Tacumbú
es el centro penitenciario con mayor cantidad de egresos con 920 PPL que
recuperaron la libertad, le siguen el Centro de Rehabilitación Social (CERESO)
con 573, la Penitenciaría Regional de Emboscada con 561 y la Penitenciaría
Padre Juan Antonio De la Vega de Emboscada con 498 egresos.

Los
centros con menor cantidad de salidas fueron la Granja penitenciaria “Itá Porá”
con 11, el Centro Penitenciario para Mujeres “Serafina Dávalos” con 22, la
Granja penitenciaria “Ko’e Pyahú” y el Centro Penitenciario para Mujeres con
régimen de semilibertad “Hogar Nueva Oportunidad” con 26.

En
relación a la situación procesal de las personas privadas de libertad que
egresaron del sistema penitenciario, se registró que 3718 contaban con medidas
preventivas y 1501 pertenecen al grupo de condenados.

Disminución
de adolescentes en conflicto con la Ley Penal

El
Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) también
registró una disminución en todos los centros educativos dependientes del
Ministerio de Justicia.

En
marzo del presente año la población total era de 278 adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, hoy la cantidad que se encuentran en contexto de encierro es
de 185 según el informe del (SENAAI). https://bit.ly/2L41g6t

Se trata de Roberto Javier Meza Ruiz, de 25 años, quien fue detenido por la orden de captura dictada en su contra por abuso sexual en niños.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 46 de Isla Bogado, Luque.

El sospechoso fue localizado en la zona conocida como Cable Güy, de la referida compañía luqueña.

Según los antecedentes, Meza Ruiz supuestamente asaltó a varios taxistas. Se hacía pasar por clientes y luego perpetraba sus golpes.

Ante la inacción fiscal y policial, los propios taxistas ubicaron y atraparon al delincuente, pero fue rescatado por una turba en la zona de Cable Güy, Luque.

Sin embargo, este martes la Policía lo capturó por la orden de captura dictada en su contra.

Los trabajadores del volante enterados del procedimiento, acudieron a la Comisaría y esta mañana a la Fiscalía para reclamar que el joven sea procesado y enviado a prisión.

Explicaron que existen varias denuncias en distintas comisarías de Luque contra Roberto Javier Meza Ruiz.

Desde tempranas horas los taxistas se instalaron frente al Ministerio Público de Luque para escrachar al detenido y exigir celeridad en el proceso judicial.

El detenido llegó a la Fisalía en un vehículo particular con custodia policial, pero ingresaron dentro del estacionamiento de la sede fiscal para evitar la reacción y posible agresión por parte de los taxistas.

El
presunto “asaltataxistas” fue detenido en la tarde de este martes en la zona de
Cable Güy, jurisdicción de Isla Bogado, Luque.

Meza
Ruiz contaba con orden de captura por supuesto abuso sexual en niños, informó
la Comisaría 46ª Central.

El
joven fue capturado por los taxistas tras cometer una seguidilla de asaltos
contra los trabajadores del volante, pero una turba lo rescató.

El
sospechoso además contaba con arresto domiciliario por otro hecho de robo
agravado, según el informe policial.

 García explicó a Luque Noticias que tras ser
detenido el sospecho, acudieron hasta la sede policial en Isla Bogado para
interiorizarse del procedimiento.

Allí
les informaron que el detenido será trasladado en la mañana de este miércoles a
la sede fiscal, en Cuarto Barrio, por lo que decidieron realizar una
manifestación para exigir al Ministerio Público y al Juzgado el encierro del
peligroso delincuente, que tuvo en vilo a los taxistas.

Su
modus operandi era hacerse pasar como clientes, pero luego asaltaban a los
conductores de taxi. Cometió varios robos agravados, según denuncias que obran
en diferentes comisarías de Luque.

Meza
Ruiz contaba con una orden de captura, según 
oficio Nº  630, de fecha
17/08/2020, causa Nro. 6847/ 2029 caratulada “S/H/P ABUSO SEXUAL EN NIÑOS”,
firmada  por la fiscal de Luque, Sandra
Ledesma.

Según
el informe policial, el joven también contaba con arresto domiciliario N° 2383,
de fecha 29/08/12, sobre S/H/P de  robo
agravado, firmado por el Juez Penal de Garantías, de Luque, Alberto Sosa.

Tras
la captura Roberto Javier Meza Ruiz, de 25 años, se procedió a comunicar a los
juzgados que atienden las causas y a la fiscal Sandra Ledesma.

Roberto
Meza tuvo un “encontronazo” con los taxistas luqueños, quienes lo identificaron
por varios asaltos a los trabajadores del volante.

Luego
lo ubicaron precisamente en la zona de Isla Bogado, en donde le garrotearon e
intentaron atraparlo para luego entregar a la Policía.

Sin
embargo, los vecinos del sospecho reaccionaron contra los taxistas,
produciéndose una batalla campal. El joven aprovechó el momento para escapar,
pero finalmente este martes fue detenido por patrulleros de la Comisaría 46ª de
Isla Bogado.

Las evidencias señalan que niños, hijos de miembros del grupo, nacieron en los campamentos clandestinos y pasaron a la Argentina donde eran criados por familiares. De allí regresaron a la zona norte del país para recibir adiestramiento e integrar el grupo criminal autodenominado EPP.

En
algunos de los videos divulgados se observa a menores presentes mientras
adultos preparan bombas caseras a ser utilizadas contra las fuerzas de
seguridad, entre otras actividades.

Liberación
de menores de edad

Las
autoridades informaron que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) está realizando en
estos momentos una campaña de sensibilización en la zona, y se prevé arrojar
panfletos en la zona de influencia del EPP donde se inste a la liberación de
los menores para su protección bajo el Estado.

El
comandante de la FTC, Oscar Chamorro, afirmó que se harán todos los esfuerzos
“para que no vuelvan a haber menores víctimas en enfrentamientos”. El pasado 2
de setiembre ocurrió un tiroteo entre fuerzas de seguridad al llegar a un
campamento del grupo criminal donde fallecieron dos menores de edad.

Ambas
niñas aparecen en algunos de los videos divulgados sobre las actividades en los
campamentos del grupo criminal y sus nombres figuran en los cuadernos de
guardia en los campamentos del autodenominado EPP.

“A
estos menores se les ofrecerán las garantías necesarias para que se retiren del
campamento y se les velará por sus derechos. Esto hemos comunicado a Laura
Villalba (detenida el 23 de diciembre) y a otros miembros del grupo criminal ya
detenidos”, manifestó el jefe Antisecuestros de la Policía, Nimio Cardozo.

Las
autoridades presentes expresaron su repudio por la utilización de menores “para
realizar actos de tipo terrorista” y señalaron el compromiso de velar por la
protección de los mismos.

El
canciller nacional, Federico González, presente en la conferencia, indicó que
las evidencias presentadas serán derivadas a organismos internacionales que
solicitaron información sobre el actuar del Estado tras el enfrentamiento de
inicios de setiembre.

Cooperación
con Argentina

Las
evidencias incautadas en las últimas intervenciones contra el grupo armado
señalan que los menores de edad son trasladados a la Argentina por mujeres
vinculadas familiarmente al EPP que los inscribían como sus hijos.

Los
mismos, se comprobó, cuentan con documentos de identidad de Argentina de
contenido falso. El comisario Nimio Cardozo señaló que se está cooperando con
autoridades de dicho país para la trazabilidad sobre la expedición de los
documentos.

El
fiscal Antisecuestro, Federico Delfino, señaló que no se puede estimar la
cantidad exacta de niños dentro de las fuerzas del EPP, dada esta situación de
salida y reingreso al país.

A
determinada edad, entre los 11 o 12 años, los menores vuelven a ingresar al
Paraguay por periodos para su entrenamiento en actividades terroristas.

“Sabemos de la presencia de menores, de niños nacidos en los campamentos; van a la Argentina y regresan al Paraguay, tenemos evidencias de su entrenamiento para ser combatientes. Hemos informado a todos los organismos encargados de proteger a la niñez sobre la presencia de menores dentro del grupo criminal”, resumió. FUENTE: Agencia IP.

El operativo fue encabezado por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia, según los primeros datos.

El propio fiscal interviniente confirmó a Luque Noticias sobre el operativo en la Fiscalía de Luque.

Explicó que se trató de una entrega vigilada del dinero solicitado por el asistente fiscal para levantar una orden de detención contra un procesado por apropiación.

Agregó que la denuncia se realizó el 23 de diciembre pasado y el accionante tenía tiempo hasta ayer martes para entregar el dinero y así lograr el levantamiento de su causa.

Sin embargo, a través de su abogado decidió presentar la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, de Asunción.

El detenido, Diego Alejandro Correa Domínguez, es asistente fiscal de la Unidad N° 4, a cargo de la fiscal Sandra Ledesma.

Luque Noticias también conversó con la fiscal Ledesma, quien se mostró sorprendida por la detención de su funcionario.

Dijo que desconocía sobre el operativo a cargo del fiscal Arzamendia.