El
fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, agente fiscal de la Unidad Especializada de
Delitos Económicos y Anticorrupción Nro. 8, informó la imputación de 75 personas
por la supuesta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
La imputación se realizó con relación a una causa donde se  investiga la comercialización de facturas
para evasión de impuestos por valor de 240 mil millones de guaraníes.

Según lo
manifestado por el representante del Ministerio Público los imputados son:

Alejandro
Raúl Perez Heras, Santiago Daniel Paez Gueyraud, José Orlando Bordenave Tufari,
Jacques Pedro Balansa Basset, Roberto Félix Duarte Coronel, Laura Violeta Servían
Ferreira, Jovino Abel Mura Guastella, Javier Carlos José Villalba Marin, Victor
Miguel Arzamendia Candia, Jorge Gustavo Petrik Ibarra, Juan Leoncio Martinez
Gonzalez, Natalia Graciela Correa, Oscar Amarilla Cañete, Cintia Adriana Pavon
Kamm, Julia Ana Laura Gimenez, Gladys Ana Karen Gimenez Arce, Donato Bianchi
Godoy.

La lista
prosigue con Jualiane Batista Della, Victor Manuel Peña Ros, Cristian
Echeverria Estigarribia, Felipe Jose Barboza Ferreira, Angel Martín Arrellaga
Vargas, Sanie Nathalia Ojeda Irala, Edgar Enrique Robinson Dongo, Cristian
Manuel Escobar Galindo, Antonio Nuñez Enciso, Ana Maria Berdejo De Nuñez,
Francisco Miguel Bordon, Jose Eduardo Ojeda Irala, Manfredo Deligdisch, Aida
Dianora Aquino De Farias, Leongino Mendoza Miño, Santiago Adolfo Abbate Godoy, Jeis
Leonardo Urquhart De Lacerda, Eulalio Gomez, Edgar David Silva Gimenez, Juan
Carlos Roiko Solis, Guillermo Sebastian Barrail Patiño, Gisele Barrail De
Lindgren, Lena Victoria Franco Ortiz, Lucio Chaparro Torres, Carla Maria
Bogarin De Frutos, Ruben Dario Bogarin Canale, Lisa Pin Shin Sun Romero,
Gustavo Chei Wun Sun Romero.

La nómina
prosigue con Tamer Abou Ghoush, Ramzi Chafic Zein Eddin, Benicia Chaparro
Martinez, Orlando Ruben Berndt Steppuhn, Benjamin Otto Berndt Steppuhn,Alberto
Antonio Ayala Jacquet, Khaled Abdullatif Omeiri, Silverio Centurion Stoduto,
Miguel Angel Acosta Colman, Diego Martin Altamirano Arnold, Cynthia Paola
Altamirano Arnold, Marcelo Alonso Lara Tello, Gaspar Lauro Maidana Sanchez,
Roberto Carlos Frigola, Yeni Elizabeth Ojeda Irala, Jose Fernando Santiago
Rojas Irigoyen, Virginio Aristides Garcete Cabral, Francisco Penayo Sosa,
Nelson Daniel Gutierrez Fernandez, Genaro Antonio Olmedo Cabrera, Chawki Chafic
Zeineddine, Ayman Zeneddin, Pedro Rene Villar, Alberto Zaracho Barrios, Amanda
Nuñez Sanchez, Tomas Encina, Ignacio Cavallaro Lopez, Pietro Iñazio Cavallaro
Uhl, Diego Fernando Davalos Fernandez, Francisco Javier Ferreira Ramirez.

Según
lo expuesto en la conferencia, la imputación describe que a raíz de datos
cruzados, se requerió a las imprentas “SERVICIOS GRAFICOS RALL” y “GRAFICA
MONARCA SRL”, los documentos timbrados que fueron gestionados a nombre de
Gustavo Tomas Barrios Amarilla.

Al
respecto, en la imprenta GRAFICA MONARCA SRL los mismos  habrían observado que los talonarios de
facturas no habrían sido gestionados por Barrios Amarilla en atención a que no
se encontraba la firma del mismo, como tampoco la debida autorización; dichas
facturas habrían sido gestionadas y retiradas de la imprenta por Mario Cesar
Ferreira, por lo cual, se habría consultado en la base de datos del Hechauka, y
se habría detectado que 16 informantes declararon haber efectuado compras de
Gustavo Barrios por un valor de G. 4.121.868.442, por lo cual se habría
realizado una búsqueda en las redes sociales, ubicando el perfil del
contribuyente mediante nombre y fotografía comparada con los registros
biométricos de la S.E.T. y en adición a la última referencia laboral registrada
en INFORMCONF, habrían verificado que el contribuyente se dedicaría a la
actividad de taxista y no había correspondencia de datos.

Siguiendo
con la investigación, a partir de esta información, funcionarios de la
“Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos – S.E.T.”,
habrían identificado 52 contribuyentes que estarían vinculados entre sí, como
también con la firma “CONSULTORA GSM” S. A., la cual registra entre sus
actividades económicas servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de
libros y asesoramiento desde agosto de 2012 y cuyo representante legal y socio
sería Mario Cesar Ferreira.

En
tal sentido, conforme documentación remitida al Ministerio Público, 190 (ciento
noventa) Agentes de Información habrían reportado haber comprado de 28 de los
52 contribuyentes reportados, por un monto total de G. 50.368.099.534
(cincuenta mil trescientos sesenta y ocho millones noventa y nueve mil
quinientos treinta y cuatro guaraníes), pudiendo dicha suma aumentar o
disminuir de acuerdo a los elementos incorporados en la presente investigación,
así como también el número de supuestos contribuyentes inicialmente informado
por parte de la Sub Secretaría de Estado de Tributación.

Consultado
en la base de datos Hechauka, varios agentes de información, entre los cuales
se encontrarían los hoy imputados, declararon haber efectuado compras de los
“supuestos proveedores”, dichas transacciones (adquisición de bienes y/o
prestación de servicios) no se habrían efectuado, y los supuestos proveedores,
no habrían emitido ni autorizado la emisión de facturas a nombre de estos
agentes de información, existiendo la sospecha de que las facturas obtenidas en
forma irregular por Mario Ferreira Maidana, eran comercializadas por el mismo y
utilizadas por los contribuyentes quienes habrían adquirido las mismas, con la
finalidad de abultar crédito fiscal, costo o gasto en renta.

Es
así, que las facturas en cuestión, habrían sido utilizadas por varios
contribuyentes en sus declaraciones informativas ante la Sub Secretaría de
Estado de Tributación, contribuyentes entre los cuales se encontrarían los
mencionados.

El asalto y crimen ocurrió en la siesta del miércoles a orillas de un arroyo, detrás de la Capilla Santo Rey, jurisdicción de Costa Sosa, Luque.

El joven se encontraba en un vehículo descansando, cuando fue sorprendido por los delincuentes, quienes le exigieron la entrega de su aparato celular y billetera.

Al parecer, la víctima se resistió y fue acuchillado. Luego intentó recuperar sus pertenencias, pero se desplomó a unos 30 metros del lugar del violento atraco.

La Policía inició una redada por la zona y pudo aprehender a los principales sospechosos.

Uno de los detenidos, Diosnel Gómez, confesó que participó del mortal asalto y llevó a la Policía hasta el lugar donde tiró el cuchillo con el cual ultimó al trabajador.

Este jueves ambos jóvenes, conocidos consumidores de drogas y con antecedentes penales, fueron imputados por la fiscal Sandra Ledesma.

Según
el representante del Ministerio Público, el procesado se abstuvo de prestar
declaración indagatoria luego de ser detenido en su lugar de trabajo, en una
estación de servicios de Luque, como principal sospechoso de la violenta muerte
de su mujer, quien dejó huérfanos a tres hijos menores.

Según
la investigación, el hijo mayor de la pareja fue hasta la casa de su tía, bajo
una fuerte lluvia, a avisar que su madre no se levantaba de la cama y que dejó
de respirar.

Los
familiares acudieron hasta el asentamiento 24 de Noviembre, de la compañía
Itapuamí, de Luque, en donde hallaron sin signos de vida a la mujer en su
propia cama.

Luego
alertaron a la Policía y la Fiscalía. El fiscal interviniente, Silvio Alegre,
ordenó la detención preventiva del marido de la mujer fallecida.

Los
agentes de Investigaciones fueron hasta el lugar de trabajo del playero, en una
estación de servicio de Luque, en donde procedieron a su aprehensión.

El
hombre alegó en su defensa que salió temprano de su casa y que desconocía la
tragedia.

Sin
embargo, en la mañana de este martes se realizó la autopsia al cuerpo de la
fallecida, confirmando que se trató de una muerte violenta.

La
causa de muerte fue por “asfixia mecánica
por compresión cervical”, explicó el fiscal Alegre.

Con
los elementos colectados, el fiscal formuló imputación y pidió prisión
preventiva contra Jorge Domínguez, procesado por presunto feminicidio.

El
niño que alertó de la tragedia, también había señalado que su progenitor
agredió a su madre luego de una discusión que protagonizaron la noche del
domingo.

Según
estadísticas, en lo que va el año 2020,
con este nuevo caso registrado este lunes en Luque, ya suman 40 mujeres
asesinadas por sus respectivas parejas.

En
juicio oral y público, el fiscal de Luque, Silvio Alegre, pudo demostrar con
sólidos elementos probatorios que el procesado, Augusto Fabián Ibarrola Galeano, participó en el hecho investigado,
en calidad de autor, según se pudo desvelar.

Al
respecto, en cuanto a los hechos, en fecha 30 de marzo de 2017, a las 9:00
horas aproximadamente la víctima el señor Arturo Ortega Esquivel, vendedor de
la empresa “Niko Refrescos”, llegó a una despensa ubicada en la compañía Isla
Bogado, de la ciudad de Luque, a bordo de su motocicleta de la marca Leopard,
tipo Trail, de la cual descendió dejando la llave puesta e ingresó hasta el
interior del citado negocio para recibir pedidos, momento en el cual llegó
hasta el sitio el hoy condenado a Augusto Fabián Ibarrola y repentinamente
subió a la motocicleta y huyó del sitio.

Posteriormente,
fue allanado el domicilio del autor, en donde se logró encontrar la
motocicleta  para luego efectuarse la detención
del mismo y sometido a proceso.

Este
lunes, fue condenado a 3 años y 8 meses de pena carcelaria, según informó el
Ministerio Público.

Mediante el procedimiento irregular, la
inmobiliaria pretendió quedarse con el valioso inmueble de 4 hectáreas.

La comitiva judicial y policial actuó con
extrema violencia. El propio abogado Pablo Sanabria encabezó el procedimiento
irregular, ordenando a los tractoristas y obreros que echen la casa y saquen el
alambrado.

Según la denuncia que obra en la Fiscalía, personas
desconocidas irrumpieron en la vivienda e inmediatamente comenzaron con el
atropello con una brutalidad extrema y un enseñamiento cruel.

Comenzaron a coaccionar a la víctima, empezaron
a tirar sus pertenencias a la calle, con tractor destrozaron todas las
plantaciones de hortalizas y árboles frutales que estaban en el inmueble, además
destruyeron un enorme gallinero, matando todas las aves que estaban en el mismo.

Finalmente, 
derrumbaron toda la casa de la anciana donde estaba viviendo por más de
50 años, todo esto en violación directa
de la Medida Cautelar Dictada por el Juez Daniel Ocampos según A.I.N° 187, que
fue comunicada a la comisaria tercera para su cumplimiento y está vigente hasta
la fecha.

Las imágenes fotográficas y los videos del
atropello se viralizaron en las redes sociales, desencadenando un repudio generalizado
y derivó en una manifestación y escrache contra el abogado Pablo Sanabria Roa,
quien con aplausos humilló a la anciana hasta que se desvaneciera varias veces
y tuvo que ser hospitalizada.

IMPUTACIONES

El fiscal de Luque, Francisco Torres, en
marzo pasado formuló imputación contra el abogado Pablo Sanabria Roa y el
oficial de Justicia José Oscar Núñez Morínigo. Ambos fueron procesados por
coacción y producción mediata de documento público de contenido falso.

Recordemos que la anciana promovió un juicio
civil de “usucapión de inmueble”, que se tramita ante el Juzgado del primer
turno de Niñez y Adolescencia, a cargo de la Jueza María Cristina Escauriza
Arce.

Entretanto, la Inmobiliaria “EG del SOL”, a
través del abogado Pablo Sanabria Roa, solicitaron la orden de desalojo contra
el músico luqueño Félix Valois Franco, esposo de Irma Rojas, pero quien ya no
reside en el lugar, por lo que la mujer planteó el juicio de usucapión, según
la investigación fiscal.

En consecuencia, la comitiva judicial y policial dirigida por el abogado Sanabria ejecutó el desalojo en contra de otra persona (Irma Rojas), quien no tenía nada que ver con el juicio planteado por la contraparte contra su esposo.

Galeano solicitó al Juzgado Penal de
Garantías que aplique la medida cautelar de prisión preventiva para ambos
imputados.

Este miércoles, en sede fiscal, ambos
imputados se presentaron a una audiencia de declaración indagatoria pero se
abstuvieron de declarar. No obstante, por los elementos colectados hasta el
momento en el marco de la investigación, ambos fueron imputados por los citados
hechos punibles.

Al respecto, el fiscal Hernán Galeano
refirió: “Los dos sindicados se abstuvieron en su audiencia de indagatoria. Se
determinarán los hechos correspondientes. Hasta el momento no se encontró el
arma homicida”.

“En el Ministerio Público no han manifestado
nada con relación a dinero que se había mencionado en principio. El conductor
Segovia declaró que se fue a buscarle a la víctima fatal hasta el lugar donde
ocurrió el evento y allí ya apareció Gregorio Morales quien se le acercó y
después le invitó a la víctima para que se subiera, lugar donde empezaron a
conversar, después discutieron sobre la señorita Burgos y sobre algunas deudas
pendientes”.

Sobre la continuidad de los hechos, el fiscal
interviniente agregó: “Cuando vio un arma, la víctima fatal se bajó y pidió
ayuda a la señorita Burgos para que mediara. Se habló de deudas respecto de
Cynthia Burgos con la víctima fatal. Lo que se manifestó es que Papo Morales le
reclama a la víctima fatal porqué le falta el respeto a Cynthia.

Acerca
de los impactos de bala, la inspección forense y las imputaciones, el fiscal
Hernán Galeano finalizó: “Cuatro impactos de bala se pudieron corroborar, con
la inspección médica hecha en la Morgue, se encontraron cuatro orificios de
entrada y salida”.

“La
defensa se puede basar en su estrategia, pero el Ministerio Público se basa
exclusivamente en los elementos que se van incorporando en la carpeta fiscal.
Ahora se va a formular la imputación por homicidio doloso en grado de autoría
con respecto a Gregorio Morales y con respecto a Cynthia, por omisión de dar
aviso de un hecho punible y frustración a la persecución penal”.

“Aparentemente
no tenía intención de comunicar el hecho porque no tenemos constancia de que
haya avisado a la Policía. Tenemos los celulares de todos los involucrados y
están siendo sometidos a análisis por Criminalística de la Policía Nacional”,
sostuvo el investigador.

Los
antecedentes de Papo Morales

Gregorio Morales es oriundo de Guairá. Cuenta
con frondosos antecedentes en el sistema de la Policía Nacional y además ya fue
sometido a varios procesos con la Justicia.

Actualmente, el hombre enfrenta procesos por
estafa, coacción, violación a la ley de armas y tentativa de homicidio doloso.

Desde el 2004 es sindicado como el líder de
una banda que se dedicaba a la estafa a través de la adulteración de cheques y
la creación de cuentas bancarias a nombre de terceros.

En 2006 fue procesado por el robo frustrado
de la bóveda de ABN Amro Bank. En este caso fue beneficiado con la suspensión
condicional del procedimiento, previa donación de G. 80 millones.

Mientras que en uno de los últimos hechos en
el que fue protagonista tiene que ver con la tortura a un peón, utilizando un
arma de guerra. El hecho fue difundido a través de un video.

La
víctima, Antonio Talavera, denunció el hecho a principios de enero de 2019 y
relató que la reprensión de Morales fue por haberlo delatado en su intención de
vender ganado ajeno, en este caso, de su propia madre.