Precisamente, este miércoles el Ministerio
Público informó a través de redes sociales que tiene una causa abierta con
relación a la licitación de la pasarela de ñandutí.

“Con
relación a la licitación de la denominada #PasarelaÑanduti el Ministerio
Público, a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y
Anticorrupción ya cuenta con una causa abierta de oficio”, informó en Facebook.

“El
Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Anticorrupción ha
remitido varios oficios solicitando informes a las instituciones afectadas en
una causa abierta de oficio por la Unidad y en proceso de análisis”, agregó.

Cabe
señalar que el pasado domingo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) informó sobre las irregularidades en el proceso de licitación, mediante
una auditoría ordenada para investigar la construcción que demandó una
inversión de más de 2 millones de dólares en plena pandemia. De acuerdo al
escrito, algunos costos no están justificados en la estructura.

La pasarela de ñandutí, sobre la Autopista Ñu Guasu, llamó la atención en el mes de enero, no solo por su diseño, sino también por el elevado costo. El MOPC invirtió más de G. 14 mil millones en la construcción en plena pandemia, generando la reacción ciudadana.

El hombre habría adquirido por la suma de G. 500.000 el celular robado a la mujer que fue víctima de coacción sexual, tentativa de homicidio y robo agravado dentro del predio del Jardín Botánico de Asunción.

El acta de imputación señala que la víctima fue despojada de su aparato celular y según datos técnicos realizados por los agentes, días atrás una persona, empezó a utilizar el chip que se había sustraído del aparato de la mujer, y fue así que el jueves pasado, los investigadores lograron ubicar la vivienda del presunto reducidor y lo detuvieron.

En su declaración Maldonado señala que, “en la tarde del sábado 3 de abril, llegó hasta su local un hombre de cutis moreno, barba larga, sin bigote, pese al calor vestía mangas largas y con una mochilla azul, y en short. Este le ofreció un aparato celular, que había encontrado en la calle, pero que necesitaba de reparación”.

Agrega que, “el hombre que ofreció el celular increpó al ayudante del dueño del local, ya que este sospechaba que era robado, pero para calmar los ánimos le preguntaron si de dónde era, ya que tenía un acento extranjero, a lo que contestó que era venezolano. Este recibió G. 500.000 por el aparato y se fue del local comercial”.

El Juzgado resolvió posteriormente la prisión preventiva del ahora imputado.

La pareja
habría intentado viajar a Buenos Aires, a través de la empresa Aerolíneas
Argentinas. A fin de burlar los controles exigidos por dicha empresa
incumplieron los protocolos de seguridad en materia sanitaria.

La pareja
presentó dos pruebas de resultados de muestra de Hisopado Nasofaringeo RT-PCR
COVID-19 negativo, presumiblemente adulterado, con logo del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, cuyo QR no
coincide con los datos personales cotejados.

El código QR
revela los datos de otra persona quien sería familiar, por lo que se presume
que el documento fue modificado y adulterado por Nelson González para su
presentación en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

 Ambos viajeros quedaron detenidos y fueron
imputados por la fiscal interviniente.

Como no se
suspendió la audiencia, no cerraron los números, por lo que al final no se
solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para los acusados, según
explicó abogada Bettina Legal.

Durante la
diligencia, el fiscal Osmar Legal, se ratificó en el pedido de juicio oral para
los dos procesados, por los presuntos hechos de usura y lavado de dinero.

Por su
parte, la abogada Bettina Legal, una de las defensoras de los acusados, señaló
que como no tuvieron tiempo para cerrar los números, finalmente, no plantearon
la aplicación del procedimiento abreviado para ambos.

Al inicio de
la diligencia, el juez Otazú, rechazó el pedido de suspensión, debido a que los
dos procesados se hallaban junto con sus abogados, por lo que no había
inconveniente para realizar la diligencia.

Después, el
fiscal se ratificó en su pedido de juicio oral, junto con el abogado Carlos
Arévalos, por la querella contra los procesados.

Después, el
abogado Jorge Bogarín promovió un recurso de reposición en contra de la
resolución que rechazó el pedido de suspender la audiencia preliminar. Sin
embargo, el juez se ratificó en su rechazo de la suspensión.

NULIDAD

La defensa
luego planteó varios incidentes tales como la nulidad de la acusación debido a
que se modificaron los hechos originales de la imputación.

Según la
defensa, la denuncia, la imputación, e incluso la querella, hablaron de un
crédito de G. 20.000 millones, más intereses por G. 4.000 millones por 17
meses.

No obstante,
afirman que el fiscal, en su acusación, habla del préstamo de G. 15.000
millones e intereses de G. 7.000 millones.

Además,
requirieron el sobreseimiento definitivo de ambos porque según la querella el
interés fue de G. 4.000 millones por 17 meses, lo que da un porcentaje de 1,5 %
mensual, lo que no es usuario, sino legal.

También
plantearon la excepción de falta de acción de la querella por el delito de
lavado de dinero, y por el de usura contra Fernando González Karjallo.

En otras
palabras, dicen que la querella no puede accionar porque no es víctima de
lavado de dinero, sino que lo es el Estado Paraguayo. Sobre la usura, la
fiscalía no acusó a Fernando González por este delito, por lo que la querella
no tiene acción si la fiscalía no acusa.

Finalmente,
pidieron prescribir algunos hechos relacionados con un préstamo para Juan
Planás. Es decir, ya no pueden accionar por el transcurso del tiempo.

El juez
Otazú dispuso el cuarto intermedio hasta mañana a las 09:00, para continuar con
la audiencia preliminar. La defensa seguirá con sus incidentes. Después, se
correrá traslado a la fiscalía y la querella.

Insistirán en el pago a la SET

Según
explicó la abogada Bettina Legal, esta mañana, plantearán incidentes de
exclusión probatoria, e insistirán en el pedido de liberar el dinero para el
pago de los impuestos adeudados a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Lo
que quieren los defensores es que el juez disponga que se transfiera a las
cuentas del Ministerio de Hacienda el dinero adeudado, para cancelar la cuenta
con el fisco. Además, también para el pago de los abogados.

FUENTE: ÚH.

Los
detenidos son Sebastián Rodas y Marco
Antonio Patiño Servín. Los mismos se encuentran a cargo del Ministerio
Público y el Juzgado de Garantías.

En
este contexto, el Ministerio Público, junto con la Policía de Investigaciones
del área Central, realizó hoy los tres allanamientos, en los que quedaron
detenidas dos personas y fueron incautados aparatos celulares, cascos,
motocicletas y otras evidencias relacionadas a la causa, específicamente las
motocicletas utilizadas para el atraco.

En
el citado hecho, tres personas descendieron de dos motocicletas de color rojo e
ingresaron con arma de fuego en mano al local comercial, redujeron a los
clientes y llevaron la caja registradora del local, que contenía 3 millones de
guaraníes, aparatos celulares y una pistola calibre 9 mm.

 Según el documento a lo cual tuvo acceso Luque
Noticias La denuncia fue promovida por la ex pareja del funcionario público, de
nombre Luisa Ortiz Martínez, domiciliada en Cuarto Barrio, Luque.

Según
el documento, el supuesto hecho de violencia denunciado ocurrió en febrero
pasado.

La
resolución de la jueza de Paz en lo Civil y Comercial, Norma Beatriz Ortiz,
ordenó diligencias en el caso investigado y ordenó la prohibición de
acercamiento a la accionante.

El denunciado es hijo del concejal de Luque, Teoval Valdez, y funcionario (auxiliar administrativo) del Hospital General de Luque (HGL).