien contó que recibió amenazas de destitución por el
JEM.

Esta
es el único hecho tipificado y causa que prosperó, ya que los encausados fueron
absueltos por asociación criminal.

En
el caso del ex senador, Jorge Oviedo Matto, fue también absuelto, por
incongruencias y contradicciones en las declaraciones de la ex agente fiscal Casse
Giménez, quien había señalado al ex parlamentario de pedirle dinero para
ayudarle en su caso.

FUENTE:
UH.

Tras
horas de deliberación, finalmente el Tribunal de Sentencia, por mayoría,
declaró culpables a los involucrados en esta causa penal por el hecho punible
de tráfico de influencias.

Para
dos de los jueces (María Fernanda García de Zuñiga y Héctor Capurro) sí cometieron
un tráfico de influencias por parte de los acusados. Por su parte, el juez Juan
Carlos Zárate decidió emitir su voto en disidencia.

Previamente,
el Tribunal  hizo lectura del relato de
la ex fiscala Teresa Rojas, quien declaró que fue amenazada de ser destituída,
en el marco de la causa de la empresa Electrofácil, que tiene a Luis Saguier
como principal acusado y a los abogados Carmelo Caballero y Luis Almada,
defensores de Saguier.

Ambos
tenían contactos con el presidente y secretario del JEM. Se pudo comprobar la
fluida conversación entre Caballero y Fernández Lippmann. Mantuvieron 350
contactos en el lapso de la pesquisa contra Saguier.

Por
una mayoría, el Tribunal condenó a los tres procesados por tráfico de
influencia. El juicio prosigue y aún no se tiene la condena o absolución por
asociación criminal. También está pendiente que se dicte la pena a cada uno. El
tribunal aún no dictaminó sobre lo que atañe a Jorge Oviedo Matto, también
procesado.

Los
fiscales de la causa, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster,
procesaron a Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero
por asociación criminal y tráfico de influencia, mientras que Oviedo Matto fue
imputado solo por tráfico de influencia, en el marco de los audios filtrados
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

A
inicios del juicio oral, los abogados presentaron distintos pedidos, como
excluir como testigo a la periodista Mabel Rehnfeld, también señalaron que los
audios filtrados eran ilegales, por lo que todo el proceso también lo era.

La
Fiscalía solicitó siete años para el ex senador Óscar González Daher por
tráfico de influencia y asociación criminal, además de una inhabilitación de
siete años para ejercer funciones públicas.

El
Ministerio Público pidió para Lippmann seis años y seis meses de cárcel e inhabilitación
para ejercer cargos públicos por seis años y seis meses.

Para
el abogado Carmelo Caballero, la pena referida fue de cuatro años y seis meses
de cárcel, como también una prohibición para ejercer la abogacía por cuatro
años y seis meses por los hechos de tráfico de influencia y asociación
criminal.

Los
jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García llevan
adelante el juicio oral y público, que se realizó luego de dos suspensiones por
el Covid-19.