El procedimiento policial se realizó sobre la calle Carlos Antonio López, a cuadras del Estadio donde se disputa el partido entre los clubes de fútbol Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano, que terminó igualado 1-1 (global 4 a 3 a favor de Ameliano).

APREHENDIDOS:

1)-    ALEX RAMON FLEITAS PAEZ, paraguayo, soltero de 19 años de edad, domiciliado en la ciudad de Luque.

2)-    OSCAR MAURICIO INSFRAN GALEANO, paraguayo, soltero de 20 años de edad, domiciliado en la ciudad de Luque.

3)-    EZEQUIEL JULIAN IBAÑEZ MIRANDA, paraguayo, soltero de 19 años de edad, domiciliado en la ciudad de Luque.

4)-    DARWIND DAVALOS, paraguayo, soltero de 19 años de edad, domiciliado en la Ciudad de Luque.

EVIDENCIAS INCAUTADAS:

1)-    Una Camioneta de la marca Mitsubishi, modelo Pajero, color Blanco/Plata, con Matricula N° BCP884.

2)-    Un arma de fuego, tipo revolver, marca Taurus, procedencia brasilera, empavonado negro, con serie N° 0117592. Siete cartuchos, seis en el alveolo y uno de reserva.

3)-    Una bolsa de polietileno con marihuana.

4)-    18 (dieciocho) pastillas sonmíferas.

5-      Un frasco lleno de contenido presumiblemente crac.

El comisario principal Alcides Cantero, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de Asunción, informó que catearon a los ocupantes de una camioneta Mitsubishi, modelo Pajero, que se encontraban realizando disparos de arma de fuego, por lo que procedieron a interceptar el rodado.

Agregó que la camioneta se encontraba acompañando la caravana de los hinchas del club, que partió desde el Comité Olímpico de la zona de Luque.

Asimismo, explicó que lograron apartar a la camioneta para revisar el interior y ahí lograron dar con un arma de fuego, cocaína, marihuana, crac y pastillas somníferas, además de dinero en efectivo y celulares.

El jefe policial destacó que unos 200 agentes participaron de los controles realizados en torno al encuentro deportivo, con el objetivo de requisar y evitar cualquier tipo de incidentes, atendiendo las amenazas de hechos violentos por parte de los hinchas de Luqueño, según informó C9N.

Por su parte, el Crio. Princ. Jorge Piñanez, titular de la Comisaría 3ra de Luque, informó este domingo que mediante la buena planificación del operativo se pudo evitar el descontrol e incidentes en la previa y posterior al partido Luqueño – Ameliano.

Luego del partido que desencadenó en el descenso de Luqueño, se reportaron algunos incidentes entre barrabravas y la Policía, pero afortunadamente no pasó a mayores, según algunos videos que fueron compartidos en las redes sociales.

El curso, que es requisito indispensable para ser agente policial del Grupo Lince, tiene una duración total de cuatro meses de exigente entrenamiento y cuenta con un proceso académico integral, en cuyas modalidades abordan tanto lo táctico, lo teórico, lo práctico, lo físico y las destrezas.

El estricto plantel de instructores del COEM vigorizan no sólo el cuerpo, la mente y el espíritu de los cursantes, sino que también los hacen analizar procedimientos reales, haciéndolos debatir según las circunstancias y el actuar más prudente.

Con el apoyo incondicional de los Superiores, familiares, camaradas e instructores, este grupo de jóvenes Suboficiales próximamente vestirán el uniforme del Grupo Lince, cuyo principal objetivo será fortalecer la Seguridad Ciudadana.

Finalmente, el Tribunal Especializado, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, concluyó que tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo son culpables de los delitos por los que se los acusa, conforme el Código Penal Paraguayo.

Como fundamentos o justificaciones, en el juicio se han valorado contratos celebrados por el acusado Ramón González Daher, además de las evidencias descritas por la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la magistrada Claudia Criscioni.

Asimismo, el Tribunal aseguró que tiene la certeza de que unas 156 personas ingresaron cheques en las cuentas de Ramón González Daher, así como también se ha probado la participación como coautor de González Karjallo, quien actuaba como testaferro.

En ese sentido, Criscioni indicó que la causa se corresponde con el hecho punible contra el patrimonio de las 156 personas afectadas, que se encuentran en las carpetas fiscales, por lo que fueron 156 violaciones de la ley.

Con relación a las denuncias y mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero librado, el monto final que no puede ser justificado por Ramón González es de G. 1.194.134.445.361, de operaciones que se realizaron entre 2014 a 2019.

No obstante, el Tribunal no solo consideró el perjuicio patrimonial de las víctimas, sino también el daño sicológico ocasionado a las mismas, el tiempo que perdieron en el proceso, las calumnias por las cuales atravesaron y todo lo que han padecido a causa del clan González Daher.

Tanto el Ministerio Públco como los abogados querellantes, Patricia Doria y Carlos Arévalos Girett, solicitaron la pena máxima de 15 años de prisión para el ex dirigente deportivo, mientras que para su hijo pidieron la condena de 7 años y 5 meses de cárcel.

La abogada Doria también solicitó la investigación a la esposa del empresario luqueño, Delcia Karjallo de González, siendo ella parte activa de las cuentas bancarias de los acusados y teniendo conocimiento de todos los movimientos bancarios.

Por su parte, la defensa de Ramón González Daher, hermano del ex senador fallecido Óscar González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, pidió que los mismos sean absueltos en el proceso abierto por usura y lavado de dinero.

Durante el juicio, que concluyó este viernes, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.

El fiscal Omar Legal, quien estuvo a cargo del caso, también sostuvo que González Daher, posterior a obtener garantías de pagos por parte de sus víctimas, años siguientes los agobiaba, los perseguía, los hostigaba y sofocaba, hasta obtener mayores beneficios a los ya obtenidos.

Según la Fiscalía, durante el juicio quedó acreditado que la fortuna amasada por Ramón González Daher y su hijo “provinieron de los préstamos que otorgaron y no de la renta de inmuebles”, tal como lo declaraban ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y las entidades bancarias donde contaba con cuentas corrientes. FUENTE: ÚH.

Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.

Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.

Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.

EL CASO

Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.

La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro  de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.

El fallecido fue identificado como Alcides Antonio Martínez Duarte, de 22 años, domiciliado en la compañía Isla Bogado, Luque.

Según el informe policial de la Comisaría 3ª Central, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Leopard, modelo MD 125, de color bordó, año 2008, con chapa 549 BBJ.

Los primeros datos levantados del lugar indican que el motociclista aparentemente perdió el control de su biciclo y fue a impactar contra una columna, ubicada en la vereda de las calles Campos Vía y Guillermo Leoz, a cuadras de la Municipalidad de Luque.

Acudieron bomberos voluntarios a cargo del capitán Alex Benítez, quien alertó a la Policía que el accidentado ya se encontraba sin signos de vida, por lo que se procedió a convocar a la Fiscalía, médico forense del Ministerio Público, y a los peritos de Criminalística de la Policía Nacional.

Una vez terminado el procedimiento, el cuerpo fue entregado a los familiares del infortunado joven. Los intervinientes indicaron que, a través de circuitos cerrados, intentarán conocer la causa del accidente que derivó en la muerte del joven motociclista.

Un grupo armado ingresó este lunes a un establecimiento (Agroganadera Guyrá Campana), en el departamento de San Pedro. Inicialmente fueron abordados algunos empleados, pero luego fueron liberados casi todos.  La víctima es Pedro Reimer, colono menonita, de profesión electricista.

El fiscal Lorenzo Lezcano confirmó que no se ha solicitado pago de dinero en efectivo, los autores solicitan que se realice entrega de víveres a varias comunidades, entre ellas a la Chacarita.

Prosigue la investigación indicó el agente fiscal, «los captores dejaron un panfleto y no se descarta que sea un brazo armado del EPP, pero estamos en la investigación del caso», indicó.