El comisario principal Jorge Cardozo, subjefe de la Comisaría Primera Central, se negó a informar sobre sospechoso procedimiento, efectuado por sus subalternos en la noche de este sábado sobre la ruta intermunicipal Capitán Insfran que une San Lorenzo con Luque.

Según informaciones preliminares, el padre del chico atropelló la barrera policial anticoronavirus frente al local de Senacsa en la zona de Yberá, y fue perseguido por una patrullera de la comisaría jurisdiccional.

La persecución terminó en Luque, en la zona de Cuarto Barrio, cuando los policías dispararon a matar contra los ocupantes del automóvil. El niño que viajaba en el asiento trasero resultó gravemente herido.

El comisario Cardozo solo atinó a decir que se encontraban en «pleno procedimiento» y se negó a responder las consultas sobre el grave suceso que tiene en el ojo de la tormenta a los uniformados a su cargo por el negligente procedimiento.

El grave hecho fue comunicado a la Fiscalía de San Lorenzo, a cargo de la fiscal de turno Ana Girala. Además, se convocó a los peritos de Criminalística de la Policía Nacional para leventar evidencias del lugar del hecho.

Agentes de la Comisaría jurisdiccional de la Comisaría 3ra de Luque también acudieron al lugar para interiorizarse del procedimiento efectuado por sus colegas de San Lorenzo. La investigación determinará lo ocurrido en el espinoso caso.

Según el
informe policial de la Comisaría 3ª de Central, el percance se produjo,
alrededor de las 13:00, de este sábado en las calles 14 de Mayo y Moisés
Bertoni.

El
extranjero se encontraba a bordo de una motocicleta Star, modelo 125 cc, color
rojo y chapa 269 BAE, cuando fue atropellado un colectivo de la empresa 25 de
Junio, con matrícula ATS 534, al mando de Michel Ariel Giménez Díaz, de 29 años,
domiciliado en la compañía Itapuamí, Luque.

Tras el
choque, el motociclista quedó debajo del colectivo y tuvo que ser rescatado por
los bomberos de la Cuarta Compañía, con ayuda de los vecinos y curiosos.

El uruguayo
fue rescatado y derivado al Hospital General de Luque (HGL), en donde se confirmó
que solo sufrió lesiones leves, según informó el comisario Feliciano Ferreira,
subjefe de la Comisaría 3ª Central.

“La víctima
estuvo por varios minutos atrapado debajo del ómnibus. Nadie creyó que saldría
vivo de allí”, comentó una vendedora.

El percance
se produjo, alrededor de las 06:30, en la ruta intermunicipal Las Residentas y
la intercepción Segundo Riquelme, camino Luque-Areguá, informó el comisario
Feliciano Ferreira, subjefe de la Comisaría 3ª de Luque.

Según el
informe policial, el motociclista Víctor Cabañas y el camión tumba, con chapa
BHR 333, al mando de Arnaldo Gamarra Orrego (56), circulaban por la ruta Las
Residentas de Areguá al centro de Luque.

Sin embargo,
el conductor del camión al girar para entrar a un local de venta de materiales
de construcción para, fue embestido por la motocicleta.

A raíz del
violento impacto, el joven salió despedido de su motocicleta, cayendo al suelo
herido de muerte.

Se convocó
al fiscal de turno, médico forense y a los peritos de Criminalística para el
procedimiento de rigor de levantamiento de cadáver y entrega del cuerpo a los
familiares.

La causa del
fatal accidente será investigada con mayor profundidad por parte de la Fiscalía
y la Policía. El conductor del camión tumba fue privado de su libertad por
disposición fiscal.

La semana
pasada, la jueza Penal de Garantías de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti,
decretó la prisión preventiva del presunto autor de lesión grave con arma de
fuego (tentativa de feminicidio), quien fue  imputado por la Fiscalía.

En
principio, la magistrada ordenó que el presunto autor del intento de
feminicidio de su propia esposa, deberá guardar prisión preventiva por diez
días en el calabozo de la Comisaría 3ra de Luque, y luego será remitido a la
cárcel, mientras avanza la investigación.

Precisamente,
este viernes se cumplieron los diez días de arresto en la dependencia policial
luqueña, y el mecánico aún no fue trasladado al Departamento Judiciales de la
Policía, en Asunción, para ser remitido a la cárcel.

Consultado
al respecto, el comisario López señaló que cuenta con unos 20 presos en la sede
policial y está esperando el “Ok” de Judiciales para remitir a los imputados
por varios casos. “Uno de ellos detenido por homicidio hace dos meses que está
a nuestro cargo. Es difícil esta situación por qué ya no sabemos cómo
alimentarlos y hay que cuidar la aglomeración en las celdas”, sostuvo.

También le trasladamos la queja de los familiares de la víctima al jefe policial acerca del supuesto privilegio que estaría gozando el mecánico en la sede de la comisaría, en donde se le pudo fotografiar paseándose por el patio interno sin la esposas de seguridad correspondiente.

En ese
sentido, el comisario López negó que el detenido cuente con privilegios,
alegando que le suelen sacar en el patio a raíz de la presión alta que padece,
además de tratar de evitar la aglomeración en las celdas. “Lo único que quiero
es trasladarlos a Judiciales”, indicó.

LUCHA POR SU VIDA

La víctima
del mortífero ataque de su pareja se debate entre la vida y la muerte en un
centro asistencial a raíz de la herida de bala que acusó en el estómago.

Uno de sus
hijos informó que su madre sigue internada y su estado de salud es grave. “Luego
de algunos días del ataque presentó una leve mejoría, pero esta semana volvió a
empeorar, explicó el joven.

Agregó: “Hoy me dieron el informe médico de mi madre, volvió a entrar en zona de riesgo. Está delicada y luchando por su vida de nuevo. Por ende, su estado de salud es delicado”, dijo.

El asalto se
produjo en el predio de la estación de servicio Petropar, ubicada sobre Ruta PY02
Mcal. Estigarribia y Corrales, Zona Sur de Fernando de la Mora.

El único
aprehendido resultó ser Mariano Ezequiel Amarilla Morínigo, de 26 años, domiciliado
en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita), de la Ciudad de Asunción.

Resultó
herido el playero Víctor Ramón Cáceres Salinas, de 39 años, domiciliado en la ciudad
de Ypacarai, quien acusó un impacto de bala a la altura del muslo, lado derecho,
y tuvo que ser auxiliado y hospitalizado.

Tras el
suceso, la Policía reaccionó logrando detener a uno de los sospechosos, de cuyo
poder se incautaron un arma de fuego, calibre 32 mm, niquelado con mando de
plástico, color negro, marca Doberman, con seis ( 6) cartuchos en su alveolo
dos percutidos.

La Policía
también se incautó una motocicleta, tipo cobrador, chasis ilegible, con una
chapa acrílica N° 565-BBL, además de una cartera colgante color negro que
contenía en su interior una billetera de cuero larga, que contenía dinero en
efectivo (G. 36.000 en billetes de 2 mil), ( G. 35.000 mil en billetes de 5
mil), (1 billete de 10.000 mil guaraníes), otra billetera que contenía
documentos varios y un aparato celular marca BLU color negro.

El violento
caso y la detención de uno de los supuestos autores fue comunicado a la
Fiscalía.

Los
procesados hasta el momento son Julia Brítez Paredes (27), Víctor Hugo Cañete
(33), Nilda Ramona Rivas (40), Cristina Rosalía López (33) y Martín Leonardo
Riveros (36). La investigación es por  cobro indebido del programa Pytyvõ.

Los hechos
punibles investigados son: adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración
falsa y estafa, es decir, delitos contra el orden económico y tributario,
contra las relaciones jurídicas y contra el patrimonio.

Según la
pesquisa fiscal, Julia Brítez se desempeña como asistente en la Gobernación de
Guairá, Víctor Cañete es operario de la planta frigorífica Neuland Ltda; Nilda
Ramona Rivas es empleada de la empresa Mendelzon Libster, Cristina López figura
como auxiliar de RRHH en la Municipalidad de Asunción y Martín Riveros, titular
de la Junta Municipal del Municipio de María Antonia, Paraguarí.

REQUISITOS

Los
requisitos para acceder al programa Pytyvo son: tener 18 años de edad, ser de
nacionalidad paraguaya, fijar domicilio en el territorio paraguayo, completar
el formulario con carácter de declaración jurada, no cotizar, ni ser jubilado o
pensionado de ninguna entidad pública o privada de jubilaciones y pensiones, no
ser contribuyente del IRP y no percibir ingresos provenientes del sector
público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún
programa de asistencia social del Estado.