Carlos Echeverría fue imputado por el fiscal Jorge Escobar tras el trágico accidente en el que murieron una madre y su joven hija luego de ser arrastradas por un raudal. La falta de vallados de seguridad hizo que su vehículo cayera a un arroyo el mes pasado.

El abogado defensor del intendente, José Valenzuela, señaló que todavía no se tiene el informe de la pericia y que están a la espera de eso, ya que podría arrojar claridad con respecto a las responsabilidades, mientras cuestiona la caratula de homicidio culposo, que es lo que más los aqueja.

“No soy el responsable”

El intendente Echeverría sostuvo que la imputación no corresponde porque no fue responsable de la muerte de las dos mujeres, sino que, por el contrario, el conductor fue el responsable y primó la imprudencia.

El fiscal Jorge Escobar imputó al intendente por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, tras la muerte de Sara Benítez, de 48 años, y su hija, Nilda Luján Barrios Benítez, de 19 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, se comprobaron deficiencias en el sistema de seguridad en la zona, ya que no había señalización de advertencia de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, así como barreras eficaces contra raudales.

Para la Fiscalía, Echeverría “sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan”.

Los agentes del Grupo Lince y las mujeres se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota, modelo Premio, el pasado 24 de abril, cuando cayó un temporal y se formaron raudales en su trayecto, en las calles Francisco Solano López y Curupayty, pero la fuerte correntada de agua arrastró el automóvil hasta el arroyo San Juan.

Los uniformados pudieron salir, pero no lograron rescatar a las dos mujeres. Los cadáveres fueron encontrados horas después en el cauce hídrico.

Los cuestionamientos hacia las gestiones del intendente Echeverría empezaron a aumentar debido a que en el tramo no hay vallas de seguridad, a pesar de que el peligro estuvo siempre latente.

Apenas había un pasamanos precario que los propios vecinos habían colocado hace décadas, pero que no era suficiente para evitar que los vehículos caigan al arroyo.

Las mujeres se dirigían a la Secretaría Nacional de Deportes para participar de la ceremonia de egreso de un familiar que forma parte del Grupo Lince, Brahian Gómez, quien pudo salvarse en el accidente junto con dos compañeros.

El citado agente también fue imputado por el fiscal Escobar a raíz de que no contaba con licencia de conducir, por lo tanto no estaba habilitado para conducir un automóvil, cometiendo el hecho punible de “exposición al peligro en el tránsito terrestre”. Fuente: ÚH.

Resultó víctima Ernesto David Cáceres Giménez, de 21 años, empleado, vecino de las calles José Martí casi De Las Residentas, de la referida compañía de Ycuá Duré.

Surge como presunto autor Juan Manuel Giménez, un consumidor de drogas, quien estuvo ofreciendo la moto en la compañía Marambiuré, de Luque.

La motocicleta hurtada es una Motostar, modelo SK-CG, 150cc, color rojo, año 2021, y chapa 906 AALS.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª Central. El hecho fue comunicado a la Fiscalía. La moto aún no fue recuperada y  el presunto autor no fue detenido hasta el momento.

Las nuevas fechas fijadas son el próximo 28 de mayo y el viernes 31. La resolución judicial fue dictada por los jueces Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás, tras hacer lugar a la reposición de una apelación en subsidio interpuesto por el abogado defensor, Claudio Lovera.

Según refiere la recusación de la defensa de González Chaves, su defendido no fue notificado dentro del plazo mínimo de diez días a partir de la notificación de la convocatoria a audiencias orales y públicas.

Al momento de la valoración del recurso, el Tribunal coincidió en que Lovera cumplió con el plazo previsto para la reposición y apelación en subsidio, cumpliéndose así los criterios de admisibilidad.

También concluyen que al reconocer la complejidad de la causa y por el volumen de copias que se precisa, sumado a que existen feriados dentro de los días hábiles, se fija como nueva fecha el martes 28 de mayo y el viernes 31 de ese mismo mes, y los siguientes días de acuerdo a la transición del juicio.

Antecedentes. En febrero del 2022, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

González Chaves fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero se confirmó su muerte tiempo después. En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

En lo que respecta al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión seis años y un mes, de los 8 a los que fue sentenciado.

González Chaves presentó su renuncia a concejal en febrero, cuando la Corte confirmó su inhabilitación. Fuente: ÚH.

Agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos, con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incautaron una carga de cocaína que estaba dentro de paquetes de almidón.

Según los datos, la carga de droga tenía como destino Europa fue trasladada hasta la base de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), en Asunción.

Finalmente, en la siesta de este lunes el representante del Ministerio Público presentó imputación contra Echeverría por los citados hechos punibles. El acta de imputación fue presentada a la jueza Penal de Garantías N°2 de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti.

El procesamiento del intendente se dio luego del allanamiento en la Dirección de Obras de la Municipalidad en busca de documentos con relación a la construcción o instalación del vallado de protección en las calles Mariscal López y Curupayty, en donde cayó el vehículo conducido por el agente del Grupo Lince, Brahian Gómez.

Allí, fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Barrios (20), tía y prima del uniformado.

Ambas mujeres y el auto fueron arrastrados por el raudal momentos en que intentaron cruzar el puente en las inmediaciones del Club Balderrama.

Una intensa lluvia registrada en la madrugada del miércoles pasado provocó un gran raudal que se llevó el auto hasta el cauce del arroyo San Juan.

El cuerpo de la joven fue localizada a metros del lugar junto con el auto del policía, mientras el cadáver de la mujer fue encontrado a unos 500 metros, de donde cayeron a la zanja.

En tanto, el conductor y otros dos compañeros salieron ilesos. El trágico suceso ocurrió cuando se dirigían a Asunción para el acto de egresos de los linces.

Tras la imputación del intendente, el fiscal no descarta el procesamiento del conductor del automóvil, quien no contaba con licencia de conducir, según Opaci.

Además, se investiga la conducta del director de Obras de la Municipalidad de Luque, el Arq. Adrián González, quien también tendría responsabilidad en el hecho y sería igualmente procesado.

Según los antecedentes, el trágico suceso ocurrió en la madrugada del miércoles pasado.

A partir de allí el intendente Carlos Echeverría se escondió al menos dos días.

Luego, el jefe Comunal apareció y quiso culpar a “lo sobrenatural”.

La Fiscalía peritó el sábado el precario vallado, construido por los vecinos.

Este lunes allanó la Municipalidad para incautar documentos con relación a la baranda de protección.

Y, finalmente, formuló imputación contra el intendente por los hechos punibles de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo”. El acta de imputación fue presentada a la jueza Penal de Garantías N°2 de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti.

El pasajero fue identificado como Guillermo Bortolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina, quien dijo ser ejecutivo de una empresa y que había recibido una invitación para unos festejos en Paraguay. El extranjero quedó privado de su libertad en la Comisaría 3ª de Luque.

La alerta se registró pasadas las 15:00 de este domingo, luego de que un pasajero señalara que tenía una bomba en su equipaje de mano mientras su avión ya estaba en la pista del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Inmediatamente se activó un protocolo de seguridad y el pasajero fue detenido, mientras se procedió a la descarga de las maletas y una hora después a la evacuación de los pasajeros del avión de la firma “JetSmart”.

El Airbus A320-232 tenía como destino la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y estaba a punto de despegar cuando se registró la amenaza, indicaron desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Explosivistas de la Policía Nacional tuvieron que inspeccionar la aeronave, mientras que otros vuelos también se vieron afectados por la situación.

El director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, finalmente informó que se levantó la alerta luego de que se descartara la presencia de bombas en el avión. Fue una falsa alarma, indicaron los intervinientes.

El comisario principal Miguel Fernández estuvo a cargo del procedimiento.