Se trata de Cornelia Villalba, más conocida como Ña Paulina, quien vive en Paso Saná, al costado de la Subcomisaría 3ra de Cañada San Rafael, camino Luque-Capiatá.

El subjefe de la sede policial, el oficial 1° Luis Garcete, tomó la iniciativa de ayudar con los subalternos a la desamparada mujer para sacar sus cosas y así poder terminar el piso de cemento de su pieza.

La mujer contó a los uniformados que inició sola la construcción de su humilde casa y poco a poco va terminando. No tiene hijos ni pareja y día a día lucha para sobrevivir.

La kuaña mbareté pidió ayuda a las autoridades y a la gente de buen corazón para poder concretar su sueño, mediante la donación de materiales de construcción, de electricidad y sanitario.

Pese a que padece un impedimento en uno de sus manos, la señora Paulina sigue adelante con mucho sacrificio.

Cualquier aporte será de vital importancia para ayudarla en su proyecto

0992 496 817

La empresa que realizaba la tala ilegal es denominada “Casa Propia”, según el informe oficial.

Allí, fue sorprendido un grupo de obreros cortando y destroncando los árboles nativos sin contar con permisos, según informó la directora de Gestión Ambiental, Elena Núñez, quien encabezó la intervención con apoyo de los agentes de la Comisaría 29ª de Tarumandy.

La denuncia que derivó en la intervención fue radicada por vecinos de la zona de Tarumandy, quienes se mostraron preocupados por la tala indiscriminada de árboles en pleno vecindario.

Durante el procedimiento municipal-policial se descubrió que los obreros de la empresa estaban utilizando tractores, camiones y motosierras para cometer el delito ambiental.

La directora ordenó la suspensión de los trabajos hasta tanto presenten las documentaciones o permisos correspondientes para el proyecto en dicho lugar.

El Programa Tekoha del MDS, cuyo enfoque se centra en el proceso de regularización de los territorios sociales, bajo el concepto de la seguridad jurídica, en el marco de la política social de viviendas.

Uno de los componentes de la inversión social con mayor impacto en las familias participantes de la protección y promoción social, constituye la vivienda, como sinónimo de seguridad, pertenencia y acceso a los servicios básicos fundamentales, desde el punto de vista de los derechos humanos y sociales.

En el 2020, un total de 991 familias de 13 departamentos del país accedieron a la seguridad jurídica por la tenencia de sus lotes; sin embargo debido a la pandemia de Covid-19, los números de contratos entregados fueron menores a lo proyectado.

Con este paso el MDS otorga seguridad jurídica por la ocupación del lote y ofrece la oportunidad a las familias de acceder a otros servicios sociales básicos del Estado como vivienda, agua corriente, saneamiento, energía eléctrica formalizada entre otras que hacen un gran impacto en la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Un elemento sustancial que los territorios sociales regularizados brindan a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad es también el acceso a salud, con las Unidades de Salud de la Familia (USF), que gradualmente están siendo habilitadas en dichos territorios por el Gobierno Nacional. FUENTE: Agencia IP.