Los
fiscales Liliana Alcaraz y Francisco
Cabrera fueron quienes pidieron la pena para el ex senador colorado.
También solicitaron la inhabilitación de ejercer cargos en la función pública
por el mismo plazo de tiempo.

Los
representantes del Ministerio Público también pidieron un comiso especial para los procesados de más de G. 55.000
millones, bajo el argumento de que el dinero del ex legislador es producto
del enriquecimiento ilícito.

Por
otra parte, el Tribunal de Sentencia decidió conceder al Ministerio Público un
día más de plazo para determinar cuáles son los bienes sobre los cuales se pide
el comiso especial. Sin embargo, la defensa del ex senador planteó un recurso
de reposición.

PROSIGUE
JUICIO

El
juicio oral continuará mañana a partir de las 8.00 para individualizar los
bienes por los que se pide el comiso especial, informó el periodista de Última
Hora, Raúl Ramírez.

Durante
este jueves se llevó a cabo la lectura de los alegatos finales del proceso,
tanto del Ministerio Público como el de los abogados defensores del ex
parlamentario y de su hijo.

Ambos
están procesados por los hechos punibles
de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

El
proceso también cuenta con un importante
control de Estados Unidos, con la presencia del asesor legal residente del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Además del
acompañamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El juicio
oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas
documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de
índole económico.

Según
la defensa, de todos los testigos que declararon, prácticamente todos lo
hicieron recién en el juicio oral, ya que no fueron citados por los agentes del
Ministerio Público durante la etapa investigativa.

González
Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto del 2018,
ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la
inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.

La inmobiliaria salió a la luz en una
investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias
propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el
ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez
Juvencio Torres. Fuente: ÚH.

Ambos
procesados, padre e hijo, están siendo sometidos a juicio oral por los hechos
punibles de enriquecimiento, declaración falsa y lavado de dinero.

Este
jueves, luego de seis meses de juicio oral, la Fiscalía a cargo de Liliana
Alcaráz, comenzó a presentar los alegatos finales ante el Tribunal de
Sentencia.

Precisamente, este martes siete de los 12
concejales departamentales mantuvieron una reunión con diputados de la Comisión
de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara Baja.

En la oportunidad, los ediles centralinos
denunciaron una supuesta malversación de 21 mil millones de guaraníes en la
Gobernación de Central, a cargo de González.

Señalaron que la Gobernación maneja un presupuesto anual
de 160 mil millones de guaraníes, que multiplicado por los 3 años de gestión
son G. 480 mil millones. El dinero era manejado bajo el mismo esquema de corrupción,
aseguraron los concejales denunciantes.

Cabe señalar que la denuncia inicial habla de 1
millón de dólares, que el Gobierno Nacional destinó a la Gobernación de Central
para combatir la pandemia de la Covid-19.

La denuncia fue hecha hace cuatro meses, y recién este martes el fiscal de Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, se apersonó en la Gobernación para un allanamiento en el marco de la supuesta clonación de facturas que guardan relación con los 1 millón de dólares.

Es importante señalar que el gobernador fue salvado de una intervención por parte del propio presidente de la Junta Municipal, Mario Aguilera (PLRA).

Las facturas corresponden al informe que debieron presentar todas las gobernaciones sobre el uso de los fondos recibidos del crédito de emergencia de 1.600 millones de dólares, aprobado al inicio de la pandemia del Covid-19.

Parte de la denuncia presentada comprende falsificación
de facturas y lesión de confianza, dado que en mayo de este año la Gobernación
habría cambiado las facturas presentadas inicialmente en su rendición de
cuentas.

El ministro Anticorrupción, René Fernández, indicó en
conferencia de prensa que se cuentan con dos rendiciones con documentos
distintos, lo que motivó a la presentación de la denuncia penal.

De acuerdo al gobernador de Central, Hugo Javier
González, los fondos recibidos por la Gobernación fueron transferidos a la
organización “Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP)” para la
ejecución de proyectos en el marco de la pandemia.

La fundación presentó las facturas y la Gobernación no
tiene forma de saber si se tratan de facturas falsas o clonadas, señaló
González en declaraciones a la prensa.

La Subsecretaría de Tributación (SET) señala que las
facturas de origen falso buscan justificar alrededor de 1 millón de dólares.

El Poder Ejecutivo junto con la Secretaría Nacional
Anticorrupción iniciaron una auditoría especial a la Gobernación del
departamento Central, para la verificación de la documentación que hace a la
rendición de cuentas de la ejecución del fondo designado por Ley Nº 6641/20.

A su vez, la SET ha solicitado informes a la Contraloría
General de la República (CGR) en carácter de rendición de cuentas por trabajos
realizados para la Gobernación del Departamento Central, detectándose
inconsistencias entre las documentaciones presentadas por CIAP a la CGR y las
presentadas a la SET por el requerimiento realizado, ante la presunción de la
utilización de facturas clonadas o falsificadas. Fuente: IP Paraguay.

“Es
importante mencionar que José Balboa también mantenía conexiones con efectivos
de la Policía Nacional de la ciudad de Luque, ya que en ocasiones, y según
datos técnicos, había intermediado para la liberación de los miembros de su
red”, cita específicamente la acusación.

El
grupo –integrado por varios miembros de barras bravas de Luque– conformaba
supuestamente la más grande red de tráfico de cocaína en el Departamento
Central. Además, algunos miembros ocupaban cargos importantes en la función
pública.

COMO INTERMEDIARIO

La
sospecha es que Balboa hacía de intermediario para que los policías no atrapen
a los miembros de la red.

En
una de las escuchas, el 1 de junio de 2020 se confirmó que uno de los que
también fueron acusados por narcotráfico, Jorge Maldonado, informa a su líder
Balboa “que efectivos de la Comisaría 3ª de Luque estaban interviniendo por
violación de la cuarentena el gimnasio donde se ejercitaba”. Le pidió a su
líder que se comunique con los policías. “Posteriormente a esto, Balboa fue al
lugar para conversar con los intervinientes, logrando liberar al miembro de su
red”, dice en el documento.

En
las escuchas, inclusive, se menciona el nombre de uno de los policías que
llegaron hasta el lugar. “Jorge le dice (a Balboa) que vino una patrullera al
gimnasio, que Virgilio Coronel se llama el tipo, de la (Comisaría) 3ª, José le
pregunta qué van a hacer, Jorge le dice que les llame (a los policías) y que
les van a pagar… José pregunta el número de la patrullera, Jorge dice que es
C32, José le dice que ese es el socio de ellos”.

El
Ministerio Público analizó que Maldonado le solicitó a José Balboa que
intermedie con la Policía para que puedan pagar y así evitar que intervengan,
finalmente se logró la liberación de Jorge.

IMPLICADOS

Este
esquema que operaba supuestamente en el narcotráfico y que posiblemente tenía
vínculos con la política, estaba integrado por el mencionado Jorge Maldonado,
además de la pareja de Balboa, María Rodríguez. También están Carlos Sanabria,
Hugo Robles, Marcelo González, Fernando Centurión y Cindy Cuevas.

Los
otros implicados son José Franco, Alcides Maidana, Aníbal Caballero y Rodrigo
Acosta; Christian Figueredo, Ricardo Ayala, Diego Leguizamón y Pablo Stiven
Rolón.

Todos
ellos están procesados por posesión y comercialización de drogas peligrosas,
asociación criminal y producción de riesgos comunes. Se sospecha que operaban
como “pichones de políticos”.

Balboa
fue precandidato a concejalía de Luque, también fue visto en elecciones, como
seguridad de OGD. Además, encabezó su defensa frente a su casa, en años
anteriores.

Con
una llamada, José Balboa lograba intermediar con los de la comisaría de Luque
para liberar a participantes de su red. En las escuchas se logra reconocer a la
patrulla de “su socio”. Fuente: ÚH.

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¿CÓMO SE
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El
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enviar un correo electrónico a [email protected] consignando los siguientes
datos:

*Persona
física: Nombres y apellidos, foto de la cédula de identidad.

*Documento
que acredite su calidad de parte en la causa (notificación electrónica o papel,
resolución judicial, etc.).

*Individualizar
el expediente en donde es parte (carátula, año, N°, Juzgado, circunscripción y
ciudad).

*Número
de celular

La
siguiente opción es concurrir a la oficina de la Dirección de Tecnología de la
información y las Comunicaciones, ubicada en el 8vo piso de la torre sur, del
Palacio de Justicia de Asunción.

Para
otorgar el “Usuario Parte” mediante el correo electrónico, la Dirección de
Tecnología de la información y las Comunicaciones verificará los datos mediante
videollamada, al número de celular indicado por el solicitante. El ciudadano
deberá acreditar su identidad mediante la exhibición directa de la
documentación pertinente, caso contrario, no se le otorgará el “usuario parte”
requerido. Una vez finalizado el acto, recibirá el usuario y contraseña en su
correo electrónico.

APLICADO
DESDE 2016

El
acceso a los ciudadanos a esta aplicación es la continuidad de un proceso
iniciado en 2016 en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y
en un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial.

Su
exitosa aplicación se expandió a los 26 Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y a los Juzgados de Garantías de la Capital, igualmente se
incluyó un segundo Tribunal de ASpelación en la Capital.

En
el año 2020 se inició la expansión del Expediente Judicial Electrónico a los
Juzgados de Primera Instancia del resto del país, logrando en el año 2021,
llegar a todos los Departamentos de la región oriental del país y, en el mes de
junio, a la primera ciudad del Chaco Paraguayo, Puerto Casado en el
Departamento de Alto Paraguay.

Con
esta Campaña se pretende hacer llegar a las personas, físicas o jurídicas, la
posibilidad de acceder al sistema del Expediente Judicial Electrónico para
monitorear personalmente sus causas judiciales, siendo los primeros contralores
de magistrados, funcionarios, fiscales, defensores y de sus propios abogados.