“Riki” fue detenido en la tarde del sábado en Mauricio
José Troche entre Alberdi y Comandante Peralta, de Luque. El barrabrava, de 30
años, domiciliado en Cuarto Barrio, contaba con orden de captura fiscal N°810,
de fecha 18/12/2019, causa N° 11955/2019, caratulada: “Investigación fiscal
sobre homicidio doloso en grado de tentativa”.

La orden fue emanada y firmada por la agente fiscal de la Unidad Penal N°4 de la ciudad de Luque, Sandra Ledesma. El domingo la jueza María Cristina Escauriza le otorgó prisión domiciliaria.

Resultó víctima Javier Sanabria, quien fue atacado a tiros en diciembre pasado, según el comisario Feliciano Ferreira, subjefe de la Comisaría 3ra de Luque.

Los demás detenidos son:

Bernardo Rafael Ramírez (19), quien fue aprehendido in
fraganti en Bella Vista tras un robo domiciliario.

Milcíades Miguel Benítez (40), domiciliado en la compañía
Costa Fleitas, Areguá, fue detenido en cumplimiento al oficio fiscal N° 899, de
fecha 03/01/20, “causa abuso sexual en niños”.

Miguel Ángel Aquiles Santacruz Ayala (32), quien
contaba con una orden de captura por hurto agravado y estaba a bordo de una
motocicleta hurtada en Fernando de la Mora. El hombre también posee varios
antecedentes penales.

La accionante es Isabel Benítez Medina, residente en
Gonzalo Bulnes al 540 entre Sucre y Bertoni del barrio Villa Morra de Asunción,
quien sigue luchando por sus derechos.

La mujer relató que mantuvo una larga relación de
pareja con Carlos Guillermo Zamphirópolos Bareiro, quien falleció el 29 de
julio del año 2009.

A tres días de la muerte de su pareja, los familiares
(hermanos y sobrinos) dieron apertura a la sucesión excluyendo a la esposa
aparente y heredera, quien promovió una demanda para que la reconozcan, pero el
entonces juez de la causa del Segundo Turno en lo Civil y Comercial, Silvino
Delvalle, no le dio trámite.

Por más de tres meses, la mujer esperó el
reconocimiento de la personería en dicho juicio sin resultado, por lo que en
principio presentó recusación «sin expresión de causa» contra el
magistrado Delvalle.

La denunciante también explicó que el juez rechazó su
petición, pero llamativamente dio curso favorable a los pedidos hechos por los
hermanos y sobrinos de su ex pareja, a tal punto que ordenó un inventario de
los bienes y, para el efecto, el propio magistrado se había trasladó hasta la
estancia de la pareja en Caraguatay (Cordillera), procediendo a la apertura del
inventario.

Más adelante, «el juez ordena la venta de 100
animales vacunos, supuestamente para cubrir los viáticos del traslado al
establecimiento ganadero. Este procedimiento es irregular porque no tuvo en
cuenta la demanda que presenté», denunció en su momento Isabel Benítez.

La mujer agregó que Delvalle cometió otra irregularidad
al nombrar como administrador a Tito Livio Zamphirópolos, un hombre de 82 años,
quien ya no puede valerse por sí mismo para decidir el destino de los bienes de
su hermano

La accionante explicó también faltaron especificar
varios muebles e inmuebles, además de vehículos, terrenos y cuentas bancarias.

La accionante pide a la Sala Civil de la Corte que haga justicia con relación a su pedido para que le reconozcan como esposa aparente y supertite (post mortem) de la sucesión de Carlos Guillermino Zamphiropolos Bareiro. La mujer hace un desesperado pedido a la propia Corte para que el juez de la causa estudie el pedido correspondiente. “Yo creo y confío que los miembros  de la Corte harán justicia, remitiendo el expediente al Juzgado de Primera Instancia para resolver el juicio”, explicó.

En ese sentido, dijo “quiero aclarar que presenté a la Corte(Sala
Civil) un incidente de nulidad, solicitando la remisión de estos autos al
juzgado de origen de 1ra instancia en lo civil y comercial en la fecha
24/05/2019 y el 30/05/2019 su aclaratoria 
con el motivo de que los supuestos herederos no tienen vocación
hereditaria. Esto se puede ver en el expediente 425 sucesión año 2009 no demuestra
vínculo familiar que podrán analizar los tres 
señores  ministros de la Corte Sala
Civil”.

Agrega: “Me vi obligada a presentar una reposición el día  viernes 13/12/2019 por una resolución que la Corte
sacó y pido a los señores ministros que vean mi escrito y analicen mi pedido y
que hagan justicia porque aquí está metido mano oscura y tengo entendido
también que los señores ministros no están interiorizados acerca de mi escrito”.

Concluye la accionante: “Solo pido justicia por favor y
que se vea mi escrito que he presentado”.

El dúo fue detenido el martes en Minga Guazú, Alto
Paraná. Eran buscados por el asalto y asesinato del trabajador del volante de
la parada n° 4 (Las Residentas y Avenida Humaitá, microcentro de Luque).

Aponte y Troche fueron llevados bajo fuerte custodia
policial en la mañana de este miércoles a la Fiscalía de Luque, en donde casi
fueron agredidos por un grupo de taxistas quienes fueron a pedir justicia por
el crimen de su colega.

El fiscal de la causa, Francisco Torres,  dijo que Aponte y Troche fueron asistidos por
un defensor público y prestaron declaración indagatoria.

Torres requirió al Juzgado la prisión preventiva de
para los sosepchosos, quienes fueron detenidos el martes en la ciudad de Minga
Guazú, en Alto Paraná.

Antecedentes

Según los antecedentes, el pasado miércoles 11 de
diciembre, Jorge Luis Aponte Recalde y Johnny Gabriel Troche abordado un taxi,
que estaba al mando de Pedro Raúl Argüello Suárez, en la parada ubicada sobre
la ruta Las Residentas y Humaitá, en Luque, para solicitar un traslado hasta el
asentamiento San Carlos.

Los supuestos pasajeros atacaron al trabajador del
volante cuando se encontraban llegando al asentamiento San Carlos.

El trabajador del volante fue despojado de G. 100.000 y
de su aparato celular, luego de haber recibido varias heridas con un arma
blanca.

Finalmente, al intentar escapara de sus atacantes, el
conductor chocó contra una columna, en donde murió desangrado.

El magistrado Otazú los había remitido a la Agrupación
Especializada el pasado viernes 15 de noviembre. En su primer intento, el 18 de
noviembre, los mismos apelaron esta medida, pero el Tribunal de Apelación lo
rechazó.

En el segundo intento, el 21 de noviembre, los abogados
Jorge Bogarín, Bettina Legal y Verónica Rotela solicitaron que se extinga una
de las causales de la imputación, que es por usura y lavado de dinero, con el
argumento de que ya prescribió.

Además, solicitaron el sobreseimiento definitivo, lo
cual, de concretarse, iba a resultar en la libertad de los dos investigados.
Esto también fue negado por el juez Otazú.

Posteriormente, el pasado 10 de diciembre, la defensa
de los mismos pidió que la prisión preventiva sea revocada, alegando que no hay
fundamento para el supuesto peligro de fuga, además de señalar que Ramón
González Daher se encuentra con “delicado estado de salud”. Esta última
solicitud también fue rechazada por el magistrado.

La investigación fiscal señala que González Daher
declaró a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un total de G.
21.793.374.862 en concepto de ingresos; sin embargo, lo que realmente había
percibido llegaría a la sideral suma de G. 205.829.050.000, lo cual lleva al
Ministerio Público a sospechar que la diferencia de G. 184.035.675.139 no fue
obtenida de manera legal.

Éste gran suma sería resultado del cobro de intereses
los préstamos que realizaba, con un porcentaje superior del 80%, lo cual supera
por más de la mitad el límite establecido por el Banco Central del Paraguay
(BCP), que se encuentra cerca del 40%.

FUENTE: ABC Color.

La medida se da debido a que Óscar González Daher y
Javier Díaz Verón están implicados en “significativos hechos de corrupción”,
refiere la nota del Departamento de Gobierno de EE.UU.

Por esa razón, el país norteamericano decidió prohibir
de por vida la entrada a su territorio a ambas ex autoridades del Estado

Clan
familiar

Así también, la medida afecta a otros miembros del clan
González Daher: Nélida Chávez de
González, Óscar Rubén González Chávez (concejal de Luque), María González Chávez; parientes de
Óscar González Daher.

Por parte de la familia del ex fiscal general del
Estado ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo,
Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz
Verón.

«Son los primeros y estoy seguro que no serán los
últimos», afirmó el embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, en
comunicación con periodistas que cubren la Cancillería Nacional.

“La acción del Gobierno de Donald Trump es una fuerte
señal de que está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar
el Estado de Derecho del Paraguay”, señala la nota del Departamento de Estado.

La fuerte medida se dio a conocer justamente en el
marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Antecedentes del caso González Daher

Óscar González Daher fue acusado por asociación
criminal y tráfico de influencia por el caso de los audios filtrados del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por
enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Este último caso guarda relación con las operaciones de
la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher.

A raíz del escándalo que desataron los audios filtrados
del JEM, González Daher renunció a la Cámara de Senadores en 2017.

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones
confirmó que el ex legislador afrontará juicio oral y público por el caso que
vincula al JEM.

Oscar González Daher y su hijo Rubén estuvieron presos
por 10 meses en la Agrupación Especializada, hasta el mes de julio pasado.

El operativo fue ejecutado por los agentes de Investigaciones
de Asunción, dando cumplimiento al oficio N° 475 firmado el lunes por el juez de
Lambaré, Óscar Rodríguez Masi.

El subcomisario Osvaldo Andino, del Departamento de Robos
y Hurtos de la Policía Nacional, confirmó la detención, aunque aseguró que
desconoce los detalles del caso en particular, según publicó el Última Hora
Digital.

«No tenemos datos de la víctima, solo dimos
cumplimiento al oficio judicial», agregó el jefe policial.

Tras su detención, la cantante y pareja de Junio
Rodríguez, fue llevada hasta el Juzgado de Lambaré.