La fiscal de Villarrica, María A. Unger, tomó declaración este viernes a tres víctimas de coacción en el marco de la imputación contra el procesado Buenaventura Ferreira Florentín (48), por los hechos punibles de riegos comunes y transgresión a la Ley de Armas. La representante del Ministerio Público realizó su descargo tras el airado reclamo de los pobladores de San Roque González Santacruz, Guairá.
La fiscal de Villarrica, María Unger, dijo que imputó al procesado Buenaventura Ferreira Florentín (48), por los hechos punibles de riegos comunes y transgresión a la Ley de Armas. Solicitó al Juzgado medidas para el imputado, aseguró. Sin embargo, las víctimas se mostraron incrédulos al percatarse que el detenido nuevamente se encontraba recorriendo por el barrio, incluso amedrentando a los denunciantes.
Alegaron que pese a las denuncias y evidencias remitidas por la Policía a la Fiscalía, el procesado salió con medidas y en tiempo récord. Víctimas calificaron de burla la labor fiscal.
La Policía detuvo en la mañana de este lunes a un hombre con orden de captura por varios hechos punibles. Se trata de Buenaventura Ferreira Florentín (48). Los intervinientes se incautaron de un arma de fuego del poder del sospechoso. Vecinos juntan firmas para exigir el procesamiento del polémico personaje que mantiene en zozobra a los pobladores. Al menos otras cinco denuncias obran en la Fiscalía.
El abogado Claudio Lovera, defensor del ex senador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves (concejal de Luque), planteó una nueva suspensión del juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que debía reiniciarse este lunes. El tribunal decidió posponer por segunda vez la cita judicial hasta nueva fecha.
El juicio oral y público en la causa que investiga a Oscar González Daher y a su hijo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero fue postergado debido a que el abogado del ex senador está con aislamiento preventivo por el Covid-19.
Según el informe de salidas registradas del sistema penitenciario presentado por el Viceministerio de Política Criminal, 5219 personas privadas de libertad (PPL) abandonaron las penitenciarías; de esa cantidad, 4832 son hombres y 387 son mujeres, que representan el 92,6% y el 7,4% respectivamente.
