El agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha
Contra el Narcotráfico de Luque, Eduardo Royg Acha, representó al Ministerio
Público en el juicio oral contra Rosa
Chamorro González, procesada por los hechos punibles de “Tenencia sin
Autorización de Sustancias Estupefacientes y Comercialización de Drogas
Peligrosas”.

La mujer fue condenada a cumplir una pena de 5 años de
privación de libertad. La investigación fue realizada por el agente fiscal
Néstor Cañete.

La
condena

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Pedro Raúl Nazer Ávila y los
miembros, magistradas Rilsy Ortiz y Victoria Ortiz, valoraron las pruebas ofrecidas
por la Fiscalía y determinaron la responsabilidad de Rosa Chamorro en los hechos que le fueron atribuidos, según informó
la Fiscalía General.

Según los antecedentes de la causa, el 13 de enero de
2017, fue allanada la vivienda de la mujer, ubicada en la compañía Cañada Garay, de la ciudad de Luque. En la oportunidad,
los agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional, hallaron una porción de
hierba seca, de color verdoso, prensado, envuelto en polietileno.

Marihuana
y crac

El análisis primario de Campo de narcotest confirmó que
se trataba de casi 100 gramos de marihuana.

Fueron hallados además, 15 dosis pequeñas y una piedra
de mayor tamaño, envuelta en polietileno de color azul, de cocaína tipo crac.

También encontraron dinero en efectivo en billetes de
baja denominación, producto de las ventas y comercialización de
estupefacientes, según la pesquisa fiscal y policial.

Los temas desarrollados fueron: mediación familiar, fundamentación
de la sentencia en el juicio oral, marca notoria, alimentos para adultos, objeción de conciencia en el marco jurídico
electoral, Jurisprudencia y Casación en el Paraguay.

Los disertantes fueron: Abog. Sonia Villalba, Abog. Crystel Maluf, Abog. Ubaldo Bernal, Abog. Federico Aguero, Abog. Ignacio Pane, Abog. Leticia Noldin, Abog. Carlos González.

El seminario tuvo lugar el pasado viernes en la
facultad con la participación del vicerrector de la UAL, el Dr. Cecilio Jara, y
el secretario Gral, el Dr. Arsenio Niro.

Además, estuvo presente la presidenta del consejo de
delegados de los alumnos de la Universidad Autónoma de Luque, la Lic. Francisca
Franco.

Los policías detenidos son el suboficial primero
José Castillo Giménez (32), de la subcomisaría 03 de Cañada San Rafal, y de su
camarada Eudelio Rubén Lezcano Brítez (31), de la comisaría 46ª de Isla Bogado.
Ambos están privados de su libertad en sede de la Comisaría 8ª de Capiatá,
teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en la jurisdicción de Capiatá.

Los uniformados fueron detenidos en sus respectivas
comisarías, durante allanamientos encabezados por el fiscal de Capiatá, Hugo
Pérez.

La denuncia fue presentada por el comerciante y
mecánico Mario Aldo Villamayo (41), quien tiene una bodega en su casa, en
Capiatá.

La víctima relató que los policías llegaron hasta su
negocio en la noche del sábado y le exigieron dinero. La suma requerida por los
uniformados era G. 10 millones.

El denunciante dijo que al negarse a entregar el
dinero fue raptado por los policías que se encontraban a bordo de una camioneta
particular.

Los dos citados policías estaban uniformados, mientras
otros dos hombres vestidos de civil, que deben ser identificados. Es decir
actuaron cuatro policías para cometer el grave hecho punible.

La víctima agrega que también se dedica a la compra
y venta de vehículos. Unos días antes de la “visita” de los policías publicó en
las redes sociales un anunció en el que escribió que tenía “plata en mano” para
comprar vehículos, por lo que cree que este elemento pudo haber incentivado a
los agentes para chantajearlo.

Sostuvo que los dos policías y los dos civiles lo
alzaron a una camioneta Hyndai, modelo Santa Fe, lo esposaron y después le
ordenaron que les entregara el dinero que tenía. Desde el principio exigían la
suma de 10 millones de guaraníes.

Seguidamente, y ante la desesperación del
comerciante, su esposa tuvo que inventar y entregar la plata, que totalizó G. 7
millones. Si no pagaban, los policías amenazaban con plantarle drogas y
enviarlo a la cárcel, según su relato.

Los dos suboficiales fueron reconocidos plenamente
por la víctima, quien tras ser liberado recorrió casi todas las comisarías
aledañas y encontró en sus unidades a los agentes.

En la madrugada del domingo radicó la denuncia en la
Comisaría 8ª de Capiatá, y el fiscal Hugo Pérez, informado de la grave
situación, procedió a allanar las dependencias policiales para aprehender a los
dos uniformados sindicados como autores de los hechos punibles.

Tras la
inhibición de la fiscal de la causa, el expediente pasó a cargo de la fiscal
Cynthia Espínola, quien presentó la impugnación y la causa fue a parar a cargo
de la Fiscalía Adjunta, en San Lorenzo, en donde deberán resolver sí
corresponde la inhibición de la fiscal Sonia Pereira o deciden pasar a cargo de
la fiscal Espínola.

Según la
víctima, su agresor fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

Dijo que la
semana pasada, específicamente el miércoles 12 junio, la jueza Jennifer Insfrán
otorgó arresto domiciliario a Liuzzi, pero la Policía le decía que el procesado
ya fue enviado a Judiciales para luego trasladarlo a la Penitenciaría.

“Recién este
martes mi abogado pudo comprobar que mi agresor fue beneficiado con medidas
alternativas”, explicó la mujer.

Agregó que
su ex novio a dos cuadras de su casa y teme por su vida. En principio, la
magistrada había negado el arresto domiciliario para el investigado, decretando
su prisión preventiva por diez días en la Comisaría 3ra de Luque.

Sin embargo,
una semana después le otorga la medida requerida desde un principio por la
fiscal Sonia Pereira.

Según los antecedentes, el brutal ataque ocurrió en la madrugada del 14 de mayo. La víctima había explicado que conoció por redes sociales a su novio que en ese momento vivía en Francia. Luego regresó y comenzaron a convivir juntos y tenían planes de casarse.

Sin embargo,
el hombre comenzó a actuar con violencia y a demostrar un celo enfermizo.

Según la
víctima, en varias ocasiones le agredió en el corto tiempo que estuvieron
juntos. Luego decidió denunciarlo debido a que se tornó más violento e intentó
matarla.

El político pidió a la mujer un “favorcito” para “ayudar” a su sobrino para conseguir el arresto domiciliario.

La grabación podría confirmar la hipótesis acerca de la llamativa actuación de la fiscal Sonia Pereira, quien solicitó arresto domiciliario para el sobrino del ex diputado Beby Núñez.

En el expediente abierto por la Fiscalía tampoco
cuentan con pruebas ofrecidas por la víctima. Aparentemente todo estaba
encaminado para solicitar la medida más favorable para el encausado.

Sin embargo, la jueza Penal de Garantías, Jennifer
Insfrán, le negó el arresto domiciliario Liuzzi Villalba y ordenó su detención preventiva
por diez días en la Comisaría 3ra de Luque.

Además, la magistrada le dio un “estirón de orejas”
a la fiscal Pereira, ordenando una profunda investigación del supuesto caso de
violencia doméstica.

La víctima se mostró sorprendida acerca del pedido
de la Fiscalía para favorecer al victimario, y dejar de lado a la propia
afectada, que debe enfrentar esta difícil situación.

La mujer explicó que en poco tiempo de amorío con el
procesado sufrió una serie de violencia física y verbal.

Ambos son vecinos de Bella Vista, Luque, pero se
conocieron por redes sociales, estando el hombre en Francia. Luego vino para
formalizar la relación, e incluso hablaron de matrimonio.

Sin embargo, la relación comenzó a quebrarse a lo
poco tiempo de estar juntos. Supuestamente, el hombre cada vez se volvía más
posesivo y violento y llegó al punto de violentar a la mujer en reiteradas
ocasiones.

Según la víctima, su prometido consumía bebidas
alcohólicas y drogas, y luego la maltrataba.

En la madrugada del 14 de mayo pasado, la mujer
sufrió otro violento ataque, y decidió denunciarlo ante la Policía.

El caso fue elevado al Ministerio Público, en donde
la fiscal Sonia Pereira, ordenó la captura del sospechosos Lucio César Liuzzi
Villalba, quien permaneció prófugo y el pasado martes se presentó a la Fiscalía
luqueña.

El imputado declaró en la oficina fiscal con orden
de captura encima. Este inusual hecho fue permitido por el asistente fiscal
Jorge A. González. Luego se presentó a la Comisaría para aguardar su arresto
domiciliario que solicitó la fiscal.

Pero, la jueza dispuso su detención preventiva en el
calabozo de la comisaría jurisdiccional.

Según los antecedentes, el pasado 9 de abril la
jueza Penal de Garantías Leticia Ocampos dictó la prisión preventiva para el
administrador del colegio privado de Luque, Remy Edson Mancuello Silva, por un
supuesto caso de coacción sexual y violación en grado de tentativa a una
alumna, que cursaba el segundo año de la media.

Según la resolución de la magistrada luqueña, el
trabajador de la institución educativa debía cumplir la sentencia en la
Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero el sospechoso seguía recluido en la
base del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional. El caso ocurrió en
noviembre del año pasado.

De acuerdo al Ministerio Público, el comisario Brítez,
incumplió con la orden de la jueza de la causa. Por tal motivo, fue citado a
prestar declaración indagatoria. En la oportunidad, el jefe policial alegó en
su defensa que no pudo cumplir la orden judicial a “raíz de la superpoblación”
de la cárcel capitalina.  

Antecedentes

Según los antecedentes, el administrador del colegio
de Remy Mancuello habría encerrado en la oficina de administración del colegio en
donde supuestamente le abrazó, le besó y le manoseó a la fuerza a la estudiante,
de 16 años.

La víctima contó a los psicólogos del Ministerio
Público que el hombre la siguió acosando durante una semana, hasta que avisó a
sus padres lo que estaba pasando. La menor quedó con varias secuelas y daños.