El comisario
principal Felipe Ozuna confirmó que han recibido en la Comisaría 3ra de Luque
la orden del juzgado de remisión a los ex convictos de vuelta a prisión.

En ese
sentido, el jefe policial recordó que los hermanos Darío Velázquez Ferreira
(40), y su hermano menor Julián Velázquez Ferreira (36), cuentan con frondosos
antecedentes penales por robos agravados, homicidios, resistencia, tenencia y
comercialización de drogas.

Los hermanos
Velázquez Ferreira fueron sindicados de atacar con un revólver y machetillo a
un menor de 16, a quien le acuchillaron para sacarle su celular en un asalto
ocurrido sobre las calles Mateo Díaz y De Las Residentas, en 3 de Mayo, Luque.

El chico
herido fue auxiliado por bomberos y trasladado hasta el Hospital Regional de
Luque, en donde recibió los primeros auxilios, y por fortuna el cuchillo no
afectó órganos vitales, según se pudo conocer.

Los vecinos
se percataron del atraco callejero y reaccionaron contra los motochorros.

Los
delincuentes fueron perseguidos e ingresaron a la casa de otro hermano, de
nombre Fermín Vázquez Ferreira (46), residente en el mismo barrio, en donde
fueron detenidos por la Policía.

Uno de los
hermanos, en este caso Julián, fue bajado a cascotazos de la copa de una planta
de pomelo, a donde subió para eludir a los vecinos y a la Policía.

Los policías se incautaron arma de fuego y la
motocicleta de los hermanos sospechosos.

La
cuestionada resolución fue dictada por la jueza Penal de Garantías N° 2 de
Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti, refiere el documento a lo que tuvimos
acceso.

Los
delincuentes procesados son Gustavo Ramón Cano Coronel (19), y Arnaldo David
Martínez Santacruz (19), ambos fueron imputados por los hechos punibles de robo
agravado y exposición al peligro en el tránsito terrestre luego de protagonizar
un asalto a mano armada, seguido de persecución y finalmente involucrados en un
accidente de tránsito.

Según los
antecedentes, en la tarde del sábado los motoasaltantes interceptaron a
Gabriela Barreto Fariña, en la zona de Ycuá Duré, a quien armado con cuchillos,
le despojaron de su cartera y aparato celular.

Un vecino
ayudó a la víctima y siguieron a los motochorros, quienes protagonizaron un
accidente en la huida, en la zona del barrio Julio Correa, y fueron detenidos
por la Policía.

Imputados

El hecho fue
comunicado a la fiscal de turno, Sonia Pereira, quien imputó al dúo por los
citados hechos punibles, y solicitó la prisión preventiva a la jueza María
Cecilia Ocampos Benedetti.

Sin embargo,
la magistrada ordenó la detención preventiva de los procesados Gustavo Cano y
Arnaldo Martínez en el calabozo de la Comisaría 3ra de Luque.

La llamativa
resolución de la jueza Ocampos Benedetti señala que los  procesados deberán guardar reclusión por 7 días en la dependencia policial, y
posteriormente, de “no recibir una nueva
resolución”, deberán ser remitidos a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Según el
Art. 242 del Código Procesal Penal, el imputado luego de ser oído por un juez
de turno, éste deberá resolver sobre las medidas cautelares a ser impuestas: la
prisión preventiva (en la cárcel) o alternativa para el encausado (arresto
domiciliario).

Se trata de Néstor Fabián Noceda
Amarilla, de 38 años, representante legal de los ocupantes de un predio de la
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en la ciudad de Luque, fue
detenido por efectivos policiales de Investigaciones de Central.

Los fiscales Fátima
Villasboa y Francisco Cabrera ordenaron la detención del profesional del
Derecho.

Noceda fue llevado a la Fiscalía
de Luque para una declaración indagatoria y luego se confirmó su prisión
preventiva a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Cabe señalar que la líder de
los sintechos, Cristina Aquino, también fue detenida y remitida a la cárcel del
Buen Pastor, tras declarar en la Fiscalía de Luque.

Los ocupantes detenidos durante el desalojo, acusaron al abogado Noceda y a la líder Aquino de ser los propulsores de la invasión, por lo que la Fiscalía ordenó la detención de ambos sospechosos y de otras personas más por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal e instigación.

Resultó víctima de los
hermanos la señora Mercedes Benítez Fernández (34), quien circulaba junto a su
familia a bordo de un automóvil, cuando fueron violentados por los motoqueiros
denominados “Wileros Luquegua”.

Los violentos jóvenes motoqueiros
destrozaron a botellazos el vehículo e hirieron gravemente a Mercedes, quien
tuvo que acudir a la comisaría a pedir auxilio.

La víctima acusó un corte de
15 puntos en la cara, que le produjeron con una botella rota.

En el transcurso de la
semana, la mujer hizo un desgarrador relato de lo ocurrido.

Dijo que vivieron minutos de
terror entre la Avenida Gral. Elizardo Aquino y hasta llegar a la Comisaría.

Luego la Policía detuvo a
dos de los “wileros” y fueron reconocidos por la víctima.

El caso fue elevado al
fiscal Néstor Cañete, quien imputó a Hugo Adrián Bazán Sánchez por lesión
grave, y remitió el caso al juez Penal de Garantías de Atención Permanente de
Central, Víctor Fernández Cáceres, quien dispuso su remisión a la Penitenciaría
Nacional de Tacumbú, según el oficio 685 de fecha 4 de marzo del corriente año.

Cabe señalar que el juez ya decretó
la prisión preventiva del encausado el pasado lunes 4 de marzo, sin embargo el
oficio recién se remitió este viernes a la Comisaría 3ra de Luque para proceder
a trasladar al detenido hasta el Departamento Judiciales de la Policía Nacional
y luego a la cárcel de Tacumbú.

Los imputados olimpistas son: Ángel Enrique Lemos Valdez, Cristian David Marecos, Antonio David Vallejos Vera, Carlos Daniel Amarilla Mora, Diego José Ortiz Penayo, Josías Natán Zarate Espinola y Rodrigo Elías Benítez Bogarín.

Además, el representante del Ministerio Público
procesó a 8 aficionados de Luqueño por los ilícitos de Perturbación de la Paz
Pública, previsto en el Art. 234 del Código Penal y por la Infracción a la Ley
1866/02 de la No Violencia en los Estadios Deportivos, en concordancia con el
Art. 29, inciso 1° de la Ley 1.160/97.

Los imputados luqueños son: Oscar Antonio Mongelós Velázquez, Jonathan Gabriel Benítez López, Arturo David Sosa Prieto, Martín Basilio Álvarez Danilchuk, Willian Wilberto Torales Pavón, Adán Gabriel González Flores, Fernando Gabriel Troche Insfrán y Blas Antonio Santacruz Martínez.

El fiscal especializado en Seguridad y Convivencia de
las personas solicitó al juez Penal del Garantías la aplicación de la medida
cautelar de prisión preventiva, tipificado en el Art. 242 del Código Procesal
Penal, atendiendo que existen elementos suficientes, para sostener que son
autores de los hechos punibles por los que fueron imputados.

Según consta en el escrito de imputación, en
persecución a la investigación de los hechos punibles de violencia ocurridos en
el estadio Defensores del Chaco, el pasado 3 de febrero.

El Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos y
especiales de la Policía Nacional, en su ampliación de la Nota N° 49/19 de
fecha 11 de febrero de 2019, comunicaron al fiscal que una vez analizadas las
grabaciones del circuito cerrado  de las
cámaras del estadio, se logró la identificación de personas integrantes  de las hinchadas organizadas del Club
Sportivo Luqueño y del Olimpia, quienes estuvieron presuntamente involucrados
en los hechos de violencia sucedidos durante dicho encuentro deportivo.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de prisión por extorsión al ex fiscal de Santa Rita, Roberto Velázquez Vezzeti. El hecho ocurrió en el 2008 y estaba a punto de extinguirse.

Por su parte, el policía Carlos Arévalos Duarte fue absuelto con voto en disidencia.

De acuerdo a la acusación sostenida por la fiscal Natalia Fuster, se le pidió la suma de 1.500 dólares al empresario Francisco Felipponi para evitar una investigación por contrabando, por parte del fiscal de Santa Rita Roberto Velázquez Vezzeti.

Los jueces Marino Méndez y Alba Meza indicaron que no se pudo demostrar que la encomienda que Arévalos fue a retirar del supermercado, era el dinero solicitado por Velázquez, además de otros elementos de prueba de la Fiscalía que no pudieron vincular al uniformado y con ello se dio su absolución.

Para el presidente del Tribunal, hubo elementos que demostraron la complicidad de Arévalos con el hecho punible y correspondía la sanción penal de 2 años de privación de libertad.

El jueves la audiencia debió iniciar a las 14.30, pero el acusado Velázquez fue hospitalizado, alegando problemas de presión arterial.

Los miembros del Tribunal fueron hasta el centro asistencial y con la evaluación de una junta médica se supo que sus condiciones de salud estaban aptas para participar del juicio oral y eso se cumplió.

La realización del juicio tuvo muchos inconvenientes debido a las innumerables acciones chicaneras de los acusados, con recursos y planteamientos que buscaban suspender a toda costa la audiencia, pese a que la causa prescribe el 23 de diciembre.