Unger solicitó al juez de la causa varias medidas contra el imputado, una de ellas la prohibición de portar armas.

Tras tomar la declaración a los accionantes Valentín Bogado, Alfredo Bogado y Eulalio Bogado, la fiscal Unger amplió la imputación contra Ferreira Florentín por coacción y solicitó el arresto domiciliario para el imputado al juez Penal de Garantías, Édgar Martínez Paniagua.

Los afectados declararon que el imputado al poco tiempo de salir de su de la comisaría, nuevamente comenzó a amedrentar a los que le denunciaron.

Incluso anda armado y se pasea en moto por el barrio para coaccionar a sus víctimas, explicaron a la Fiscalía.

Los afectados también entregaron más de 50 firmas que juntaron contra Ferreira por mantener en zozobra a los pobladores.

Por el temor generalizado, varias personas no pueden acudir a sus chacras, puesto que el imputado actúa impunemente y mantiene vigilado a los que le denunciaron.

Según
los anetecedentes, el procesado fue detenido el lunes pasado en la compañía San
Roque González de Santacruz (KM 22), del distrito de Gral. Eugenio A. Garay,
departamento de Guairá.

Ferreira
Florentín contaba con una orden de detención dictada por la fiscal María Unger,
por los presuntos hechos punibles de atropello de domicilio, lesión corporal, y
amenaza de muerte (producción de riesgos comunes).

La
captura del sospechoso fue concretada por agentes de la Subcomisaría 11ª de San
Roque González, dependiente de la Dirección de Policía de Guaira.

En
el momento de su detención, Ferreira portaba un revólver calibre 38 mm., y diez
proyectiles del mismo calibre.

Cabe
señalar que Buenaventura Ferreira Florentín tiene más de cinco denuncias en su
contra en las diferentes unidades de la Fiscalía de Villarrica por los hechos
punibles producción de riegos comunes, delito ambiental, coacción, transgresión
a la Ley de Armas, invasión de inmuebles entre otros.

Según
el acta de imputación, el Juzgado resolvió imponer  medidas preventivas solicitadas por la
Fiscalía contra el imputado Buenaventura Ferreira:

1).
Prohibición salida del país y de cambiar de domicilio.

2)
La obligación de presentarse ante el Jugado de Paz de Garay, dentro de los
primeros 5 días de cada mes.

3)
Abstenerse al consumo de drogas, bebidas alcohólicas.

4)
La prohibición de tener o portar armas
de cualquier tipo.

5)
La obligación de comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías.

6)
Fianza personal o de su abogado G. 7 millones.

La fiscal Unger interinó en la causa la Unidad del doctor, Martín Escalada, según aclaró.

Además solicitó informes a la encargada de Estadísticas del Poder Judicial acerca de denuncias y procesos contra Ferreira.

Ferreira Florentín fue detenido el lunes en la compañía San Roque González de Santacruz (KM 22), del distrito de Gral. Eugenio A. Garay, departamento de Guairá.

Ferreira Florentín contaba con una orden de detención dictada por la fiscal María Unger, por los presuntos hechos punibles de atropello de domicilio, lesión corporal, y amenaza de muerte (producción de riesgos comunes). La captura del sospechoso fue concretada por agentes de la Subcomisaría 11ª de San Roque González, dependiente de la Dirección de Policía de Guaira.

En el momento de su detención, Ferreira portaba un revólver calibre 38 mm., y diez proyectiles del mismo calibre.

Pese a las denuncias y evidencias encontradas en el poder del sospechoso, la fiscal Unger pidió medidas y lo dejó salir en menos de 24 horas, según denuncias de afectados.

La tibia investigación del Ministerio Público prácticamente facilitó la salida del procesado, señalaron los vecinos.

Cabe
señalar que Buenaventura Ferreira Florentín tiene más de cinco denuncias en su
contra en la Fiscalía de Villarrica por los hechos punibles producción de riegos
comunes, delito ambiental, invasión de inmuebles entre otros.

Algunos
de los accionantes son Eulalio Bogado, Juana Silvero, Valentín Bogado, entre
otros.

Uno
de los abogados querellantes, Héctor Lugo, se mostró sorprendido por la
ligereza de la Fiscalía para soltar al personaje que tiene en zozobra a la
comunidad.

El profesional del Derecho se comprometió a investigar sí la Fiscalía benefició con medidas preventivas al procesado, teniendo en cuenta que no comunicaron a la defensa ni a la Policía para el control aleatorio.

Explicó
que el fiscal del caso es el doctor, Martín Escalada, pero su unidad está
siendo interinada por la doctora María Unger, debido a que se encuentra de
vacaciones.

En ese sentido, nuestro medio intentó conocer la versión de la fiscal María Urger, pero jamás atendió las llamadas a su nro de celular con terminación 804.

Sin embargo, el procesado tras su corta privasión de libertad, nuevamente comenzó a amedrentar a los vecinos de la compañía San Roque González, según denuncias de los pobladores.

VERSIÓN FISCAL

A raíz de la publicación, la fiscala Unger se comunicó en la noche de este miércoles con Luque Noticias para brindar detalles del procedimiento.

La representante del Ministerio Público aseguró que formuló imputación y pidió medidas al Juzgado contra el procesado y se comprometió que en la mañana de este jueves dará a conocer el acta de imputación.

El
procedimiento fue ejecutado por agentes de la Subcomisaría 11ª de San Roque
González de Santacruz, del distrito de Gral. Eugenio A. Garay, departamento de
Guairá.

Ferreira
Florentín era buscado por violación de domicilio (atropello), lesión corporal,
producción de riego común y amenaza de muerte, según la orden de detención
dictada por la fiscal Penal María Agustina Urgen Villalba, de la Unidad N° 6,
del Ministerio Público de Villarrica.

Además
será procesado por violación de la Ley de Armas, informó la Policía.

Según
el informe oficial, patrulleros a cargo del suboficial inspector Édgar Ocampo,
subjefe de la Subcomisaría 11ª , divisaron al sospechoso durante una recorrida
de rutina y al proceder a catearlo, detectaron que se encontraba armado, por lo
que se procedió a su trasladado hasta la dependencia policial.

Una
vez allí, se consultó al Sistema Informático de la Policía sobre su identidad,
saltando la orden de captura en su contra que fue firmada el pasado 6 de enero,
según el oficio fiscal.

Inmediatamente,
los uniformados procedieron a la detención de Buenaventura Ferreira y la incautación
de un revólver de dudosa procedencia y 10 proyectiles.

Luego,
la Policía informó del procedimiento a la fiscal de la causa, María Agustina
Unger Villalba, quien ordenó la detención preventiva de Ferreira en el calabozo
de la Comisaría 9ª de Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.

ANTECEDENTES

Según
los antecedentes, el ahora detenido Buenaventura Ferreira, cuenta con al menos
cinco denuncias en su contra por otros hechos punibles en la Fiscalía de
Villarrica.

Algunos
de los casos son por delito ambiental en zona de Área Protegida del Cerro
Ybytyruzú, invasión de inmueble ajeno, amenaza de muerte, hurtos, lesión
corporal, y atropello de domicilio. Las denuncias obras en diferentes unidades
del Ministerio Público de Villarrica, capital del Departamento de Guairá.

Además, una comisión vecinal de la compañía San Roque González de Santacruz, juntó firmas de los pobladores para exigir al Juzgado de Paz local a tomar medidas contra del personaje que tiene en zozobra a la comunidad entera, según explicó Alfredo Bogado.

Lovera
presentó el viernes pasado un pedido de suspensión del juicio oral porque los
acusados tienen Covid-19.

Según
alegó, Óscar González Daher está internado en un sanatorio capitalino.

El
proceso ya fue postergado la semana pasada debido a que el abogado de los
acusados estaba con aislamiento preventivo por la misma enfermedad y fue
reagendado para este lunes.

El
Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda
Morel pospuso el juicio, pero se estudiará si se puede realiza de forma
telemática. La Fiscalía pidió que un médico forense se expida sobre los
antecedentes médicos de los acusados.

Este
nuevo juicio se dará poco después de que Óscar González Daher haya sido
declarado culpable en la causa por los audios filtrados del JEM, pero con una
suspensión de la condena.

VIGILIA CIUDADANA

Un
grupo de ciudadanos autoconvocados realiza una vigilia en inmediaciones del
Poder Judicial para exigir que se realice justicia en esta causa.

Los
manifestantes cuestionan que el proceso se haya suspendido por
«chicanas» que solo se dan en causas de personas con mucho poder.
Anunciaron que seguirán en vigilia permanente.

Según
los antecedentes, la investigación de este caso se generó a raíz de un informe
de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en
agosto de 2018.

La
Secretaría Antilavado reportó operaciones sospechosas de Óscar González Daher y
su hijo, que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de su
actividad económica.

El
informe de la Seprelad fue la base de la imputación del Ministerio Público. La
pesquisa fiscal guarda relación con operaciones de la empresa Príncipe di
Savoia SA, la cual Última Hora identificó en el año 2010 como una propiedad del
ex parlamentario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En
la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos, las defensas del ex
senador y su hijo plantearon el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de
inconsistencias de la misma acusación fiscal.

La
semana pasada, el ex parlamentario apareció en una foto reunido con el ex
presidente Horacio Cartes. Ambos compartiendo en una mesa en plena camaradería.

La imagen que generó repudio e indignación social se observó durante la conexión virtual de la sesión del Senado cuando en un descuido el senador Antonio Barrios no se percató de que puso en evidencia el encuentro entre ambos referentes colorados. FUENTE: ÚH.

El
juicio que debía iniciarse este lunes fue postergado para el 11 de enero a las
7.30 debido a que el defensor de Óscar González Daher, Claudio Lovera, está
bajo aislamiento preventivo por el contacto con un caso positivo de Covid-19.

El
Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda
Morel fue el que estableció una nueva fecha para la diligencia, informó la
periodista de Última Hora Liz Acosta.

González
Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, guardaron reclusión en la
Agrupación Especializada durante seis meses a partir del inicio de la
investigación de la Fiscalía en setiembre de 2018. Posteriormente, se
beneficiaron con la prisión domiciliaria.

En
aquel entonces, hubo una fuerte presión de los ciudadanos autoconvocados que se
instalaron frente a una de las residencias de González Daher en Luque para
exigir una intervención por parte de las autoridades judiciales.

Este
nuevo juicio se dará poco después de que Óscar González Daher haya sido
declarado culpable en la causa por los audios filtrados del JEM, pero con una
suspensión de la condena.

Investigación

La
investigación de este caso se generó a raíz de un informe de la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en agosto de 2018.

La
Secretaría Antilavado reportó operaciones sospechosas de Óscar González Daher y
su hijo, que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de su
actividad económica.

El
informe de la Seprelad fue la base de la imputación del Ministerio Público. La
pesquisa fiscal guarda relación con operaciones de la empresa Príncipe di
Savoia SA, la cual Última Hora identificó en el año 2010 como una propiedad del
ex parlamentario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En
la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos, las defensas del ex
senador y su hijo plantearon el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de
inconsistencias de la misma acusación fiscal.

La
semana pasada, el ex parlamentario apareció en una foto reunido con el ex
presidente Horacio Cartes. Ambos compartiendo en una mesa en plena camaradería.

La imagen que generó repudio e indignación social se observó durante la conexión virtual de la sesión del Senado cuando en un descuido el senador Antonio Barrios no se percató de que puso en evidencia el encuentro entre ambos referentes colorados. FUENTE: ÚH.

Tacumbú
es el centro penitenciario con mayor cantidad de egresos con 920 PPL que
recuperaron la libertad, le siguen el Centro de Rehabilitación Social (CERESO)
con 573, la Penitenciaría Regional de Emboscada con 561 y la Penitenciaría
Padre Juan Antonio De la Vega de Emboscada con 498 egresos.

Los
centros con menor cantidad de salidas fueron la Granja penitenciaria “Itá Porá”
con 11, el Centro Penitenciario para Mujeres “Serafina Dávalos” con 22, la
Granja penitenciaria “Ko’e Pyahú” y el Centro Penitenciario para Mujeres con
régimen de semilibertad “Hogar Nueva Oportunidad” con 26.

En
relación a la situación procesal de las personas privadas de libertad que
egresaron del sistema penitenciario, se registró que 3718 contaban con medidas
preventivas y 1501 pertenecen al grupo de condenados.

Disminución
de adolescentes en conflicto con la Ley Penal

El
Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) también
registró una disminución en todos los centros educativos dependientes del
Ministerio de Justicia.

En
marzo del presente año la población total era de 278 adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, hoy la cantidad que se encuentran en contexto de encierro es
de 185 según el informe del (SENAAI). https://bit.ly/2L41g6t