Según la accionante, Dahiana Zelaya, su ex pareja se comprometió a pasar a su hijo en forma mensual la suma de G. 548.000, pero hace casi 3 años que no deposita la mensualidad.

Sin embargo, tuvo que denunciar su ex esposo en el año 2019 por incumplimiento del deber legal alimentario.

La denuncia es investigada por la Fiscal Sandra Ledesma, quien en el transcurso de la pesquisa había ordenado la captura del irresponsable padre.

El procesado pudo levantar la medida de detención que pesaba en su contra mediante un acuerdo para ponerse al día con el pago a su hijo menor.

Pero tras zafar la orden de captura, el ex jugador del Sportivo Luqueño y Atlético Paranense del Brasil, venía pagando su compromiso una vez al año, pero siempre atrasado, explicó la madre de su hijo.

“La audiencia en contra de Javier Haedo ya fue suspendida 5 veces, 4 veces sin que yo sea notificada nunca, osea que andaban suspendiendo a mis espaldas, el demandado siempre se respaldaba de acuerdos y pagaba 1 vez al año. Solo el abuelo paga la deuda porque el tipo no trabaja”, detalló la madre del chico.

La mujer manifestó que soporta un calvario para poder cobrar la prestación alimentaria que le corresponde a su hijo de 7 años.

La Sala Penal de la Corte Suprema de justicia no hizo lugar a la recusación planteada por la defensa del concejal de Luque Oscar González Chaves, hijo del fallecido Oscar González Daher (OGD) en contra de la camarista Andrea Vera Aldana integrante de la Sala Penal que debe estudiar un recurso de casación presentado por la defensa del político en contra de la condena de 8 años por lavado de dinero.

De esta manera, la jueza Vera Aldana podrá integrar el Tribunal junto a los camaristas Arnaldo Fleitas y Cristóbal Sánchez para estudiar la admisibilidad del recurso que apela el fallo ratifica la pena de ocho años de prisión dictada por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, que se dio el 2 de febrero de 2022, según informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.

El recurso de casación lleva más de un año sin poder ser estudiado ya que los nueve ministros del Máximo Tribunal se inhibieron de la causa. Primero, se apartaron los miembros de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes.

Después, los ministros Alberto Martínez, Eugenio Jiménez, César Garay, de la Sala Civil; y César Diesel, el ex ministro Antonio Fretes y Víctor Ríos, de la Sala Constitucional. Así, el caso pasó a los Tribunales de Apelación.

Ya en esta instancia, se inhibieron siete camaristas por lo que la Corte se integró con los camaristas Fleitas, Sánchez y Vera.

Si los magistrados declaran inadmisible el recurso presentado, la sentencia de ocho años de prisión por lavado de dinero, dictada en agosto del 2021, quedará firme y el concejal tendrá que cumplir la condena tras las rejas.

Actualmente, González Chaves sigue ocupando su cargo como edil en la municipalidad luqueña a la espera de la resolución de la justicia. Fuente: ÚH.

La imputación contra el músico son exposición al peligro en el tránsito terrestre, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y omisión de auxilio.

Los investigadores aguardan los resultados de exámenes que le practicaron para determinar si consumió algún tipo de droga antes del hecho.

En el fiscal Torres espera los resultados de exámenes toxicológicos a los que fue sometido Riquelme, ya que se sospecha que estaba bajo los efectos de las drogas en el momento en que ocurrieron los hechos.

El suceso ocurrió en la mañana del pasado sábado, cuando el mariachi conducía su camioneta de la marca Lifan, modelo X70, de color rojo, por la calle Vergel Luqueño, en el barrio Cañada Garay de la mencionada ciudad, cuando chocó, primeramente, contra una pareja que se desplazaba en una motocicleta.

En el biciclo se encontraban Patricio Riquelme Franco y Sandra Verónica Alderete, quienes cayeron al pavimento, mientras que la moto quedó incrustada en la camioneta; aun así, el conductor no detuvo la marcha y arrastró la moto por 2 kilómetros, señalan los intervinientes.

Luego Riquelme atropellado a Valeria Magalí Montanía, que en ese momento caminaba por la calle. Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial y la joven Veleria Montanía quedó en grave estado.

La camioneta finalmente chocó contra otro vehículo y detuvo la marcha. El conductor salió e intentó huir a pie, pero fue detenido por los vecinos, según el informe de la Comisaría 28ª Central.

El procedimiento policial fue muy cuestionado por los testigos y vecinos a raíz de que las dosis de cocaína encontrados en el vehículo del mariachi finalmente desaparecieron.

De esta manera, la magistrada se allanó a los pedidos de la Fiscalía y la querella, ordenando la prisión contra el citado funcionario, denunciado por su ex pareja e imputado por el Ministerio Público en el 2021.

La audiencia se realizó finalmente este viernes luego de varias chicanas planteadas por el procesado y sus abogados para dilatar el proceso, cambiando de defensor en varias ocasiones sin previa comunicación a las partes, explicó la víctima Liz Cabral.

Según el fiscal Jorge Escobar, el Ministerio Público se ratificó en la preliminar en la solicitud de la prisión preventiva y elevación de la causa a juicio oral público en base a las pruebas presentadas por la accionante, a través de la querella representada por el abogado Roberto Bernal.

La víctima dijo a nuestro medio que seguía sufriendo constantes hostigamientos por parte de su ex pareja, el funcionario Municipal Carlos Dávalos, con quien mantuvo una relación amorosa por cuatro años.

La Fiscalía también presentó pruebas contra el imputado sobre la violación de su arresto domiciliario; amenazas, obstrucción en la investigación y peligro de fuga.

La causa fue reabierta en febrero pasado en base a la prueba victimológica presentada por la denunciante.

Según los antecedentes, la entonces fiscal de Luque, Sonia Pereira, en octubre el año 2021 imputó a Carlos Dávalos por el hecho punible de violencia familiar y ordenó su detención.

Luego, el procesado se presentó y el juzgado le otorgó arresto domiciliario. Sin embargo, el funcionario violó su medida y la jueza Idoyaga revocó la resolución y ordenó su remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El funcionario volvió a apelar la medida judicial y fue beneficiado nuevamente con arresto. Seguidamente, el procesado logró su sobreseimiento provisional, debido a que la fiscal Pereira no acusó en su momento.

Tras la audiencia este viernes en el Juzgado de Limpio, el procesado fue llevado esposado a la Comisaría 9ª Central. El cumplimiento judicial es de orden inmediato. Es decir, el funcionario deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú hasta que se sustancie el juicio oral y público, según el oficio judicial.

La mujer dijo que su vida corría peligro, teniendo en cuenta que su ex pareja es una persona violenta y seguía libre, pese a las pruebas arrimadas al Ministerio Público y al Juzgado Penal de Garantías.

Con la medida ordenada este viernes por la jueza, dijo que se siente más protegida y segura.

La sentencia fue dictada por un Tribunal durante un juicio oral en el que, González Daher fue sentenciado por los ilícitos de denuncia falsa y extorsión en concurso.

“Los testigos relataron cómo González Daher extorsionaba a Salvador Aquino, con meterlo preso si no abonaba lo que ya había pagado. Lo amenazaba con dejarlo en la calle y evitar que se jubile”, refirió la fiscal Ledesma.

El Ministerio Público sostuvo la acusación con documentales y testimoniales presentados en la audiencia pública.

Ambos hechos punibles tienen expectativa de pena de cinco años, por lo que la agente fiscal solicitó la aplicación del artículo 70 del Código Penal, que menciona el concurso de varios hechos, por ende se requirió la pena de siete años y medio para el proceso.

El Tribunal de Fernando de la Mora, integrado por Natalia Muñoz, Gerardo Ruiz Díaz y Victoria Ortiz, condenó a siete años de cárcel a Ramón González Daher por denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa.

En Paraguay no existe la sumatoria de penas, por lo que González Daher deberá cumplir la mayor pena, es decir, la de 15 años que recibió en una causa anterior.

La representación fiscal pudo demostrar la existencia del hecho y la participación del hoy condenado, a través de diversas pruebas, entre ellas, el examen de ADN, realizado en el Laboratorio Forense de la institución, cuyo resultado arrojó que el material biológico (sangre) hallado en el arma blanca utilizada, correspondía a la víctima.

El hecho ocurrió en la vía pública, en fecha 16 de abril de 2020, a las 22:30 horas aproximadamente, en Isla Bogado, de la ciudad de Luque, cuando la víctima había sido interceptada repentinamente por su victimario, quien con un puñal lo hirió a la altura del hemitorax izquierdo, provocándole la muerte de forma inmediata, a causa de un shock hipovolémico por herida de arma blanca.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la jueza Natalia Muñoz e integrado por los jueces Gerardo Ruiz Díaz y Victoria Ortiz, como miembros.