El fatal percance se produjo, a las 03:30,  en ruta Gral. Higinio Morínigo, a la altura
del km 44,500, en San Bernardino, departamento de Cordillera.

El vehículo siniestrado es un Toyota IST, chapa BYK 804, en el que viajaban cinco jóvenes en total.

Resultaron víctimas fatales: Alejandro Librado Ortiz (24), militar de la Fuerza Aérea; Alex Raúl Paredes Alfonzo (26), Librado Araújo Centurión (48), y Jesús Adrián Martínez Benítez (23), todos residentes en Caacupé.

La única sobreviviente es Ruth Paola Arana Quiñónez, también domiciliada en Caacupé. La joven fue trasladada hasta el Hospital Nacional de Itauguá, en donde permanece internada.

De acuerdo a la Policía, el automóvil circulaba por
la ruta Gral. Higinio Morínigo con dirección a la Ruta N° 2 Mariscal
Estigarribia y su conductor perdió el control en una pronunciada curva.

A raíz de la alta velocidad, sumada a la resbaladiza
capa asfáltica por la lluvia, perdieron la dirección, yendo a chocar contra un
frondoso árbol al costado de la ruta. Los bomberos auxiliaron a los heridos.

Resultó víctima Matilde María Amarilla Báez (18),
quien sufrió lesiones de consideración y fue auxiliada y trasladada al Hospital
de Trauma, informaron agentes de la Comisaría 19 de Asunción.

Según el informe oficial, la joven perdió el control
de su móvil y subió al paseo central, derribando la columna de un semáforo,
porque otro rodado conducido por un menor de edad, lo rozó y a raíz del impacto
perdió la dirección de su vehículo.

La Policía remitió el informe a la Fiscalía,
teniendo en cuenta que el menor no posee licencia de conducir y eso constituye
hecho punible de “peligro en el tránsito terrestre”. Tiene una expectativa de
pena de hasta dos años de cárcel o multa.

Se trata de Matías Gaspar Alcaráz Chávez (19), quien
fue hallado herido de gravedad sobre el pavimento de la avenida Américo Pico,
en Villa Elisa, luego de presuntamente haber intentado asaltar la pizzería “La
Avenida”, ubicada en Américo Pico y Comendador Piccolo, de la citada ciudad de
Central, refiere el informe policial.

Según la Policía, dos hombres llegaron a bordo de
una motocicleta al filo de la medianoche.

El acompañante ingresó al local y con arma de fuego intimó
a la cuñada del propietario que estaba en la entrada, la llevó a la cocina donde
se encontraba el propietario, a quien también apuntó con el arma de fuego.

Sin embargo, el comerciante enfrentó al delincuente
y le aplicó una estocada en el tórax.

El delincuente herido intentó escapar a bordo de la
motocicleta de su cómplice, pero a pocas cuadras cayó al pavimento y fue
abandonado por su socio.

El herido fue derivado en patrullera al Hospital de
Trauma, sin embargo, murió en el trayecto al nosocomio capitalino.

El
allanamiento fue ejecutado por el fiscal antidrogas Eduardo Roig y agentes del
Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Se trata de Bernardino Caballero Otazú, domiciliado
en el lugar del allanamiento, situado en Adrián Jara casi Ibáñez Rojas, en la
divisoria entre Luque, San Lorenzo y Asunción, refiere el informe policial.

En el poder
de Caballero encontraron 20 dosis de cocaína pura y 9 dosis de crac.

Además, los
intervinientes se incautaron de un automóvil, utilizado para el “delivery” de
drogas; la suma de 744 mil guaraníes, y una motocicleta.

Según los
intervinientes, el microtraficante contaba con “una clientela formada”.

La mayoría
son jóvenes y estudiantes de buen pasar económico, según la pesquisa.

Según la
investigación, el fiscal Vera solicitó G. 15 millones a un  hombre detenido por violencia doméstica.

A cambio del
dinero, Vera prometió impunidad. Es decir, no imputaría al denunciado.

Sin embargo,
el hombre lo denunció en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, en
Asunción.

Este jueves
se realizó el procedimiento encubierto con entrega vigilada de la suma de G. 10
millones, como parte de los G. 15 millones solicitados por el fiscal.

El
representante del Ministerio Público recibió el dinero en su propio despacho,
por lo que se procedió a su aprehensión.

En
principio, el fiscal Miguel Vera, quedó con prisión domiciliaria, teniendo en
cuenta que posee fuero.

Luego fue
sumariado y suspendido en sus funciones por la Fiscalía General.

Mientras,
los fiscales intervinientes Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia, presentaron la
imputación contra el agente Miguel Vera y solicitaron su desafuero para avanzar
con la investigación.

Los fiscales
Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada en Delitos
Económicos y Anticorrupción, realizaron el procedimiento encubierto para la
entrega del dinero y aprehensión del fiscal cuando recibió el dinero.

Según los fiscales
intervinientes, Vera solicitó G. 15 millones a un hombre, “investigado” por
violencia familiar por el citado fiscal.

A la par del
sumario y suspensión en el cargo, el fiscal Miguel Vera será investigado
penalmente por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima).

A raíz de esto, se abrió un sumario administrativo y se suspendió en el cargo al representante del Ministerio Público, por ser sospechoso de cohecho pasivo agravado.

El fiscal Vera quedó con arresto domiciliario, apoyado por su fuero como agente del Ministerio Público.

El dinero que fue entragado al fiscal, previamente fue fotocopiado por los agentes de Anticorrupción.

En su propio despacho fue sorprendio y detenido el «representante» del Ministerio Público y de la sociedad.