La denuncia fue radicada por Miguel Ángel Marecos Medina, de 27 años, chapista, domiciliado en Maka’í, Luque.
Según el parte policial, el hurto de vehículo ocurrió sobre las calles Del Carmen y Pirysyry.
El joven explicó a la Policía que dejó estacionado su vehículo estacionado en la citada dirección mientras se encontraba trabajando y al salir ya no encontró la furgoneta Toyota, cuyos documentos también se encontraban en el interior del vehículo.
Los sospechosos colombianos fueron llevados en horas de la mañana hasta la sede de Ministerio Público, a cargo de la fiscal Sandra Ledesma. Se presume que ellos habrían ingresado vía terrestre desde el Brasil, obviando los trámites de entada al país y no contaban con resultados de hisopado del país proveniente, explicó el comisario Felicianon Ferreira, subjefe de la Comisaría 3ra de Luque.
El comisario Feliciano Ferreira afirmó que los hinchas incurrieron en perturbación a la paz pública, se los pidió salir del lugar y media hora después fueron alertados nuevamente sobre robos que estaban realizando en la estación de servicios Petrobrás.
Los detenidos
aseguraron en comunicación con NPY que ellos no causaron destrozos ni hurtaron
bebidas alcohólicas.
Uno de ellos
explicó que aprovecharon el viaje para conocer las cataratas de Yguazú en el
Brasil y que además de alentar a su club esperan realizar turismo. Aseguró que
durante todo el trayecto nadie les pidió documentación alguna.
Por su parte, el Ministerio Público deberá determinar si los extranjeros son imputados por algún tipo de hecho punible. No obstante, los colombianos también se exponen a la expulsión por haber violado los trámites migratorios.
El club América de Cali se enfrentará este martes a Cerro Porteño en Asunción por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Fuente ÚH.
El hombre se encuentra con paradero desconocido desde el martes 18 de mayo y llevaba puesto una campera marrón, un pantalón azul marino y portaba una mochila marrón.
Para dicho efecto, se realizó una reunión entre el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Félix Masao Kanazawa Makino; y la directora general del Sistema 911 del Ministerio del Interior, Liliana Díaz Garay; entre otras autoridades.
La reunión
fue en prosecución y respuesta al acuerdo mantenido -días atrás- entre el
ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio Benítez, y el titular de la DINAC, Félix
Kanazawa, de trazar una alianza estratégica en el marco de la cooperación entre
las instituciones involucradas en el referido proyecto.
Resultó víctima fatal Victoriana Acosta de Lesme, de 74 años, quien falleció en forma casi instantánea en plena ruta.
La
motocicleta involucrada en el percance fatal estaba al mando de Andrés Beyby Vilcen,
quien fue aprehendido por la Policía.
Según los
datos primarios, la septuagenaria habría intentado cruzar la ruta sin tomar las
debidas precauciones y fue embestida por el motociclista que circulaba en el
carril Capital-Interior.
Acudieron agentes de la Patrulla Caminera y los bomberos, pero a raíz del fallecimiento de la mujer de la tercera edad, la Policía local convocó a Criminalística, Fiscalía y médico forense para el procedimiento de rigor.
El percance fatal ocurrió, alrededor de las 08:50, según el informa de la Comisaría 8ª Central.
El único
detenido fue identificado como Juan
Carlos Cabezudo Cuevas, quien sería el responsable de los cultivos en ambos
lugares. Fueron hallados
macetas, espigas de la hierba, balanzas de precisión y frascos con pequeñas
dosis de aceite de cannabis.
Informaciones
de la SENAD, dan cuenta de la existencia de inmuebles que estarían siendo
utilizados para el cultivo de sustancias estupefacientes, específicamente
plantaciones de marihuana, para desarrollar el cultivo de cannabis con
supuestos fines medicinales, y en donde se estaría elaborando y posteriormente
comercializando el aceite cannábico, presentado bajo la marca denominada
“Kokuesero”, el cual se comercializa entre 150 mil y 250 mil guaraníes,
dependiendo de la cantidad.
En tal
sentido, los responsables estarían realizando sus actividades ilícitas bajo la
denominación de una empresa denominada HUERTA MADRE, con RUC N° 80105751-5,
conocido también como “GRANJA MADRE”, que NO cuenta con autorización por parte
de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), como tampoco cumple con los
requisitos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria – DINAVISA, del
Ministerio de Salud Pública.
La
mencionada empresa declara como actividad económica principal “Comercio al por
mayor de productos agrícolas a cambio de una retribución”, pero que en realidad
estaría transgrediendo normativas de la ley de drogas relacionadas al cultivo
ilícito de marihuana, pues independientemente de que el objeto de la misma sea
la supuesta elaboración del aceite de cannabis, dicha actividad sigue siendo
ilícita, ya que para tal efecto existen disposiciones normativas al respecto
que indican los procedimientos correspondientes.
Con respecto
al producto que estarían comercializando, el mencionado aceite cannábico
estaría siendo elaborado sin las medidas técnicas ni las prescripciones
científicas que corresponden, sin protocolos ni procedimientos estándares, que
se encuentran debidamente reglamentadas, y por otro lado, el contenido del
mismo tendría altos valores de THC, los cuales representarían índices no
permitidos para el ámbito de la salud.
Desde la promulgación de la Ley N° 6007 «QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS«, nuestro país apunta a la elaboración y provisión de medicina derivada del cannabis bajo protocolos científicamente aprobados, que garanticen la inocuidad y calidad de los productos en beneficio de la ciudadanía en general. Por tal motivo, es inconcebible permitir la elaboración de cualquier tipo de medicamento o derivados de cannabis de manera irregular, sin el debido control y aval de los órganos establecidos, de acuerdo a las normativas vigentes.
Actualmente existen 12 empresas que cuentan con licencia de acuerdo a lo establecido en la ley. El órgano de aplicación de dicha normativa es el Ministerio de Salud Pública, a través de DINAVISA. Por su parte, la SENAD se encarga de la fiscalización y la lucha contra la producción ilícita de drogas.