Según
los antecedentes, el 22 de febrero de 2017, a las 8:00 aproximadamente, en el
interior de la vivienda ubicada en las calles 3 de Diciembre y 8 de Diciembre
de la Villa Conavi, de la compañía Maka’í de la ciudad de Luque, los procesados
ingresaron de manera violenta al lugar.

Primero,
Carlos Jesús Troche subió al techo y realizó golpes con el fin de ingresar al
lugar. Al no lograr su objetivo descendió nuevamente hasta la puerta de acceso
principal, lugar donde se encontraba Ramón Agüero, quien estaba munido de un
arma de fuego tipo revolver.

Los
ahora condenados sorprendieron a la dueña de la vivienda, una mujer de 74 años
quien al escuchar los ruidos provenientes del techo, se dirigió a la puerta
para ir a la casa de la vecina y verificar lo que supuso que era una
construcción. Es así que Ramón Agüero le apuntó con arma de fuego en la cabeza
y Carlos Jesús Troche le empujó dándole patadas y golpes por el cuerpo. La
señora pidió auxilio a su marido, quien se encontraba en la habitación.

En
el lugar se encontraba presente la nieta de los mencionados, una menor de 15
años, quien fue tomada a la fuerza y le exigieron que le entregase objetos de
valor. Además, Carlos Troche manoseó a la joven y la obligó a acostarse en la
cama y la despojó de sus prendas abusando de ella.

Los
ahora condenados cuentan con antecedentes por hechos punibles contra la
propiedad (robos), y conforme a los testimonios producidos durante el juicio
oral como también por las diversas pruebas documentales recolectados y la
declaración de la psicóloga forense que evaluó a la víctima.

El
Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Julio César Granada, e
integrado por los magistrados Leticia de Gasperi y Óscar Rodríguez Massi, como
miembros titulares.

El operativo encubierto tuvo lugar en la mañana del pasado sábado en la oficina del abogado Toledo, sito en Comuneros y 14 de Mayo, Luque.

En el lugar fueron detenidos Milcíades Toledo, Beatriz Carolina Alegre y Camila Toledo Alegre.

Según los antecedentes, Beatriz Carolina Alegre, formuló una denuncia contra Silvino Quiroga Báez, por los hechos punibles de violencia familiar, acoso sexual y abuso sexual. La pesquisa está cargo de la fiscal Mirta Ortiz.

Sin embargo, el abogado Milcíades Toledo y las dos mujeres intentaron realizar un arreglo extrajudicial, y presuntamente solicitaron 40 millones de guaraníes para «retirar la denuncia».

El denunciado accedió al pedido, pero decidió denunciar el hecho. La fiscal Sonia Pereira fue la encargada de la pesquisa, y se hizo la entrega vigilada de dinero en el estudio jurídico «Toledo y Asociados», en donde fueron aprehendidas las tres personas.

Cabe señalar que Milcíades Toledo es presidente del Colegio de Abogados de Luque.

Los tres pasaron la noche en la Comisaría Tercera de Luque. Sin embargo, el domingo la fiscal Pereira imputó a los sospechosos, y solicitó la prisión preventiva para los tres. La causa está a cargo de la jueza de Garantías, María Cecilia Ocampos Benedetti.

La Fiscalía cuenta con varias evidencias contra los procesados, tales como billetes marcados y fotocopiados (G. 20 millones, cinco millones de guaraníes fotocopiados previamente), grabaciones de audios, documentos varios (contrato del arreglo extrajudicial), y tres teléfonos celulares.

Los hechos punibles denunciados por la mujer no podrían llegar posteriormente a un acuerdo extrajudicial en esos tipos penales, por lo que se montó el operativo encubierto para detener a los sospechosos en el momento de la entrega del dinero que se realizó el pasado sábado con apoyo policial.

De
esta manera, el Juzgado dispuso la suspensión condicional del procedimiento
para Ronaldinho por un año y la condena abreviada con la suspensión de la pena
para su hermano Roberto por el lapso de dos años.

Para
ambos el juez Amarilla aceptó que se repare el daño causado con los USD90.000
de Ronaldinho y los US$ 110.000 de Roberto Assis Moreira. El dinero de Roberto
será entregado al Ministerio de Justicia, para la compra de insumos sanitarios
para la lucha contra el Covid-19, según la resolución.

Mientras
el dinero de Ronaldinho, USD 60.000 será entregado al hospital de Clínicas y
los otros USD 30.000 será entregado a la campaña “Todos somos Bianca”, una niña
que está enferma y necesita de un costoso tratamiento en el extranjero.

Según
la resolución del juez de la causa, ambos procesados no pueden cambiar de
domicilio que fijaron en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Además,
deberán registrar sus números de celulares para mantener una comunicación con
el Juzgado de Paraguay, cuando este los requiera por algún eventual caso.

En
el caso de Roberto, quien fue condenado, se debe presentar cada cuatro meses
ante el juez brasileño que será sorteado, para firmar el libro de
comparecencia. El incumplimiento de estas medidas hará que se haga efectiva la
condena, así como el cumplimiento de las medidas harán que se extinga el
proceso.

Se
levantaron todas las medidas restrictivas contra los dos procesados y de esta
manera ya pueden regresar a su país de origen.

También
el juez ordenó el levantamiento de la fianza que ambos pusieron para acogerse a
la prisión domiciliaria que cumplieron en un céntrico hotel en los últimos
meses, que fue de USD 1.600.000.

En
ese sentido, se dispuso que los USD 200.000 que pagaran para reparar el daño,
sea descontada de esta caución y en consecuencia se les devolverá USD
1.400.000, según los dispuso el magistrado, previo acuerdo con los
representantes de los procesados y los fiscales Marcelo Pecci, Federico
Delfino, Alicia Sapriza y Omar Legal.

Según
los antecedentes, el 4 de marzo pasado Ronaldinho y Roberto ingresaron al país
con cédulas y pasaportes paraguayos, y esa misma noche fueron detenidos en un
hotel.

Luego,
el 6 de marzo fueron imputados por uso indebido de documentos de contenido
falso. Desde entonces estuvieron presos, primero en la Agrupación Especializada.

Posteriormente,
 precisamente en mayo fueron beneficiados
con el arresto domiciliario y estuvieron en un hotel capitalino hasta la fecha
de la audiencia, que fue hoy en el Palacio de Justicia, en Asunción.

El
fiscal Marcelo Pecci, al momento de argumentar el pedido de salidas procesales
para los hermanos Assis Moreira, señaló que ambos siempre se sometieron al
proceso, no así Dalia López,  quien se
encuentra prófuga y surge como la principal sospechosa de la provisión de los
documentos apócrifos a los hermanos.

Cabe
señalar que Dalia López cuenta con orden de captura en su contra.

A
través de las redes sociales, los internautas manifestaron su apoyo a la joven
que denunció al sacerdote Silvestre Olmedo por acoso sexual en el año 2016,
quien fue absuelto este lunes en el juicio oral realizado en el Palacio de
Justicia de San Lorenzo.

Un
repudio generalizado causaron los argumentos expuestos por dos de los tres
jueces que integraron el Tribunal, cuyos fallos finalmente derivaron en que el
religioso quede libre de culpa y pena.

Entre
los que se pronunciaron en las redes sociales está José Casañas Levi, director
de Anticorrupción del Ministerio de Educación, quien sostuvo que las pruebas
señalan la existencia de acoso sexual.

“La
norma no exige reiteración. Claramente, el autor tiene posición de influencia”,
refirió en una publicación donde expuso el artículo 133 del Código Penal
Paraguayo, al contrario del argumento de la jueza Dina Marchuck

El
sacerdote Silvestre Olmedo fue denunciado por una joven que militaba en la
Parroquia San José de Limpio, en grupos juveniles, ante autoridades civiles y
eclesiásticas.

La
mujer afirmó que el religioso supuestamente la manoseó aprovechándose de la
confianza que ella tenía hacia el religioso. El hecho habría ocurrido en 2016.

En
su declaración, el padre negó haber acosado a la joven y aseguró que en los 28
años de trayectoria religiosa nunca hubo una denuncia en su contra por este
tipo de hechos en ninguna comisaría, Fiscalía ni ante el Arzobispado.

Los
jueces que fallaron a favor de la absolución fueron Hugo Segovia y Dina
Marchuck, mientras que la presidenta del Tribunal, Leticia De Gásperi, votó por
la condena. FUENTE: ÚH.

Según los antecedentes, en la mañana
del 28 de noviembre del año 2018, el abogado Pablo Sanabria encabezó un
violento desalojo, atropellando la vivienda de la anciana con unas 40 personas
con maquinarias y policías resguardando el procedimiento ilegal.

Arrasaron todo a su paso, incluso
derrumbaron una vivienda antigua donde residía la indefensa mujer. Las imágenes
de video y fotografías muestran el difícil momento que sufrió la víctima, quien
se descompensó al no poder resistir el maltrato y la humillación a la que fue
sometida por el abogado que actuó con mucha prepotencia, ordenando al oficial
de Justicia José Núñez y a los propios policías de la Comisaría 3ª de Luque, en
ese entonces a cargo del comisario principal Víctor Vera.

Sanabria ordenó echar el alambrado y
tirar los enseres domésticos de la abuelita a la calle, pese a que la orden de
desahucio era contra Félix de Valois Franco, esposo de la anciana e indefensa
mujer. Es decir, la orden era contra otra persona y sacaron a la fuerza a la
mujer, pese a una medida cautelar que le permitía a Irma Rojas a ocupar el
terreno.

Tras hacerse pública la aparatosa intervención
contra la abuelita Irma Rojas, la ciudadanía luqueña se levantó contra injusticia
y se organizó un multitudinario escrache frente a la casa del abogado  Sanabria (sobrino
del juez Enrique Sanabria y representante legal de la Inmobiliaria EG del Sol),
que buscaba quedarse con la propiedad.

Los manifestantes repudiaron
enérgicamente la cobarde actuación contra la humilde abuelita de Zarate Isla.
Luego, el 18 de diciembre del mismo año se presentó la denuncia formal en la Fiscalía
de Luque. La causa recayó en la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía de Luque, a
cargo del fiscal Francisco Torres, quien finalmente imputó por los hechos
punibles de coacción y producción inmediata de documentos públicos de contenido
falso al abogado Pablo Sanabria Roa y al oficial de Justicia José Oscar Núñez
Morínigo.

Según argumentó el fiscal Torres en su
imputación contra los procesados, “ambos tenían conocimiento del juicio
existente y de la medida cautelar emanada por el juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial del 4° Turno de Luque, Daniel Ocampos, por A.I. N° 187, de
fecha 24 de noviembre del año 2016, la cual incluso se halla inscripta en la
Dirección General de los Registros Públicos, de fecha 25 de noviembre del mismo
año; en donde a más de no ser la persona contra la que iba el desahucio
judicial, y pesar de en contra las medidas cautelares ya citadas, los mismos
violentaron todos los derechos constitucionales de la víctima (Irma Rojas)”,
denunciante del grave hecho.

El escrito agrega y sindica a los dos
procesados como “autores del hecho, procedieron entre otras cosas a ordenar a
los obreros a que quiten el alambrado, cambien el cerco perimetral y tiren al
suelo la construcción asentada en dicho lugar; quienes al ritmo de aplausos y
gritos del abogado Pablo Sanabria y el Oficial de Justicia José Núñez, tiraban
todos los que encontraban a su paso, incluso un gallinero, sin que la orden
judicial existente sirva de resguardo.

Por último, señala que “la intervención se realizó con presencia policial, sin orden o autorización judicial suficiente, mediante el uso de la fuerza pública, en un claro ejercicio abusivo de funciones constriñeron gravemente, compeliendo a salir de la vivienda contra su voluntad a la víctima y en contra a lo establecido en la orden de no innovar dictada por un juez compatente en relación a la finca N° 7564, que a pesar de ser exhibido por el señor Germán Espínola y el abogado Rodolfo Berensen a los policías intervinientes y al oficial de Justicia, éstos optaron por desconocer la misma e invadir el inmueble”.

Según
los antecedentes, la investigación fiscal contra padre e hijo se inició a raíz
de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(Seprelad), en agosto de 2018.

La
Secretaría antilavado reportó operaciones sospechosas del poderoso clan
González Daher que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de
su actividad económica, a través de la empresa inmobiliaria “Príncipe Di Savoia”
SA.

Precisamente, la imputación de la Fiscalía Anticorrupción se basó en el informe de la Seprelad sobre la relación con operaciones de la empresa Príncipe Di Savoia.

Padre e hijo estuvieron presos en la Agrupación Especializada por casi un año. Luego salieron con medidas para «trabajar». El concejal de Luque, Rubén González Cháves, cuenta con arresto domiciliario y permiso los martes y jueves para acudir a la Junta Municipal.

OTRA CAUSA

Según
la pesquisa, González Daher enfrenta otro proceso penal por supuestos hechos
punibles de tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo
agravado, en la causa que se abrió tras la filtración de conversaciones
telefónicas para “apretar” a jueces y fiscales desde su cargo como titular del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).