Las nuevas fechas fijadas son el próximo 28 de mayo y el viernes 31. La resolución judicial fue dictada por los jueces Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás, tras hacer lugar a la reposición de una apelación en subsidio interpuesto por el abogado defensor, Claudio Lovera.

Según refiere la recusación de la defensa de González Chaves, su defendido no fue notificado dentro del plazo mínimo de diez días a partir de la notificación de la convocatoria a audiencias orales y públicas.

Al momento de la valoración del recurso, el Tribunal coincidió en que Lovera cumplió con el plazo previsto para la reposición y apelación en subsidio, cumpliéndose así los criterios de admisibilidad.

También concluyen que al reconocer la complejidad de la causa y por el volumen de copias que se precisa, sumado a que existen feriados dentro de los días hábiles, se fija como nueva fecha el martes 28 de mayo y el viernes 31 de ese mismo mes, y los siguientes días de acuerdo a la transición del juicio.

Antecedentes. En febrero del 2022, el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la condena de 8 años para González Chaves.

Fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Además, se dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.

González Chaves fue condenado junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero se confirmó su muerte tiempo después. En cuanto a él, se debe hacer un comiso especial de sus bienes por un valor de G. 5.903 millones.

En lo que respecta al cómputo de su pena, Óscar González Chaves ya pasó 11 meses preso en la Agrupación Especializada y luego estuvo un año con arresto domiciliario, entonces eso se le restaría a su condena y solo iría a prisión seis años y un mes, de los 8 a los que fue sentenciado.

González Chaves presentó su renuncia a concejal en febrero, cuando la Corte confirmó su inhabilitación. Fuente: ÚH.

Finalmente, en la siesta de este lunes el representante del Ministerio Público presentó imputación contra Echeverría por los citados hechos punibles. El acta de imputación fue presentada a la jueza Penal de Garantías N°2 de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti.

El procesamiento del intendente se dio luego del allanamiento en la Dirección de Obras de la Municipalidad en busca de documentos con relación a la construcción o instalación del vallado de protección en las calles Mariscal López y Curupayty, en donde cayó el vehículo conducido por el agente del Grupo Lince, Brahian Gómez.

Allí, fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Barrios (20), tía y prima del uniformado.

Ambas mujeres y el auto fueron arrastrados por el raudal momentos en que intentaron cruzar el puente en las inmediaciones del Club Balderrama.

Una intensa lluvia registrada en la madrugada del miércoles pasado provocó un gran raudal que se llevó el auto hasta el cauce del arroyo San Juan.

El cuerpo de la joven fue localizada a metros del lugar junto con el auto del policía, mientras el cadáver de la mujer fue encontrado a unos 500 metros, de donde cayeron a la zanja.

En tanto, el conductor y otros dos compañeros salieron ilesos. El trágico suceso ocurrió cuando se dirigían a Asunción para el acto de egresos de los linces.

Tras la imputación del intendente, el fiscal no descarta el procesamiento del conductor del automóvil, quien no contaba con licencia de conducir, según Opaci.

Además, se investiga la conducta del director de Obras de la Municipalidad de Luque, el Arq. Adrián González, quien también tendría responsabilidad en el hecho y sería igualmente procesado.

Según los antecedentes, el trágico suceso ocurrió en la madrugada del miércoles pasado.

A partir de allí el intendente Carlos Echeverría se escondió al menos dos días.

Luego, el jefe Comunal apareció y quiso culpar a “lo sobrenatural”.

La Fiscalía peritó el sábado el precario vallado, construido por los vecinos.

Este lunes allanó la Municipalidad para incautar documentos con relación a la baranda de protección.

Y, finalmente, formuló imputación contra el intendente por los hechos punibles de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo”. El acta de imputación fue presentada a la jueza Penal de Garantías N°2 de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti.

El objetivo es determinar si el sistema de seguridad de la baranda de protección estaba en condiciones el sistema de seguridad vial para garantizar el tránsito normal de conductores y peatones.

En el lugar fallecieron Sara Benítez, de 48 años, y su hija Nilda Luján Barrios Benítez, de 20 años.

Las mujeres se encontraban a bordo de un automóvil, con tres agentes linces, quienes se salvaron de morir ahogados en el raudal.

El suceso ocurrió sobre el arroyo San Juan, ubicado en las calles Mariscal López y Curupayty, pleno centro de la ciudad de Luque.

El fiscal de la causa apunta a dos líneas de investigación, que apuntan a las responsabilidades del conductor y del municipio sobre la seguridad vial.

En la mañana de este sábado, un equipo del Ministerio Público inició la pericia de obras en la zona del Centro de Balderrama, en la ciudad de Luque, donde fallecieron dos mujeres arrastradas por un raudal el pasado miércoles durante el intenso temporal.

Allí, los intervinientes se encuentran realizando mediciones y fotografías, que luego elevarán en un informe sobre aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto del puente y sus precarias barandas, así como también van a verificar si hubo alguna irregularidad.

El procedimiento se realizó en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba en presencia del juez penal de Garantías, Nelson Romero.

Estuvieron presentes en el procedimiento el juez penal de Garantías Nelson Romero, la Defensoría Pública y el Departamento Forense del Ministerio Público, quienes acompañaron al fiscal de causa Jorge Escobar.

“Desde el primer día del 24 estuvimos colectando los elementos que justamente queríamos tener para poder realizar este procedimiento para constatar el sistema de seguridad civil y vial que existe en esta zona”, señaló Escobar a los periodistas.

La arquitecta Olga Fleitas fue designada para realizar los trabajos de pericia.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió en horas de la noche del 13 de junio de 2020, en el asentamiento José Gaspar Rodríguez de Francia, de la compañía Costa Sosa, ciudad de Luque, ocasión en la que los acusados interceptaron con arma blanca en mano a la víctima, a quien le infligieron varias heridas que le provocaron una grave lesión y luego le despojaron el aparato celular que tenía consigo, además de la suma de G. 300.000, para luego huir del sitio con los objetos sustraídos.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los magistrados Leticia Frachi, Carolina Silveira y Javier Sapena.

Los jueces tuvieron en cuenta las pruebas y condenaron a los autores a 15 años de prisión.

Se trata de Carlos Carballo, goleador y vigente campeón del Club Libertad, quien será refuerzo para temporada 2024 del Club Recreativo de Huelva, de España.

Son tres denuncias diferentes, una de ellas fue presentada en junio del año 2022.

Las otras dos fueron presentadas el fin de semana pasado. Dos de las causas están en poder del fiscal Francisco Torres, de la Unidad Penal N°1, y el tercero a cargo del fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal N°2, de Luque.

Las tres causas son por incumplimiento del deber legal alimentario.

Las madres están preocupadas por la inminente salida del país del futbolista, quien deberá viajar a España para jugar por el citado club español.

Las afectadas urgieron a los fiscales la imputación del sindicado de manera a solicitar al juzgado la prohibición de salida, de manera a que se someta a la justicia.

Según una de las madres, el deportista no acudió a dos de sus audiencias convocadas por el fiscal Francisco Torres, y pese a la negativa de someterse al proceso y por el incumplimiento, aún no fue imputado.

Incluso, está a punto de viajar a España para continuar su carrera deportiva, mientras la Fiscalía se desentiende de las causas.

Los hijos menores del deportistas tienen 4, 7 y 11 años. Los datos de las madres y de los niños mantenemos en reservas por razones de protección.

El fiscal Jorge Escobar explicó a Luque Noticias que la causa contra Carlos Carballo recién ingresó este lunes en su Unidad.

Escobar dijo que iniciará las diligencias para procesar al sindicado, pero aclaró que llevará tiempo colectar los elementos pertinentes para formular imputación.

En cambio, la primera causa promovida contra Carballo ya data del año 2022, pero el fiscal Francisco Torres, hasta ahora tiene cajoneado.

Una de las recientes denuncias volvió a caer en la Unidad 1, a cargo de Torres, quien tiene dos causas contra Carballo y el tercero en la Unidad del fiscal Escobar, según averiguaciones.

La familia Ozcariz planteó la denuncia contra la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría (ANR-cartista), y contra el supuesto propietario de nombre Jorge Antonio Villamayor Ledezma.

La Municipalidad de Luque ingresó a un terreno privado a realizar mejoras para reubicar a los lomiteros, quienes fueron sacados de la zona del monumento De Las Residentas.

A raíz de los incidentes, los afectados radicaron la denuncia ante la Comisaría 52ª de Ñu Guasu, y el caso fue elevado a la Fiscalía de Luque. La causa ingresó en la Unidad N° 5, a cargo de la fiscal Carolina Spezzini.

 La denuncia contra la Municipalidad es por supuesta invasión de inmueble ajeno, mientras contra el supuesto dueño es por producción de documentos no auténticos y otros.

La familia Ozcariz alegó que cuenta con un título desde hace 40 años.

Sin embargo, el abogado Pedro Paredes, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Luque, presentó un título de propiedad a nombre de Jorge Antonio Villamayor Ledezma, de enero pasado.

La denuncia fue presentada por María Luján Ozcariz Montiel, según el informe policial.

JUNTA PIDE INFORMES A INTENDENCIA

La Junta Municipal resolvió en sesión ordinaria de este martes a solicitar informes a la Intendencia sobre el uso irregular de maquinarias en un terreno privado en conflicto para reubicar a los lomiteros de Ñu Guasu.

El concejal Diego Romero (ANR-opositor), fue quien planteó dicho pedido. La moción fue secundada por su colega Belén Maldonado (PLRA).

El pedido fue aprobado por unanimidad. El presidente de la Junta, Manuel Achucarro Gill, enviará a través de la secretaria de la Junta la resolución por la cual se solicita el pedido de informes al jefe comunal Carlos Echeverría acerca del uso irregular de las maquinarias en un sitio privado.