Concejal luqueño denunciado por supuesta violencia doméstica
Comunicación que hizo sobre la denuncia la concejal Belén Maldonado contra su colega y ex pareja Diego Romero sobre violencia doméstica.
Romero al ser notificado tuvo que abandonar la sesión ordinaria de la corporación legislativa y este jueves no pudo participar de la reunión de comisiones.
La denuncia data del 31 de marzo pasado en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Beatriz Ortiz.
La magistrada ordenó varias prohibiciones al concejal Romero, entre ellas de acercamiento.
La audiencia de sustanciación fue fijada para el 6 de abril pasado, según el oficio Nº 263.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
El edil Diego Romero alegó que la denuncia se trata de una persecución política para sacarlo de la Junta Municipal por sus críticas a la gestión de los concejales colorados y liberales afines al intendente Carlos Echeverría.
Romero lamentó que se esté utilizando como instrumento a la propia Justicia con el objetivo de alejarlo de la Junta Municipal.
Explicó que hace ocho meses se separaron. Tienen un hijo en común producto de la relación de casi tres años.
“Ella (Belén) solo presentó un escrito sobre la supuesta violencia de cuando vivíamos juntos. Tampoco presentó pruebas”, indicó Romero.
El caso salió a la luz luego de que el martes pasado la accionante enviara una nota al presidente de la Junta Municipal, Rómulo Pérez (PLRA), sobre las restricciones ornadas por la jueza Ortiz contra Romero.
A raíz de esta situación, el concejal tuvo que abandonar la sesión de la Junta Municipal, teniendo en cuenta que tiene prohibido acercarse a su ex pareja, quien también cumple funciones en la Corporación Legislativa de Luque.
La causa Nº 5526 tuvo ingreso este viernes a la Fiscalía, de la Unidad Nº 2, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, quien deberá investigar el espinoso caso.
A Ultranza Py: Sospechan que aeronaves fueron usadas en tráfico de drogas
Avionetas incautadas en el marco del operativo A Ultranza Paraguay.
La Diligencia fue llevada a cabo en presencia de la Dra. Rosarito Montanía, Jueza Especializada contra el Crimen Organizado, participaron también los abogados de la defensa de los imputados y el Defensor Público, especializado en Crimen Organizado Martín Muñoz, por representación de los imputados en rebeldía.
De todas las aeronaves incautadas, 7 fueron sometidas al estudio técnico, aeronaves de las cuales se tiene sospechas que habrían sido utilizadas por la organización criminal vinculados al clan Insfrán y a Sebastián Marcet.
El hecho ocurrió en febrero pasado en Cuarto Barrio. En principio la víctima quiso llegar a un arreglo amistoso con el fletero, pero en vista de que no se hizo encontrar, presentó la denuncia en la Comisaría 3ª de Luque.
El caso fue elevado a la Fiscalía y la comerciante ya fue convocada para ratificar su denuncia, mientras el supuesto autor sigue sin aparecer.
Según la accionante, cuyos datos mantenemos en reserva, el fletero Isidro Flores Acosta, ya les habría estafado a varios comerciantes luqueños, utilizando el mismo modus operandi. Es decir, recibe el dinero para ir a retirar los encargos y luego ya no aparece.
Camioneros imputados por extorsión
El operativo que terminó con la detención de los camioneros se realizó este Miércoles Santo en el Ministerio del Interior. Los billetes fueron previamente fotocopiados.
Los cinco líderes camioneros que fueron detenidos este miércoles, tras una entrega simulada de USD 50.000 solicitados al Gobierno para ya no realizar cortes de rutas.
Los sospechosos pasaron la noche en la Agrupación Especializada, a la espera de la audiencia de imposición de medidas prevista para este Jueves Santo ante el juez Humberto Otazú.
Fueron detenidos e imputados Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Vicente Medina; Juan Friedelin, y Julio César Solaeche.
Los líderes camioneros supuestamente solicitaron 1 millón de dólares al ministro del Interior para levantar los bloqueos en las rutas durante la Semana Santa.
Luego bajaron sus pretensiones a 300 mil dólares, y como parte del acuerdo fue entregado 50 mil dólares, pero fueron denunciados ante la Fiscalía y se montó un operativo encubierto.
Imputan a 2 policías por no comunicar detención de funcionario del Senado en barrera
El funcionario del Senado Carlos Alberto Herrera Santacruz cayó en un control policial en la jurisdicción de la Comisaría 29 Central, pero el procedimiento no fue comunicado a la Fiscalía. Los agentes están imputados y fueron trasladados a otras comisarías. Foto: Ilustrativa.
Los agentes investigados son el subcomisario Hugo Enrique Estigarribia Sosa, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 29ª de Tarumandy, y el suboficial primero Walter Santiago Cuba, quien prestaba servicios en la citada dependencia policial.
Ambos están imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. Los procesados deberán presentarse el próximo martes 22 de marzo, a las 08:00, ante el Juzgado de Luque para la audiencia de imposición de medidas (Art. 242). El Ministerio Público requirió medidas alternativas a la prisión.
ANTECEDENTES
Según los antecedentes, en mayo del año pasado una madre presentó una denuncia en la Comisaría 3ª de Luque contra el funcionario público, Carlos Herrera Santacruz, a quien sindicó como el autor del supuesto hecho de acoso contra su hija de 11 años.
Luego, la denuncia fue elevada a la Fiscalía de Luque, a cargo de la fiscal Sonia Pereira, quien abrió una causa por abuso sexual en niños, y ordenó la captura del presunto autor el 28 de mayo del 2021.
Casi cuatro meses después, precisamente el 24 de agosto del 2021, a las 23:56, el suboficial primero Walter Santiago Cuba realiza consultas por radio al Departamento de Informática de la Policía Nacional sobre la situación judicial del ciudadano Carlos Herrera Santacruz, quien en ese momento contaba en su contra una orden de detención vigente.
CLAVE: El informe del Departamento Informática es contundente. El suboficial Walter Cuba realizó consultas en la noche del 24 de agosto del 2021 sobre la situación judicial del ciudadano Carlos Alberto Herrera Santacruz, quien contaba con orden de captura. Pero llamativamente no fue detenido en el control ejercido en la ruta Luque – San Bernardino.
Sin embargo, llamativamente los policías que estaban realizando la barrera no comunicaron la detención del sospechoso y lo dejaron ir.
Un par de días después, la denunciante se enteró que el hombre se encontraba detenido en la Comisaría 29ª de Tarumandy, Luque, por lo que se acercó a la Fiscalía para confirmar o descartar la información que recibió.
Esa situación llamó la atención de la fiscal Pereira, quien lleva adelante la investigación, puesto que la Policía no comunicó la detención del funcionario del Senado Carlos Herrera Santacruz.
Luego, la fiscal allanó la Comisaría 29ª Central para corroborar la denuncia, identificar a los policías que se encontraban de guardia esa semana e incautar algunas evidencias como el libro de actas.
Además, la fiscal Pereira solicitó informes al Departamento de Informática de la Policía, en donde aparece el suboficial Cuba como principal responsable de la consulta radial que realizó en la noche del 24 de agosto sobre la situación judicial del imputado por abuso sexual en niños.
Seguidamente, Pereira convocó a los policías sospechosos para prestar declaración indagatoria y finalmente fueron imputados por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal.
Mientras, el supuesto autor se había presentado ante la Fiscalía y el juez Nelson Romero le otorgó medidas alternativas a la prisión, pese a la imputación por supuesto abuso sexual en niños y se requirió su detención preventiva en la cárcel.
La Fiscalía comunicó el caso a la Comandancia de la Policía para la apertura de sumario administrativo para los policías sospechados.
Juez admite imputación contra ex diputado Ozorio
Los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Deny Pak, Fabiola Molas, Ysaac Ferreira, Osmar Segovia y Lorena Ledesma, imputaron al ex diputado Juan Carlos Ozorio por hechos de Lavado De Dinero, Tráfico de drogas y Asociación Criminal. Los agentes fiscales solicitaron medida de Prisión Preventiva.
Los agentes fiscales señalaron que Ozorio era investigado en el marco del #MegaOperativo #UltranzaPy por formar parte de una estructura dedicada al Lavado de dinero, con vínculos comerciales con los esquemas liderados por Miguel Insfrán.
Ozorio era investigado con anterioridad a los allanamientos realizados y está sindicado de haber facilitado a los hermanos Insfrán la posibilidad de que puedan poner en circulación el dinero proveniente del Narcotráfico, a través de la Cooperativa San Cristobal.
También se le atribuye el hecho de haber realizado gestiones para la obtención de la matrícula de un helicóptero que habría sido comprado para la utilización de la organización criminal cuyo despacho fue realizado por Luis Estigarribia (imputado) y que sería piloteado por Gilberto Sandoval.
Por tanto, se sostiene que el ex diputado tendría vínculos con la organización criminal para el tráfico de drogas, en materia de gestión de documentos, medios logísticos y colaborando para la circulación de activos provenientes del tráfico de drogas, entre otros hechos investigados.
