Los ciudadanos movilizados se congregaron en la mañana de este jueves frente al Palacio de Justicia de Asunción. Se manifestaron con carteles que llevan escritos mensajes como «OGD a la cárcel», «Liberemos Luque de los corruptos Clan OGD», «Lavado de dinero, usurero corrupto OGD», entre otros.

El
juicio oral y público a Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves
continúa este viernes, a partir de las 8.00.

Uno
de los manifestantes exigió a través de un megáfono «que se cumpla la ley
a rajatabla» y que el ex senador colorado esté tras las rejas.

«No
solo eso, debe devolver todo lo que se robó, lo que le sacó a cada paraguayo.
Señores jueces, ustedes también están en el banquillo de los acusados»,
lanzó.

En
la continuación del juicio oral deberán declarar dos peritos. Uno de ellos es
Mario Duarte y el otro será de la defensa de los procesados.

Asimismo,
declarará también una testigo, de nombre Nelly Colarte, que fue convocada por
el Tribunal de Sentencia para aclarar algunos puntos.

Una
vez cumplidas las declaraciones, se deberá consultar a los dos acusados si
quieren o no prestar declaración indagatoria, lo que ya sería la próxima
semana. Luego, ya empezarían los alegatos finales.

Lea
más: Inicia juicio contra Óscar González Daher y su hijo tras suspensiones

El
ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
(JEM), Óscar González Daher (OGD), y su hijo Óscar González Chaves, concejal de
Luque, son juzgados por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de
dinero y declaración falsa.

OGD
ya enfrentó otro juicio por el caso de los audios filtrados y fue condenado en
diciembre del año pasado.

Fue
sentenciado por tráfico de influencias durante el tiempo que fue presidente del
JEM. En los audios filtrados se escucha a Daher y a otros presionar a jueces y
fiscales para manejar causas penales. Se lo condenó a solo dos años, sin
prisión. FUENTE: ÚH.

El
joven fue verificado durante un procedimiento de rutina por policías que se
movilizan en motopatrullas, y una consultado su documento de identidad en la
base de datos del Sistema Informático de la Policía Nacional se constató que el
mismo posee orden de captura por violencia familiar s/ Resolución Nº 372 de
fecha 31/05/21, firmada por la Agente Fiscal de la Unidad Penal Nº 4, Sandra
Ledesma, de Luque.

Se  procedió a la detención de Édgar Duarte, donde
se le hizo conocer leyéndole sus derechos constitucionales establecidos en el
Art. 12 de la Constitución Nacional y demás leyes vigentes.

Duarte
además cuenta con otra denuncia  por
estupro por mantener una relación con otra menor cuyo padre radicó la denuncia
ante la fiscal Sonia Pereira hace tres semanas. El caso es reciente y la menor
está con contención psicológica.

Según
denuncias de los familiares, hasta hace días Duarte venía amedrentando a sus
víctimas, pese a que ya contaba con orden de captura.

El
fiscal Osmar Legal no se opuso a que se levante el embargo de las cuentas
bancarias de Ramón González Daher ante el magistrado Hugo Garcete, del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital.

Con
la decisión, el agente del Ministerio Público tampoco pone reparos a que se
destrabe la suma de G. 42.316.840.717, para el pago de las deudas con la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), según informó el periodista de
Última Hora Raúl Ramírez.

El
juez Hugo Garcete resolvió a inicios de este mes autorizar a la Administración
Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, a llevar adelante la
ejecución contra el ex dirigente deportivo hasta el cobro total de G. 84.139
millones (USD 12,5 millones al cambio actual).

El
monto en cuestión se argumenta en certificados de deuda arrimados por la SET,
con los cuales el demandado no mostró oposición. Señala que al no haber
discrepancias, corresponde la ejecución o el remate hasta saldar dicha deuda.

Hace
poco más de un año, Ramón González Daher y el Ministerio de Hacienda llegaron a
un acuerdo extrajudicial por medio del cual el ex dirigente deportivo aceptaba
una sanción de poco más de USD 10 millones por evasión de impuestos.

El
convenio, homologado por la Justicia, indicaba que el miembro del influyente
clan luqueño debía abonar USD 1,5 millones en junio y los restantes USD 8,5
millones en 60 cuotas corridas e iguales. Empero, a más de 365 días de ese
acuerdo, RGD no realizó un solo pago.

Tras
bloquearle el RUC a fines del año pasado por incumplimiento del acuerdo, la SET
inició luego un juicio contra RGD reclamando el cobro del total de la deuda.

La
institución le pidió a la Justicia que transfiriera de forma directa el monto
adeudado de las cuentas de González Daher que se encuentran en entidades
financieras formales o, de lo contrario, que autorice el remate de sus bienes
hasta resarcir la deuda. Esto fue lo que el juez Hugo Garcete autorizó a llevar
adelante.

El
ciudadano luqueño evadió de forma grosera y sistemática a la administración
tributaria por al menos cinco años, plazo límite que puede ser auditado un
contribuyente según la legislación vigente. Fuente: ÚH.

Duarte
además cuenta con otra denuncia  por
estupro por mantener una relación con otra menor cuyo padre radicó la denuncia
ante la fiscal Sonia Pereira hace tres semanas. El caso es reciente y la menor
está con contención psicológica.

El
padre, cuyos datos resguardamos para evitar identificar a la niña, lamentó que
el hombre siga sin ser detenido, teniendo 
en cuenta el antecedente, pues Duarte amedrenta constantemente a ambas
víctimas, dijo que en el primer caso se tardó casi dos años para llamar a
declarar a la denunciante, no se hizo ninguna diligencia psicológica o
inspección médica como prueba de los golpes y que recién cuando se radicó otra
denuncia contra Duarte se dio seguimiento al caso.

“Es
muy triste que el hombre siga libre amedrentando y acosando a las menores. El tiene
denuncia por agresión porque casi mato a su pareja anterior. Qué esperan la Fiscalía
y la Policía Nacional para actuar, quieren que mate a alguna niña primero
parece”, se preguntó el preocupado padre.

Al
respecto la fiscal Ledesma indicó que el caso estuvo en manos de su antecesor
en la unidad del Ministerio Público, pero que ella ya lo imputó, ordenó su
detención y comunicó el hecho a la Comandancia.

Además
pidió una orden de alejamiento, pues Duarte sigue amedrentando a la primera
denunciante y más ahora al enterarse que existe otra denuncia en su contra.

En
tanto que el caso que lleva la fiscal Pereira sigue su curso y la imputación
por estupro es un hecho.

Pese
a estos antecedentes y que el caso ya está en poder de la Policía Nacional,
Duarte sigue libre recorriendo en inmediaciones donde viven las denunciantes.
Además, envía mensaje de WhatsApp y 
hasta en las cuentas de redes sociales a sus víctimas.

Incluso
hace correr la voz de que no lo detendrán porque ya “negocio” su caso para
continuar libre, según la denuncia.

Al
agente fue aprehendido por sus colegas de la comisaría jurisdiccional por
algunas horas y luego de prestar declaración fue puesto en libertad.

Finalmente,
el fiscal Torres concluyó que existió una legítima defensa, debido a que el
policía estaba descansando con su familia en su vivienda durante la madrugada
de este martes, cuando un supuesto delincuente, de 18 años, ingresó y lo atacó con
un machetillo.

Aparentemente,
hubo un forcejeo entre ambos, momento en que el policía realizó dos disparos de
arma de fuego y uno de ellos impactó contra la cabeza del desconocido, quien
quedó herido.

El
fiscal Torres manifestó que el agresor portaba un arma blanca y que el policía
optó por usar su arma de fuego para salvaguardar su vida y la de su familia,
que se encontraba en el interior del domicilio.

Por
su parte, el supuesto delincuente continúa internado en el Hospital de Trauma, en
Asunción.

Además
de Beto Melgarejo, también fueron
acusados Juan Carlos Turich Báez,  Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chamorro,
Fernando José Gallardo, Katherine Pamela Toñánez, Carlos Alberto Vargas Franco.

El
Ministerio Público explica sobre la existencia de un esquema delictivo para la
comisión de un fraude a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Las
evidencias colectadas en el transcurso de la investigación permiten concluir
que este esquema delictivo se encontraba diseñado con el fin de desviar fondos
públicos y causar un perjuicio multimillonario a la Dinac.

Edgar
Melgarejo, en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil, con la ayuda del gerente Financiero, Juan Carlos Turitich, del
coordinador de la UOC Marcelo Ovelar, de la Lic. Luz Chamorro y del Lic.
Fernando Gallardo, miembros del Comité de Evaluación, confeccionaron y supuestamente
maniobraron los procesos administrativos para adjudicar el llamado de
licitación por “Vía de la Excepción” N° 10/2020 «Adquisición de
mascarillas de protección para la Dinac, en el marco de la Emergencia Sanitaria
Covid-19»,  a la empresa Proyectos
Global S.A. la cual fue utilizada en el llamado de Contratación, dentro de un
esquema montado para desviar fondos públicos y encubrir a quienes serían los
beneficiarios reales con la obtención de ganancias ilícitas.

En
este esquema delictivo Katherine Pamela Toñanez Vera y Carlos Alberto Franco
Vargas, supuestos representantes de la empresa Global, tenían conocimiento de
antemano, acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía la
Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se
produjo el 27 de marzo de 2020 a las 09:30 en oficinas de la Dinac, según la
pesquisa fiscal.

Las
ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del
mercado y además las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban
vencidas, siendo el daño no solo económico. Se registra un perjuicio
patrimonial de G. 119.960.000.