El edil está imputado y con prisión domiciliaria por violencia familiar. La denuncia fue promovida por su colega y ex pareja sentimental Belén Maldonado.

Este martes el concejal Romero, a través de sus abogados,  solicitó al juez Garantías de la causa, Nelson Romero, el pedido de revisión de medidas y presentó estudios sicológicos y siquiátricos, además demostró arraigo como concejal de la ciudad de Luque, y pidió un permiso especial para los días martes y jueves, de 08:00 a 12:00 para participar de las sesiones en la Junta Municipal.

En ese sentido, el juez le otorgó el permiso especial, pero con acompañamiento policial para asistir a su lugar de trabajo, según el oficio Nº 320 (ver foto).

La Junta Municipal, presidida por el liberal Rómulo Pérez, se encontraba en plena sesión cuando llegó el concejal Diego Romero en compañía de sus abogados y dos policías.

El titular de la corporación legislativa advirtió a Romero que no podía participar de la sesión, desconociendo el oficio firmado por el magistrado de la causa.

Seguidamente, Rómulo Pérez se retira de la sala, alegando que un juez de Paz de San Lorenzo, ordenó el alejamiento del concejal Romero de la denunciante. El concejal Eliseo Fernández Oviedo asumió la presidencia y continuó la sesión por unos minutos.

Finalmente, los demás concejales (Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Rubén González Cháves, Eliseo Fernández Oviedo, Manuel Achucarro Gill, Belén Maldonado, José Meza y Francisca Franco, también abandonaron la sesión, dejando sin quórum.

AMENAZA DE MUERTE

Por otro lado, el concejal Romero denunció que recibió amenaza de muerte por denunciar presuntas irregularidades en la Municipalidad de Luque.

“Hace un mes que un motociclista se me acercó y luego de mostrarme un arma de fuego, me advirtió para que me cuidara. Hice la denuncia en la Fiscalía y ahora hago público para que la ciudadanía se entere. Hago responsables a los nueve concejales (colorados y liberales y al propio intendente Carlos Echeverría) por algún atentado contra mi persona”, explicó.

Romero indicó que la resolución judicial le permite acudir a su lugar de trabajo los martes y jueves.

Sobre la negativa del titular de la Junta y sus demás colegas explicó que se evidencia aún más la persecución política que soporta desde que comenzó una batalla contra los oficialistas para presuntas irregularidades administrativas en la Municipalidad de Luque.

“Me quieren sacar de la Junta de cualquier forma. Primero me suspendieron arbitrariamente y al no lograr su cometido, ahora mi ex pareja (Belén Maldonado) me denunció por violencia familiar luego de 10 meses de no convivir con ella, pero aquí está claro que la persecución tiene un trasfondo político”, señaló.

Se trata del obrero, Mauricio Ocampos Vera, mayor de edad, domiciliado en la Fracción Leoz, de la compañía Maka’í, de Luque.

La denuncia data del año 2018, cuando la víctima tenía 10 años, y en el 2021 fue hallado culpable y condenado a 4 años de prisión por abuso sexual en niños, durante un juicio oral y público.

Allanamiento

Según el informe de la Comisaría 3ª de Luque, una comitiva fiscal y policial, encabezada por la fiscal Dora Irrazabal, de la Unidad de Ejecución Penal del Ministerio Público, se procedió a allanar la vivienda del condenado en Maka’í, Luque.

Allí, se procedió a la detención de Mauricio Ocampos Vera, conforme al A.I. N° 352, de fecha 28/03/2022, emanado y firmado por la Juez de Ejecución Penal de la ciudad de Luque, María Rosalía González.

Tras su captura, Ocampos fue trasladado hasta la base policial, luego al Departamento Judiciales de la Policía Nacional y finalmente hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tal como dispuso el A.I. Nº 352 (remisión directa decretada por el Juzgado).

Este miércoles, el edil Romero, acompañado de sus abogados defensores Lidio Franco y Lucio Romero (padre), acudió a la audiencia de imposición de medidas por parte del magistrado de la causa penal.

Tras ser oído, el juez comunicó a los abogados sobre la disposición del Juzgado de Garantías sobre el arresto domiciliario para el procesado concejal.

La fiscal de la causa, Sonia Pereira, y la querella adhesiva de la accionante peticionaron prisión preventiva (cárcel) para Romero.

En tanto, los abogados solicitaron al juez la aplicación de la medida ambulatoria.

Sin embargo, a criterio del magistrado correspondía la prisión domiciliaria para el procesado, quien fijó como domicilio un departamento sobre la calle Capitán Insfrán, del microcentro de Luque.

CAUSA CIVIL

El concejal Romero también fue denunciado en el ámbito civil (Juzgado de Paz), por supuesta violencia doméstica. En la causa tiene restricciones varias ordenadas por la jueza Norma Ortiz.

Una de las medidas es la orden de alejamiento, que precisamente le prohíbe acercarse a su denunciante, quien a su vez es su colega en la Junta Municipal.

Ahora, la medida adoptada por el juez Nelson Romero, complica aún más la situación procesal y laboral del concejal Diego Romero, quien no puede acudir a las sesiones desde hace un par de semanas por las dos denuncias entabladas por su colega y ex pareja sentimental, Belén Maldonado.

Romero solicitó sesionar en forma virtual, pero sus colegas oficialistas (colorados y liberales) están dilatando el estudio de la minuta.

Ahora, con la prisión domiciliaria, en los próximos días la Junta Municipal, podría convocar al concejal suplente Diego Candia, quien ya asumió de forma express en reemplazo de Romero, cuando fue suspendido por los liberocartistas (mayoría), de la corporación legislativa de la Municipalidad de Luque.

Luego, Romero recuperó su banca mediante una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Romero, a través de su abogado, presentó algunos documentos para demostrar su arraigo en el país y así demostrar que no existe peligro de fuga, uno de los requisitos para ordenar su detención preventiva.

Según los antecedentes, en marzo pasado la concejal Belén Maldonado (colega y ex pareja sentimental de Diego Romero), presentó una denuncia en el Juzgado de Paz por supuesta violencia doméstica. La magistrada dispuso medidas restrictivas para el edil procesado.

Este viernes, la causa fue elevada al Ministerio Público, y la fiscal Sonia Pereira formuló imputación y ordenó la detención del concejal Romero Orué. El juez Penal que entiende en la causa es Nelson Romero.

Romero alegó en su defensa que la denuncia en su contra se trata de un trasfondo político por cuestionar la gestión de sus colegas oficialistas y del propio intendente Carlos Echeverría.

Romero se encuentra imputado por el presunto hecho de violencia doméstica promovida en su contra por su colega y ex pareja Belén Maldonado.

Según los antecedentes, la denuncia fue presentada contra Romero el pasado 31 de marzo en el Juzgado de Paz, de Luque, a cargo de la magistrada Norma Beatriz Ortiz, quien dispuso medidas restrictivas contra Romero.

Este viernes la causa fue elevada al Ministerio Público y salió sorteada la fiscal Sonia Pereira para investigar la espinosa causa penal.

Pereira formuló imputación y ordenó la detención preventiva del concejal luqueño, Diego Romero, quien en la noche de este sábado se presentó para ponerse a disposición de la Fiscalía. Romero fue trasladado por la Policía hasta la sede fiscal y se abstuvo de declarar. E

Según el oficio fiscal Nº 360 y resolución Nº 21, de fecha 6 de mayo, la representante del Ministerio Público, ordenó la detención preventiva del concejal Romero y aclara que una vez capturado por la Policía deberá guardar reclusión en la base de la Comisaría 3ª de Luque.

Según los antecedentes, en marzo pasado la concejal Belén Maldonado (PLRA) presentó una denuncia por supuesta violencia doméstica contra su ex pareja sentimental y colega Diego Romero (ANR).

El caso se supo el martes pasado, cuando la concejal Maldonado presentó una orden de alejamiento a la Junta Municipal de Luque contra su colega y ex pareja Diego Romero.

Romero, al ser notificado, tuvo que abandonar la sesión ordinaria de la Corporación Legislativa, y el jueves no pudo participar de la reunión de comisiones.

La denuncia data del 31 de marzo pasado en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Beatriz Ortiz.

La magistrada ordenó varias prohibiciones al concejal Romero, entre ellas de acercamiento.

La audiencia de sustanciación fue fijada para el 6 de abril pasado, según el oficio Nº 263.

La causa Nº 5526/2022 ingresó después del mediodía de este viernes a la Fiscalía de Luque. La fiscal Sonia Pereira salió sorteada para investigar la denuncia, y horas después ya formuló la imputación y ordenó la detención del concejal Diego Romero. El juez que entiende en la causa es Nelson Romero, del Poder Judicial de Luque.

No deja de llamar la atención la celeridad que imprimió en la causa la fiscal interviniente, quien en tiempo récord, formuló imputación y ordenó la detención preventiva del procesado.

Luque Noticias intentó comunicarse telefónicamente con la fiscal Pereira para conocer acerca de la incipiente investigación de la causa que involucra a dos concejales luqueños, pero no fue posible a raíz de que su aparato celular con terminación 221 daba apagado.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

El edil Diego Romero alegó que evidentemente la denuncia tiene un “trasfondo político” para sacarlo de la Junta Municipal por sus críticas a la gestión de los concejales colorados y liberales afines al intendente Carlos Echeverría (ANR).

Romero lamentó que se esté utilizando como instrumento a la propia Justicia con el objetivo de alejarlo de la Junta Municipal.

Explicó que hace ocho meses se separaron. Tienen un hijo en común producto de la relación de casi tres años.

“Ella (Belén) solo presentó un escrito sobre la supuesta violencia de cuando vivíamos juntos. Tampoco presentó pruebas”, indicó Romero.

El caso salió a la luz luego de que el martes pasado la accionante enviara una nota al presidente de la Junta Municipal, Rómulo Pérez (PLRA), sobre las restricciones ornadas por la jueza Ortiz contra Romero.

A raíz de esta situación, el concejal tuvo que abandonar la sesión de la Junta Municipal, teniendo en cuenta que tiene prohibido acercarse a su ex pareja, quien también cumple funciones en la Corporación Legislativa de Luque.